El Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) es una organización regional, de la sociedad civil, sin fines de lucro, fundada en 2010. Nuestra misión es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género. En este blog compartiremos ideas sobre cómo desde la ciudadanía, las comunidades y OSC podemos presionar a los gobiernos y actores empresariales para que exista una rendición de cuentas real y se corrijan los desequilibrios de poder. 

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El reciente Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos titulado: “<a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/213/47/pdf/n2421347.pdf" target="_blank" rel="noopener">Proteger y respetar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en el contexto de las actividades empresariales</a>”, subraya una realidad crítica: las violencias en contra de la población de la diversidad sexual han construido un escenario donde resulta imperante que las empresas desempeñen un papel activo en la protección y promoción de los derechos humanos.
En este documento se detallan dos elementos de análisis que resultan indispensables para comprender la urgencia de que las empresas adopten un papel más activo en esta rama. El primero está relacionado con cuáles son las responsabilidades de las corporaciones bajo los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En cambio el segundo elemento explica la urgencia de que éstas (las empresas) adopten un enfoque proactivo en la lucha por la equidad y la inclusión.
Según el informe, las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, son alarmantemente comunes en el mundo laboral.
“Las personas LGTBI+ continúan enfrentando discriminación, acoso y exclusión en el lugar de trabajo”. Esta situación se agrava en contextos donde la legislación protege de manera insuficiente a estas comunidades, dejándolas vulnerables a abusos y marginación. En este sentido, el informe exige que las empresas no solo se adhieran a principios éticos, sino que implementen “medidas concretas para prevenir y remediar estos abusos”.
<h2>Responsabilidad de las empresas</h2>
Los y las las expertas que trabajaron el documento del Grupo de la ONU, explican que la responsabilidad empresarial va más allá del mero cumplimiento de la ley, es decir, lo actualmente normativo; esto quiere decir que implica un compromiso genuino con la diversidad y la inclusión que haga uso de todos los elementos posibles para garantizar espacios laborales libres de violencia para todas las personas.
Las empresas que deseen construir espacios dignos y respetuosos de los derechos humanos deben desarrollar políticas inclusivas que no solo reconozcan, sino que celebren la diversidad sexual y de género. Esto incluye “la capacitación continua de los empleados sobre temas relacionados a las personas LGTBI+, la creación de espacios seguros y acogedores, y el establecimiento de mecanismos eficaces para reportar casos de discriminación sin temor a represalias”. Este enfoque no solo busca proteger a las personas trabajadoras, sino también fomentar un ambiente de respeto y colaboración.
<h2>Las empresas no pueden permitirse ser ajenas</h2>
Otro punto necesario en la discusión es la pertinencia de la participación de las empresas en las prácticas sociales. Según las personas expertas, las empresas deben estar atentas a los cambios en la percepción pública y a la creciente demanda de responsabilidad social. La presión de las personas consumidoras juega un papel fundamental en este contexto. Motivo por el cual, la visibilidad y representación de las personas LGTBI+ en el ámbito empresarial son aspectos cruciales que deben ser abordados.
Las empresas, según se explica, tienen la responsabilidad de asegurarse de que las voces de las personas LGTBI+ sean escuchadas y que sus perspectivas sean tenidas en cuenta en todos los niveles de toma de decisiones. Como menciona el informe, “la inclusión de líderes LGTBI+ en equipos directivos no solo enriquece la cultura organizacional, sino que también envía un mensaje poderoso a todos los empleados”.
Este cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana; requiere esfuerzo y dedicación. Las empresas deben crear programas de sensibilización que aborden los prejuicios y estereotipos que a menudo persisten en los lugares de trabajo. La capacitación sobre diversidad e inclusión debe ser una parte integral de la formación del personal, desde la alta dirección hasta los nuevos empleados. Además, es fundamental que estas iniciativas sean sostenibles en el tiempo. La inclusión no puede ser solo una campaña temporal; debe ser una filosofía que guíe todas las acciones empresariales.
Sin embargo, el camino hacia la inclusión no está exento de desafíos. Las empresas deben estar dispuestas a enfrentar sus propios sesgos y a reconocer las áreas en las que necesitan mejorar. Esto requiere un análisis honesto de las políticas existentes y un compromiso a largo plazo para implementar cambios sustanciales. La transformación hacia un entorno empresarial inclusivo es un viaje que debe comenzar hoy. Como señala el informe, “la cultura corporativa debe estar diseñada no solo para cumplir con las normativas, sino para ser un faro de inclusión y diversidad”.
Para que este compromiso sea efectivo, es vital que las empresas establezcan mecanismos claros para la rendición de cuentas. Las políticas y prácticas deben ser monitorizadas y evaluadas regularmente, y los resultados deben ser transparentes tanto para la planta laboral como para las personas consumidoras. Esto no solo genera confianza, sino que también demuestra que la empresa está comprometida con la mejora continua en el ámbito de los derechos humanos.
<h2>La interseccionalidad es otro concepto clave</h2>
Que las empresas deben tener en cuenta al abordar los derechos de las personas LGTBI+. Las experiencias de discriminación y exclusión no son homogéneas y pueden variar significativamente según otros factores, como la raza, la clase socioeconómica y la nacionalidad. Como indica el informe, “es esencial adoptar un enfoque interseccional que reconozca y aborde las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas LGTBI+”. Esto requiere un esfuerzo consciente por parte de las empresas para entender y responder a las complejidades de la identidad en el contexto laboral.
El informe también destaca la importancia de la colaboración. Las empresas no deben trabajar en aislamiento; deben buscar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios y otros actores relevantes. Estas colaboraciones pueden proporcionar valiosos recursos, conocimientos y apoyo, lo que resulta en un enfoque más integral para abordar las cuestiones de derechos humanos. Al unir fuerzas, las empresas pueden amplificar su impacto y contribuir a una cultura más inclusiva y equitativa.
En conclusión, el Informe del Grupo de Trabajo es un llamado urgente a la acción para que las empresas tomen en serio su papel en la promoción de los derechos de las personas LGTBI+. Proteger y respetar estos derechos no es solo una obligación ética, sino un imperativo empresarial que beneficiará a la sociedad en su conjunto. La equidad en el entorno laboral es una cuestión de justicia social, y su búsqueda debe ser una prioridad en la agenda corporativa. Como se menciona en el informe, “el futuro de los derechos humanos en el ámbito laboral depende de las decisiones que tomemos ahora”. La inclusión no es un ideal distante; es una realidad que debemos construir juntes, hoy y cada día. Este esfuerzo colectivo no solo transformará las empresas, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
* Ricardo Balderas es periodista de datos en PODER. Enfocado en análisis e investigación corporativa, metodologías para seguridad digital de periodistas y plataformas de leaking.

Un llamado urgente a la acción

Los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados (SCIE o ISDS por sus siglas en inglés), establecidos originalmente para proteger las inversiones extranjeras de la expropiación directa, implican actualmente serios obstáculos para los gobiernos -sobre todo en países del Sur Global- a la hora de regular a empresas e inversionistas en aras de proteger al medio ambiente y a comunidades históricamente vulneradas.
Los gobiernos de los países demandados por empresas multinacionales en el marco de estos mecanismos no solo se han visto obligados a pagar indemnizaciones altísimas por supuestos daños y perjuicios, también han tenido que detener o revocar medidas necesarias para proteger los derechos humanos de comunidades impactadas, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático.
Un caso ejemplo es el de <a href="https://poderlatam.org/project/ixtaca/" target="_blank" rel="noopener">Almaden Minerals</a> Ltd., minera canadiense que este año solicitó un proceso de arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Almaden argumenta que fue perjudicada económicamente por la cancelación de sus concesiones en Ixtacamaxtitlán, Puebla. Sin embargo, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que en el proceso de exploración se habían violado los derechos humanos al territorio, a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento de las comunidades indígenas de la región, por lo que esta institución instruyó a las autoridades revocar las concesiones otorgadas a la empresa minera.
Anterior a ello, una <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2020/02/Resumen-Ejecutivo-EIDH-febrero-2017.pdf" target="_blank" rel="noopener">Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH)</a> realizada por las comunidades, PODER y otras organizaciones acompañantes documentaron daños a la población, impactos a la salud y al medioambiente, falta de transparencia, criminalización de personas defensoras del territorio, y ruptura del tejido social en la fase de exploración del proyecto. Finalmente, a finales 2020, las autoridades ambientales negaron de forma definitiva la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental realizada por la empresa, y no le otorgaron los permisos ambientales para operar.
Sin embargo, Almaden, invocando el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), presentó una petición de arbitraje para exigir al gobierno mexicano una indemnización multimillonaria. Para el arbitraje, aseguró un financiamiento de 9.5 millones de dólares para contratar a la firma legal Boies Schiller Flexner para que la represente en el proceso. 
Otro ejemplo es <a href="https://elpais.com/mexico/economia/2024-09-20/mexico-pierde-el-caso-contra-la-minera-submarina-odyssey-marine-y-debera-pagarle-mas-de-37-millones-de-dolares.html" target="_blank" rel="noopener">el caso en el que acaba de prevalecer la empresa estadounidense minera marina Odyssey ante el CIADI</a>. Con base en cláusulas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), Odyssey llevó al tribunal de arbitraje en 2019 una demanda de perjuicio económico porque las autoridades mexicanas negaron permisos ambientales para explorar la extracción de fosfato en la costa Pacífica de Baja California Sur, ya que afectaría un ecosistema “ecológicamente sensible”. El tribunal resolvió el caso a favor de Odyssey, imponiendo al Estado mexicano la obligación de indemnizar a la empresa con 37.1 millones de dólares. La Secretaría de Economía anunció que impugnará la resolución.
<h2>¿Qué son los mecanismos SCIE?</h2>
Estos mecanismos de arbitraje internacional se establecieron en la década de 1960 con el propósito de proteger inversiones, en un contexto internacional en que el capital se expandía rápidamente y frente a la posibilidad de que los Estados pudieran expropiar y nacionalizar activos de inversiones extranjeras en sus territorios sin indemnizarlos. Los mecanismos SCIE permiten a inversionistas demandar directamente a los Estados en instancias de arbitraje internacional, pasando por encima de los sistemas jurisdiccionales propios de esos países.
Una instancia de arbitraje creada para estos procesos es el CIADI, establecido en 1966 a través de un convenio por el Grupo del Banco Mundial <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> para arbitrar controversias entre empresas y los Estados donde invierten. Las empresas inversoras pueden llevar sus disputas allí, en virtud de cláusulas que figuran en tratados de inversión y de libre comercio que lo permiten. Cada caso es considerado por un tribunal independiente conformado por tres árbitros: uno designado por el inversor, otro por el Estado demandado y un tercero por acuerdo entre las dos partes.
Los SCIE y en particular el CIADI se empezaron a utilizar con más frecuencia en la década de 1990, con la proliferación de los tratados de libre comercio e inversión. El convenio que da lugar al CIADI está ratificado actualmente por 158 Estados. Sin embargo, la gran mayoría de los casos presentados por inversionistas a estos tribunales de arbitraje no se relaciona con expropiaciones directas, sino que impugnan medidas legítimas por parte de gobiernos para regular, limitar o negar concesiones con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y los derechos humanos frente a los avances de proyectos empresariales.
<h2>El impacto en América Latina</h2>
<a href="https://www.celag.org/informe-evaluacion-y-alternativas-al-ciadi/#_ftn3" target="_blank" rel="noopener">Latinoamérica es la región con más demandas a sus países por procesos de SCIE</a>. Desde 1996, los gobiernos de la región han tenido que indemnizar a empresas inversoras por más de 30,000 millones de dólares, generando importantes desincentivos para avanzar políticas, medidas y regulaciones para proteger a ecosistemas, mitigar el cambio climático y garantizar los derechos humanos de comunidades afectadas. Al mismo tiempo, hay poca evidencia que estos mecanismos o las resoluciones del CIADI hayan contribuido a fortalecer la inversión de manera significativa.
<a href="https://www.tni.org/files/2024-09/ISDS_Mexico24_reporteSeptiembre2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Un estudio reciente del Transnational Institute, Institute for Policy Studies y otras organizaciones</a>, en el que colaboró PODER, detalla la situación de México con cifras alarmantes: con 55 demandas por un total 341 millones de dólares, México es el tercer país más demandado en la región y el cuarto a nivel mundial. Las demandas se respaldan en los múltiples tratados comerciales de los que México es parte: 31 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y 11 Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales contienen cláusulas que permiten el uso de tribunales arbitrales internacionales para la resolución de controversias entre inversores y Estados.
Las demandas contra México fueron llevadas por inversionistas estadounidenses, canadienses y europeos en el 93 % de los casos, siendo los sectores más demandados la minería y los hidrocarburos, sectores en los cuales las regulaciones y las medidas para limitar la explotación son esenciales para mitigar el cambio climático, la degradación del medio ambiente y otras afectaciones a los derechos humanos. Además, desde que México ratificó en 2018 el convenio del CIADI, el país se encuentra aún más expuesto al riesgo de tener que comprometer dinero público para pagar a los inversionistas los montos multimillonarios resultantes de posibles arbitrajes, como lo demuestran los casos arriba mencionados.
<h2>Críticas</h2>
Los SCEI han recibido amplias críticas desde diferentes sectores en América Latina,<a href="https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/2023.05.02%20Letter%20to%20Tai,%20Blinken%20re%20elimination%20of%20ISDS.pdf" target="_blank" rel="noopener"> y de otras partes del mundo</a>, por falta de transparencia en sus procedimientos, falta de competencias de los árbitros (particularmente en materia de la protección del ambiente, los derechos de las poblaciones indígenas y los DESCA en general) y las exorbitantes indemnizaciones impuestas a los Estados como resultado de las decisiones de los arbitrajes. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
David Boyd, exRelator Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, caracterizó en <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/205/32/pdf/n2320532.pdf" target="_blank" rel="noopener">un informe</a> a los mecanismos SCIE como “catastróficos” para el medio ambiente y los derechos humanos. Otras críticas resaltan el hecho de que las demandas solo pueden ser planteadas por las empresas, sin reciprocidad para los Estados ni para titulares de derechos. Como destaca el informe de Boyd, “al sustituirse los tribunales nacionales por tribunales de arbitraje, se eliminan importantes salvaguardas frente a las violaciones de los derechos humanos, como la transparencia, la participación pública, la igualdad y la no discriminación”.
<h2>¿Qué hacer?</h2>
Las obligaciones generadas por los mecanismos SCIE constituyen un verdadero obstáculo para que los gobiernos de países latinoamericanos puedan ejercer un control soberano sobre las actividades de empresas multinacionales que invierten en sus países, y sus políticas de derechos humanos y protección del medio ambiente en el marco de las actividades empresariales.
Países de la región han prescindido de estos mecanismos, al no adscribir o formar parte de estos. Brasil, por ejemplo, nunca se adhirió al convenio del CIADI, y no ha sufrido la consecuencia de no recibir inversiones. Más recientemente, el gobierno de Honduras –que desde 2021 ha recibido 10 demandas ante el CIADI– <a href="https://www.isds.bilaterals.org/?honduras-prepara-su-salida-oficial" target="_blank" rel="noopener">se retiró</a> de este mecanismo en 2024.
A México, estar bajo los SCIE, y particularmente ser parte del CIADI, le ha costado caro. Además, las comunidades y personas afectadas prácticamente no tienen formas de participación para defender sus derechos en estos mecanismos. Una de las pocas vías que pueden solicitar es la de presentar escritos frente a los tribunales de arbitraje, con pruebas y testimonios de las afectaciones.
Más allá, el informe de TNI/IPS ofrece algunas recomendaciones concretas para que México pueda superar los obstáculos impuestos por los SCIE y por el poder corporativo a la facultad del Estado a dictar medidas necesarias para proteger los derechos humanos, abordar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible. Para salir del yugo de la amenaza constante de demandas por parte de empresas inversoras -que ponen en riesgo recursos, estrategias, y la misma soberanía del Estado mexicano- hay que evaluar seriamente alternativas a los SCIE y promover opciones nacionales y regionales para la resolución de disputas, puramente comerciales, entre inversionistas y Estado. También, el informe recomienda no firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino priorizar la protección de los derechos humanos y ambientales, incluyendo el consentimiento previo, libre e informado de comunidades afectadas, y exigir la rendición cuentas por parte de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano.
* Elena Arengo es codirectora de PODER (<a href="https://x.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">PODERlatam</a>). Cuenta con más de 15 años de experiencia en rendición de cuentas empresarial y derechos laborales. Ha trabajado en diversas organizaciones como el Foro Internacional de Derechos Laborales y la OIT, liderando programas en América Latina y Asia para mejorar las condiciones laborales, particularmente en la industria maquiladora. Es autora de publicaciones sobre rendición de cuentas empresarial y ha coordinado programas internacionales de rendición de cuentas empresariales y derechos humanos. Es antropóloga de formación.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El Convenio que dio origen al CIADI es un tratado multilateral ideado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial con el objetivo de promover la inversión internacional
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> El propósito original del CIADI cuando se creó en la década de 1960 fue permitir recuperar el monto de una inversión en caso de, por ejemplo, una expropiación o un decreto de nacionalización. No contemplaba en la indemnización las futuras ganancias proyectadas por el inversionista, lo cual se ha convertido en un reclamo de las empresas en las demandas actuales.

Arbitraje internacional inversor-Estado: un riesgo constante a la protección de los derechos humanos y el ambiente

Arbitraje internacional inversor-Estado: un riesgo constante a la protección de los derechos humanos

Para analizar el contexto actual sobre la situación de las comunidades afectadas por la actividad empresarial, debemos partir por reconocer las luchas contemporáneas ante los impactos en los territorios y el medio ambiente por las empresas en México.
Existen algunos ejemplos de luchas emblemáticas: lo es el de los<a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener"> Comités de Cuenca Río Sonora</a>, quienes desde 2014 continúan en proceso legal para acceder a una reparación integral y que <a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2024/08/07/10-anos-sin-justicia-en-el-rio-sonora-tras-el-derrame-toxico-de-grupo-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Grupo México se haga responsable</a> del derrame de material tóxico en su territorio, asumiendo su responsabilidad por las afectaciones a derechos humanos.
Otro ejemplo es el de las comunidades de la<a href="https://cemda.org.mx/obtienen-comunidades-mayas-suspension-definitiva-al-tramo-2-del-proyecto-tren-maya/" target="_blank" rel="noopener"> Península de Yucatán</a> y<a href="https://articulo19.org/corredor-interoceanico-tres-anos-de-criminalizacion-y-violencia-hacia-personas-y-comunidades-defensoras-de-la-tierra-y-el-territorio-y-pueblos-indigenas-en-el-istmo-de-tehuantepec/" target="_blank" rel="noopener"> Oaxaca</a> por la construcción de <a href="https://poderlatam.org/tag/tren-maya/" target="_blank" rel="noopener">megaproyectos</a>, todas marcadas por factores comunes como la opacidad, <a href="https://poderlatam.org/2020/10/mapa-interactivo-istmo-de-tehuantepec/" target="_blank" rel="noopener">falta de transparencia</a> e impunidad corporativa. Pero ¿por qué en nuestro país se perpetúa esta problemática?
El marco jurídico mexicano cumple con una función regulatoria de las relaciones contractuales que las empresas puedan generar entre particulares y con el Estado, pero se ha olvidado de identificar cómo prevenir, proteger y en su caso reparar los abusos a derechos humanos que las actividades empresariales generen, dejando en total desprotección a las comunidades que por la magnitud de dichas actividades suelen ser las más impactadas.
A pesar de los avances en la última década en materia de derechos humanos, éstos no han permeado en las empresas y su responsabilidad. A nivel internacional, existen instrumentos como los <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos</a> y <a href="https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/punto-nacional-de-contacto?state=published" target="_blank" rel="noopener">mecanismos no jurisdiccionales</a>, pero el camino avanzado aún es muy corto.
En los últimos dos sexenios, se realizaron trabajos desde la <a href="https://poderlatam.org/2019/10/posicionamiento-del-grupo-focal-de-la-sociedad-civil-sobre-empresas-y-derechos-humanos-urge-corregir-el-proceso-y-contenido-del-pndh/" target="_blank" rel="noopener">Secretaría de Gobernación</a> hacia un plan nacional de acción y <a href="https://poderlatam.org/2024/04/mexico-no-logro-consolidar-una-politica-publica-que-aborde-los-abusos-y-las-violaciones-a-derechos-humanos-por-la-actividad-empresarial-los-retos-continuan-para-el-proximo-sexenio/" target="_blank" rel="noopener">hacia una política pública</a> de empresas y derechos humanos, donde la sociedad civil participó activamente para que esos instrumentos tuvieran una <a href="https://cemda.org.mx/nuevo-programa-de-empresas-y-derechos-humanos-no-cubre-estandares-internacionales-osc/" target="_blank" rel="noopener">perspectiva de derechos humanos</a>; sin embargo, esas iniciativas no se consolidaron, por lo que no se logró contar con alguna directriz que vincule a las empresas sobre su responsabilidad con los derechos humanos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una oportunidad histórica de consolidar una agenda progresista de empresas y derechos humanos, con una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. En sus “<a href="https://claudiasheinbaumpardo.mx/wp-content/uploads/2024/03/CSP100.pdf" target="_blank" rel="noopener">100 pasos por la transformación</a>” expresó que en su próximo gobierno será una prioridad mirar hacia <a href="https://www.forbes.com.mx/sheinbaum-promete-apoyar-a-los-pueblos-indigenas-ante-la-violencia-en-el-sur-de-mexico/" target="_blank" rel="noopener">los derechos humanos de las comunidades indígenas</a> y actualmente se encuentra una <a href="https://www.youtube.com/live/eKBVIkiVijs" target="_blank" rel="noopener">reforma constitucional</a> en discusión en el Congreso Federal.
El reconocimiento de la situación que viven los pueblos y comunidades en México debe incorporar cómo atender al impacto que las actividades empresariales generan en sus derechos humanos y el medio ambiente. En esta oportunidad histórica se pueden construir soluciones con las comunidades afectadas y brindar garantías de no repetición, aprendiendo de esos hechos históricos.
Una agenda progresista y a favor de los sectores más vulnerables del país, puede ser un primer paso para iniciar un camino para acabar con la impunidad corporativa y tomar el ejemplo de la <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0329_ES.html" target="_blank" rel="noopener">Unión Europea</a>, <a href="https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0uwj8xrwbk09g1nimkstsvnfg6922939.node0?codteor=2148124&amp;filename=PL+572/2022" target="_blank" rel="noopener">Brasil</a>, <a href="https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025" target="_blank" rel="noopener">Perú</a>, <a href="https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/8.Empresas%20y%20Derechos%20Humanos.pdf" target="_blank" rel="noopener">Colombia</a> quienes abrieron el debate hacia una regulación jurídica corporativa, no solo como una directriz, sino de carácter vinculante. En el caso de la Unión Europea, esta regulación ya se ha adoptado.
El camino está abierto para realizar los cambios normativos con esa perspectiva de derechos humanos en las actividades empresariales y las inversiones. La presidenta electa tiene la oportunidad de encabezar los esfuerzos desde la Presidencia de la República y, a través de la Secretaría de Gobernación, impulsar con el legislativo y las entidades federativas un marco regulatorio robusto y coherente que asegure un comportamiento empresarial responsable y respetuoso de los derechos humanos para mejorar el destino del país, conservar su soberanía y proteger los derechos humanos frente a cualquier tratado comercial y de inversión.
Sheinbaum no sólo pasará a la historia como la primera presidenta de México, también tiene la posibilidad de ser la primera en asumir el compromiso y hacer realidad la implementación de una agenda integral en materia de empresas y derechos humanos con la participación efectiva de las personas titulares de derechos, incluyendo a aquellas trabajadoras, comunidades afectadas y pueblos campesinos, rurales, indígenas, afromexicanos y otros grupos históricamente vulnerados y/o marginalizados.
Desde la sociedad civil esperamos que en los próximos años se materialicen acciones para combatir las causas de la impunidad corporativa a favor de las comunidades, una deuda histórica que continúa pendiente.
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.

Sheinbaum y el reto histórico de concretar una agenda de derechos humanos y empresas

Los habitantes de la cuenca del Río Sonora han soportado durante diez años los severos impactos negativos provocados por el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Este trágico evento, que tuvo lugar el 6 de agosto de 2014, se originó en una de las presas de jales de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V. El desastre consistió en el derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre, los cuales contaminaron de manera devastadora los ríos Bacanuchi y Sonora.
Este incidente no solo marcó un antes y un después en la historia ambiental de México, sino que también expuso las graves deficiencias del Estado para hacer justicia y la impunidad de las empresas para seguir obteniendo beneficios a costa del bienestar de las comunidades. A lo largo de estos años, las personas afectadas por el derrame han estado en una búsqueda constante de justicia, sin tener aún un compromiso real por parte de las autoridades que garantice la reparación y la no repetición del desastre.
Como han documentado los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) en el sitio web <a href="https://poderlatam.org/riosonora10/" target="_blank" rel="noopener">10 años de injusticia: Río Sonora</a>, la búsqueda de justicia ha sido un proceso prolongado y lleno de dificultades. Tan solo en el ámbito legal, los CCRS han interpuesto 15 juicios de amparo, siete de los cuales han tenido un resolutivo a su favor, cinco han resuelto no garantizar los derechos humanos de los habitantes de la cuenca y tres se encuentran en espera. Alternamente se han emitido dos mecanismo no jurisdiccionales, el de  la <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2024-03/REC_2024_050.pdf" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)</a> sobre las violaciones persistentes al derecho humano al ambiente, acceso al agua potable y salud y el del <a href="https://tragua.org/wp-content/uploads/2019/03/Veredicto_río_Sonora_finalonfirmas.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tribunal Latinoamericano del Agua</a> en donde imputa al Estado Mexicano en el caso del Río Sonora.
Durante el <a href="https://poderlatam.org/2024/08/10-anos-sin-justicia-en-el-rio-sonora-tras-el-derrame-toxico-de-grupo-mexico/" target="_blank" rel="noopener">pronunciamiento de los CCRS a 10 años del desastre el pasado 6 de agosto</a>, se enfatizó que en los últimos dos sexenios los pocos intentos del Estado por remediar la situación han sido fallidos. Algunos ejemplos son:
1. El Fideicomiso Río Sonora, el cual se estableció para que Grupo México S.A.B. de C.V. empresa propiedad de German Larrea, pagara los daños ambientales ocasionados a la cuenca del río y las afectaciones a la salud de la población fueran atendidas. Lamentablemente, <a href="https://poderlatam.org/2023/07/no-hubo-remediacion-por-derrame-toxico-en-el-rio-sonora-dggimar/" target="_blank" rel="noopener">el fideicomiso no cumplió con la reparación</a> y fue cerrado sin previo aviso, devolviendo el dinero sobrante a la empresa responsable. Esta acción fue profundamente cuestionada y llevó a una demanda que culminó en una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir el fideicomiso. Sin embargo, esta sentencia ha sido ignorada hasta la fecha y el compromiso con la justicia sigue sin concretarse.
2. La Zona Económica Especial Río Sonora, la cual se creo para revitalizar la economía de la región. Sin embargo, su implementación no consideró la participación de las personas afectadas, dando como resultado una planificación y ejecución del proyecto que no busca reparar los daños ocasionados por el derrame.
3. El Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora, el caso más reciente, ha reunido a autoridades de diferentes dependencias de gobierno y a las comunidades del Río Sonora, para sostener más de 18 reuniones en donde se han programado numerosos muestreos en salud, tierra, agua y aire. El plan no ha dado lugar a acciones concretas y efectivas para reparar el daño, y la falta de voluntad política y el déficit presupuestario han impedido la implementación de proyectos que podrían haber aliviado la situación.
Actualmente, existen pruebas contundentes que demuestran que el Río Sonora está contaminado y se confirma que la minería es la causa principal. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) han reconocido la presencia de contaminantes como arsénico, mercurio, cobre, manganeso y plomo en el agua potable.
Aunado a lo anterior, la región carece de plantas potabilizadoras, y que sean adecuadas y suficientes para proveer a las comunidades del vital líquido que les ha sido arrebatado. Los CCRS lamentan que a pesar de la existencia de dictámenes esto no garantice por sí misma la justicia o la implementación de medidas efectivas para remediar la situación.
La falta de infraestructura para el tratamiento del agua ha dejado a las comunidades sin acceso a agua segura, exacerbando el impacto del desastre ambiental en su salud y bienestar. Aunque la Secretaría de Salud (SS) y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) realizaron en 2022 estudios en sangre y orina a aproximadamente 600 personas en donde se dictamina la presencia de metales pesados, que van desde positivos a exposición de alto riesgo, las autoridades sólo elaboraron historias clínicas sin proporcionar información integral sobre el estado de salud de las personas afectadas o su tratamiento. Los CCRS exigen una unidad médica especializada en toxicología para atender los problemas de salud de los habitantes de la cuenca, ya que la población sigue expuesta a los efectos sumamente dañinos para la salud de los metales pesados.
<h2>Acciones de Protesta y llamados a la acción</h2>
En un acto de protesta y conmemoración, <a href="https://poderlatam.org/2024/08/con-antimonumento-conmemoran-10-anos-de-lucha-por-justicia-en-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">los CCRS instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía el 6 de agosto de 2024</a>. La instalación del antimonumento estuvo acompañada de un pronunciamiento potente que destacó la falta de acción por parte de las autoridades municipales, estatales y federales para abordar los graves daños persistentes en las comunidades. También se hizo un llamado urgente a las autoridades para que cesen la simulación y la desinformación en los tribunales, y para que rindan cuentas de manera efectiva. Durante el evento, se proyectaron mensajes en un edificio cercano, subrayando la necesidad de priorizar la vida y la salud de las personas sobre los intereses y las ganancias empresariales. Los mensajes enfatizaron que, aunque muchos funcionarios aún están en sus cargos, no se están tomando medidas concretas y especializadas para resolver el problema de contaminación del Río Sonora. El pronunciamiento también incluyó un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que no permita que la mentira y la inacción continúen prevaleciendo. Se pidió al presidente que reconozca que no ha habido avances en el Plan de Justicia para Cananea y Río Sonora y que su Secretaría de Gobernación actúe con imparcialidad, escuchando a las comunidades afectadas en lugar de ceder ante las presiones de la empresa responsable.
<figure id="attachment_1438841" aria-describedby="caption-attachment-1438841" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1438841" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-1.jpg" alt="Los Comités de Cuenca Río Sonora instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía para conmemorar 10 años de impunidad y negligencia en Río Sonora, tras el derrame tóxico de Grupo México." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1438841" class="wp-caption-text">Los Comités de Cuenca Río Sonora instalaron un antimonumento en la Plaza Emiliana de Zubeldía para conmemorar 10 años de impunidad y negligencia en Río Sonora, tras el derrame tóxico de Grupo México. Foto: @PODERLatam.</figcaption></figure>
<h2>Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora</h2>
El 4 de agosto de 2024, los CCRS celebraron con éxito la <a href="https://poderlatam.org/2024/08/conmemoran-10-anos-de-lucha-por-la-justicia-en-rio-sonora/" target="_blank" rel="noopener">segunda edición del Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora en el Parque Madero, Hermosillo</a>. Este evento, conmemoró el 10° aniversario de la lucha por justicia tras el derrame tóxico ocasionado por la negligencia de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la empresa Grupo México S.A.B. de C.V. Durante el festival, los CCRS leyeron un pronunciamiento destacando la situación continua que enfrentan las comunidades afectadas y llamaron a la ciudadanía a unirse para defender al Río Sonora. La celebración no solo sirvió para conmemorar el aniversario del desastre, sino para reunir ánimos y seguir en la exigencia de garantías para la reparación integral y la no repetición.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1438842" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-2.jpg" alt="El II Festival Por La Vida y El Agua del Río Sonora se realizó el pasado domingo 4 de agosto en el Parque Madero, en Hermosillo, donde los asistentes pudieron disfrutar distintas actividades culturales y aprender más sobre las problemáticas ambientales de la región. Foto: @PODERLatam." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/derrame-toxico-rio-sonora-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
<h2>Gobierno en transición</h2>
El pasado 9 de junio, <a href="https://poderlatam.org/2024/06/victimas-del-derrame-en-rio-sonora-piden-a-claudia-sheinbaum-frenar-impunidad-de-grupo-mexico/" target="_blank" rel="noopener">los CCRS viajaron a la CDMX para manifestarse frente a Palacio Nacional</a> y exigir que las autoridades pongan un alto a la impunidad con la que goza la empresa Grupo México S.A.B. de C.V. desde hace 10 años. Los CCRS también tuvieron la oportunidad de entregar un pliego petitorio en la casa de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, con el objetivo de solicitar que las problemáticas del Río Sonora no sean olvidadas y que las voces de quienes lo habitan sean escuchadas. Es urgente que haya una reparación integral, en donde se considere la atención especializada a los temas de salud y medio ambiente, y en donde se definan las obligaciones con consecuencias concretas para la empresa responsable del derrame. Los CCRS <a href="https://poderlatam.org/2024/07/pedimos-a-claudia-sheinbaum-cumplir-con-su-promesa-de-dialogo-con-habitantes-del-rio-sonora-ccrs/" target="_blank" rel="noopener">piden a la futura presidenta cumplir con su promesa de diálogo con los habitantes del Río Sonora</a>, resaltando que existe “la oportunidad histórica de hacer lo que durante dos sexenios no se logró: frenar la impunidad en la que permanece la empresa del segundo hombre más rico de México, y traer Justicia para el Río Sonora”.
* Martha Patricia Velarde es integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS). Samantha Camacho es investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Una década sin justicia: a 10 años del derrame tóxico en el Río Sonora

El pasado 27 de junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) publicó en su página de Internet el <a href="https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/24/23" target="_blank" rel="noopener">registro de la solicitud de arbitraje (Caso No. ARB/24/23)</a> interpuesta por el consorcio conformado por las empresas mineras canadienses Almaden Minerals Ltd. y Almadex Minerals Ltd. contra el Estado mexicano. Las empresas se amparan en el <a href="https://icsid.worldbank.org/rules-regulations/convention/icsid-convention/preamble" target="_blank" rel="noopener">Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados</a> para resolver un conflicto de inversión derivado de la cancelación de las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, correspondientes al proyecto de extracción de plata y oro “Ixtaca”, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
La cancelación de las actividades mineras fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) máximo órgano de justicia en México, que reconoció la violación al derecho de las comunidades indígenas al territorio y a la consulta previa, libre e informada. La <a href="https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=281588" target="_blank" rel="noopener">sentencia de la SCJN,</a> que amparó a la comunidad Nahua y ejido de Tecoltemi, fue emitida en febrero de 2022 y representa un logro de más de 10 años de proceso organizado de la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, integrado por las comunidades afectadas por la actividad en etapa de exploración del proyecto de minería a cielo abierto de Almaden Minerals Ltd.
El consorcio minero liderado por la familia Poliquin, <a href="https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/27/2905065/0/en/Almaden-Announces-Litigation-Financing-of-up-to-US-9-5-million-Streamlines-Arbitration-Management.html" target="_blank" rel="noopener">anunció</a> que está preparado para sostener los costos del procedimiento de arbitraje, ya que ha destinado un fondo de $9.5 millones de dólares para este propósito y la contratación de la firma legal Boies Schiller Flexner. En la solicitud de arbitraje, las empresas invocan el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (<a href="https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico/articulos/antecedentes-del-tpp" target="_blank" rel="noopener">CPTPP</a> por sus siglas en inglés) del que México, Canadá y otros nueve Estados son parte. Dicho acuerdo entró en vigor en 2018 y estipula que, en caso de disputa comercial o riesgo a la inversión, un inversionista extranjero cuenta con la facultad para exigir a un Estado la reparación o indemnización de su inversión en caso que el Estado anfitrión incurriera en no proteger las inversiones extranjeras con lo cual estaría faltando a la esencia del acuerdo referido.
Con este mecanismo, Almaden Minerals Ltd. busca recuperar su inversión que, en <a href="https://www.globenewswire.com/news-release/2024/06/17/2899500/0/en/Almaden-Files-Request-for-Arbitration-Against-Mexico-with-International-Centre-for-Settlement-of-Investment-Disputes.html" target="_blank" rel="noopener">estimaciones</a> de la empresa asciende a no menos de $200 millones de dólares, además de otros $210 millones de dólares en impuestos. Estas cifras se complementan con otra estimación de 1.39 millones de onzas de oro y 85.2 millones de onzas de plata potencialmente extraídas del subsuelo serrano.
Los números que la empresa insiste en invisibilizar son los que corresponden a los <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/722382/Regiones-indigenas-inpi-enero-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">10,646</a> habitantes que se autoadscriben como población indígena y que fueron afectados durante la etapa de exploración del proyecto minero. Lo que tampoco se consideran son los impactos socioambientales como la desertificación del suelo, la contaminación de los mantos acuíferos o el impacto sonoro de las explosiones. Estos y otros <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2020/02/InformeMineriaCanadiense-2017_SNP.pdf" target="_blank" rel="noopener">impactos</a> fueron registrados por las mismas comunidades en 2017, con ayuda de organizaciones de derechos humanos.
Es importante recalcar que acuerdos como el CPTPP no consideran los impactos negativos que los proyectos de inversión provocan en las poblaciones y en sus territorios. La pérdida de las inversiones de Almaden Minerals Ltd. en el país es el resultado de las malas prácticas que implementó para el desarrollo de su proyecto. Desde un inicio, la información proporcionada por la empresa al Estado mexicano mantuvo una postura discriminatoria al negar la identidad y existencia de comunidades indígenas en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, argumentos construidos por la empresa para evadir el respeto a los derechos de pueblos indígenas y obviando que la autoadscripción es principio fundamental para la aplicación de estos derechos.
Hasta el 18 de julio del presente año, la solicitud de arbitraje había sido registrada por el secretario general del CIADI y se espera que en los próximos días la empresa y el Estado mexicano acuerden el procedimiento para la elección de los árbitros, con lo cual el Tribunal de Arbitraje quedaría constituido e iniciaría formalmente el proceso de solución de diferencias.
<figure id="attachment_1426962" aria-describedby="caption-attachment-1426962" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1426962" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/mineras-canadienses.jpg" alt="Oficinas abandonadas por la subsidiaria de Almaden Minerals LTD (Minera Gorrión) en Santa María Zotoltepec, e el municipio de Ixtacamaxtitlán. Foto: Diana Pérez (IMDEC)." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/mineras-canadienses.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/mineras-canadienses-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/mineras-canadienses-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/07/mineras-canadienses-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1426962" class="wp-caption-text">Oficinas abandonadas por la subsidiaria de Almaden Minerals LTD (Minera Gorrión) en Santa María Zotoltepec, e el municipio de Ixtacamaxtitlán. Foto: Diana Pérez (IMDEC).</figcaption></figure>
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Este es un caso emblemático a nivel nacional ya que, por lo general, se anteponen los derechos de las concesiones mineras en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas. En el marco convencional e internacional de derechos humanos y de los pueblos indígenas, las comunidades son dueñas y guardianas de sus territorios y su cultura, por lo tanto no basta con que las empresas obtengan concesiones y licencias por parte del gobierno para desarrollar sus proyectos. Las empresas deben respetar los derechos humanos, el territorio y, sobre todo, el derecho al consentimiento de los pueblos afectados por sus actividades.
Compartimos aquí un extracto del <a href="https://poderlatam.org/2024/07/almaden-minerals-quien-vulnero-derechos-de-las-comunidades-demanda-a-mexico-en-tribunal-de-arbitraje/" target="_blank" rel="noopener">pronunciamiento</a> de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y aliados respecto de esta situación:
Las comunidades de Ixtacamaxtitlán han exigido a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador) con base en el Convenio sobre la Solución de Controversias de la CIADI, que atiendan sus pruebas y el testimonios por las afectaciones del proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, y atienda la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.
Reiteramos que el derecho humano a la libre determinación y el consentimiento DEBE estar por encima de los intereses de las corporaciones. Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados a las comunidades indígenas y no las corporaciones millonarias.
Como integrantes de la sociedad civil organizada, esperamos que el procedimiento de arbitraje y posterior fallo del CIADI considere la información y los testimonios de las comunidades que siguen resistiendo los embates de esta inversión irresponsable. Al mismo tiempo, esperamos que se establezcan parámetros de debida diligencia y protección de los derechos humanos para las inversiones extranjeras en los territorios indígenas.
* Oscar Pineda es coordinador de Investigación Estratégica del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Samantha Camacho es investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Diana Pérez es coordinadora regional en Puebla del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C. (IMDEC).

Mineras canadienses, el CIADI y los derechos humanos. El proyecto minero que no pudo ser

Mineras canadienses, el CIADI y los derechos humanos

Históricamente, los derechos de las personas LGBTIQ+ se han visto afectados de forma desproporcionada en el contexto de la actividad empresarial. Las personas de la comunidad de la diversidad sexo-genérica enfrentan distintos tipos de discriminación y violencia en el mundo del trabajo, incluyendo acoso y hostigamiento, estigmatización y menor acceso a oportunidades laborales y de desarrollo económico.
Las personas de identidades sexodiversas están más expuestas a la pobreza, tienen dificultades de acceso a la vivienda, enfrentan desempleo y salarios menores por el mismo trabajo. También están sobrerrepresentadas en la economía informal, en empleos precarios y en ciertos sectores económicos cumpliendo roles estereotipados.
Asimismo, la comunidad LGBTIQ+ debe superar mayores obstáculos para establecer sus propios negocios, incluyendo <a href="https://www.hrc.org/resources/understanding-poverty-in-the-lgbtq-community">el acceso a crédito</a>. Estos desafíos son vividos de forma diferente por distintas personas de la comunidad LGBTIQ+, incluso desde una perspectiva interseccional que contempla otros factores como la raza, etnicidad, clase, edad, discapacidad, estatus migratorio.
Por otra parte, una vez que se encuentran trabajando, se presentan una serie de dificultades dentro de las empresas. Las personas que son percibidas como sexodiversas, transgénero o de género fluido tienen más riesgo de discriminación y violencia, desde ser mal generizadas, pasando por la falta de infraestructura adecuada en los lugares de trabajo – como baño neutros de género y/o libre acceso a los baños generizados – hasta la exclusión de sus familias de los beneficios de cobertura en salud y seguridad social.
En México, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el más reciente censo poblacional con enfoque en diversidad sexual llamado <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/endiseg/2021/">ENDISEG</a>, se contabilizaron aproximadamente un millón de personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Es decir, integrantes de la población trans, no binaria y de género fluido. De ese casi millón de personas, un poco menos de la mitad contaban con alguna actividad remunerada en el momento de la encuesta (486,617 personas).
Pero la marginación al acceso de espacios de trabajo es tan sólo la punta del problema. De ese medio millón de personas que pudieron tener acceso al trabajo, 144,045 pensaron en quitarse la vida. Y, pese a que los motivos de esto son variados, en al menos 69,257 casos, las personas trans, no binarias o de género fluido que sí lograron acceder a espacios laborales y que fueron entrevistadas, señalaron que los episodios de violencia emergieron directamente de personas que también forman parte de la plantilla laboral, es decir, sus colegas. Otras 27,322 personas señalan que han sido amenazadxs o atacadxs sexualmente por una autoridad escolar o laboral.
Según los <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf">Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos</a> de la ONU (PRNU), las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las personas en sus operaciones, y conducirse con debida diligencia. Es decir que, en sus análisis de riesgo en materia de derechos humanos, las corporaciones deberían incluir una perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad, con el fin de responder a los posibles impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo los de la población LGBTIQ+.
Asimismo, las <a href="https://www.unfe.org/sites/default/files/documents/Principios-mundiales-para-las-empresas.pdf">Normas de Conducta para las Empresas</a> para hacer frente a la discriminación contra las personas LGBTI, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, establecen cinco principios en la materia. Las empresas deben: 1) respetar en todo momento los derechos humanos, incluidos los de las personas LGBTI, lo cual deriva justamente de los PRNU; 2) eliminar la discriminación en los procesos de contratación y dentro de las empresas; 3) apoyar a las personas LGBTI en el lugar de trabajo, asegurando que tengan las mismas oportunidades y creando un entorno propicio para su desarrollo; 4) asegurarse de que no discriminan a los proveedores y distribuidores LGBTI en sus relaciones comerciales ni a los clientes LGBTI a la hora de que estos accedan a sus productos y servicios; 5) actuar en la esfera pública en apoyo a la comunidad LGBTI. Esto es particularmente relevante cuando las empresas operan en lugares donde las protecciones a las personas de la diversidad sexo-genérica son débiles o están en retroceso.
Además de los estándares y normas internacionales, en México contamos con protecciones constitucionales en materia de derechos humanos y no discriminación, establecidas en el Artículo Primero de la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf">Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</a>.
En este contexto, existe una expectativa clara de prevenir, abordar y remediar cualquier tipo de discriminación, violencia o afectación a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el contexto de la actividad empresarial, sea en el lugar de trabajo, como personas consumidoras o en las comunidades donde operan las empresas.
<figure id="attachment_1417367" aria-describedby="caption-attachment-1417367" style="width: 515px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-medium wp-image-1417367" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/GQTPWRMXcAAhz2P-525x600.jpeg" alt="Rainbow washing" width="525" height="600" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/GQTPWRMXcAAhz2P-525x600.jpeg 525w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/06/GQTPWRMXcAAhz2P.jpeg 595w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" /><figcaption id="caption-attachment-1417367" class="wp-caption-text">Imagen: PODER LATAM</figcaption></figure>
Es por ello que las iniciativas empresariales deben ir más allá del arcoíris, y de las muestras de apoyo e iniciativas de representación durante el mes del orgullo LGBTIQ+. Esto incluye, aunque no se limita a:
&#8211; En lo laboral: Aplicar políticas antidiscriminatorias para mejorar el acceso laboral de las personas LGBTIQ+; crear protocolos contra el hostigamiento y acoso laboral, con el fin de generar espacios libres de violencia; garantizar derechos de seguridad social para las personas trabajadoras y sus familias.
&#8211; En lo corporativo: Integrar una perspectiva de género e interseccionalidad a los procesos de debida diligencia en derechos humanos, con el fin de reconocer y abordar discriminaciones y desventajas estructurales; promover la diversidad en todos los niveles de la estructura corporativa, más allá de la planta laboral de base.
En términos prácticos, las empresas deberían entender el tema de género y diversidad más allá de un momento en el año y de una política de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Estos elementos y las iniciativas en materia de derechos humanos, conducta empresarial responsable y sustentabilidad deberían ir de la mano y formar parte del esquema de operación de la compañía.
Asimismo, las autoridades deberían ejercer su rol como garante de los derechos humanos y regulador para exigir a las empresas cumplimiento con estos estándares. Eso incluye incorporar el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ en sus políticas de empresas y derechos humanos, así como dentro de las empresas de control estatal, las contrataciones públicas y créditos, incentivos y otras actuaciones del Estado como actor económico.
Proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ debe ser central a la agenda de empresas y derechos humanos, si existe un interés y compromiso genuino de las empresas más allá del arcoíris. Los derechos de las personas LGBTIQ+ no son una categoría especial de derechos, sino que la demanda es garantizar una vida libre de violencia y discriminación y con las mismas libertades que para cualquier otra persona.
* Ricardo Balderas y Fernanda Hopenhaym, Coordinador de Periodismo y CoDirectora Ejecutiva en PODER. (<a href="https://x.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>)

Empresas, derechos humanos y mes del orgullo: más allá del arcoíris

En febrero de 2022, la <a href="https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4dcea4-9584-11ec-b4e4-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&amp;format=PDF" target="_blank" rel="noopener">Comisión Europea</a> inició la discusión de una <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0329_ES.html" target="_blank" rel="noopener">Directiva de Debida Diligencia sobre Sostenibilidad Corporativa </a>(CSDDD) como un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones “identificando, previniendo, mitigando y dando cuenta de sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y contando con una gobernanza, sistemas de gestión y medidas adecuadas para este fin”.
En junio de 2023, el <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_ES.html" target="_blank" rel="noopener">Parlamento</a> aprobó en una primera ronda la Directiva y abrió el triálogo (Consejo, Comisión y Parlamento) por un periodo de 6 meses para las negociaciones del texto. Después de varios acuerdos, en marzo de 2024 se aprobó en el <a href="https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2023/12/14/corporate-sustainability-due-diligence-council-and-parliament-strike-deal-to-protect-environment-and-human-rights/" target="_blank" rel="noopener">Consejo</a> una versión del texto con varias reducciones que fueron expuestas por las <a href="https://observatoriorsc.org/directiva-diligencia-debida-ue-paso-relevante-hacia-sostenibilidad/" target="_blank" rel="noopener">organizaciones de derechos humanos europeas</a>. Finalmente, el 24 de abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el texto final y ordenó su publicación.
Algunos países miembros de la Unión Europea ya contaban con leyes internas sobre debida diligencia en derechos humanos como <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034290626" target="_blank" rel="noopener">Francia</a>, <a href="https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3" target="_blank" rel="noopener">Alemania</a>, <a href="https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2020-2021/vedtak-202021-176/" target="_blank" rel="noopener">Noruega</a>, que después de la publicación de la Directiva deberán iniciar el camino para armonizar su legislación, pues el objetivo de una Directiva es tener un marco jurídico en común dentro de los países de la UE.
Pero ¿qué obligaciones tendrán ahora los países que integran la Unión Europea?
La Directiva tiene por objeto <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> garantizar que las empresas que operan en el mercado interior “contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la detección, priorización, prevención, mitigación, eliminación, minimización y reparación de los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las operaciones de sus filiales y sus socios comerciales en las cadenas de actividades de las empresas, así como garantizando que los afectados por el incumplimiento de este deber tengan acceso a la justicia y a vías de recurso”, es decir, actuar con debida diligencia.
La Directiva establece el alcance de la norma, así como la responsabilidad de las empresas y los organismos de control estatales que vigilarán su aplicación. En esa tesitura, la implementación será escalonada; en 2027 <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> aplicará para las empresas que tengan más de 5000 empleados y 1,500 millones de Euros de facturación anual y a partir de 2029 aplicará para las que tengan más de 1000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual. Así también los países miembros deberán facilitar información amplia a las empresas sobre sus obligaciones de la mencionada debida diligencia y crearán una autoridad de control encargada de investigar e imponer sanciones en caso de incumplimiento, las cuales podrían llegar al 5 % de la facturación del año anterior.
Respecto a las sanciones y la responsabilidad civil <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, es relevante destacar el carácter vinculante y no así discrecional. Esto abre la posibilidad, una vez que la norma entre en vigor, a que las comunidades y personas titulares de derechos humanos que resulten afectadas por empresas europeas (aún fuera de la UE), accedan a una vía importante para la justicia y la reparación integral a través de los tribunales europeos, aún cuando las afectaciones hayan ocurrido en México, siempre que se presuma la responsabilidad de empresas europeas.
Ante tales circunstancias, la Directiva aborda obstáculos prácticos y procesales existentes que hoy enfrentan las comunidades afectadas para acceder a la justicia, como “las dificultades para acceder a las pruebas, la duración limitada de los plazos de prescripción, la ausencia de mecanismos adecuados para las acciones de representación y los costes prohibitivos de los procedimientos de responsabilidad civil”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Lo anterior no se contempla en el sistema jurídico mexicano con esa perspectiva de derechos humanos, por lo que es un gran avance en favor de las víctimas, quienes prodrán acudir por sí mismas o con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, entre los temas destacados, se exige a las empresas que adopten un plan que garantice que su modelo de negocios y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático; se reconoce que las empresas deberán tener en consideración contextos específicos o factores interseccionales, entre ellos la perspectiva de género <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> y origen étnico. Como parte de un enfoque de la debida diligencia, las empresas deben prestar especial atención a cualquier efecto adverso en las personas que puedan estar expuestas a un mayor riesgo debido a su condición de vulnerabilidad.
No obstante, también hay temas que fueron controversiales en el documento como lo son las obligaciones de debida diligencia del sector financiero. <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> La Directiva <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> y las <a href="https://www.oecd.org/publications/lineas-directrices-de-la-ocde-para-empresas-multinacionales-sobre-conducta-empresarial-responsable-7abea681-es.htm#:~:text=La edici%C3%B3n de 2023 de,suministro%2C as%C3%AD como procedimientos de" target="_blank" rel="noopener">Directrices de la OCDE </a>reconocen “las particulares de los sectores financieros” teniendo en cuenta los efectos adversos de las actividades empresariales y su impacto en los derechos humanos. Por ello, “se espera que las empresas financieras reguladas tengan en cuenta los efectos adversos y utilicen su denominado «efecto palanca» para influir en las empresas. El ejercicio de los derechos de los accionistas puede ser una forma de ejercer el «efecto palanca».”
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">8</a> lo anterior con base en el informe que la Comisión les presentará sobre “la necesidad de establecer requisitos adicionales de diligencia debida en materia de sostenibilidad adaptados a las empresas financieras reguladas por lo que respecta a la prestación de servicios financieros y las actividades de inversión, y las opciones para tales requisitos de diligencia debida, así como sus efectos&#8230;”. Este informe irá acompañado de una propuesta legislativa en su caso.
Los países miembros de la UE iniciarán en los próximos meses la transposición a sus leyes nacionales, iniciarán los debates internos que se espera sean inclusivos para las comunidades afectadas, personas titulares de derechos y organizaciones de la sociedad civil, no solo de sus países, sino de aquellos que reciben los impactos negativos en materia de derechos humanos por parte de sus empresas.
Existe <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2021/10/doc_Bonatti_VF.pdf" target="_blank" rel="noopener">evidencia</a> de empresas europeas cuyas operaciones en México están vinculadas a violaciones a derechos humanos. El Estado mexicano puede ver una ventana de oportunidad y sumarse  a los países de la UE y juntas iniciar este camino hacia la debida diligencia corporativa con una perspectiva de derechos humanos, en aras de proteger a las comunidades que ya han resultado afectadas en sus derechos por la actividad empresarial. Recientemente México mostró una señal de buena práctica internacional al <a href="https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/251/76/pdf/g2325176.pdf?token=sCsAjRMHXyojHGaU2n&amp;fe=true" target="_blank" rel="noopener">recomendar a Canadá</a> promover una “ley de debida diligencia para evitar cualquier abuso de empresas o instituciones financieras canadienses que operen en su territorio y en el extranjero”.
Hemos visibilizado que uno de los <a href="https://poderlatam.org/wp-content/uploads/2024/01/EPU24_InformeEmpresasyDDHH.pdf" target="_blank" rel="noopener">obstáculos para el acceso a la justicia</a> es la falta de actualización del marco normativo para acceder a la reparación integral. Este camino que se abre ahora en Europa, nos muestra que para combatir algunas de las causas de la captura corporativa del Estado se debe trabajar en la actualización de leyes con perspectiva de derechos humanos, que ponga en el centro los derechos de las comunidades afectadas por la actividad empresarial y que sancione a las empresas que causan y se benefician económicamente de esas afectaciones.
Finalmente, sabemos que la Directiva europea no es todo lo que se necesita para abordar la realidad actual de las afectaciones a los derechos humanos y al medio ambiente en Europa, en México o en otras partes del mundo, pero sin duda abonará a cambiar la forma de hacer negocios en el mundo. También contribuye a continuar la discusión y el análisis, así como a pensar en procesos conjuntos entre las partes que ofrezcan garantías de acceso a la justicia en México o Europa. Organizaciones de la sociedad civil como PODER estamos en un análisis continuo para impulsar  este camino de la regulación corporativa. Esperamos que México y la Unión Europea retomen sus experiencias y escuchen a quienes se han visto afectadas en sus derechos humanos por la actividad empresarial.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-1399803" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-1024x683.jpg" alt="Infografía con información sobre qué es la debida diligencia en las empresas y cómo protege de la violación a los derechos humanos de las personas trabajadoras." width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/05/debida-diligencia.jpg 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Considerando (16) del texto consolidado Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2024, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Artículo 37. b
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Artículo 29
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Artículo 13
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Considerando 32
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> La ONU también clarifica la obligación de los Estados de derechos humanos vinculados a este sector en su <a href="https://empresasyderechoshumanos.org/wp-content/uploads/2023/12/COMO-INTEGRAR-LOS-DERECHOS-HUMANOS-EN-LAS-FINANZAS-EN-AMERICA-LATINA-Y-EL-CARIBE.pdf" target="_blank" rel="noopener">nota informativa</a> sobre América Latina y el Caribe.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Considerando 51
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">8</a> Artículo 36.1

México-UE: inicia camino regulatorio para el respeto a derechos humanos en actividades empresariales

México-UE: inicia camino regulatorio para el respeto a ddhh en actividades empresariales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha <a href="https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/" target="_blank" rel="noopener">advertido</a> del momento crítico que está viviendo el planeta debido al calentamiento global y sus efectos en el cambio climático, lo que afecta gravemente la biodiversidad y los ecosistemas, aumentando el riesgo para la subsistencia y la calidad de vida de todas las personas. Ante esta situación, es fundamental adoptar conductas de concientización para el cuidado del agua, el aire, la tierra y el territorio, así como medidas que permitan detener la degradación del ambiente. Para la mayoría es un momento de acción que requiere de todos los esfuerzos estatales, institucionales e individuales para tratar de contrarrestar la triple crisis planetaria.
En este contexto, las actividades empresariales están en el foco y bajo el escrutinio público debido a los impactos negativos que provocan en el medio ambiente, los bienes naturales y la vida de las personas. Un ejemplo es la industria del tabaco que ha sido expuesta por los graves daños a la salud derivados del consumo de sus productos (en el contexto de pandemia predispuso a las personas a riesgos de complicaciones en caso de contagio) y que intrínsecamente va en contra de los esfuerzos globales por la conservación y cuidado del medio ambiente. Sin mencionar los intentos de empresas como Philip Morris International (PMI) por sacudirse aquella imagen de algunos de sus productos más famosos construida en torno a la masculinidad heteronormada, expresada por un vaquero blanco a caballo.
Recientemente, el director ejecutivo de PMI anunció que los ingresos netos de sus productos sin humo, dentro de los cuales destacan en ventas los dispositivos de tabaco calentado (o IQOS) y sus unidades de tabaco, han superado los ingresos de los cigarrillos Marlboro, alcanzando cerca del 40 % de sus <a href="https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Philip-Morris-gano-13-menos-en-2023-IQOS-supera-a-Marlboro-en-ingresos-netos-20240209-0045.html" target="_blank" rel="noopener">ingresos totales</a>. Tales ventas son el resultado de una estrategia anunciada por la empresa, iniciada en 2016, para sustituir la venta de cigarrillos por productos “libres de humo” y así mostrar un rostro innovador que encaje con las preocupaciones y causas sociales actuales.
Los dispositivos IQOS son comercializados en diferentes países del mundo, principalmente Japón, Europa y los Estados Unidos, y en menor nivel en algunos países de América Latina y África (<a href="https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/investor_relation/pmi_2022_annualreport.pdf?sfvrsn=cb21d3b6_2" target="_blank" rel="noopener">PMI 2022</a>). Los denominados IQOS son dispositivos electrónicos que se componen de tres partes: las unidades de tabaco, el calentador y el cargador, mediante los cuales se calienta el tabaco comprimido de las unidades para producir una especie de aerosol, sin que se alcance a generar el proceso de combustión y por consiguiente se elimina la emisión de humo.
En varios países la estrategia de marketing se ha realizado a través de redes sociales por personas famosas, quienes publican fotografías o videos mientras utilizan los dispositivos. Además, algunos de los puntos centrales o atributos que se destacan son que tienen un riesgo reducido debido a que producen 95 % menos sustancias tóxicas comparados con los cigarrillos, generando la idea de que existe un riesgo menor a la salud de las personas consumidoras y no consumidoras (fumadoras pasivas); no generan humo, con lo que se eliminan las emisiones contaminantes y olores en el aire (<a href="https://www.iqos.com/mx/es/beneficios.html" target="_blank" rel="noopener">IQOS</a>).
Buena parte de su publicidad en México se lleva a cabo de una forma velada, a través de campañas como Futuro Sin Humo. La campaña se centra en la concientización de las personas fumadoras sobre los problemas que implica la combustión y destaca los atributos de los productos sin humo y la necesidad de que las personas tomadoras de decisiones legislen en favor de las personas consumidoras y permitan su venta (<a href="https://futurosinhumo.com.mx/" target="_blank" rel="noopener">Futurosinhumo</a>).
¿Hasta qué punto es ético promover distintos productos como opciones alternativas por tener menores riesgos, sin tocar el tema de los impactos a los que su producción está vinculada? En <a href="https://poderlatam.org/futuro-sin-mundo/" target="_blank" rel="noopener">un análisis sobre los dispositivos electrónicos</a>, hemos observado que son promovidos como innovadores por contar con una fuerte inversión en tecnología. Esa característica les ha permitido penetrar diferentes mercados, toda vez que nos encontramos en un momento de alto consumo tecnológico.
Sin embargo, tal como debería ocurrir con todo aquello que consumimos, vale la pena analizar un poco sobre los impactos que esto genera. La alta producción de dispositivos electrónicos en el mundo ha provocado un aumento en la demanda de materias primas y, por consiguiente, en el modelo extractivista, que a su vez ejerce una fuerte presión sobre el medio ambiente y los bienes naturales. Aunado a lo anterior, la extracción de minerales metálicos y no metálicos como el silicio, boro o bien el litio para la elaboración de baterías, genera irremediablemente impactos en la vida de las personas que habitan los territorios en los que se encuentran estos minerales.
<figure id="attachment_1390179" aria-describedby="caption-attachment-1390179" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1390179" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion.jpg" alt="Cartel de una mano con billetes que representa el negocio de la adicción. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/el-negocio-de-la-adiccion-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1390179" class="wp-caption-text">El negocio de la adicción. Diseño: Adrián Sánchez.</figcaption></figure>
Algunos de los impactos que se han documentado alrededor del mundo derivados del extractivismo tienen que ver con la falta de acceso a la información y de consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y, en el peor de los casos, hostigamiento, criminalización,  desaparición y asesinato de las personas defensoras del medio ambiente. En otros, se ha registrado contaminación de las fuentes hídricas, el suelo, el aire y afectación a la salud de las personas (<a href="https://ejatlas.org/" target="_blank" rel="noopener">EJAtlas</a>). En algunos países que se encuentran en zonas de conflicto, la extracción de minerales puede financiar a determinados grupos armados y así contribuir a la comisión de violaciones graves a los derechos humanos (<a href="https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/09/drc-cobalt-and-copper-mining-for-batteries-leading-to-human-rights-abuses/" target="_blank" rel="noopener">Amnistía Internacional</a>).
En este contexto, es fundamental para las personas consumidoras y para aquellas con quienes conviven contar con información más amplia no solo sobre los supuestos beneficios de los dispositivos libres de humo, sino también de los impactos que generan o bien de los riesgos que existen de generarlos.
Si bien esta situación aplica en una amplia gama de productos, también es válido hacer un ejercicio de ponderación que permita cuestionarnos los propósitos. Existen diferentes productos que requieren una alta cantidad de minerales que generan impactos al medio ambiente, algunos de ellos con propósitos que están sustentados en la preservación de la vida o la salud, como ocurre en las aplicaciones de la minería en la medicina.
No obstante, uno de los problemas más grandes es que la innovación tecnológica que podemos observar en los dispositivos libres de humo, con todos los impactos que causan o con los que están vinculados, está destinada a mantener la adicción como fuente principal de ganancia. Se requiere mayor información para tomar mejores decisiones; las empresas tabacaleras involucradas en el desarrollo y comercialización de nuevas tecnologías para el suministro de nicotina deben reforzar sus esfuerzos para transparentar sus cadenas de suministro.
Desde PODER lanzamos una investigación que busca ofrecer mayor información para las personas sobre los impactos acumulados en la producción de los dispositivos, con la finalidad de tomar conciencia sobre el peso de nuestras decisiones, la cual se puede consultar en el sitio <a href="https://poderlatam.org/futuro-sin-mundo/" target="_blank" rel="noopener">FuturoSinMundo</a>.
* Daniel Castrejón es internacionalista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es investigador en PODER.

Futuro sin mundo: adicción y nuevas tecnologías

No contar profundiza la exclusión. En términos oficiales, la población de la diversidad sexo-genérica, junto con otros grupos minoritarios como la población que vive con alguna discapacidad y la población de indígena, fueron catalogados como “<a href="https://www.gob.mx/conasami/prensa/conasami-presenta-brecha-salarial-para-grupos-de-interes-por-potencial-discriminacion-laboral?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">Grupos de Interés</a>” por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).  Lo anterior, como una estrategia para medir la brecha salarial y las diferencias en la probabilidad de insertarse en el mercado laboral entre quienes pertenecen a dichos grupos de interés y la población en general. Esta información es de vital importancia para  diseñar políticas públicas que garanticen el acceso al mercado laboral, así como la igualdad de oportunidades para todas y todes.
Sin embargo, la metodología tiene algunas limitaciones que el propio estudio reconoce. Se señala que las diferencias entre las personas en una relación del mismo sexo y quienes están en una relación heterosexual <a href="https://www.gob.mx/conasami/prensa/conasami-presenta-brecha-salarial-para-grupos-de-interes-por-potencial-discriminacion-laboral?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">no es estadísticamente significativa</a>, es decir, que no se puede afirmar que quienes están en una relación con una persona del mismo sexo ganen más o menos que el resto de la población. Además de lo anterior, este resultado no es concluyente para explicar la participación en el mercado laboral de las personas LGBTIQ+ porque se usaron los datos del 2020 que sólo identifican a las personas que se encuentran en una relación con personas del mismo sexo excluyendo a las personas solteras, que de acuerdo con la <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/endiseg/2022/" target="_blank" rel="noopener">ENDISEG (2022 WEB)</a> alcanzan el  71,6 % de la población LGBTIQ+. Otra limitante es que los datos del Censo 2020 no contemplan información relevante como la identidad de género, ni la expresión de género, que corresponde a cómo las personas externalizan a través de sus prácticas y conductas su identidad de género.
Hablemos del instrumento. Según la información anexa al estudio, la muestra considera a personas entre 25 a 54 años ocupadas en el país, remuneradas o asalariadas, que trabajan jornada completa y con empleo formal. Y para sistematizar esta información, el Conasami utiliza una herramienta econométrica llamada Oaxaca-Blinder, generalmente usada para comparar grupos de poblaciones distintas y observar las diferencias en relación a la inserción en el mercado laboral y la brecha salarial. A pesar de que a simple vista esta podría ser una herramienta claramente útil, también genera una discusión importante sobre cómo se está midiendo a la población de la diversidad sexo-genérica y cómo se mide la brecha salarial y las probabilidades de insertarse en el mercado laboral de esta población.
<h2>Los esfuerzos se amplían</h2>
Ante la problemática anteriormente expuesta, además de los esfuerzos del Conasami, también es necesario mencionar las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (<a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">ENDISE</a><a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf">G </a><a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/endiseg_2021_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">2021</a>, <a href="https://www.inegi.org.mx/investigacion/endiseg/2022/" target="_blank" rel="noopener">WEB 2022</a>) a través de las cuales las autoridades pueden conocer de primera mano las experiencias de discriminación, exclusión y violencia experimentadas por la población LGBTIQ+, en distintos ámbitos que van desde lo familiar a lo social y su acceso a distintos derechos como la salud, la educación y el trabajo.
En la ENDISEG (WEB 2022) se explica que de 14 mil 364 personas que completaron la encuesta, 7 mil 060 se autoadscriben como LGBTIQ+.  Dentro de esa población, 6 mil 915 se identificaron con una orientación sexual LGB+, mientras que mil 343 se identificaron como persona trans u otra identidad que no corresponde al sexo asignado al nacer (no binaria, género fluido, queer, demigénero u otras) siendo 643 las personas que se identificaron como mujeres trans. Sin duda, ésta es una herramienta útil pero limitada porque están mejor representadas las orientaciones sexuales no normativas que las identidades de género no normativas.
La realización de estos estudios logró, entre otras cosas, que las autoridades reconocieran que existe una correlación entre tener una identidad de género u orientación sexual no normativa (pertenecer a la comunidad LGBTIQ+) con el aumento a la probabilidad de la negativa a un empleo y de <a href="https://www.gob.mx/conasami/prensa/personas-trans-son-las-mas-afectadas-en-la-comunidad-lgbtttiq-por-discriminacion-laboral-338409?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">sufrir algún tipo de violencia en los centros de trabajo</a>. En el caso de violencia laboral los grupos más vulnerables son las mujeres trans con un 36.9 % de casos de violencia; hombres trans con un 18.3 % y mujeres cisgénero con 16.1 % de casos de violencia. Es decir, el espacio de trabajo sigue siendo un lugar inseguro, incluso, para quienes logran alcanzarlo.
<h2>Los nuevos esfuerzos econométricos</h2>
Ante las debilidades metodológicas que tienen las herramientas comúnmente utilizadas por los gobiernos, aparece en el escenario de la discusión un grupo de integrantes de la academia y del activismo que tienen una perspectiva crítica sobre cómo se realiza el ejercicio estadístico de las poblaciones LGBTIQ+ en el país.
Un ejemplo de ello es el estudio <a href="https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/6250" target="_blank" rel="noopener">“Importancia de la inclusión de las personas trans binarias y no binarias en los censos poblacionales”</a>, del investigador Carlos Adrián Chable Miranda, publicado en la revista <a href="https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/6250" target="_blank" rel="noopener">Inter Disciplina</a>, que dedicó todo su dossier a los Estudios Trans. El investigador describe la relevancia de generar instrumentos que contemplen debidamente a este sector poblacional y denuncia “la escasez de un instrumento donde se tome en cuenta la transgeneridad como una característica posible dentro de los censos poblacionales” (p.357).
Lo que sigue es legislar. Además de la necesidad de contar con mejores estadísticas sobre la población LGBTIQ+ que permitan conocer las brechas en el acceso a la salud, la educación y al mercado laboral, urge promover la inclusión laboral y homologar las leyes de identidad de género en todo el país. Esto debido a que la falta de documentos de identidad es un importante obstáculo para que el sector poblacional pueda ingresar al mercado laboral mitigando el riesgo de discriminación, exclusión y violencia por adscribirse a una identidad de género no hegemónica. Si bien 20 estados en México han aprobado las leyes de identidad de género, es necesario avanzar en su aprobación en todo el país y evitar los retrocesos que puedan producirse por el cabildeo por parte de actores conservadores y anti-género que se oponen al avance de los derechos de la población LGBTIQ+.
Un ejemplo de los esfuerzos por avanzar en la inclusión laboral de la población trans es el intento por <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/30/sociedad/presentan-iniciativa-para-la-inclusion-laboral-de-la-comunidad-lgbt/" target="_blank" rel="noopener">promover una ley de cupo trans en</a><a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/30/sociedad/presentan-iniciativa-para-la-inclusion-laboral-de-la-comunidad-lgbt/" target="_blank" rel="noopener"> el Congreso de la Ciudad de México</a>, por parte del diputado Temístocles Villanueva. Sin embargo, la cámara de la Ciudad de México no logró llegar a ningún acuerdo. Otro intento ocurrió el 26 de enero de 2022, cuando la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios presentó ante el pleno del Congreso de la CDMX la primer iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las disposiciones en materia de acceso laboral de personas transexuales, travestis y transgénero <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d66ec819925e9210a46e0e832849f958e62bd570.pdf" target="_blank" rel="noopener">al servicio público</a>, también sin resultados. Finalmente, un esfuerzo similar es la Ley para el ”<a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico">R</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico" target="_blank" rel="noopener">econocimiento y la atención de las personas</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico" target="_blank" rel="noopener"> LGBTTTI</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico">+</a><a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1501-leyparaelreconocimientoylaatenciondelaspersonaslgbtttidelaciudaddemexico#ley-para-el-reconocimiento-y-la-atención-de-las-personas-lgbttti-de-la-ciudad-de-méxico" target="_blank" rel="noopener"> de la Ciudad de México</a>” impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo el 07 de septiembre 2021, que en su apartado quinto aborda el tema del derecho al trabajo y las garantías laborales para las <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1384d92dce7e7b6dee75b81f24c079cdf31c7dc4.pdf" target="_blank" rel="noopener">minorías sexuales</a>, aunque lo hace sin el agregado de la valoración particular a las mujeres trans.
Sin duda, los y las representantes populares tienen mucho trabajo por delante para lograr un Estado donde se respeten las diferencias, en un país donde grupos conservadores y antigénero mantienen la disputa por el control de las normas que nos rigen a todes. Como ya ha sido comentado la investigadora <a href="https://www.youtube.com/watch?v=d8OhSeb63Qc&amp;t=3543s" target="_blank" rel="noopener">Sayak Valencia</a>, la falta de acceso de las personas trans a los derechos básicos y su retroceso en los derechos logrados no es un asunto sólo de las personas trans, sino que opera como un “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=d8OhSeb63Qc&amp;t=3543s" target="_blank" rel="noopener">boomerang violento</a>” que evidencia el retroceso en los derechos que hoy puede afectar a las poblaciones trans pero más adelante puede impactar los derechos humanos de las mujeres cis y de otras poblaciones y comunidades.
* Diana A. Silva es investigadora y Ricardo Balderas es periodista en <a href="https://twitter.com/PODERlatam" target="_blank" rel="noopener">@PODERlatam</a>.

8M: inclusión laboral y estadísticas sobre las disidencias sexo-genéricas

El pasado 18 de octubre se constituyó el panel de solución de controversias para el capítulo que se refiere a las medidas para la importación de maíz transgénico en México dentro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dicho panel se constituyó a petición expresa del gobierno de Estados Unidos para que México revise sus políticas de importación de maíz genéticamente modificado.
La solicitud, entre otros argumentos, critica las medidas del gobierno federal mexicano publicadas en un <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679405&amp;fecha=13/02/2023" target="_blank" rel="noopener">decreto</a> firmado en febrero del año pasado y que restringe el uso de maíz transgénico para consumo humano debido al uso de glifosato y sus impactos para la salud. En este proceso, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá exigen al panel que se apegue a criterios estrictamente científicos para revertir estas medidas y así favorecer a quienes comercializan este tipo de maíz.
Para esta controversia, el T-MEC ha considerado la participación de la sociedad civil mediante la aceptación de notas de opinión de no más de 10 cuartillas, cuya argumentación debe proveer de información legítima al panel para que su fallo proteja los intereses de las partes firmantes. Aunque este proceso se observa sumamente técnico y burocrático, significa algo más para quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Después de 20 años de entrada en vigor del primer tratado de libre comercio entre estos países (TLCAN), estaríamos presenciando un fallo que no sólo considere la opinión (y la salud) de las comunidades productoras y consumidoras de maíz. También estaríamos hablando de un mecanismo que puede tomar en cuenta temas de derechos humanos como criterio válido al interior de un tratado cuya lógica ha sido, desde sus inicios, meramente comercial y económica.
Y aunque ya lo denunciaba el zapatismo en ese momento, hoy nos encontramos una docena de organizaciones intentando argumentar por qué la importación de maíz transgénico atenta contra los derechos humanos, comenzando por la alimentación y la salud. El reto no es sencillo si consideramos que las fuerzas son desiguales en todo: un ejemplo es la argumentación de los gobiernos quienes pueden elaborar documentos de 400 o 500 páginas en documentos que se pueden consultar en la plataforma <a href="http://tasefiling.gov/" target="_blank" rel="noopener">TAS-E Filing</a> del T-MEC.
Estas argumentaciones se atreven a descalificar las preocupaciones de la sociedad civil diciendo que hacen falta estudios “científicos” que demuestren la gravedad del glifosato o del uso de maíz transgénico para consumo humano. De igual forma han sido muy enfáticos en desechar los argumentos que usan el tema del glifosato por considerarlo fuera de esta argumentación. ¿A quién protegen estos gobiernos?
En junio de 2018, el gigante farmacéutico Bayer anunció la <a href="https://www.bayer.com/media/en-us/bayer-closes-monsanto-acquisition/" target="_blank" rel="noopener">adquisición</a> de Monsanto, con lo cual cierra uno de los negocios más importantes para el futuro del agronegocio a nivel mundial. En su <a href="https://www.bayer.com/sites/default/files/2023-02/Bayer-Annual-Report-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">informe</a> 2022, la farmacéutica reporta a sus inversionistas ventas totales por $50,739 millones de euros (mde) en donde $25,169 mde (49.6 %) fueron ventas del sector semillas y herbicidas. Las ventas de semillas de maíz alcanzaron los $6,089 mde (12 % del total), que fueron superadas por la venta de herbicidas ($8,325 mde) en ese año.
En el mismo informe la empresa declara que enfrenta cerca de 154,000 demandas por daños a la salud derivados de la exposición de miles de personas al glifosato que está presente en sus herbicidas. Lo mismo sucede con otro activo llamado PCB y en cuyo caso ha pagado millones de dólares en daños y juicios.
Para estas miles de personas cuya actividad productiva depende del maíz nativo, este fallo representa la continuidad de una forma de producción soberana, sustentable y libre de químicos perjudiciales. Este es el caso de decenas de organizaciones campesinas como la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), que desde 1990 ha realizado labores de desarrollo comunitario en las tres regiones de la sierra cuya población también se ubica dentro de las más pobres del país.
Entre 2001 y 2003 la Unosjo <a href="https://www.aacademica.org/eckart.boege/22" target="_blank" rel="noopener">document</a><a href="https://www.aacademica.org/eckart.boege/22">ó</a> la presencia y afectaciones del maíz transgénico en este estado del sur de México. Las afectaciones no sólo atacan al maíz criollo y su consumo, también al resto de cultivos asociados a la milpa, la economía local y, por su puesto, las relaciones intercomunitarias que se van deteriorando conforme avanza la comercialización de este tipo de semillas.
Este fallo también puede generar una oportunidad para subsanar la brecha democrática entre los tratados comerciales, el acceso a la justicia y la reparación de los impactos que ha sufrido el campo mexicano después de <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9857e7c6-af5d-46ff-abdc-534aecabdad1/content">4</a><a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9857e7c6-af5d-46ff-abdc-534aecabdad1/content" target="_blank" rel="noopener">0 años</a> de políticas públicas que sólo han favorecido a los grandes grupos industriales.
Cabe señalar que entonces, y ahora, el consentimiento de las comunidades indígenas y equiparables (OIT 169) siguen siendo un tema ausente en el diseño e implementación de las políticas comerciales en los tres países. Sin la participación de la sociedad civil, de las comunidades y los pueblos en temas de interés común, estas medidas simplemente son acciones unilaterales que, a simple vista constituyen un acto de exclusión y discriminación.
Desde PODER, realizamos una <a href="https://framaforms.org/afectaciones-del-maiz-transgenico-en-mexico-1704473134" target="_blank" rel="noopener">encuesta</a> a 61 personas productoras de maíz nativo sobre los impactos del maíz transgénico en sus comunidades. El 98.3 % identificó claramente que sí hay afectaciones a los derechos humanos y medio ambiente. El 60.6 % se sintieron discriminadas por la importación de maíz transgénico y el 96.7 % piensa que detener esta importación beneficiaría a sus comunidades.
¿Y cómo no va a ser un tema y un acto de interés común tomar en cuenta la opinión de millones de mexicanos cuya alimentación se basa en el maíz criollo? Sin duda, somos lo que comemos. Y la defensa del maíz nativo es fundamental en la preservación de la cultura e identidad de las y los mesoamericanos. Esperamos que en el fallo que toma este panel, se consideren también los criterios antropológicos e históricos ya expuestos. Que el gobierno mexicano tome como propia esta defensa y se protejan los derechos de la población.
<figure id="attachment_1361999" aria-describedby="caption-attachment-1361999" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1361999" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo.jpg" alt="Distintos tipos de maíz nativo mexicano. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/01/defensa-del-maiz-nativo-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1361999" class="wp-caption-text">Foto: Unosjo, 2023.</figcaption></figure>
* Óscar Pineda es coordinador de Investigación en PODER.

Momento histórico para la defensa del maíz nativo mexicano frente al T-MEC

Nuestro país es testigo de múltiples casos que perpetúan violaciones a derechos humanos como consecuencia de la actividad empresarial, la cual a pesar de sus impactos al medio ambiente y afectaciones a las <a href="https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/25/politica/exige-etnia-yoreme-cancelar-construccion-de-una-planta-de-amoniaco-en-sinaloa/" target="_blank" rel="noopener">comunidades indígenas</a> y <a href="https://comitescuencariosonora.wordpress.com/2023/05/25/comunidades-afectadas-por-derrame-toxico-de-grupo-mexico-pedimos-a-inversionistas-de-la-empresa-tomar-en-cuenta-informacion-actual-sobre-los-danos-y-pendientes/" target="_blank" rel="noopener">campesinas</a> continúan sin acciones concretas para reparar los daños causados.
México ha ratificado múltiples Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, así como la adopción de los <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos</a>; sin embargo, ese compromiso internacional no se ha traducido en la armonización del marco jurídico que permita prevenir y mitigar afectaciones a los derechos humanos, incluyendo al medio ambiente sano, así como abordar y reparar las mismas cuando llegan a suceder, y también aplicar sanciones pertinentes y proporcionales por dichos daños.
Con la llegada del  gobierno se anunció la construcción de megaproyectos en el sureste y centro del país, entre ellos están el <a href="https://poderlatam.org/2020/12/el-tren-de-las-elites-empresas-beneficiadas-y-proyectos-energeticos-en-el-sureste-mexicano-2/" target="_blank" rel="noopener">Tren Maya</a>, el <a href="https://poderlatam.org/project/corredor-del-istmo/" target="_blank" rel="noopener">Corredor del Istmo de Tehuantepec </a>y los <a href="https://poderlatam.org/2021/10/la-participacion-de-bonatti-en-el-pim-y-sus-impactos-sociales-ambientales-y-en-ddhh/" target="_blank" rel="noopener">gasoductos de Morelos</a> como insignia del sexenio (2018-2024). En estos grandes proyectos de inversión de capital público y privado nacional e internacional para el supuesto desarrollo de las comunidades ha causado violaciones a derechos humanos y al ambiente de comunidades indígenas y cambios en el uso de la tierra y de los derechos de propiedad, a costa de la vida digna, ecocidio, de la libre determinación, entre otros.
En 2019, se publicó el <a href="https://www.gob.mx/segob/documentos/programa-nacional-de-derechos-humanos-2020-2024" target="_blank" rel="noopener">Programa Nacional de Derechos Humanos</a> que tuvo como objetivo desarrollar una Política Nacional rectora en materia de derechos humanos. En esta se estableció que el gobierno mexicano se comprometía a “Impulsar la debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos adversos generados por la actividad empresarial pública, privada o mixta, y para propiciar la transparencia y rendición de cuentas en las cadenas de valor”.
No obstante, fue hasta noviembre de 2022 cuando la Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó el “<a href="http://derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/DGPPDH/Temas/Diagnostico_Completo_EDH.pdf" target="_blank" rel="noopener">Diagnóstico Derechos Humanos y Empresas</a>” sobre el estado del marco jurídico y de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos a nivel federal en México de 2019-2022, donde se advierte que es una temática que vincula a la gran mayoría de instancias federales para su atención e implementación.
En 2023, la SEGOB manifestó la intención de publicar una <a href="http://derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/11-10-2023" target="_blank" rel="noopener">Política Nacional</a>; a diferencia de otros países de la región, <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> el gobierno mexicano no consolidó un Plan Nacional, apostó por una Política Nacional. Sin embargo, las <a href="https://poderlatam.org/grupo-focal-de-empresas-y-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">Organizaciones de la Sociedad Civil expertas</a> manifestamos que el documento intenta abordar algunas situaciones sobre cómo el Estado debe cumplir con su obligación última de proteger y garantizar los derechos humanos, pero también manifestamos preocupación porque no haya estrategias que especifiquen y aclaren las obligaciones de respetar los derechos humanos por parte de las propias empresas, así como de inversionistas institucionales en toda actividad pública, privada y mixta, nacional y transnacional.
Por lo anterior, es fundamental que la Política Nacional atienda a las debilidades de los mecanismos jurisdiccionales para que sean realmente accesibles, predecibles, equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, y una fuente de aprendizaje continuo. Lo anterior debe generarse de manera participativa con las personas y comunidades titulares de derechos y su finalidad será que, a partir de ello, se logre un acceso a la justicia, verdad y reparación acorde a los estándares internacionales para que de manera integral se logre la restitución, no repetición, indemnización, rehabilitación y satisfacción de las víctimas o personas y grupos afectados.
Una Política Nacional deberá establecer un marco normativo y acciones concretas para enfrentar los desafíos y lograr cambios positivos, así como su capacidad para generar un impacto social a través de estrategias bien diseñadas y ejecutadas. En ese sentido, ese primer paso que está por dar la SEGOB con la emisión de una Política de Derechos Humanos y Empresas debe abordar las causas de la captura corporativa y la impunidad empresarial, identificando en la estructura de la administración pública las instancias a cargo de prevenir, mitigar y reparar las violaciones a derechos humanos y ambiente.
La Secretaría de Gobernación está avanzando en desarrollar dicha <a href="http://derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/11-10-2023" target="_blank" rel="noopener">Política Nacional </a>con un carácter transexenal, que permita la colocación del tema en la agenda pública como una política de Estado, para asegurar su continuidad en el tiempo, que permita la construcción de capacidades en la Administración Pública Federal, que aborde la problemática de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad por la actividad empresarial y las empresas estatales, privadas y mixtas.
Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil estaremos a la espera del contenido del documento, las estrategias de implementación y una definición clara sobre la coordinación interinstitucional. Ante tales circunstancias, los organismos de la Administración Pública Federal deberán actualizar su normatividad con el fin de que les permita tener atribuciones para su cumplimiento y asumir un compromiso institucional que les permita impulsar al interior una perspectiva de debida diligencia.
Finalmente, se deberán continuar las acciones reales para avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, asumir un compromiso con la implementación, además que cuente con una perspectiva de género, interseccional, pertinencia cultural y un enfoque comunitario. Desde las organizaciones nos mantendremos vigilantes y con una exigencia clara ¡Sin las comunidades y las víctimas en el centro no se avanzará!
* Zúe Valenzuela es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, actualmente se desempeña como Oficial de Vinculación Estratégica e Incidencia en <a href="https://poderlatam.org/" target="_blank" rel="noopener">PODER</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Perú adoptó su primer Plan el 9 de junio de 2021; Colombia adoptó la segunda versión de su PAN el 10 de diciembre de 2020;  Chile adoptó su segundo PAN en marzo de 2022.  Los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, y México han manifestado el compromiso de elaborar un PAN y se encuentran en distintas etapas de desarrollo.

Más allá de una política pública, México debe garantizar los derechos humanos frente a las empresas

México debe garantizar los derechos humanos frente a las empresas

Por generaciones, buena parte de la población del norte de Chiapas ha practicado la agricultura y la ganadería para generar su sustento. Entre las comunidades locales se encuentran miles de zoques, el pueblo indígena más representativo en los municipios de la región. Desde el punto de vista ambiental, la zona norte se caracteriza por la presencia de abundantes fuentes de agua, en cuyas tierras altas persiste un ecosistema al que se le conoce como Selva Negra. Para la región, se vislumbran los riesgos inherentes a la minería metálica que son principalmente sociales, ambientales, políticos, económicos y culturales.
De acuerdo con la colectiva Cambiémosla Ya, el <a href="https://mx.boell.org/es/2023/01/10/mineria-canadiense-en-mexico-quien-se-ha-beneficiado-de-la-relacion-bilateral">63.4 %</a> de las empresas mineras que operan en territorio nacional son de origen canadiense, y este no es un dato menor. La dinámica de las empresas mineras junior sigue la ruta de la especulación financiera a partir de bajos costos de inversión y la promesa de la riqueza del subsuelo mexicano. Una vez que se calcula el monto de producción, se suman los gastos de gestión y el costo de las acciones bursátiles para asignar una cifra de venta de la concesión. Aquí está la plusvalía.
Datos actualizados de la cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía reflejan que están vigentes nueve concesiones sobre el territorio de la región. En total, los polígonos de las concesiones mineras afectan una superficie de <a href="https://portalags1.economia.gob.mx/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1f22ba130b0e40d888bfc3b7fb5d3b1b" target="_blank" rel="noopener">28,482</a> hectáreas, sobre los territorios de los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ocotepec, Pantepec, Rayón, Solosuchiapa, Tapalapa y Tapilula. Tres empresas mineras son titulares de las concesiones: la canadiense Fortune Bay; Frisco de Grupo Carso y Peñoles del Grupo Baillères.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1347454" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses.jpg" alt="Cartografía de concesiones mineras de la Secretaría de Economía." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/mineras-canadienses-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
En mayo del presente año, el CEO de la minera canadiense Fortune Bay, Dale Verran, arribó al municipio de Tapilula, en el norte de Chiapas, en donde sostuvo reuniones con autoridades locales para reactivar el proyecto minero “<a href="https://fortunebaycorp.com/projects/ixhuatan-copper-gold-project/" target="_blank" rel="noopener">Ixhuatán</a>”. El siguiente paso para Fortune Bay es generar acuerdos con las localidades para seguir explorando durante 2024 y 2025. El título de concesión minera 236835, cuya vigencia es hasta 2051, cuenta con una superficie de 4,176 hectáreas donde yacen cerca de un millón de onzas de oro y 4.4 millones de plata.
El entramado minero es complejo y difícil de monitorear por parte de la sociedad civil en México. Como ejemplo tenemos que esta concesión (hoy propiedad de Fortune Bay) fue promovida en el año 2000 por MIM México, S. A. de C.V. subsidiaria mexicana de Mount Isa Mines (a su vez, subsidiaria de la empresa suiza Glencore). En 2004, MIM transfiere los derechos a Linear Gold S. A. de C.V. (subsidiaria mexicana de la minera canadiense Linear Gold Corporation), la cual opera la concesión a través de su subsidiaria Servicios Ixhuatán S. A. de C.V. hasta 2007, año en que Linear Gold firma un <a href="https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_news/2007/090607_linear-gold-and-kinross-agree-to-partner-on-the-ixuatan-project.pdf" target="_blank" rel="noopener">acuerdo</a> con la también canadiense Kinross Gold Corporation (con promesa de compra del 70 % de la concesión). Recientemente Fortune Bay ha iniciado una campaña de promoción del proyecto minero para atraer más inversión.
A través del informe técnico <a href="https://fortunebaycorp.com/files/NI_43-101_2011_Summary_Report.pdf" target="_blank" rel="noopener">NI43-101</a> promovido por la empresa canadiense Cangold Limited, Fortune Bay presenta datos de geología que obtuvo después de haber hecho 342 perforaciones (barrenos), cuya longitud acumulada alcanza los 89 kilómetros de longitud entre los años 2004 y 2011. El proyecto consta de 6 secciones y su área de influencia abarca los municipios de Chapultenango, Ixhuatán, Pantepec, Tapalapa y Tapilula.
Tanto <a href="https://www.lineargoldcorp.com/about/" target="_blank" rel="noopener">Linear Gold</a> como <a href="https://www.fortunebaycorp.com/about/board-of-directors/" target="_blank" rel="noopener">Fortune Bay</a> son controladas por el empresario canadiense Wade Kevin Dawe, quien también posee acciones sobre las mineras <a href="https://briguscapital.com/about/" target="_blank" rel="noopener">Brigus Gold</a> y Cangold. En este mismo entramado aparecen fondos de inversión como <a href="https://www.blackrock.com/ca/investors/en/literature/quarterly-portfolio-disclosure/qpd-xgd-en-ca.pdf" target="_blank" rel="noopener">BlackRock</a>, <a href="https://personal.vanguard.com/us/FundsAllHoldings?FundId=0934&amp;FundIntExt=INT&amp;tableName=Equity&amp;tableIndex=0&amp;sort=SHARES&amp;sortOrder=web.funds.profile.view.FundsAllHoldingsSort$SortOrder@39613e&amp;APP=PE" target="_blank" rel="noopener">Vanguard</a> Group, <a href="https://www.vaneck.com/dk/en/investments/junior-gold-miners-etf/downloads/holdings/" target="_blank" rel="noopener">VanEck</a> Associates Corporation, cuyas prácticas de transparencia y rendición de cuentas son de igual forma opacas e inaccesibles, ya que mucha de esta información sólo se puede ver en idioma inglés y mediante plataformas especializadas, muchas de ellas de acceso restringido.
El método de la opacidad y la especulación no pueden llevar a ningún modelo sustentable. Las autoridades mexicanas, las empresas mineras y las instituciones financieras (fondos de inversión, bancos, etc.) tienen que garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades, y un paso importante para ello es la transparencia efectiva, no sólo nominal. Hablar de participación ciudadana y régimen democrático también requiere superar la brecha de la información oportuna, veraz y accesible para toda la ciudadanía, y en particular a las comunidades afectadas, en este caso, al pueblo zoque.
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