Persistir en la verdad: un puente entre Colombia y México
“La primera víctima de la violencia es la verdad”
Gabriel García Márquez
El 28 de junio muchos ojos expectantes se posaron sobre Colombia: ese día fue el lanzamiento del informe de La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad a Convivencia y la No Repetición (CEV), después de 4 años de mandato desde el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP. La atmósfera del país se centró en las revelaciones de un conflicto armado que tocó de forma particular a los sectores más vulnerables de la población. Estos documentos, cuyos objetivos son desterrar la indiferencia, son la nueva carta de navegación del gobierno electo de Gustavo Petro y posibilitan la irradiación de esta experiencia a otros contextos como el de México.
El esfuerzo titánico incluye a más de 30 mil víctimas en testimonios individuales y encuentros colectivos en 28 lugares tan variados como ciudades, resguardos indígenas, territorios de otras comunidades étnicas, e incluso el encuentro en 24 países con personas en el exilio. Hay, sin embargo, otro ejercicio de memoria por hacer: el de las víctimas que no lograron vivir hasta el instante en que las compuertas de la verdad se abrían para instaurar un debate profundo como sociedad.
El perdón y la verdad deben ser oportunos, pero en contextos de impunidad y encubrimiento se requieren esfuerzos mayores entre actores para entender la dimensión del dolor y la sistematicidad del daño. Casos como el de Fabiola Lalinde, pionera en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia, que falleció el 12 de marzo de 2022 y cuya persistencia iluminó el camino para muchas familias, no fue un esfuerzo paralelo al de la Comisión; ella y muchas otras víctimas sentaron las bases para posibilitar hacer de la verdad un derecho público.
Y es que con el informe se entregan piezas claves para la comprensión de fenómenos como el secuestro, el reclutamiento forzado, las violencias sexuales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, así como la relación del narcotráfico con el conflicto armado, entre muchas otras: testimonios de víctimas, victimarios y terceros implicados que plantean múltiples relatos de lo que pasó en Colombia. Este proceso devuelve un espejo oscuro pero aleccionador donde toda la sociedad civil e implicados se miran y asumen una responsabilidad frente a su historia.
Ampliando el horizonte sobre el impacto y alcance que puede tener el informe de la CEV, desde Elementa nos parece un ejercicio interesante poder rescatar algunos elementos del proceso que está viviendo Colombia en términos de voluntad política y construcción de la verdad. Para poder aprender de ello, hay que evitar caer en comparaciones burdas, análogas o simplistas y ver de qué manera México puede llevar a cabo iniciativas en torno a la búsqueda de justicia, verdad, memoria y garantías de no repetición de forma efectiva, considerando que el espectro de actores es amplio, diverso y que todas las voces deben ser escuchadas.
México y Colombia han transitado por diferentes gobiernos que no han tenido la capacidad política, sensibilidad y empatía de reconocer que “hechos violentos del pasado” constituyen en realidad graves violaciones a los derechos humanos que han dejado miles de víctimas, rupturas profundas en el tejido social de ambos países, heridas y huellas que no se curan, ni se curarán, sino a través del reconocimiento y el trabajo colectivo para recuperar aquello que perdimos: nuestra humanidad. Partimos de verdades impuestas desde el negacionismo, el ocultamiento y la impunidad como una práctica sistemática del Estado.
Sin embargo, es necesario reconocer la poderosa experiencia colombiana al lograr la comparencia de mandos militares que han reconocido ante las víctimas su participación y responsabilidad como perpetradores o actores materiales de violaciones a derechos humanos, como en el caso de los falsos positivos. En México no hemos podido generar mecanismos o espacios que permitan la comparecencia de las Fuerzas Armadas ante las víctimas ya que, hasta ahora, instituciones como el ejército permanecen intocables. Aunque en casos como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha pedido reiteradamente que se investigue y se dé acceso al 27° Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional por su presunta participación en los hechos, hasta ahora solo se tiene conocimiento de la detención del capitán José Martínez Crespo y algunas otras órdenes de aprehensión contra la cadena de mando del batallón. No obstante, ningún militar mexicano se ha reconocido responsable por hechos violatorios, ni simbólica ni materialmente. Lo cual constituye un bloqueo para conocer la verdad.
Si bien comprendemos la trascendencia que tienen las comisiones de la verdad como mecanismos que garantizan la participación activa de las víctimas en los procesos de transición hacia la paz y la justicia, en México organismos como FEMOSPP y la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) representan un ejemplo de cómo la construcción de la verdad impulsada desde “arriba”, es decir, desde el oficialismo, pueden caer en ejercicios de simulación al carecer de legitimidad, apoyo y participación de las víctimas. La verdad es un derecho inalienable y colectivo que se construye desde un piso político común, pero que comprende las complejidades de cada región, grupo y víctimas.
Es en este contexto de tropiezos e intentos por impulsar mecanismos de acceso a la justicia transicional que se crea por decreto, en octubre de 2021, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH). Su objetivo es poder investigar y brindar acceso a la justicia, verdad, memoria y reparación integral a las víctimas del periodo conocido como “guerra sucia”: cientos de personas que militaban en movimientos contrainsurgentes, opositores al régimen en esa época fueron detenidas-desaparecidas, perseguidas, criminalizadas, asesinadas extrajudicialmente y torturadas. Las bases de movimientos como la Liga Comunista 23 de Septiembre o el Partido del Pueblo, fueron prácticamente sometidos al exterminio a través de estrategias de muerte y terror.
Algunas de las víctimas de este periodo participaron activamente en la creación de la Comisión, así como en la elección de las personas expertas que la integran. Con la encomienda de trabajar hasta septiembre de 2024, la entrega del informe final podrá significar una oportunidad de brindar a las víctimas acceso real a la verdad y la reparación integral. Para que este proceso se materialice es necesario que la voluntad política de desclasificar los archivos y documentos históricos relacionados con estas violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas asociadas a movimientos políticos y sociales sea también un hecho. Pues no hay verdad sin acceso total a la información y sin información no se puede hablar de un reconocimiento real de los hechos, caso que señaló Elementa para las víctimas que buscan el esclarecimiento de hechos durante la Guerra Sucia en el Campo Militar Número 1.
A pesar de las particularidades históricas entre México y Colombia vale la pena preguntarse si el sufrimiento de los otros también se refleja de alguna forma en el nuestro. Dentro de los hallazgos del CEV se encuentra que las sociedades que amplían el círculo del nosotros crean la posibilidad de inspirarse mutuamente en los procesos colectivos; uno que incluye el reconocimiento del daño y la verdad como un horizonte de búsqueda constante. Pero, ¿cómo se accede a la verdad? ¿Qué más tiene que venir de la mano de ella?
En el proceso de la CEV la confiabilidad de la información recabada y la legitimidad del espacio estaban integradas por sus enfoques territoriales y diferenciales como el de género, étnico, etarios, de clase, y la distinción de responsabilidades entre actores. También, fue clave su independencia del gobierno a pesar de ser un ente estatal que le permitió, dentro de lo posible, ser autónomo en sus decisiones. Esto afianzó unos relatos de verdad con garantías de participación e inclusión de las voces que han sido históricamente marginalizadas.
La verdad debe acompañarse con acciones. Por eso, las recomendaciones son un horizonte para el Estado de reconstrucción profunda en la política y vida cultural, así como esfuerzos de colectivas y organizaciones de la sociedad civil para la gestión de un cambio en las percepciones de la sociedad frente al legado de violencia del país. De esta forma, hay unos retos que la CEV en Colombia le plantea a México: conocer el informe de la CEV para identificar y asimilar el contenido a la luz de su contexto particular; asumir las transformaciones en materia de aprendizajes de acompañamientos de colectivas de víctimas y compilación de testimonios similar al de Colombia y, finalmente, permitirse el esclarecimiento de la verdad, convivencia, reconocimiento y no repetición de su propia historia; una que se sigue clamando desde los silencios de sus desaparecidos.
* Olimpia Martinez (@olimpia_libre) es Politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la defensa y promoción de derechos humanos. Feminista y acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente es colaboradora de incidencia de México en @ElementaDDHH. María Clara Zea (@MClaraZea) estudió antropología en la Universidad de Antioquia y fue becaria Erasmus + en Ciencias Políticas en la Universidad de Hradec Králové. Actualmente es Colaboradora de incidencia de Colombia en @ElementaDDHH.
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