México-UE: inicia camino regulatorio para el respeto a derechos humanos en actividades empresariales
En febrero de 2022, la Comisión Europea inició la discusión de una Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) como un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones “identificando, previniendo, mitigando y dando cuenta de sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contando con una gobernanza, sistemas de gestión y medidas adecuadas para este fin”.
En junio de 2023, el Parlamento aprobó en una primera ronda la Directiva y abrió el triálogo (Consejo, Comisión y Parlamento) por un periodo de 6 meses para las negociaciones del texto. Después de varios acuerdos, en marzo de 2024 se aprobó en el Consejo una versión del texto con varias reducciones que fueron expuestas por las organizaciones de derechos humanos europeas. Finalmente, el 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el texto final y ordenó su publicación.
Algunos países miembros de la Unión Europea ya contaban con leyes internas sobre debida diligencia en derechos humanos como Francia, Alemania, Noruega, que después de la publicación de la Directiva deberán iniciar el camino para armonizar su legislación, pues el objetivo de una Directiva es tener un marco jurídico en común dentro de los países de la UE.
Pero ¿qué obligaciones tendrán ahora los países que integran la Unión Europea?
La Directiva tiene por objeto 1 garantizar que las empresas que operan en el mercado interior “contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la detección, priorización, prevención, mitigación, eliminación, minimización y reparación de los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las operaciones de sus filiales y sus socios comerciales en las cadenas de actividades de las empresas, así como garantizando que los afectados por el incumplimiento de este deber tengan acceso a la justicia y a vías de recurso”, es decir, actuar con debida diligencia.
La Directiva establece el alcance de la norma, así como la responsabilidad de las empresas y los organismos de control estatales que vigilarán su aplicación. En esa tesitura, la implementación será escalonada; en 2027 2 aplicará para las empresas que tengan más de 5000 empleados y 1,500 millones de Euros de facturación anual y a partir de 2029 aplicará para las que tengan más de 1000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual. Así también los países miembros deberán facilitar información amplia a las empresas sobre sus obligaciones de la mencionada debida diligencia y crearán una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento, las cuales podrían llegar al 5 % de la facturación del año anterior.
Respecto a las sanciones y la responsabilidad civil 3 en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, es relevante destacar el carácter vinculante y no así discrecional. Esto abre la posibilidad, una vez que la norma entre en vigor, a que las comunidades y personas titulares de derechos humanos que resulten afectadas por empresas europeas (aún fuera de la UE), accedan a una vía importante para la justicia y la reparación integral a través de los tribunales europeos, aún cuando las afectaciones hayan ocurrido en México, siempre que se presuma la responsabilidad de empresas europeas.
Ante tales circunstancias, la Directiva aborda obstáculos prácticos y procesales existentes que hoy enfrentan las comunidades afectadas para acceder a la justicia, como “las dificultades para acceder a las pruebas, la duración limitada de los plazos de prescripción, la ausencia de mecanismos adecuados para las acciones de representación y los costes prohibitivos de los procedimientos de responsabilidad civil”. 4 Lo anterior no se contempla en el sistema jurídico mexicano con esa perspectiva de derechos humanos, por lo que es un gran avance en favor de las víctimas, quienes prodrán acudir por sí mismas o con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, entre los temas destacados, se exige a las empresas que adopten un plan que garantice que su modelo de negocios y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; se reconoce que las empresas deberán tener en consideración contextos específicos o factores interseccionales, entre ellos la perspectiva de género 5 y origen étnico. Como parte de un enfoque de la debida diligencia, las empresas deben prestar especial atención a cualquier efecto adverso en las personas que puedan estar expuestas a un mayor riesgo debido a su condición de vulnerabilidad.
No obstante, también hay temas que fueron controversiales en el documento como lo son las obligaciones de debida diligencia del sector financiero. 6 La Directiva 7 y las Directrices de la OCDE reconocen “las particulares de los sectores financieros” teniendo en cuenta los efectos adversos de las actividades empresariales y su impacto en los derechos humanos. Por ello, “se espera que las empresas financieras reguladas tengan en cuenta los efectos adversos y utilicen su denominado «efecto palanca» para influir en las empresas. El ejercicio de los derechos de los accionistas puede ser una forma de ejercer el «efecto palanca».”
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán 8 lo anterior con base en el informe que la Comisión les presentará sobre “la necesidad de establecer requisitos adicionales de diligencia debida en materia de sostenibilidad adaptados a las empresas financieras reguladas por lo que respecta a la prestación de servicios financieros y las actividades de inversión, y las opciones para tales requisitos de diligencia debida, así como sus efectos…”. Este informe irá acompañado de una propuesta legislativa en su caso.
Los países miembros de la UE iniciarán en los próximos meses la transposición a sus leyes nacionales, iniciarán los debates internos que se espera sean inclusivos para las comunidades afectadas, personas titulares de derechos y organizaciones de la sociedad civil, no solo de sus países, sino de aquellos que reciben los impactos negativos en materia de derechos humanos por parte de sus empresas.
Existe evidencia de empresas europeas cuyas operaciones en México están vinculadas a violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano puede ver una ventana de oportunidad y sumarse a los países de la UE y juntas iniciar este camino hacia la debida diligencia corporativa con una perspectiva de derechos humanos, en aras de proteger a las comunidades que ya han resultado afectadas en sus derechos por la actividad empresarial. Recientemente México mostró una señal de buena práctica internacional al recomendar a Canadá promover una “ley de debida diligencia para evitar cualquier abuso de empresas o instituciones financieras canadienses que operen en su territorio y en el extranjero”.
Hemos visibilizado que uno de los obstáculos para el acceso a la justicia es la falta de actualización del marco normativo para acceder a la reparación integral. Este camino que se abre ahora en Europa, nos muestra que para combatir algunas de las causas de la captura corporativa del Estado se debe trabajar en la actualización de leyes con perspectiva de derechos humanos, que ponga en el centro los derechos de las comunidades afectadas por la actividad empresarial y que sancione a las empresas que causan y se benefician económicamente de esas afectaciones.
Finalmente, sabemos que la Directiva europea no es todo lo que se necesita para abordar la realidad actual de las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente en Europa, en México o en otras partes del mundo, pero sin duda abonará a cambiar la forma de hacer negocios en el mundo. También contribuye a continuar la discusión y el análisis, así como a pensar en procesos conjuntos entre las partes que ofrezcan garantías de acceso a la justicia en México o Europa. Organizaciones de la sociedad civil como PODER estamos en un análisis continuo para impulsar este camino de la regulación corporativa. Esperamos que México y la Unión Europea retomen sus experiencias y escuchen a quienes se han visto afectadas en sus derechos humanos por la actividad empresarial.
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en PODER.
1 Considerando (16) del texto consolidado Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937.
2 Artículo 37. b
3 Artículo 29
4 Artículo 13
5 Considerando 32
6 La ONU también clarifica la obligación de los Estados de derechos humanos vinculados a este sector en su nota informativa sobre América Latina y el Caribe.
7 Considerando 51
8 Artículo 36.1
El desastre que ha azotado Blatten es la peor pesadilla para las comunidades de los Alpes.
El pueblo suizo de Blatten quedó prácticamente destruido tras el derrumbe de un enorme trozo de glaciar en el valle en el que se encuentra.
Aunque el pueblo había sido evacuado hace unos días por temor a que el glaciar Birch se estuviera desintegrando, se ha reportado la desaparición de una persona y muchas casas han quedado completamente sepultadas.
El alcalde de Blatten, Matthias Bellwald, declaró que “ha ocurrido lo inimaginable”, pero sdijo que el pueblo aún tiene futuro.
Las autoridades locales han solicitado el apoyo de la unidad de socorro del ejército suizo y miembros del gobierno suizo se dirigían al lugar.
El desastre que ha azotado Blatten es la peor pesadilla para las comunidades de los Alpes.
Los 300 habitantes del pueblo tuvieron que abandonar sus hogares el 19 de mayo después de que los geólogos que monitoreaban la zona advirtieran que el glaciar parecía inestable. Ahora, muchos de ellos podrían no regresar jamás.
Conteniendo las lágrimas, Bellwald declaró: “Hemos perdido nuestro pueblo, pero no nuestro corazón. Nos apoyaremos y consolaremos mutuamente. Tras una larga noche, volverá a amanecer”.
El gobierno suizo ya ha prometido financiación para garantizar que los residentes puedan quedarse, si no en el pueblo, al menos en la región.
Sin embargo, Raphaël Mayoraz, director de la oficina regional de Riesgos Naturales, advirtió que podrían ser necesarias más evacuaciones en las zonas cercanas a Blatten.
El cambio climático está provocando que los glaciares (ríos de hielo congelados) se derritan cada vez más rápido, y el permafrost, a menudo descrito como el pegamento que mantiene unidas las altas montañas, también se está descongelando.
Una avalancha de lodo
Imágenes de drones mostraron el colapso de una gran sección del glaciar Birch alrededor de las 15:30 hora local del miércoles. La avalancha de lodo que arrasó Blatten sonó como un rugido ensordecedor al descender hacia el valle, dejando una enorme nube de polvo.
Los glaciólogos que monitorean el deshielo llevan años advirtiendo de que algunas localidades alpinas podrían estar en riesgo, y Blatten ni siquiera es la primera en ser evacuada.
En el este de Suiza, los residentes del pueblo de Brienz fueron evacuados hace dos años porque la ladera de la montaña se estaba desmoronando.
Desde entonces, solo se les ha permitido regresar por períodos cortos.
En 2017, ocho excursionistas murieron y muchas casas quedaron destruidas cuando el mayor deslizamiento de tierra en más de un siglo azotó las cercanías del pueblo de Bondo.
El informe más reciente sobre el estado de los glaciares suizos sugirió que podrían desaparecer por completo en un siglo si no se logra mantener la temperatura global dentro de un aumento de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, acordado hace diez años por casi 200 países en el marco del Acuerdo de París sobre el Clima.
Muchos científicos del clima sugieren que este objetivo ya se ha incumplido, lo que significa que el deshielo de los glaciares seguirá acelerándose, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, y amenazando a más comunidades como Blatten.
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