El futuro de la transparencia en México: ¿qué sucedería si desaparece el INAI?
La reciente propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha encendido alarmas sobre el futuro de la transparencia en México. Fundado en 2003, el INAI ha sido un pilar crucial para la apertura gubernamental y la protección de datos personales, garantizando así el acceso a la información pública y vigilando el uso de datos privados. Su posible desaparición podría tener consecuencias graves para la democracia y la rendición de cuentas en México.
El INAI ha sido una institución fundamental para fomentar la transparencia gubernamental al permitir que los ciudadanos soliciten información sobre la administración pública y vigilen el desempeño de las autoridades. Su labor ha permitido descubrir irregularidades y promover una mayor responsabilidad por parte de los funcionarios; sin embargo, la propuesta de eliminarlo plantea serios riesgos. La falta de un organismo independiente podría llevar a una reducción en el acceso a la información y a una mayor opacidad en el gobierno, facilitando así la corrupción.
La protección de datos personales es otra área crítica afectada por esta propuesta. El INAI ha jugado un papel esencial en garantizar que los datos de los ciudadanos sean manejados de manera segura y conforme a la ley. Sin esta supervisión, los riesgos de abuso y violaciones a la privacidad aumentan significativamente, dado el creciente uso de tecnologías digitales y la recopilación masiva de datos.
El presidente ha propuesto reemplazar el INAI con una nueva estructura, la cual consiste en distribuir sus atribuciones entre la Secretaría de la Función Pública y las contralorías de las autoridades del Poder Legislativo y Judicial. 1 Lo anterior significa que la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones ya no estará a cargo de un organismo independiente y neutral, en su lugar serán las propias instituciones referidas las que decidan qué información publicar, cuándo y cómo, sin un control externo que lo supervise. La falta de detalles claros sobre esta nueva entidad deja muchas preguntas sin respuesta sobre su capacidad para garantizar la misma independencia y eficacia que el INAI. Esta incertidumbre genera preocupaciones sobre si el nuevo organismo podría mantener los estándares actuales de transparencia y protección de datos o no.
La desaparición del INAI podría marcar un retroceso significativo en los avances hacia una administración pública más abierta y responsable. En lugar de eliminar esta institución clave, es fundamental fortalecer y asegurar su capacidad para proteger los derechos de acceso a la información y la privacidad. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, y cualquier cambio que comprometa estos principios debe ser cuidadosamente evaluado para evitar daños irreversibles al sistema de vigilancia y control ciudadano en México, ya que la falta de transparencia no solo perpetúa la corrupción, sino que también alimenta la criminalidad.
* Vanessa Matamoros Nava es licenciada en Criminología y Criminalística por la Universidad La Salle, con líneas de investigación en violaciones graves a derechos humanos. Se ha desempeñado como Visitadora Adjunta Auxiliar de Investigación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, específicamente en la Cuarta Visitaduría General, enfocada en violaciones graves a derechos humanos y personas que integran grupos de atención prioritaria, y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en proyectos relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos.
Los expertos señalan que el nacimiento de nuevas islas en el Amazonas requiere una reevaluación de las fronteras entre Colombia y Perú.
“El gobierno de Perú ha copado un territorio que es de Colombia”.
La frase la escribió este martes el presidente colombiano Gustavo Petro en X y de inmediato sorprendió a Perú.
“Hemos leído con sorpresa estos escritos que se le atribuyen a Gustavo Petro. Lamentamos esto porque claramente el presidente no ha sido debidamente informado en estos asuntos”, le dice a BBC Mundo el canciller de Perú Elmer Schialer.
Con “estos asuntos”, Schialer se refiere a la soberanía sobre la isla de Santa Rosa.
Esta es una pequeña formación en medio del río Amazonas, emergida en la segunda mitad del siglo XX y habitada por alrededor de 3.000 personas, que Lima considera suya en un reclamo que Colombia disputa.
Como Santa Rosa, varias islas han emergido en los últimos años en la frontera colombo-peruana, definida desde hace un siglo por el cauce más profundo del Amazonas.
Expertos internacionalistas consultados por BBC Mundo concuerdan en que son “islas de nadie” al menos hasta que ambos países no reevalúen binacionalmente sus dominios, ya que cuando Colombia y Perú definieron sus límites estas formaciones no existían.
El pasado mes de junio, el Congreso peruano aprobó “la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto” en la isla Santa Rosa.
Este martes, además de expresar su rechazo frente a ello, el presidente Petro anunció que trasladaría la conmemoración de la Batalla de Boyacá, clave para la independencia de Colombia en el siglo XIX, a Leticia, la capital amazónica colombiana situada a pocos metros de la isla en disputa.
Frontera viva
En 1922, Colombia y Perú firmaron un tratado fronterizo en el cual definieron sus límites en el Amazonas.
“Se dividió el trazado del río entre los dos Estados no por la mitad, sino por el mejor surco navegable, el más profundo”, le explica a BBC Mundo Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Colombia.
Aquel tratado, según el historiador colombiano Felipe Arias Escobar, creó rechazo en ambos lados, dando lugar a la guerra colombo-peruana de 1932 que acabó con la ratificación del acuerdo firmado en 1922.
“Es un conflicto al servicio del nacionalismo que en su momento sirvió para afianzar la identidad nacional”, le dice Arias Escobar, de la Universidad Pontificia Javeriana, a BBC Mundo.
Perú y Colombia comparten 116 kilómetros de río Amazonas.
“Cuando se firmó el tratado, frente a Leticia, solo existían dos islas, la de Ronda y otra que ha crecido y se ha expandido, Chinería”, complementa para BBC Mundo Santiago Duque, profesor de limnología por la Universidad Nacional de Colombia.
Es decir, la frontera entre Colombia y Perú es una frontera viva, cambiante, que ambos países deben revisar cada cierto tiempo.
El problema es que llevan años sin hacerlo.
Mientras, la frontera cambió, con bultos de sedimento provenientes de los Andes y arrastrados por el río que se convirtieron en nuevos territorios que aún está por definir a qué país pertenecen.
Arévalo defiende que la postura más lógica es que una comisión binacional se reactive para la inspección de la frontera y que “ni Perú ni nadie saque una ley que diga unilateralmente que una isla es suya”.
“Es el momento para que los países se sienten a revisar la nueva situación geográfica y tomen decisiones. Hay más de siete islas nuevas, entre ellas Santa Rosa”, añade Duque.
Qué dicen Perú y Colombia
Perú defiende que la circunscripción de Santa Rosa se encuentra bajo su soberanía y juridiscción.
“El pueblo de Santa Rosa es parte integrante de la isla peruana de Chinería, asignada al Perú en 1929”, dijo el gobierno peruano en un comunicado emitido este martes.
En la misma línea se pronunció el canciller de Perú, quien defiende que aunque se mueva el surco más profundo del río Amazonas “no significa que se mueva la frontera”.
“Una de las islas que se le asignó a Perú fue Chinería y, por los años 50, el río escinde una parte que luego se llamó isla Santa Rosa. No nació ni surgió, sino que formaba parte de Chinería”, le afirma Schialer a BBC Mundo.
“Lo que pasa es que ese surco del río luego se secó y se reintegró a Chinería. No solamente Santa Rosa fue peruana, sino que sigue siendo peruana”, añade el canciller.
Desde 1970, dice el diplomático, se fueron construyendo una escuela, una oficina de migración y otra de administración de aduana sin que “nunca dijeran nada los colombianos”.
“No debemos preguntar a una nación amiga lo que podemos hacer o no en nuestro territorio”, resume Schialer.
La Cancillería de Colombia, sin embargo, anunció este martes que ha presentado contundentes notas de protesta al gobierno peruano para solicitar la reactivación de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera colombo-peruana (COMPERIF).
Según este ministerio, “con el fin de que, basados en una metodología de asignación, se decida sobre la soberanía de las islas surgidas en el curso del río Amazonas después de 1929”.
“Durante años, Colombia ha sostenido la necesidad de que se realice el trabajo binacional para la asignación de islas y ha reiterado la posición de que la ‘Isla de Santa Rosa’ no ha sido asignada al Perú”, dice el comunicado.
Petro, por su parte, dice que Perú está cometiendo una acción “unilateral y violatoria” que puede “hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”.
El presidente colombiano argumentó que “han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”.
“El gobierno usará, antes que nada, los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”, añadió.
El problema de Leticia
Leticia está ante un desafío mayúsculo.
A causa de la sedimentación, la deforestación y el cambio climático, el Amazonas frente a la ciudad está perdiendo caudal y desviándose hacia territorio peruano.
Un estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional alertó recientemente sobre el riesgo de que Colombia pueda perder su conexión fluvial más importante.
“Un modelo desarrollado por la Armada Nacional anticipaba desde hace varios años que, para 2030, el río Amazonas podría dejar de pasar frente a Leticia durante la mayor parte del año (…) Hoy el modelo es una realidad”, dice el estudio.
“Si no se actúa de inmediato, Leticia dejará de ser una ciudad ribereña. Las implicaciones van más allá de lo simbólico; son culturales, económicas y territoriales”, se pronunció al respecto la profesora Lilian Posada García, involucrada con las investigaciones.
Petro teme que las acciones de Perú en Santa Rosa y Chinería, de algún modo, “hagan desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”, según expresó en X.
Al preguntarle por esta preocupación, el canciller de Perú le aseguró a BBC Mundo que utilizarían las vías diplomáticas y de colaboración entre los países para, “efectivamente, ayudar al pueblo”.
Las alertas de los expertos
A menudo, diversos analistas tildan de “maniobras de distracción” o “intentos de imponer la agenda” varias de las declaraciones o jugadas de Petro, sin que necesariamente indiquen un objetivo más allá del efecto mediático.
Sin embargo, Sandra Borda, experta en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia, le dice a BBC Mundo que “ya desde el año pasado había gente en la Cancillería alertando a Petro sobre esta situación”.
“Desconozco por qué decide sacar el tema ahora, porque es un asunto serio. Colombia corre el riesgo de que Leticia quede sin acceso al río, lo cual, estratégicamente, es fatal para el país”, dice la especialista.
En julio de 2024, el entonces director de Soberanía Territorial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, Diego Cadena, señaló que la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera amazónica, “no pertenecería al Perú” y “estaría ocupada irregularmente”, tras lo cual desconoció la autoridad del alcalde de Santa Rosa, el peruano Iván Yovera.
Por esa razón, el gobierno de Perú protestó ante el encargado de Negocios de Colombia en Lima y reafirmó “los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa”.
El entonces ministro peruano de Exteriores, Javier González-Olaechea, dio por cerrada la discusión el 15 de julio de 2024 al manifestar su “satisfacción” por la respuesta del gobierno de Colombia a la protesta que emitió su país.
Gustavo Petro y su contraparte peruana, Dina Boluarte, han sufrido importantes idas y venidas.
Tras la destitución de Pedro Castillo del gobierno peruano y la llegada de Boluarte en 2022 como presidenta constitucional hasta el fin del mandato en 2026, Petro criticó la legitimidad de la nueva presidenta, lo cual originó un conflicto diplomático que desembocó en la retirada mutua de sus embajadores en ambos países.
Desde entonces las relaciones han mejorado, pero esta última controversia amenaza con reinflamarlas.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
