Negarle al autoritarismo el monopolio del futuro
El pasado 14 de enero, desde el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, convocamos a una conversación pública con María Teresa Blandón Gadea, socióloga feminista y activista nicaragüense, actualmente exiliada en Costa Rica. En este texto comparto la entrevista con ella.
El encuentro partió de una inquietud compartida: pensar los autoritarismos en Centroamérica no como fenómenos aislados ni como simples “desviaciones” del orden democrático, sino como procesos con raíces profundas, inscritos en historias políticas, sociales y culturales de larga duración.
El tema de la charla, Nicaragua, no solo como caso extremo de cierre del espacio cívico y concentración del poder, sino como laboratorio histórico donde se condensan muchas de las tensiones que atraviesan la región: la herencia colonial, la fragilidad del Estado, la captura de lo público por élites políticas y religiosas, y la reiterada promesa —una y otra vez frustrada— de democratización. La conversación buscó entender sus genealogías: cómo se construyen estos poderes, qué memorias activan, qué lenguajes reutilizan y por qué logran, en determinados momentos, arraigar socialmente.
Los autoritarismos contemporáneos —y en particular los populismos de extrema derecha— no reproducen mecánicamente los fascismos del siglo XX, pero dialogan con ellos, reciclan sus repertorios simbólicos y actualizan viejas pulsiones antiliberales bajo condiciones nuevas. No se trata de copias, sino de herencias transformadas: liderazgos personalistas que se presentan como encarnación del pueblo, desprecio por los contrapesos institucionales, construcción de enemigos internos y una relación instrumental con la legalidad.
Pensar Nicaragua desde esta perspectiva genealógica permite escapar tanto de la excepcionalidad como del fatalismo. Permite, sobre todo, comprender que los autoritarismos no se sostienen únicamente por la fuerza, sino por narrativas, alianzas morales y arreglos históricos que es necesario analizar para poder desmontarlos. Esa es la apuesta de esta conversación: entender para resistir sin renunciar a la memoria ni a la imaginación política.
La charla con María Teresa Blandón Gadea
El deterioro democrático en Centroamérica no llegó de golpe: se incubó en Estados frágiles, construidos desde la exclusión colonial, atravesados por alianzas persistentes entre élites políticas, económicas y religiosas, y sostenidos por una idea del poder como botín y saqueo antes que como responsabilidad pública.
Tras los acuerdos de paz de finales del siglo XX, la región pareció abrir una posibilidad —precaria pero real— de democratización. Sin embargo, la pobreza estructural, la desigualdad persistente, la captura del Estado y la violencia criminal erosionaron rápidamente ese horizonte. El golpe de Estado en Honduras en 2009 marcó un punto de inflexión: el retorno explícito de formas autoritarias que ya no necesitan ocultarse detrás del lenguaje democrático, aunque lo siguen haciendo como una revestidura de las nuevas derechas.
Hoy, Nicaragua es un régimen que cancela derechos y también reconfigura el sentido común, normalizando la excepción, la represión y el castigo como formas legítimas de orden social. Frente a este panorama, la pregunta ya no es sólo cómo se consolidan los autoritarismos, sino cómo se resiste cuando el espacio cívico se cierra, cuando la violencia se vuelve política pública y cuando la esperanza parece un gesto ingenuo. Qué podemos aprender en México de mirar a Centroamérica, una región que siempre pasamos de largo en nuestros análisis políticos desde la izquierda pero también para pensar las nuevas derechas que ya no llegan al poder de la mano de los golpes militares sino de procesos democráticos que después del momento populista se establecen como dictaduras más o menos veladas, con derivas propias pero aprendizajes que deberíamos observar de cerca desde México.
En tus análisis aparece una idea incómoda pero persistente: que los autoritarismos centroamericanos no son una anomalía histórica, sino una continuidad. ¿Qué estamos dejando de ver cuando los tratamos como desviaciones excepcionales?
Lo que solemos pasar por alto es que estos regímenes no emergen en el vacío ni rompen del todo con el pasado. Se apoyan en estructuras estatales que desde su origen fueron diseñadas para excluir, controlar y disciplinar. El Estado centroamericano nace como una extensión del orden colonial: administra desigualdades, criminaliza la pobreza y subordina a quienes no encajan en el ideal de ciudadanía dominante. En ese sentido, el autoritarismo no irrumpe; se reactiva.
Cuando hablamos de “retrocesos democráticos” damos por sentado que hubo democracias sólidas, cuando en realidad lo que existió fue una institucionalidad frágil, capturada por élites, con partidos políticos cada vez más alejados del bien común. Los liderazgos autoritarios explotan ese vacío: prometen orden donde hubo abandono, seguridad donde hubo violencia impune, pertenencia donde hubo exclusión. El problema no es solo el caudillo; es el terreno fértil que lo hace posible.
Muchos de estos gobiernos se presentan como respuestas eficaces a la criminalidad, a la corrupción. ¿Por qué ese discurso logra tanta adhesión social incluso cuando implica la renuncia explícita a derechos?
Porque ofrece algo que la democracia liberal en la región nunca terminó de garantizar: certezas. En contextos marcados por el miedo, la precariedad y la desconfianza institucional, la promesa de orden resulta profundamente seductora. El autoritarismo no se impone solo por la fuerza; se legitima emocionalmente. Construye un relato donde el castigo se vuelve sinónimo de justicia y la obediencia de estabilidad.
Además, estos proyectos se apoyan en imaginarios conservadores muy arraigados: el patriarcado, la moral religiosa, la idea de que ciertos cuerpos y ciertas vidas son sacrificables en nombre del bien común. Así, la suspensión de derechos deja de percibirse como una pérdida colectiva y se convierte en una medida “necesaria” contra enemigos internos cuidadosamente construidos: delincuentes, feministas, periodistas, defensores de derechos humanos.
En ese sentido, ¿qué papel juegan los conservadurismos religiosos y morales en la consolidación de estos regímenes?
No son aliados circunstanciales; son pilares. Los autoritarismos necesitan un marco moral que justifique la represión, y los conservadurismos ofrecen exactamente eso: una narrativa del orden natural, de la obediencia, del castigo como corrección. La fusión entre poder político y poder religioso refuerza la idea de que el líder no solo gobierna, sino que encarna una voluntad superior, casi providencial.
Esto tiene consecuencias muy concretas: la criminalización de las mujeres que defienden su autonomía, la persecución de personas LGBTIQ+, la censura de la educación crítica, el ataque frontal a la noción misma de derechos humanos. Todo aquello que implique pluralismo, diversidad o igualdad se presenta como una amenaza externa, como una imposición ajena a la “identidad nacional”.
Frente a un cierre tan agresivo del espacio cívico —cárceles, exilio, desnacionalización, censura—, hablar de resistencia puede sonar abstracto. ¿Dónde ves hoy las posibilidades reales de resistir al autoritarismo en Centroamérica?
Resistir no siempre significa confrontar de manera frontal. En contextos autoritarios, la resistencia adopta formas fragmentadas, a veces invisibles: redes de cuidado, memoria compartida, documentación de abusos, pedagogías clandestinas, solidaridad transnacional. Defender la vida cotidiana se vuelve un acto político.
También es clave disputar el lenguaje. Los autoritarismos avanzan cuando logran nombrar el mundo sin que encuentren oposición: cuando seguridad significa militarización, cuando soberanía significa impunidad y no pasa nada. Resistir es insistir en otros significados, sostener la idea de que los derechos no son concesiones del poder, sino conquistas históricas. No es una tarea épica; es persistente, colectiva y profundamente desgastante, pero necesaria.
Para cerrar: en un contexto tan adverso, ¿cómo se defiende la esperanza sin caer en la ingenuidad o el voluntarismo?
Defender la esperanza no es negar la gravedad del momento, sino rechazar la idea de que el autoritarismo es inevitable. Centroamérica tiene una historia dolorosa, sí, pero también una memoria densa de luchas, de organización social, de conquistas parciales que parecían imposibles. Recordar eso es un acto político.
La esperanza, hoy, pasa por reconstruir vínculos, por sostener diálogos incómodos, por no resignarnos al cinismo. No se trata de idealizar la democracia que tuvimos, sino de insistir en la que aún podemos imaginar y construir. Resistir es, en última instancia, negarle al autoritarismo el monopolio del futuro.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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