Elementa es una organización feminista que apuesta por el uso creativo del derecho para aportar al respeto y garantía de los derechos humanos en Colombia y México.

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Colombia y México comparten una notable similitud, sus contextos sociales —muchas veces comparados— han abierto  la posibilidad a que, en medio de escenarios complejos, se planteen normativas para avanzar en términos de justicia penal. Nos referimos particularmente a las leyes que buscan contrarrestar los excesos que han tenido los sistemas de justicia penal y que reconocen, de forma explícita o no, que hay poblaciones que son más propensas a sufrir dichos abusos: en el caso de México, la Ley de Amnistía, y en Colombia, la Ley de Utilidad Pública.
Aunque estas dos leyes son muy diferentes en términos de sus efectos jurídicos, comparten un objetivo similar: combatir a un sistema de justicia penal tradicional que ha impactado de forma diferenciada a grupos históricamente discriminados, como mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y personas LGBTIQ+, cuyas experiencias de vida han estado ligadas a vulnerabilidades derivadas de la violencia y la marginalidad.
Por un lado está México con la <a href="https://elementaddhh.org/amnistia-o-condena-el-destino-de-las-personas-privadas-de-la-libertad-por-delitos-de-drogas-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Ley de Amnistía</a> (2020), que prevee la extinción de la acción penal a personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados que hayan sido procesadas o sentenciadas por ciertos delitos del orden federal, incluidos los delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y narcomenudeo. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Por el otro, la <a href="https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2023/09/Cartilla-Alternatividad-Penal_web-3.pdf">L</a><a href="https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2023/09/Cartilla-Alternatividad-Penal_web-3.pdf" target="_blank" rel="noopener">ey de Utilidad Pública</a> (2023) Colombiana brinda alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido algún delito relacionado con su vulnerabilidad socioeconómica; esto se traduce a que puedan cumplir su pena prestando servicios a la comunidad estando en libertad. Al igual que en México esta ley acoge algunos delitos relacionados con drogas.
Leyes de este tipo generan reacciones encontradas y bastante resistencia por parte de la oposición y de la misma opinión pública, y en estos dos países no fue la excepción. En México, quienes estaban en contra de este mecanismo usaron medios de comunicación y espacios de discusión política para expresar su rechazo argumentando que la ley había sido promulgada de manera específica para sacar de la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vjwvW9TwRP4" target="_blank" rel="noopener">cárcel a narcotraficantes y delincuentes</a>. En Colombia la desinformación no se hizo esperar y congresistas de partidos políticos opuestos al actual gobierno de Gustavo Petro salieron a decir que esta <a href="https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/11/que-los-presos-en-colombia-salgan-de-la-carcel-de-dia-a-trabajar-congresistas-sobre-propuesta-de-minjusticia/" target="_blank" rel="noopener">ley era una apología al crimen</a> y que impulsaría a que las beneficiadas continuarán con sus actividades criminales respaldadas en que su único castigo sería no dormir en su casa.
Aún así, estas leyes han continuado su camino y a 4 años y 1 año de implementación, respectivamente, ya han beneficiado a muchísimas personas. Según datos de <a href="https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2024/07/RetosImplementacionLeyUtilidadPublica_Dejusticia_MujeresLibres_Essex_19062024-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Dejusticia</a> para mediados de junio de 2024, en Colombia se han concedido 46 beneficios: 2 en Bogotá -la ciudad con más mujeres privadas de la libertad-, y en el distrito judicial de Medellín y Antioquia, 8. En México<a href="https://justicia.segob.gob.mx/es/UASJ/Ley_de_Amnistia" target="_blank" rel="noopener"> la Comisión de Amnistía reporta</a> que a julio de este año se han beneficiado a 391 personas, de las cuales 254 son hombres y 128 mujeres. Cabe mencionar, que el 98 % de éstas habían sido procesadas o sentenciadas por delitos de drogas, lo que evidencia que el sistema de prohibición impacta, principalmente, a estas mismas poblaciones que han sido históricamente vulneradas.
Aunque desde la sociedad civil y el activismo hemos reconocido que la implementación de estas leyes ha sido lenta y complicada, no dejamos de recalcar que su importancia radica en los impactos positivos que ya se han materializado en la vida de cientos de personas, en las historias que ha dejado el reconocer los errores del sistema de justicia y la posibilidad de brindar alternativas a las penas privativas de la libertad. Historias de personas que al ser encarceladas ven sus proyectos de vida, y el de sus familias, afectados.
Como el caso de Julia, mujer indígena mexicana que no contaba con un trabajo formal y pasaba la mayor parte de su tiempo ejerciendo cuidados hacia sus hijos y suegros, que accedió al transporte de una maleta a cambio de una cantidad de dinero considerable. Julia no sabía que el equipaje que llevaba contenía mariguana pero igual fue detenida por la Guardia Nacional y privada de su libertad por 2 años y medio. O el de Jenny, madre cabeza de familia colombiana que tendrá la oportunidad de seguir acompañando y criando a sus hijes aún mientras está pagando su condena.
Si bien la implementación de ambos mecanismos ha generado buenos resultados, es importante reconocer que también tienen áreas de oportunidad y retos que deben ser abordados por las instituciones encargadas. Esto permitirá, entre otras cosas, ampliar sus alcances y acelerar su implementación. Por ejemplo, en el caso de México: agilizar los procesos burocráticos para otorgar el beneficio y diseñar un <a href="https://elementaddhh.org/comunicado-sobre-la-incorporacion-del-art-9-a-la-ley-de-amnistia/" target="_blank" rel="noopener">plan integral de restitución de derechos </a>para quienes estuvieron en contacto con el sistema de justicia penal.
Igualmente, vemos en Colombia un obstáculo bastante grande desde la institucionalidad, pues no hay una caracterización de las mujeres que podrían beneficiarse con la Ley de Utilidad, hecho que impide el acceso a información desagregada y real sobre los avances de la ley. De igual manera hay problemas en el procesamiento de las solicitudes para ser beneficiadas, producto de la falta de defensores públicos.
Desde Elementa continuamos observando la implementación de estos mecanismos. Estamos convencidas de que promover y apoyar la adopción de leyes como estas es un paso crucial para transformar significativamente los sistemas de justicia penal y ofrecer soluciones más equitativas y efectivas alejadas del punitivismo como única alternativa de justicia y reparación. Continuar con una estrategia de encarcelamiento para delitos menores y cometidos bajo coerción es replicar las mismas violencias por las cuáles esas personas privadas de su libertad han terminado cometiendo esos delitos.
* Paula Hernández es Profesional en Periodismo y Opinión Pública con énfasis en Historia de la Universidad del Rosario, Colombia. Actualmente es Coordinadora de Comunicación en <a href="https://x.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>. Aurora Sánchez (<a href="https://twitter.com/Aurobebe" target="_blank" rel="noopener">@aurobebe</a>) estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en comunicación política en la UNAM. Actualmente se desempeña como Estratega de Comunicación en México de <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La Ley de Amnistía contempla también los delitos de sedición, aborto, robo simple y cualquier delito que involucre a una persona perteneciente a comunidades y pueblos indígenas.

Apuestas para combatir al sistema de justicia penal en México y Colombia

En 2017 cuando se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas se estableció, en el transitorio noveno, que las entidades federativas contarían con 180 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley para armonizar sus legislaciones locales. Ese plazo venció el 16 de julio del año 2018. En Baja California, después de varias iniciativas legislativas que no prosperaron y una espera de más de seis años, finalmente se cuenta con un marco jurídico local que regula las obligaciones de las autoridades estatales en la materia.
La Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas para el estado de Baja California (en adelante Ley de Desaparición de B. C.) entró en vigor el pasado sábado 10 de agosto. ¿Qué podemos esperar de la ley? ¿Qué sigue para nosotras las víctimas? ¿Las autoridades ahora sí acatarán su obligación y buscarán a nuestros tesoros?, me preguntaron hace días dos mujeres buscadoras. Estos cuestionamientos son pertinentes de cara a una realidad nacional en la que pese a existir un marco jurídico amplio que se ha ido robusteciendo, pocas cosas han cambiado.  Las desapariciones no han cesado, siguen siendo las familias quienes mayormente ejecutan las labores de búsqueda y  todavía no es posible hablar de verdad, ni justicia para las víctimas.
<a href="https://desaparecerenbc.elementaddhh.org/#group2" target="_blank" rel="noopener">El contexto de Baja California</a> presenta un reto enorme para la implementación de la ley: existen más de 17 mil carpetas abiertas por el delito de desaparición de personas (aunque el Registro Nacional contabiliza 2917 casos, los datos que señalo aquí fueron proporcionados por la Fiscalía General del Estado en 2022); poco más de 11 mil cuerpos sin identificar y una infraestructura insuficiente para resguardar las decenas de cadáveres humanos que, como producto de las diferentes violencias ejercidas en la entidad, engrosan a diario la lista de personas fallecidas y no identificadas que permanecen en los Servicios Médicos Forenses y que finalmente ocupan un lugar en las fosas comunes de los municipios del estado.
Dichos niveles de violencia colocan a Tijuana, la capital económica y social del estado, como una de las ciudades más violentas del mundo. Además, permanecen una serie de fenómenos estructurales que cruzan con la desaparición de personas, entre ellos el narcotráfico, la migración, el desplazamiento forzado, la habitabilidad de calle y el consumo de sustancias, más una narrativa institucional que abona a la criminalización de las personas desaparecidas y de su familiares. “Buena hubiera sido para educar a su hijo y ahorita no tendría que andarlo buscando” —comentó un funcionario a una madre buscadora en San Quintín—. Recriminaciones como esa son un sitio común para las miles de familias que buscan a un ser querido en el estado.
Tomando en cuenta lo anterior y que en los años 2018 y 2023, aún sin ley local, se crearon por decreto La Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada  para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares (que, pese a lo establecido en el decreto, no funciona como tal, sino únicamente como una unidad de investigación, adscrita a la Fiscalía de Unidades Especializadas),  y considerando que las desapariciones han ido en aumento, es necesario decir que, dada la magnitud y complejidad del fenómeno, la Ley de Desaparición de BC, si bien representa un avance en la protección de los derechos de las personas desaparecidas, no solucionará de facto la grave crisis de violaciones a derechos humanos, forense y desapariciones que desde hace años se vive en el territorio bajacaliforniano. 
¿Por qué entonces hablar de un avance?  Primero, porque finalmente se atendió la  obligación y añeja demanda de armonización legislativa exigida por los colectivos y  organizaciones de la sociedad civil.  Segundo, porque por lo menos ahora, ya existe un marco jurídico local que contempla la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
Sin embargo, para que esto sea una realidad son varios los factores que deben combinarse. Por un lado, que se concrete el desarrollo de la institucionalidad ya contemplado en la ley;  por el otro, que la voluntad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo y del Poder Legislativo del estado trascienda el discurso político y se materialice en disponibilidad de recursos humanos, económicos y de infraestructura que garanticen que los planteamientos de la ley se ejecuten con inmediatez y efectividad. Finalmente será esencial que las disposiciones de la Ley de Desaparición de Baja California se implementen atendiendo los principios de máxima protección y complementariedad. Es decir, que la Ley local funcione en concordancia con otras leyes estatales, particularmente con la Ley Estatal  de Víctimas  y la Ley de Declaración Especial de Ausencia.
Dicho esto, ahora sí. ¿Qué podemos esperar a partir de la entrada en vigor de la ley? y ¿en qué aspectos es necesario poner el lente? En un plazo no mayor a  60 días, es decir a más tardar el 10 octubre del año en curso, deberá instalarse el Mecanismo Estatal de Búsqueda. Por su parte, el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria para la elección del Consejo Ciudadano, órgano que tendrá un plazo de 30 días para elegir a la Secretaría Técnica y 60 días para emitir sus lineamientos. Dado que no quedó establecido un plazo para su creación, queda pendiente elaborar y emitir las directrices para la elección del titular de la Comisión Local de Búsqueda.
Además deberán crearse los Registros Estatales —el de personas desaparecidas, el de fosas, el de personas no identificadas y el Banco Estatal de Datos Forenses—  cuyos plazos de creación y autoridad responsable de su implementación no se establecieron  en el texto de la ley. También aquí hay que poner el lente, la falta de certeza en ello puede ocasionar que ninguna autoridad asuma la responsabilidad.
Mucho hemos insistido en que para atender la crisis  de desaparición es necesario reconocerla. Citando a Roberto González Villareal, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> es menester recordar que la desaparición cobra relevancia únicamente cuando se convierte en un problema político. Frente a las discrepancias en el número de carpetas de investigación reconocidas publicamente y de cara a las erroneas declaraciones del Fiscal Central de la FGE en las que refiere que “al menos el 80% de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas” y que “el número de desapariciones se ha mantenido en Baja California durante los últimos tres años“; será trascendental que se concrete la creación de los registros estatales, mismos que deberán mantenerse interconectados, actualizados y homologados.
Además es necesario impulsar políticas públicas que pugnen por el desarrollo de estrategias para prevenir la desaparición de personas y para evaluar el desempeño de las autoridades. La tarea no es sencilla. Se tendrá que avanzar un paso a la vez. En el camino es indispensable que se fomenten espacios de diálogo, con familiares y colectivos de búsqueda,  en los que sea posible trascender el dato, el número de caso, la estadística y empezar a analizar las condiciones específicas, prácticas, agencias y circunstancias en que ocurren las desapariciones. En tanto esto no suceda, los números seguirán creciendo y lejos se estará de resolver el problema.
Finalmente para que la ley no sea una “esperanza a medias”, como refirieron algunas víctimas después de su publicación, se requiere no solo presupuesto, también voluntad política y que se respete el derecho a la participación de las familias en todos los procedimientos relacionados con la desaparición, búsqueda e identificación de personas. Este es un reto importante si se considera la diversidad de colectivos existentes en el estado  y la amplitud de sus demandas.
Las cartas están sobre la mesa y con ello las autoridades tienen frente a sí, la obligación y posibilidad de concretar e instaurar herramientas con un gran potencial para, empezar a saldar la deuda con las víctimas. Sirva este texto como recordatorio de que cada vez que no se busca a una persona desaparecida, son sus familiares quienes padecen el dolor y la incertidumbre interminable de no saber dónde está su ser querido desaparecido.
* Adriana Jaén Manuel es socióloga. Actualmente se desempeña como investigadora y enlace de <a href="https://x.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a> en Baja California. También es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada, B. C.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>  Roberto González Villareal. (2012). Historia de la desaparición. Nacimiento de una tecnología represiva. Colección Debate.

Ley de desaparición y búsqueda de personas en Baja California, ¿esperanza a medias?

¿Cuáles son los costos sociales de pedir cárcel para resolver ca-si-to-do? Más cárcel no se traduce en más justicia, decimos las antipunitivistas desde una profunda convicción de entender que el encarcelamiento de personas no repara ni resuelve conflictos, ni baja los niveles de violencia y criminalidad. Al contrario, puede tener efectos contraproducentes, y hay que decirlo con claridad: la cárcel es una salida fácil con altos costos sociales.
En un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos generalizado, con un alto índice de impunidad y una percepción de injusticia, se utiliza la narrativa del populismo punitivo para validar y legitimar resultados en términos de disminución de la inseguridad o de “combate a las drogas”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Y recientemente se ha retomado este discurso en la coyuntura electoral para captar votos.
La profundización de la crisis de derechos humanos asociada a un incremento de la criminalidad y un proceso de militarización de la seguridad pública ha dado margen a que, desde diferentes posturas políticas, se utilice un discurso “contundente” para atajar el trinomio inseguridad-violencia-impunidad. En ese sentido, una de las propuestas de la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, es la creación de una cárcel de máxima seguridad argumentando que “<a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/xochitl-seguridad-megacarcel-guardia-nacional" target="_blank" rel="noopener">requerimos un modelo nuevo de prisión que realmente haga que los delincuentes paguen sus delitos y me refiero a los peores delincuentes”</a>.
Su postura revela que no existe un ejercicio de análisis y reflexión sobre cómo el planteamiento de ‘más prisión es igual a más justicia’ resulta peligroso y problemático por varias razones: 1) el sistema de justicia mexicano prioriza encarcelar antes que investigar si una persona acusada de algún delito es culpable o no, 2) de acuerdo con los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2023 (CNSIPEE-F) <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/4-de-cada-10-presos-en-Mexico-no-tienen-sentencia-la-mitad-estan-en-prision-preventiva-oficiosa-20230718-0017.html" target="_blank" rel="noopener">el 39 % de las personas privadas de la libertad no contaban con una sentencia</a>, 3) quienes están en la cárcel son más bien personas que en su mayoría <a href="https://panel.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/pobreza.html" target="_blank" rel="noopener">se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y fueron acusados de delitos menores como robo o narcomenudeo</a>, finalmente, 4) al ser la cárcel una regla y no la excepción, invisibiliza la posibilidad de usar otros mecanismos como la justicia alternativa que prevé la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Desde el discurso de Xóchitl Gálvez, su política de mano dura que implica castigar a “los verdaderos delincuentes” funcionaría de forma aleccionadora para que otras personas “lo piensen dos veces antes de cometer un delito”. Sin embargo, la candidata de la oposición ignora que el efecto disuasivo es casi nulo en un sistema penal que está corroído desde sus cimientos, que se alimenta de impunidad y se sostiene por mecanismos de violencia que profundizan las condiciones de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y perpetua más bien la reincidencia.
En suma, la propuesta de “megacárcel” o cualquier esquema de encarcelamiento que se proponga como parte de una estrategia de seguridad, es apostar por la continuidad de un modelo fallido, un discurso simplista que puede tener cabida en ciertos sectores de la sociedad que asocian el castigo con la justicia. Pero ¡ojo! que sea simple no quiere decir que no sea una narrativa riesgosa, al contrario, propuestas como la de Xóchitl apelan al sentimiento colectivo que se tiene de vivir en un país impune e inseguro y, en ese tenor, podrían tener cabida pues la cárcel pareciera mostrar resultados “rápidos” y efectivos.
Ahora bien, demos un vistazo al proyecto de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Aunque su postura es “cuidadosa” en el lenguaje y planteamientos, también es punitiva. Ha incluido dentro de sus “100 pasos para la transformación” dos propuestas, un plan para fortalecer el sistema penitenciario estableciendo <a href="https://claudiasheinbaumpardo.mx/proyectodenacionarchivo" target="_blank" rel="noopener">“lineamientos de inversión, operación y coordinación del sistema penitenciario a nivel nacional, para mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria y fortalecer la infraestructura tecnológica”</a>. Considerando que el 47. 3% de los centros penitenciarios presentan sobrepoblación, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> es evidente la necesidad de invertir en el mejoramiento de espacios suficientes y adecuados para que las personas privadas de libertad puedan vivir en condiciones dignas. Sin embargo, en la propuesta no queda claro si la ampliación de infraestructura se refiere literalmente a la construcción de nuevas cárceles o exclusivamente a mejorar y fortalecer lo existente. Además, retoma en sus 100 promesas la propuesta del ejecutivo federal sobre impulsar una iniciativa de ley para que la extorsión sea considerado delito grave, es decir, se considere dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En campaña ha dicho que ‘<a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2024/4/30/esta-es-la-propuesta-de-sheinbaum-al-consejo-nacional-agropecuario-para-combatir-la-extorsion-328096.html" target="_blank" rel="noopener">cuando se elevó a delito grave el secuestro en la capital, “dio resultados y en el caso de la extorsión es indispensable el catalogarlo de esa manera”’</a>.
Más allá de su proyecto de “transformación”, Sheinbaum se perfila como una política de mano dura que no titubea sobre su posición cuando defiende la prisión preventiva oficiosa, afirmando que sería gravísimo para el país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine dicha figura pues estaría fomentando <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/sheinbaum-batres-prision-preventiva" target="_blank" rel="noopener">la impunidad al dejar en libertad a 60 mil delincuentes</a>. Además de ser falsa y estigmatizante para las personas privadas de la libertad, esta aseveración es reveladora, pues nos permite ver las contradicciones de las que adolece la candidata y lo olvidada que está la agenda de los derechos humanos en su discurso y agenda. Pone sobre la mesa la necesidad de atender las “causas” para resolver los problemas de inseguridad-violencia-impunidad y al mismo tiempo parece que apuesta por reforzar el sistema punitivo a través del aumento de penas y castigos. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Desde Elementa lo hemos sostenido en diversas ocasiones: la prisión preventiva oficiosa no funciona, pero sí criminaliza a las personas que menos o nada tienen que ver con la violencia e inseguridad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
Podemos observar entonces que aunque existe una diferencia en términos de propuestas, ambas candidaturas coinciden en su postura punitiva al considerar dentro de sus proyectos ampliar y/o fortalecer el sistema penitenciario, independientemente de si incluyen otras medidas encaminadas a mejorar los procesos de procuración y acceso a la justicia. Incluso sus pronunciamientos o la falta de ellos sobre la reciente reforma a la Ley de Amnistía, que atenta contra la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> también permiten entender cuál podría ser el camino que seguirán sus agendas de trabajo si alguna gana la presidencia. Xóchitl Gálvez se limitó a cuestionar si esta reforma era para que el presidente salde <a href="https://m-x.com.mx/urna-2024/xochitl-que-amlo-de-lista-de-criminales-a-los-que-quiere-dar-amnistia/">“cuentas pendientes” con delincuentes o narcos que se encuentran en prisión</a>, antes de irse. Por su parte Claudia Sheinbaum no dio ningún posicionamiento claro al respecto, lo que no sorprende, pues como dicen por ahí, “el silencio vale más que mil palabras”. Su aval y respaldo hacia las decisiones tomadas por el ejecutivo federal se ven reflejadas en sus promesas de campaña sin mayor cuestionamiento o modificación.
Frente a este panorama, resulta preocupante que el punitivismo en su forma más simple siga siendo rentable como proyecto gubernamental, se trate de derecha o izquierda. Que no se hagan propuestas diferentes como, por ejemplo, fortalecer, ampliar y mejorar los alcances de la ley de amnistía <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> cuestionando incluso la última reforma que puede comprometer la implementación de dicho mecanismo; o impulsar el uso de mecanismos de justicia alternativa que, como mencioné anteriormente, existen y son subutilizados. En lugar de ampliar penas y delitos, se podrían diseñar programas de prevención de la violencia y reinserción social que permita a las personas que estuvieron en contacto con el sistema penal acceder a condiciones de trabajo, vivienda y servicios de salud adecuados. También podrían dirigirse los esfuerzos en eliminar tipos penales cuando se trata de conductas que no involucran víctimas ni actos violentos, como la posesión simple de cannabis.
¿Qué podemos esperar entonces de estos dos grandes proyectos que están dejando pasar lo que sistemáticamente reproduce el sistema penal y más bien apuestan a su fortalecimiento? La profundización de la desigualdad y la violencia, las pérdidas financieras y de bienestar familiar para quienes tienen a un ser querido privado de la libertad, aislamiento, ruptura del tejido social, criminalización y estigmatización en poblaciones históricamente discriminadas son también temas que deberían atravesar su agenda y los temas prioritarios: justicia social, seguridad, impunidad. Necesitamos replantear el uso del sistema penal y poner estos cuestionamientos en la coyuntura electoral es oportuno, pues toca aprovechar cualquier espacio de incidencia e intercambio de ideas.
* Olimpia Martínez Ramírez (<a href="https://twitter.com/olimpia_libre" target="_blank" rel="noopener">@olimpia_libre</a>) es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la defensa y promoción de derechos humanos. Acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente colabora como investigadora en <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Tal y como desde Elementa lo señalamos en “Radiografía de la prohibición: política de drogas 2018-2024”. Específicamente, pueden consultar el <a href="https://elementaddhh.org/radiografia-del-enfoque-punitivo-del-sistema-de-prohibicion-de-drogas-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Enfoque punitivo de la prohibición</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> De acuerdo con el World Justice Project, la justicia alternativa se encuentra subutilizada a pesar de los beneficios que puede proveer a las partes involucradas en algún conflicto. Para más información se puede consultar su informe “Justicia para sanar,Entendiendo la justicia alternativa en materia penal en México”, disponible <a href="https://worldjusticeproject.mx/justicia-para-sanar/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Según el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), hasta abril de 2023, de los 285 centros penitenciarios existentes a nivel nacional, 135 están sobrepoblados.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, impulsó la creación del Registro de Agresores Sexuales, una herramienta que supuestamente serviría para prevenir la violencia sexual. Sin embargo, la SCJN invalidó su carácter público y la temporalidad de permanencia en el registro por considerarlo violatorio de derechos humanos.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Ver Isaías Pablo Tolentino, “<a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/blog-de-elementa/inevitable-necesaria-eliminacion-prision-preventiva-oficiosa" target="_blank" rel="noopener">La inevitable y necesaria eliminación de la prisión preventiva oficiosa</a>”.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Si bien el espíritu de la Ley de Amnistía es la justicia social, pues reconoce que el sistema penal castiga de forma desproporcionada a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, desde Elementa consideramos que la reforma aprobada condiciona políticamente el derecho a la verdad e ignora el deber de investigar las graves violaciones a derechos humanos. Pueden leer más al respecto <a href="https://elementaddhh.org/comunicado-elementa-y-cea-justicia-rechazan-la-aprobacion-de-la-reforma-a-ley-de-amnistia/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> y <a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/una-amnistia-a-modo/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> <a href="https://elementaddhh.org/amnistias/" target="_blank" rel="noopener">Acá</a> algunas propuestas desde Elementa.

Entre elecciones y cárceles: la agenda punitiva de las presidenciables

No hay amnistía que haga funcionar un sistema de justicia

Si vamos a hablar de drogas y prohibicionismo en América Latina, debemos discutir sobre las mujeres como uno de los grupos poblacionales más vulnerados en esta decadente y, definitivamente, fallida “guerra contra las drogas”. Las políticas y estrategias de militarización, erradicación, persecución, perfilamiento y criminalización —que en principio son pensadas para “acabar con el problema de las drogas”— implementadas en la región, han impactado negativamente en la vida de las mujeres que participan en el cultivo, tráfico y uso de sustancias psicoactivas (SPA), muchas veces acrecentado por sus contextos socioeconómicos y culturales, como la raza, la edad y la orientación sexual.
En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo se ha construido una narrativa estigmatizante y machista alrededor de las drogas. Estos discursos han permeado los rincones más profundos de nuestra cotidianidad. Desde el comentario de algún vecino sobre un caso de feminicidio —“si la mataron, fue porque estaba haciendo algo malo”— hasta el titular de un medio de comunicación que justifica el crimen porque se sospecha del uso de SPA la noche en que la mujer fue asesinada.
Recordemos el caso de Lesvy Osorio, quien fue víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de Ciudad Universitaria. El cuerpo de Lesvy fue encontrado con el cable del teléfono de una cabina atado a su cuello y con claros signos de violencia. Sin embargo, la narrativa que predominó en los días posteriores al hecho fue que Lesvy estaba “drogándose y alcoholizándose” y por eso decidió suicidarse. Esta hipótesis fue <a href="https://images.app.goo.gl/82Kuvr5GqAd8vdUq8" target="_blank" rel="noopener">difundida por la Procuraduría </a>General de Justicia de la Ciudad de México a través de Twitter y reforzada por <a href="https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/05/4/mujer-hallada-muerta-en-cu-no-estudiaba-en-la-unam-dice-supuesto/" target="_blank" rel="noopener">diversos medios de comunicación.</a>
Este tipo de narrativas difundidas por las autoridades, además de revictimizar a las mujeres, sirven como pretexto para desviar las investigaciones y justificar ciertos actos, como la comisión de delitos o el suicidio. Y a la vez, que los medios de comunicación centren sus coberturas en esos discursos aporta a trasladar la culpa hacia las víctimas y restan a las autoridades  las responsabilidades de prevenir y de investigar los hechos. En el caso de Lesvy, <a href="https://cimacnoticias.com.mx/2018/04/09/pgjdf-rectifica-lesvy-no-se-suicido-su-ex-pareja-la-asesino/#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">fue trabajo de la familia, amigas y </a><a href="https://cimacnoticias.com.mx/2018/04/09/pgjdf-rectifica-lesvy-no-se-suicido-su-ex-pareja-la-asesino/#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">colectivas</a><a href="https://cimacnoticias.com.mx/2018/04/09/pgjdf-rectifica-lesvy-no-se-suicido-su-ex-pareja-la-asesino/#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener"> el contrarrestar esa narrativa que desviaba la </a>atención de lo realmente importante: esclarecer el feminicidio de Lesvy.
Uno de los recursos más utilizados por los medios de comunicación es redactar titulares escandalosos con el objetivo de conseguir más clics. En dichos titulares, así como en el contenido de las noticias, se hace uso de adjetivos calificativos sobre el físico de las mujeres —ya sea para decir que están en decadencia o para argumentar que “su atractivo físico” es la causa de sus “males”—. Así también se hacen afirmaciones moralistas y en ocasiones violentas que abren la puerta a la discriminación, misoginia y criminalización de las mujeres que consumen SPA.
El problema de este tipo de discursos es que no solo se quedan en las notas, reportajes o videos publicados por los diferentes medios de comunicación, sino que construyen esquemas de pensamiento y actitudes que refuerzan estereotipos sociales sobre las consumidoras de SPA. La plataforma digital de un medio de comunicación puede tener miles de vistas diarias que se traducen en miles de personas expuestas a estas narrativas que, posteriormente, se pueden convertir en discursos violentos y estigmatizantes. Esto no sólo perjudica a las víctimas sino que beneficia a las autoridades para continuar siendo omisas de sus obligaciones.
Ante esta situación, en Elementa vimos la necesidad de generar una herramienta para influir en el cambio de narrativas periodísticas y discursivas en la generación de contenido sobre mujeres y temas relacionados con SPA. Aunque está especialmente dirigida a periodistas, es relevante para todas las personas interesadas en la investigación y cubrimiento de temas de drogas con enfoque de género. El resultado de este documento se logró gracias al análisis de trabajos periodísticos en América Latina y a la experiencia de personas de la sociedad civil y periodistas de la región que compartieron sus enseñanzas, retos y consejos con nuestra organización.
<a href="https://elementaddhh.org/desintoxicando-narrativas-2/" target="_blank" rel="noopener">Desintoxicando Narrativas: desafiando estereotipos sobre mujeres y drogas</a> es un kit enfocado en presentar un análisis sobre las malas prácticas a la hora de tratar temas que involucran a mujeres y drogas, pero también dedicado a brindar herramientas asertivas y críticas con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad encaminadas a las buenas prácticas.
Con este documento (gratuito y de fácil consulta) y los esfuerzos que emanen de este, hacemos un llamado a los medios de comunicación en México, Colombia y al resto de Latinoamérica a alejarse de manera responsable y consciente de las narrativas simplistas que estigmatizan, revictimizan y criminalizan a las mujeres relacionadas con el consumo de sustancias. Y a la vez, invitar a otras organizaciones, periodistas y personas interesadas en el tema a reflexionar sobre esta situación, proponer nuevas formas de comunicar y tratar los casos de mujeres y drogas de forma responsable, ética y cuidadosa.
* Paula Hernández es profesional en Periodismo y Opinión Pública con énfasis en Historia de la Universidad del Rosario, Colombia. Actualmente es Coordinadora de Comunicación en <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>. Aurora Sánchez (<a href="https://twitter.com/Aurobebe" target="_blank" rel="noopener">@aurobebe</a>) estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en comunicación política en la UNAM. Actualmente se desempeña como Estratega de Comunicación en México de <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH">@ElementaDDHH</a>.

Urge desintoxicar narrativas sobre mujeres y drogas

Karen, una joven de Sinaloa de 29 años, es madre soltera de dos niñas y trabajaba como estilista antes de ser privada de su libertad. En 2020 fue detenida por transportar poco más de un kilogramo de metanfetamina cuando transitaba en la autopista Durango-Gómez Palacio a bordo de un autobús de pasajeros. A pesar de haber sido sentenciada a pasar más de 10 años en prisión por haber cometido narcomenudeo en la modalidad de transporte, Karen fue beneficiada por la ley de amnistía -aprobada 4 meses antes de su detención- y en febrero de 2022 obtuvo su libertad por estar en situación de pobreza extrema. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
El 5 de febrero del 2024, 3 años y 9 meses después de publicarse la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmn_220420.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley de Amnistía</a> para reparar a las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y coacción afectadas por el sistema de justicia penal, AMLO envió un paquete de 20 reformas a la Constitución. Hasta ahora, el foco del debate público ha estado concentrado en las iniciativas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y con las propuestas para la reconfiguración del poder judicial que ponen en peligro la división de poderes y el acceso a la justicia. Sin embargo, desde <a href="https://elementaddhh.org/comunicado-sobre-iniciativas-en-materia-de-politica-de-drogas-presentadas-por-amlo/" target="_blank" rel="noopener">Elementa consideramos que hay otras tres iniciativas sumamente peligrosas que, de aprobarse, </a><a href="https://elementaddhh.org/comunicado-sobre-iniciativas-en-materia-de-politica-de-drogas-presentadas-por-amlo/" target="_blank" rel="noopener">consolidarían</a><a href="https://elementaddhh.org/comunicado-sobre-iniciativas-en-materia-de-politica-de-drogas-presentadas-por-amlo/" target="_blank" rel="noopener"> el enfoque punitivo en materia de drogas, contribuirían a las violencias ya existentes y a la vulneración de derechos humanos. </a>
<h2>Prohibición del uso de fentanilo</h2>
La intención de prohibir el consumo de fentanilo refleja una serie de contradicciones sobre el uso de esta sustancia que se han promovido desde la conferencia matutina de presidencia. AMLO ha negado de forma constante el uso del fentanilo en México y ha condenado las estrategias de reducción de daños como el uso de naloxona para prevenir sobredosis fatales. Sus dichos ignoran a la población en zonas fronterizas como Sinaloa, Sonora y Baja California que son invisibilizadas por el Estado y que son atendidas por <a href="https://animalpolitico.com/salud/uso-drogas-prohibicion-espacios-seguros" target="_blank" rel="noopener">iniciativas comunitarias que salvan vidas y dan acceso pleno al derecho a la salud.</a>
Además, la pretensión de prohibir el uso de fentanilo a nivel constitucional no terminará con la demanda de la sustancia. Lo que sí causará es mayor vulnerabilidad para quienes consumen fentanilo y para quienes, en suplencia del Estado, garantizan acceso a derechos a la población usuaria. También fortalecerá el enfoque asilar, la proliferación de centros privados que vulneran los derechos de las personas usuarias y el abandono federal y local para atender a dicha población.
<h2>Prohibición de actividades relacionadas con el mercado ilícito de drogas sintéticas</h2>
Contraria a la idea de soberanía que ha expresado el presidente frente a la relación bilateral con Estados Unidos, esta propuesta de reforma refleja cómo el gobierno de AMLO apuesta a la misma receta fallida y violenta, que parte de una narrativa de terror que ha impulsado nuestro vecino del norte desde hace décadas en territorio mexicano. Si bien elevar a la Constitución la prohibición de las conductas relacionadas con drogas sintéticas sólo afianza el esquema punitivo de legislación secundaria, la propuesta tiene efectos simbólicos y en materia de derechos. La iniciativa cierra puertas para imaginar escenarios de regulación sobre dichas drogas y lo más preocupante, pone en riesgo a personas usuarias de drogas sintéticas y a quienes habitan en territorios controlados por organizaciones dedicadas a su producción.
La justificación de esta iniciativa se centra en el peligro que significa el consumo de sustancias químicas para la salud de las personas, particularmente en un contexto en el que el consumo problemático de metanfetamina se encuentra a la alza. Sin embargo, la exposición de motivos ignora que no existe una política pública sólida de atención por parte del Estado para quienes usan drogas sintéticas ni para quienes tienen dicho tipo de consumo. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Asimismo, constitucionalizar el enfoque de prohibición fortalecería el discurso bélico de la “lucha” contra las drogas, el encarcelamiento de personas que se encuentran en los eslabones más expuestos de la cadena, así como las redes de corrupción para mantener el mercado y las estructuras criminales intactas. Esto, sumado a las violencias por parte de grupos del crimen organizado en la frontera norte y en el centro del país, zonas donde actualmente se disputa el monopolio de la producción de este tipo de sustancias.
<h2>Prisión preventiva para delitos menores de drogas: candado para la amnistía</h2>
Finalmente, otra iniciativa enviada por AMLO propone incluir en el catálogo  del artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa (privación de la libertad automática) los delitos bajo la figura de narcomenudeo, que incluye conductas como: posesión simple, posesión con fines de venta, suministro y comercialización de drogas declaradas ilícitas. Además de reiterar los delitos graves ya contemplados en dicho artículo como transporte o almacenamiento de drogas.
Esta reforma es contraria no sólo a <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_470_esp.pdf">estándares internacionales</a> vinculantes para México, sino a la Ley de Amnistía impulsada por el propio presidente. Más del 90 % de las personas beneficiadas por esta ley estuvieron privadas de la libertad por delitos de drogas. Y el delito de transporte, incorporado en la figura de narcotráfico, fue por el que más personas han obtenido el beneficio. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
La exposición de motivos de esta propuesta es que “el narcomenudeo facilita el consumo en menores de edad”. Sin embargo, esta lógica reproduce la idea de que la prohibición sirve para reducir la oferta de drogas, lo cual no solo es una premisa falsa, sino que las acciones que se han implementado con base en ella han sido demostradas como fallidas. La prohibición crea un mercado ilegal que facilita el acceso a las drogas para las infancias y las y adolescencias, no solamente para su uso sino para insertarse en el mercado. La propia exposición reconoce que solo en 2021 se imputaron a 3,260 adolescentes por el delito de narcomenudeo, pasando por alto las implicaciones que esto tiene para su proyecto de vida. Elevar a rango constitucional el enfoque punitivo de la “guerra contra las drogas” recrudecerá los factores estructurales que castigan a las personas más expuestas del mercado ilícito de todas las drogas, entre estas a las poblaciones más jóvenes.
El peligro que supone la ampliación del catálogo se visibiliza en la experiencia de Karen, quien por su situación de vulnerabilidad se vió forzada a transportar más de un kilogramo de metanfetamina. Karen fue liberada gracias a una ley aprobada por la misma administración que ahora propone cárcel automática a quienes pasen por su situación. La decisión de presentar estas iniciativas es una apuesta franca por darle continuidad al modelo prohibicionista y a sus excesos desde el sistema de justicia penal. Hacemos un llamado a esta legislatura para dejar atrás el populismo punitivo que renace cada período electoral y rechazar de manera contundente estas propuestas que, lejos de traer soluciones, generarán más daños.
* Adriana Muro (<a href="https://twitter.com/adrianawall" target="_blank" rel="noopener">@adrianawall</a>) es abogada y directora ejecutiva de @<a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">ElementaDDHH</a>. Diego Arturo Jiménez Padilla (<a href="https://twitter.com/eldiegojim" target="_blank" rel="noopener">@eldiegojim</a>) es gestor público por el ITESO y asistente de investigación en <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Consejo de la judicatura federal, Instituto federal de la Defensoría Pública,  El combate al punitivismo penal: Informe de libertades obtenidas por amnistía. Diciembre 2022.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Del 2013 al 2022 la demanda de tratamientos por consumos problemáticos de metanfetamina ha tenido un aumento del 451%. Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, CONADIC “<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/835202/Hoja_de_datos_consumo_de_sustancias_2022.pdf" target="_blank" rel="noopener">Hoja de datos, Contexto de la demanda de sustancias ilícitas en 2022-2023 y acciones del Gobierno de México en materia de salud mental y adicciones</a>”. Ciudad de México, 2023.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Elementa DDHH,<a href="https://elementaddhh.org/amnistia-o-condena-el-destino-de-las-personas-privadas-de-la-libertad-por-delitos-de-drogas-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener"> ¿Amnistía o condena? El destino de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas en México</a>, 2022.

Los peligros de constitucionalizar la prohibición de las drogas

La desaparición de personas deja huellas, vacíos,  incertidumbre y miedo en las familias.  El sufrimiento de las madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas buscadoras encuentra una muralla en la indolencia institucional que niega la magnitud del fenómeno: la ausencia de más de 113 mil personas desaparecidas. La ansiedad, el dolor y la angustia que viven quienes buscan a sus familiares por todo el país contrasta con la demagogia empleada por los gobiernos estatales para convencernos de que esta crisis es su prioridad. Sin embargo, la cantidad de recursos que se invierten para atender un problema, sobre todo uno tan demoledor como la desaparición de personas, revelan una sola cosa: esta crisis no está siendo abordada con la seriedad ni con el presupuesto suficiente.
La afirmación es tan contundente como los datos que la respaldan. En 2022, las Comisiones Locales de Búsqueda sólo ejercieron $612.9 millones de pesos, esto es únicamente el 0.02% de los $2.5 billones de pesos gastados por las 32 entidades del país en ese año. Esto representaría que todos los estados del país juntos solo invirtieron 16 pesos al día por cada víctima de desaparición, según los datos al cierre del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) el año pasado. Este es un hallazgo que presentamos en nuestra investigación “<a href="https://elementaddhh.org/en-busqueda-de-presupuesto-la-inversion-de-las-comisiones-locales-de-busqueda-en-2022/" target="_blank" rel="noopener">En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022</a>”, publicada hace unos días, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre los recursos destinados a la búsqueda de personas en México.
Un problema de este tamaño, bien merece el esfuerzo de comparar el presupuesto que le invierten las autoridades estatales y, poniendo en perspectiva los hallazgos, podemos decir que los resultados no son nada alentadores: simplemente el estado de Coahuila invirtió $78.8 millones más en medios de comunicación que todos los estados este tema; Tamaulipas gastó $7.1 millones más en traslados y viáticos que el presupuesto de todas las comisiones locales de búsqueda; dependencias como el Congreso de Quintana Roo y la Secretaría de Gobierno de Guanajuato invirtieron casi 3 veces los recursos que pusieron todos los estados para la búsqueda de personas.
También encontramos que gran parte de ese presupuesto destinado a las Comisiones Locales es realmente transferido y etiquetado desde la federación, lo que implica que es mucho menor el dinero que desde los recursos propiamente estatales se está asignado a la búsqueda. Por ejemplo, en el caso de Baja California se pudo identificar que el 74.9% de los $24.9 millones de pesos ejercidos por la Comisión Estatal de Búsqueda en 2022 provenían de transferencias de la federación. En Veracruz, de los $27.5 millones invertidos, el 74.2% fueron recursos federales. En Michoacán sucedió lo mismo, el 83.8% de los $21 millones provinieron del fondo federal. Esto compromete, en gran medida, las capacidades de las CLB de contar con personal suficiente y especializado para la búsqueda, el análisis de contexto, el procesamiento de información, así como que sus acciones sean sostenibles en el tiempo.
La baja inversión de los presupuestos estatales en estos temas se observa en Comisiones Locales de Búsqueda que operan en la mayoría de los casos sin las capacidades institucionales para  atender el problema. Se refleja también en la ausencia de competencias  para desarrollar políticas de búsqueda coordinadas y eficaces, con metas claras y adecuados procesos de rendición de cuentas en favor de las familias de las víctimas. Muchas de las CLB están enfrentando uno de los problemas más graves y complicados del país en condiciones claras de precariedad presupuestal e institucional.
Aunque la CLB que más presupuesto invirtió en 2022 fue Jalisco, con $111 millones de pesos, y es la entidad con más personas desaparecidas, en general realmente no se observa ninguna relación entre el número de personas desaparecidas y la cantidad de recursos asignados. Esto puede ser un indicador de que los recursos se asignan sin bases que lo sustenten, como podrían ser diagnósticos de necesidades o planes estatales de búsqueda. Además, los presupuestos son completamente dispares entre comisiones; por ejemplo, Sinaloa fue el segundo estado que más presupuesto invirtió pero fue casi tres veces menor al de Jalisco, con menos de $37 millones de pesos. Por su parte, Tamaulipas, el segundo estado con mayor número de personas desaparecidas, solo destinó $1 millón 358 mil pesos, lo que equivale al 1.22% del presupuesto de Jalisco.
En el caso particular de Veracruz identificamos que la ley en materia de desaparición obliga a etiquetar un presupuesto mínimo a la Comisión Estatal de Búsqueda, específicamente el 0.025% de lo estipulado en el presupuesto de egresos. Aunque esta puede parecer una buena práctica, es claramente insuficiente y además fue mal implementada, pues se asignaron $27.5 millones, cuando por lo menos, se debieron asignar $33.9 millones. Este recurso sigue siendo escaso considerando que fue el cuarto estado con mayor presupuesto en 2022 y también la cuarta entidad con mayor  número de personas desaparecidas de acuerdo con el RNPDNO.
Por su parte, recientemente el Congreso del estado de Guanajuato aprobó una serie de reformas a la ley local en materia de búsqueda de personas que incluyó agregar un párrafo al artículo 35 que señala que “los recursos asignados a la Comisión de Búsqueda no podrán ser menores a los del ejercicio fiscal anterior…”. En el contexto de un problema que crece de manera exponencial como la desaparición de personas esta puede parecer una propuesta de sentido común, pero no deja de ser importante que se ponga de manera clara y explícita en la normatividad, con la finalidad de evitar los grandes recortes que han enfrentado algunas de estas dependencias de un año a otro.
La mayoría de los Congresos Estatales se encuentran en estos momentos discutiendo las leyes de ingresos para próximamente aprobar los presupuestos de egresos 2024. Por ello, hace unos días, más de 40 organizaciones y colectivos nos unimos en un <a href="https://elementaddhh.org/pronunciamiento-de-sociedad-civil-sobre-la-falta-de-inversion-en-las-comisiones-locales-de-busqueda/">pronunciamiento conjunto</a> para hacer un llamado urgente a asumir su responsabilidad en este tema y garantizar recursos suficientes para las dependencias encargadas de la búsqueda en el país.
El famoso pretexto de “no hay recursos” es cínico e insuficiente para el tamaño de esta crisis, opciones para aumentar el financiamiento a estas áreas hay muchas y en <a href="https://politicacolectiva.com/informe-en-busqueda-de-presupuesto-la-inversion-de-las-comisiones-locales-de-busqueda-en-2022/">“En Búsqueda de Presupuesto”</a> esbozamos algunas: sobretasa mínima al impuesto sobre nómina, reasignación de subejercicios en ayudas sociales, contribuciones especiales en el cobro de algunos derechos o fijar un porcentaje mínimo para el funcionamiento de estas comisiones.
Para encontrar a todas las personas se necesita más presupuesto y no más pretextos.
* Renata Demichelis (<a href="https://twitter.com/ranademi" target="_blank" rel="noopener">@ranademi</a>) es internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente es Directora para México de <a href="https://twitter.com/ElementaDDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>. Luis Javier Moreno (<a href="https://twitter.com/luisjamb" target="_blank" rel="noopener">@luisjamb</a>) es politólogo y máster en análisis político. Codirector de Política Colectiva.

En búsqueda de presupuesto para las víctimas de desaparición

El 2023 ha sido el año de la “fentanilización” del debate en torno al tráfico de drogas. En general, las instituciones de justicia en Estados Unidos han logrado posicionar su agenda en las narrativas sobre política de drogas, pero también sobre procesos de justicia en México a través de una figura central: la extradición a Estados Unidos de personas acusadas por delitos de drogas.
Desde Elementa DDHH hemos analizado la extradición y los procesos judiciales en Estados Unidos reconociendo las particularidades del contexto binacional, las tensiones políticas alrededor del proceso y sus implicaciones en la búsqueda de justicia, verdad y memoria para las víctimas en nuestro país. Por ello, más allá de la lectura de eventos coyunturales, creemos necesario seguir reflexionando para comprender la política criminal en EUA y su impacto directo en procesos de justicia en México. En este texto analizamos las implicaciones de los dos caminos posibles de quienes enfrentan acusaciones en Estados Unidos: negociar o irse a juicio.
<h2>Negociación: el trueque de la información por libertad y protección</h2>
En julio de 2017, Dámaso López Serrano, el “Mini Lic”, se entregó en EUA dispuesto a negociar. El “Mini Lic”, hijo de Dámaso López Núñez –el aliado más cercano del “Chapo”– y quien, desde la captura de su padre lideró una facción del Cártel de Sinaloa contraria a “Los Chapitos”, enfrentaba una condena por narcotráfico. Además de estos delitos, por los que se declaró culpable, también admitió frente al tribunal haber ordenado al menos 15 asesinatos y 20 secuestros. No obstante, como ninguno de estos crímenes estaba sujeto a juicio, sólo fue condenado por aquellos delitos relacionados al tráfico de drogas.
Después de ser sentenciado, México también abrió un proceso en contra del “Mini Lic” por ser el presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez. Proceso que, en buena medida, ha sido ignorado por las instituciones de justicia en EUA dado que, aunque la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra y luego solicitó su extradición, ésta no procedió y Dámaso fue puesto en libertad anticipada en 2022. Este hecho no solo tiene un impacto familiar y comunitario, sino también a nivel nacional, donde el asesinato de periodistas que reportan sobre el narcotráfico y su relación con estructuras del Estado es un fragmento más de la espiral de violencia sostenido por las redes de macrociminalidad.
Hoy sabemos que la colaboración que le permitió obtener beneficios tales como la protección continua, la reducción en su condena y la posibilidad de esquivar la justicia en México fue y sigue siendo en contra del “Chapo” y “Los Chapitos”. Su proceso es muestra clara de los efectos de una política criminal basada en la prohibición, que se enfoca únicamente en la persecución del mercado declarado ilícito de las drogas e ignora las violaciones a derechos humanos cometidas para el sostenimiento del negocio. Para las víctimas no hay ni justicia, ni verdad. Al contrario, la entrevista publicada por Proceso <a href="#_ftn1">1</a> hace un par de semanas –en la que el “Mini Lic” pronunció su inocencia respecto al asesinato de Javier Valdez, señaló a “Los Chapitos” como los verdaderos responsables y habló de los pagos a Genaro García Luna– es una muestra más del peso que tiene la política sobre la justicia.
<h2>¿Juicio o negociación?</h2>
El momento en el que se encuentra el caso de Ovidio muestra la tensión entre estos dos caminos. Tres días después de su extradición, el 18 de septiembre de 2023 en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Ovidio Guzmán se declaró inocente frente a los cinco cargos por los que fue acusado. Cabe aclarar, ninguno de éstos hace referencia al mercado del fentanilo, sino al tráfico de otras sustancias, lavado de dinero y uso de armas. Luego, el pasado 17 de noviembre, se presentó a una audiencia preliminar en Chicago para determinar si se iría a juicio o no, en la que no se llegó a una determinación pues su defensa pidió más tiempo para analizar pruebas. La fecha acordada para una nueva audiencia es hasta el 18 de marzo de 2024. Hasta entonces, seguiremos sin saber qué hará Ovidio.
Lo que sí sabemos es que Ovidio tiene dos opciones: seguir los pasos de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán e ir a juicio y, probablemente, cumplir una condena en una cárcel de alta seguridad;  o, por otro lado, seguir el camino del “Mini Lic” y muchos otros: negociar con las autoridades para compartir información y conseguir beneficios. Vale la pena resaltar que en Estados Unidos, desde hace 20 años, menos del 2 % de los casos se van a juicio. <a href="#_ftn2">2</a>
De cualquier modo, según avance el caso, es importante considerar tres puntos que obstaculizan el derecho a la justicia y verdad:
<h2>Tres obstáculos para la verdad</h2>
<ul>
<li>La política criminal de Estados Unidos, ejecutada en gran medida por las autoridades mexicanas, impide el acceso a la justicia, verdad y memoria de las víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro país. El respeto a los acuerdos alcanzados por las autoridades de EUA con las personas acusadas es indispensable para mantener el poder de negociación. A pesar de que la FGR dice haber solicitado la extradición de Dámaso para juzgarlo por el asesinato de Javier Valdez, el “Mini Lic” continuará en territorio estadounidense bajo la protección de sus autoridades como testigo e informante de las actividades de “Los Chapitos”.</li>
<li>La justicia criminal en Estados Unidos está pautada por intereses políticos. Las tensiones interinstitucionales –por ejemplo, entre diferentes Cortes que acusan a una misma persona– y las conveniencias personales, juegan un papel fundamental para delimitar los tiempos y formas de los procesos judiciales. Además, se prioriza la negociación con los acusados para obtener información y capturar a otras personas sobre la búsqueda de justicia.</li>
<li>El discurso prohibicionista genera un impacto directo en las comunidades ya afectadas por la violencia criminal. Tras la extradición de Ovidio y las declaraciones del Departamento de Justicia de EEUU en contra de los productores de fentanilo, se han encontrado narcomantas firmadas por el Cártel de Sinaloa que advierten sobre las consecuencias de vender y consumir fentanilo. También se han reportado desapariciones ligadas al tráfico de sustancias en estados como Sinaloa y Baja California, en donde se sospecha que el alza de violencia está directamente relacionada con la persecución detrás del fentanilo.</li>
</ul>
Estos procesos son muestra clara de que las acciones para la justicia se forjan a partir de intereses políticos, particularmente desde la política criminal de Estados Unidos y no desde los derechos de las víctimas. Por ello es importante seguir el proceso de Ovidio al margen de la “fentanilización” y al tanto de la politización del proceso. Mientras los juicios y negociaciones políticas sigan tejiendo la memoria de la violencia en México, la construcción de otras narrativas está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad como sociedad civil cuestionar los procesos de justicia.
* Paulina Covarrubias (<a href="https://twitter.com/paulinacova_">@paulinacova_</a>) es licenciada en relaciones multiculturales. Actualmente es Oficial de Programas en Noria Research MXCA y consultora para <a href="https://twitter.com/ElementaDDHH">@ElementaDDHH</a>. Renata Demichelis (<a href="https://twitter.com/ranademi">@ranademi</a>) es internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente es Directora para México de <a href="https://twitter.com/ElementaDDHH">@ElementaDDHH</a>.
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<a href="#_ftnref1">1</a>  Luis Chaparro, “Las disputas en el Cártel de Sinaloa, los millones para García Luna, el apoyo a Peña Nieto, el asesinato de Javier Valdez…”, Proceso, V, año 46, septiembre 2023.
<a href="#_ftnref2">2</a> Información del 2021, obtenida de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos. Disponible <a href="https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2022/FY21_Overview_Federal_Criminal_Cases.pdf">aquí</a>.

Del MiniLic a Ovidio: reflexiones sobre los juicios en Estados Unidos

En México hay 88,172 personas privadas de la libertad sin sentencia, sin que se les haya demostrado ser culpables. De estas, <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">el 50.2 % se</a><a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener"> encuentran </a><a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2023_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">en prisión preventiva oficiosa</a> o automática (PPO).
Muy a pesar de la <a href="https://www.animalpolitico.com/2022/09/eliminar-prision-preventiva-oficiosa-amlo-corte-chicanada" target="_blank" rel="noopener">férrea defensa que desde presidencia</a> se ha hecho de la PPO, presumiendo aumento de personas privadas de la libertad como un indicador de éxito en materia de seguridad, se han venido configurando condiciones que apuntan a su eliminación de nuestro marco jurídico. Lo celebramos en tanto no es una apuesta por la impunidad, sino por la justicia. En un país donde los indicadores nos reiteran lo que todxs sabemos -que hay fabricación de culpables para crear una falsa percepción de combate a la criminalidad- <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> tenemos la obligación de desmentir que el número de personas privadas de la libertad sea un reflejo de la eficacia de la estrategia de seguridad. Tampoco podemos permitir que el punitivismo continúe como una política de Estado que se vende como una supuesta solución a los problemas de inseguridad y violencia. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Sin embargo, la lógica de quienes apoyan la PPO es que garantiza la disminución de la incidencia delictiva y se combate la impunidad. Esto cada vez tiene menos de qué sostenerse, tambalea y expone su necesaria desaparición.
En 2019, cuando se reformó la Constitución para incorporar nuevos delitos a los que se les podría aplicar presión automática, también se aprobó que el Legislativo tendría que hacer la evaluación del funcionamiento de la figura de prisión preventiva oficiosa para determinar su continuidad. En ese sentido, el <a href="https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/3962-crece-poblacion-penitenciaria-del-pais-senala-estudio-del-ibd" target="_blank" rel="noopener">Instituto Belisario Domínguez del Senado </a> realizó el año pasado una investigación sobre los primeros resultados en su aplicación, concluyendo que no existe evidencia que compruebe la efectividad de la PPO para disminuir la incidencia delictiva. El mismo estudio señala que como resultado de la reforma, se disparó el número de personas privadas de la libertad por tales delitos, sin embargo la incidencia delictiva también aumentó. El Poder Legislativo conoce de esta situación y en lugar de buscar solventar el gran daño que han propiciado, se han atrevido a buscar incorporar más delitos que refuercen la prisión preventiva oficiosa.
Mientras todo esto sucede a nivel nacional, desde instancias internacionales se han hecho condenas en contra de esta práctica mexicana por ser violatoria a derechos humanos. En su más reciente <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_482_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">resolución contra el Estado mexicano</a>, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos de libertad, presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que ordenó al Estado mexicano a hacer modificaciones constitucionales para armonizar la legislación y proteger a las personas. En consecuencia, desde el Poder Judicial se ha retomado la jurisprudencia interamericana para incorporar los principios más protectores de derechos que encuentran inconvencional a la PPO, y por tanto que no debiera ser aplicable.
Así lo hizo el <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027280" target="_blank" rel="noopener">Pleno Regional Centro Norte</a> en una resolución judicial que entró en vigor hace un mes. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Determinó que en los casos en que una persona a la que se la haya impuesto PPO reclame dicha medida cautelar, la persona juzgadora deberá otorgarle el amparo y ordenar que se analice su caso para establecer una alternativa menos perjudicial. Es decir, en lugar de determinar prisión automática se podría imponer medidas como la presentación periódica, la colocación de localizadores electrónicos o el resguardo en su propio domicilio. Esto, sin descartar la prisión preventiva pero que, a diferencia de la automática, deberá ser justificada.
No es que desde el Poder Judicial se quiera liberar a muchas personas como parte de un pacto de impunidad o por actos de corrupción como acusa el presidente, sino el corregir lo que desde el Poder Ejecutivo y los Ministerios Públicos hacen mal al exigir medidas injustificadas y arbitrarias. En el día a día, la prisión preventiva oficiosa sólo alienta a que las autoridades encargadas no cumplan con sus obligaciones de investigar y demostrar que en efecto hay responsabilidad criminal o de daño social.
Desde la perspectiva de la política de drogas se puede celebrar este criterio adoptado por el Pleno porque implica que menos personas relacionadas con delitos menores <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> estarán en prisión sin elementos que lo justifiquen. Más aún en el caso de aquellas conductas que de entrada, no debieran ser consideradas como delitos por no generar daños o violencia, sino que están más asociadas a una elección personal de consumir alguna sustancia. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
Al respecto, los datos del último Censo del Sistema Penitenciario son contundentes: se mete a prisión con mayor facilidad a las personas que cometen delitos menores que no tienen nada que ver con las grandes redes de criminalidad asociadas al tráfico de drogas y detonación de violencia. En el país son 2,225 personas acusadas de delitos menores de drogas que están en prisión preventiva oficiosa. En contraste, hay 1,767 personas en PPO por todas las conductas asociadas al narcotráfico (por producción, transporte, tráfico, comercio y posesión de grandes cantidades de sustancias que podríamos presumir que sí pueden generar problemas sociales).
Para entender mejor la cuestión de cómo se aplica la prisión preventiva oficiosa con mayor medida en las personas que no están involucradas en delitos mayores como el narcotráfico, es esencial hacer un acercamiento específico en la posesión simple, delito menor que está asociado al consumo y que no supone un riesgo evidente. Si hacemos un comparativo y representamos esta información en un gráfico, encontramos que la cantidad de personas en prisión preventiva oficiosa por el delito menor de posesión simple supera el 50 % de la cifra total de personas en la misma situación pero por todos los delitos acumulados relacionados con el narcotráfico.
<figure id="attachment_1338052" aria-describedby="caption-attachment-1338052" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1338052" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/personas-en-prision-preventiva-oficiosa-por-delitos-de-drogas.jpg" alt="Gráfica con datos de las personas en prisión preventiva oficiosa por delitos de drogas. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/personas-en-prision-preventiva-oficiosa-por-delitos-de-drogas.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/personas-en-prision-preventiva-oficiosa-por-delitos-de-drogas-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/personas-en-prision-preventiva-oficiosa-por-delitos-de-drogas-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/10/personas-en-prision-preventiva-oficiosa-por-delitos-de-drogas-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1338052" class="wp-caption-text">Elaboración propia con datos del Censo del Sistema Penitenciario 2023, INEGI.</figcaption></figure>
Observamos entonces que los delitos menores, incluyendo la posesión simple, que no generan víctimas o no están vinculados a la violencia, son aquellas que las autoridades utilizan para mostrar números que les permitan presumir que están combatiendo la inseguridad, pero sin realmente hacerlo. Frente a ello, en la mitad del país que comprende al Pleno Regional Centro-Norte, se va a empezar a aplicar un nuevo criterio que podría remediar estos excesos y abusos de la autoridad, aunque sin ser suficiente.
Como la aplicación de las leyes no puede ser desigual, eventualmente esta situación tendrá que ser analizada en la Suprema Corte de Justicia para así determinar cuál es el camino que deberá seguir el sistema judicial en este tema, en tanto se determina qué hacer con la Constitución. Una reforma legislativa es inminente y ojalá las y los legisladores asuman su responsabilidad y no demoren en borrar del marco jurídico dicha figura tan abusiva, discriminatoria y violatoria de derechos.
La prisión preventiva oficiosa no funciona, pero sí criminaliza a las personas que menos o nada tienen que ver con la violencia y la inseguridad. Más prisión no significa más justicia, en muchos de los casos es justo lo opuesto.
* ISAÍAS PABLO TOLENTINO (<a href="https://twitter.com/ispabt" target="_blank" rel="noopener">@ispabt</a>) es internacionalista por la UNAM e investigador de política de drogas en <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> 56.2 % de las personas encarceladas indica que la razón por la que se encuentran privadas de la libertad es porque se le acusó falsamente de cometer un delito. Intersecta, <a href="https://bitly.ws/Yx8z" target="_blank" rel="noopener">Los problemas con la prisión preventiva oficiosa</a>, 2022.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Incluso la PPO abre la posibilidad de violencia en contra de las propias personas detenidas.  64.5 % del total de personas privadas de la libertad vivieron algún tipo de violencia durante su detención, esta prevalencia de violencia es mayor cuando se les imputan delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Intersecta, <a href="https://bitly.ws/Yx8z" target="_blank" rel="noopener">Los problemas con la prisión preventiva oficiosa, 2022</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> En el caso García Rodríguez y otro vs. México analizó el caso de dos personas que estuvieron en prisión preventiva oficiosa por 17 años.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> La jurisdicción del Pleno Regional Centro Norte comprende la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Por delitos menores se entiende a aquellas conductas que, de acuerdo al artículo 479 de la Ley General de Salud, se clasifican como narcomenudeo: suministro, comercio, posesión con fines de venta, y posesión simple de una cantidad de droga bastante pequeña que no representa alguna amenaza a la seguridad o salud pública. Ver Elementa, <a href="https://bitly.ws/WgSF" target="_blank" rel="noopener">Prisión por posesión</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> La posesión simple es cuando se identifica que una persona tiene alguna droga entre sus pertenencias y que no se puede determinar cuál es el uso que tendrá y que usualmente es para consumo personal.

La inevitable y necesaria eliminación de la prisión preventiva oficiosa

Durante septiembre, en el marco de la 54° sesión del Consejo de Derechos Humanos, se presentó <a href="https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5453-human-rights-challenges-addressing-and-countering-all-aspects" target="_blank" rel="noopener">el primer informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) relacionado con la política de drogas y los desafíos en materia de derechos humanos.</a> Más de<a href="https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-ohchrs-report-human-rights-challenges-addressing-and-countering"> 100 intervenciones</a> enviadas por parte de la sociedad civil evidenciaron los impactos que el sistema de prohibición ha tenido en la vida de miles de personas alrededor del mundo, tanto en países productores como en países de tráfico y uso de sustancias psicoactivas. Desde Elementa presentamos información sobre los efectos de dicho sistema en México y Colombia.
Este informe solicitado por el propio Consejo es un hecho histórico, pues durante décadas en el escenario de Naciones Unidas la política de drogas se gestó y afianzó en la Comisión de Estupefacientes en Viena, apartada y lejana de los debates en los mecanismos convencionales y procedimientos especiales en materia de derechos humanos que tienen lugar en Ginebra.
Si bien el informe entiende el “problema mundial de las drogas” como eje de análisis y no el sistema de prohibición vigente, el ACNUDH reconoce desde el inicio que “si bien el objetivo inicial del sistema de fiscalización de drogas se centró en proteger la salud y el bienestar de la humanidad, la política actual ha adoptado un enfoque punitivo que ha tenido consecuencias en los derechos humanos”. Esta primera afirmación es fundamental pues apunta a los daños que ha generado este sistema, parte del andamiaje internacional.
Lo anterior es claro en el desarrollo de las temáticas abordadas en el informe. Resalta el acceso insuficiente y desigual al tratamiento y a los servicios de reducción del daño y el efecto en la salud de quienes usan drogas. El ACNUDH visibilizó en su análisis las prácticas de tratamientos involuntarios, la falta de acceso de servicios para personas privadas de la libertad, los retos que enfrentan las personas que usan drogas inyectables, el acceso efectivo a cuidados paliativos, entre otras cuestiones.
Otro tema que marcó la relevancia del informe y que impacta la situación que se vive en México es la militarización de la fiscalización de las drogas. El informe considera que esta estrategia ha permitido una rápida escalada del uso de la fuerza letal y ha facilitado la comisión de múltiples y graves violaciones a derechos humanos. El informe reconoce el contexto de impunidad y corrupción que rodea la militarización de la “lucha contra el problema mundial de las drogas” y el impacto que tiene en población en situación de pobreza y otras vulnerabilidades. Además de reconocer su fracaso, ya que dicha estrategia no ha conseguido evitar ni la producción ni el uso de drogas.
De igual forma, el ACNUDH analiza los impactos del encarcelamiento excesivo en las cárceles por delitos de drogas, el uso de la pena de muerte en algunos países para este tipo de delitos y los impactos diferenciados que la política de drogas tiene en las infancias, la población indígena, la población afrodescendiente y las mujeres.
El informe también destaca elementos positivos como la construcción, por vez primera, de una observación general sobre política de drogas en cabeza del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dará paso a estándares más sólidos desde el derecho internacional de los derechos humanos en favor de población cultivadora y población usuaria de drogas.
Sobre los países donde Elementa trabaja, la rendición de cuentas que presenta el informe nos deja un sabor agridulce respecto a la consideración de avances en la materia. En el caso colombiano nos alegra que destaque la incorporación de la política de drogas en el Acuerdo de paz después de décadas de conflicto armado y que la Comisión de la Verdad reconoció que el narcotráfico es un elemento de persistencia del mismo, pues reconoce la importancia la utilización de mecanismos de justicia transicional para entender los impactos de la prohibición, así como la conexión entre el mercado ilícito de drogas y las violencias derivadas del conflicto. Sin embargo, nos extraña que en el caso de México se incorporara el proceso de regulación de cannabis como un paso adelante, cuando el proceso legislativo está congelado hace más de un año. También preocupa que se presente la “justicia terapéutica” como un avance. Esto a pesar de ser una práctica que condiciona a las personas usuarias a someterse a un tratamiento para no ir a la cárcel y el cual no diferencia entre tipos de uso.
Por otro lado, el informe plasma recomendaciones muy poderosas que abren la puerta a mantener el debate en Ginebra y a impulsar desde la sociedad civil y los países comprometidos con el cambio de paradigma un debate serio en materia de derechos humanos en marzo de 2024 en la Comisión de Estupefacientes en Viena. Entre estas resaltan adoptar alternativas a la penalización, revisar las condenas existentes y en caso de mantener la penalización identificar factores atenuantes. El cumplimiento de esta recomendación podría beneficiar a miles de personas privadas de la libertad por delitos menores de drogas. Otra recomendación por parte del ACNUDH se enmarca en un escenario de regulación, pues propone “tomar el control de los mercados ilegales de drogas y adoptar una normativa responsable que elimine los beneficios derivados del tráfico ilícito, la delincuencia y la violencia.” Sin duda, diseñar modelos de regulación de uso adulto por sustancia, puede ser un freno de mano al sistema de prohibición y las violencias que genera.
Finalmente, el informe a modo de recomendación, prende alertas en torno a la asistencia financiera y técnica que algunos países prestan para llevar a cabo operaciones de “lucha contra las drogas”. Al respecto señala que esta asistencia no puede traer aparejado el riesgo de contribuir a violaciones a derechos humanos. En el caso de países como Colombia y México esta recomendación es muy importante, pues durante años los acuerdos bilaterales, los recursos y la capacitación militar por parte de Estados Unidos han contribuido a las crisis de derechos humanos relacionadas con el mercado ilícito de drogas en ambos países.
El ACNUDH abre una puerta única de diálogo entre Viena y Ginebra, entre la política de fiscalización de drogas y el respeto y la garantía de los derechos humanos. Desde Elementa impulsaremos estos debates entre espacios de Naciones Unidas, entre el movimiento de reforma y el movimiento de víctimas, con el fin de encontrar pisos en común y dar pasos firmes hacia una nueva forma de relacionarnos con las drogas.
* Adriana Muro Polo (<a href="https://twitter.com/adrianawall" target="_blank" rel="noopener">@adrianawall</a>) es directora ejecutiva de <a href="https://twitter.com/ElementaDDHH" target="_blank" rel="noopener">@ELEMENTADDHH</a>.

La política de drogas es un asunto de derechos humanos

La marcas del dolor nunca van desaparecer 
pero la verdad
la justicia
la reparación
la paz 
harán posible transitar del dolor
 hacia una vida con dignidad
 
 A estas alturas del camino, mejor dicho, del sexenio, el compromiso de la autodenominada cuarta transformación de “pacificar” al país, proveer justicia a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y acabar con la impunidad no sólo ha quedado diluido, sino que ha tomado un giro inesperado. Desde el Estado se ha optado por negar y minimizar la problemática de desaparición de personas en México. La falta de certeza sobre dónde están y qué pasó con las personas desaparecidas se profundiza aceleradamente mientras el camino para encontrarles se ha vuelto difuso, pues aunque se ha creado institucionalidad y mecanismos para atender esta problemática, han sido poco efectivos e insuficientes.
Desde 2018, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre cambiar el paradigma de seguridad pública y darle paso a la construcción de paz a través de la adopción de modelos de justicia transicional sonaba razonable, sobre todo para las familias y colectivos que están buscando desde hace más de veinte años. Su narrativa nos sedujo y creó altas expectativas sobre lo que pudo ser en términos de detener la violencia, las desapariciones y resolver los temas que en sexenios pasados no se atendieron. Sin embargo, esas expectativas se esfumaron luego de ver cómo la propuesta de paz que se implementó está cimentada bajo una lógica securitaria. Es decir, el proyecto está atado a la continuidad en la estrategia de militarización del país. Así, el proceso de &#8220;pacificación” se aborda desde una perspectiva de seguridad y no desde un enfoque de derechos humanos.
No es cosa menor que sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que tiene a su cargo la implementación de este proceso, que incluye programas de reconstrucción del tejido social con intervenciones locales en territorios específicos, prevención de adicciones, entrega de pensiones y programas sociales y, por supuesto, los operativos antidrogas que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad son complementarios a <a href="https://www.gob.mx/sspc/documentos/cuarto-informe-de-la-estrategia-nacional-de-seguridad-publica-334434" target="_blank" rel="noopener">“las acciones de prevención y atención a las causas estructurales de la violencia (sic)”</a>. Por ello, no deja de ser paradójico que aunque en este sexenio se declaró oficialmente &#8220;el final&#8221; de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la política de seguridad con enfoque bélico continúe y tenga mayor alcance al amparo de las dinámicas criminales que siguen causando estragos en la sociedad mexicana.
La falta de reconocimiento pleno sobre las implicaciones que tiene esta ola de violencia, producto de la confluencia entre grupos del narcotráfico y el Estado, permite que la desaparición de personas siga ocurriendo de manera sistemática y generalizada como un método de control socioeconómico. Es precisamente esto lo que ha orillado a los familiares de personas desaparecidas a actuar por iniciativa propia, a buscar alternativas para detener la desaparición que se ha vuelto una práctica cotidiana, frente a la cual la promesa de pacificación que hizo el presidente resulta contradictoria y no incluye explícitamente las demandas de las víctimas y familiares de personas desaparecidas.
Prueba de ello es<a href="https://es.scribd.com/document/648972007/Carta-Pacto-Carteles-Eliminar-Desaparecidos" target="_blank" rel="noopener"> la carta</a> -dirigida a los líderes de los cárteles mexicanos- en la que madres buscadoras de Tamaulipas han expuesto cómo identifican que quienes nos gobiernan se han dedicado a ‘fabricar’ operaciones y acciones justificando el combate a la inseguridad, invirtiendo miles de millones de pesos sin resultados contundentes. Consideran que el despliegue de fuerzas armadas en el país es un pretexto para mantener una guerra que narrativamente se terminó, pero en los hechos se mantiene feroz y compleja desdibujando cada vez más las fronteras de los perpetradores de la desaparición y haciendo evidente que vivimos en un contexto de vidas desechables y necropolítica.
La carta, además de hacer una especie de diagnóstico sobre las causas de la desaparición, es un llamado del colectivo Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas a grupos del narcotráfico para llegar a un <a href="https://aristeguinoticias.com/2805/mexico/pide-activista-a-carteles-un-pacto-social-para-erradicar-desapariciones/">“</a><a href="https://aristeguinoticias.com/2805/mexico/pide-activista-a-carteles-un-pacto-social-para-erradicar-desapariciones/" target="_blank" rel="noopener">acuerdo de paz y erradicación de la desaparición y la desaparición forzadas de personas”</a>. Lo primero que quisiera rescatar es la claridad con la que las mujeres buscadoras analizan, ven y nombran a la desaparición. Por otro lado, me quedaron resonando algunas preguntas que quisiera plantear acá sin fines exhaustivos, sino para colectivizar la reflexión: ¿A quién le toca construir la paz? ¿Qué paz necesitamos? ¿Qué paz queremos? ¿Los pactos o negociaciones con cárteles son un camino para la paz? ¿Estamos en un momento político oportuno para abrirnos al diálogo con estos grupos criminales?
Es importante enmarcar que este llamado se da en un contexto donde la búsqueda de personas desaparecidas se ha vuelto una actividad de riesgo: <a href="https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/5/10/exigen-seguridad-en-dia-de-las-madres-sexenio-de-amlo-suma-feminicidios-de-buscadoras-761589.html">e</a><a href="https://www.radioformula.com.mx/nacional/2023/5/10/exigen-seguridad-en-dia-de-las-madres-sexenio-de-amlo-suma-feminicidios-de-buscadoras-761589.html" target="_blank" rel="noopener">n lo que va del sexenio han sido asesinadas 12 familiares de víctimas de desaparición, de las cuales 8 eran madres buscadoras</a>; aunado a la falta de vías efectivas de comunicación, seguimiento y atención a las víctimas de desaparición y sus familiares por parte de las autoridades competentes. Ante la negativa del Ejecutivo federal de escuchar de primera mano las necesidades y demandas de las madres buscadoras, han tenido que redirigir sus esfuerzos. En ese sentido, este acuerdo de paz o “pacto social” significa una acción urgente de buscar respuestas de los otros actores involucrados.
De ahí su relevancia, pues abrió la posibilidad de establecer canales de comunicación con esa figura que en abstracto conocemos como cárteles, pero de cuya presencia y operación tenemos pocas certezas. Delia Quiroa, activista y miembro del colectivo de búsqueda Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, se ha referido a esta propuesta de pacto<a href="https://elpais.com/mexico/2023-07-12/las-madres-buscadoras-que-negocian-con-el-narco-para-encontrar-a-sus-desaparecidos-en-mexico.html" target="_blank" rel="noopener"> “como un acto desesperado”</a>; sin embargo, desde lo personal considero que va más allá. Lejos de juzgarlo de “bueno” o “malo” me parece legítimo y una forma de llamar la atención sobre lo que el Estado mexicano no ha podido hacer: hablar sobre la posibilidad de transitar de un escenario de confrontación y violencia hacia un proceso de negociación que nos lleve a la paz. No perdamos de vista que la paz, al igual que la verdad y la memoria, se construyen con base en las distintas vivencias y perspectivas que tienen los actores implicados de un mismo hecho, teniendo siempre la experiencia de las víctimas al centro.
Lo que está impulsando el sexenio actual, desde la maquinaria institucional, solamente tiene una visión de cómo tendría que ser esa paz, no la pone a consideración de las víctimas, no la problematiza, la adapta o la confronta con las partes involucradas. Por su parte, el camino que han tomado madres buscadoras para solicitar a los cárteles que detengan las desapariciones y les permitan buscar ha resonado en otros estados del país, en otros colectivos y llegó a oídos del ejecutivo federal, quien dijo estar de acuerdo con la propuesta del “pacto de paz”.
Aunque no lo suscribió de manera formal, el presidente sí aseguró que le parecía importante reconocer el llamado que estaban haciendo activistas y madres buscadoras. Ante estas declaraciones, uno de los grupos a quien se dirigió la carta, el Cártel del Noreste (CDN) anunció mediante <a href="https://twitter.com/DemonioTtv/status/1672094461474615297?s=20" target="_blank" rel="noopener">un vídeo que circuló en redes sociales</a> que aceptaba el pacto solicitado, entendido “no como un acto de debilidad sino como una acción para buscar la paz y el bienestar en México (sic), pues siempre hay salida para los que no quieren usar la violencia”. En dos minutos y medio, y en voz de quien podemos asumir es el vocero, el cártel expone que conocen la situación de la violencia que vive el país y según su postura, también consideran que es momento de pensar en la paz y en que la población mexicana se puede beneficiar de una ley de justicia transicional.
Dicha respuesta me lleva a pensar, de nuevo, sobre los cómos y quiénes están llamados a construir la paz. Finalmente el CDN no sólo aceptó el pacto, sino que planteó una pregunta fundamental que podría sentar un precedente sobre las herramientas que necesitaríamos impulsar para que verdaderamente podamos hablar de una paz efectiva: ¿Cuáles serán los mecanismos jurídicos para que como grupos (criminales) tengan la certeza y seguridad de que los acuerdos y treguas de paz se van a respetar? Ni siquiera hemos podido resolver preguntas tan básicas sobre qué es la paz y cómo queremos alcanzarla y un cártel ha puesto el dedo en el reglón sobre la necesidad de incluirles en esta discusión. Nos guste o no, esté dentro de nuestros parámetros moralmente aceptables o no, debemos asumir que sin la participación de todos: perpetradores, víctimas, funcionarios, sociedad, quizá nos sea mucho más difícil transitar del contexto actual de violencia y desapariciones a una eventual tregua que nos permita caminar con más claridad hacia un escenario de paz.
Si el gobierno actual se abriera a la posibilidad del diálogo, por lo menos dejaría de administrar sólo el dolor de miles de familias y madres que buscan a sus seres queridos. El dolor está desbordado, ya no cabe en tantas fotografías, tantos montes, tantas fosas. Ya no es viable como política de Estado. Y quizá las marcas del dolor nunca van a desaparecer, pero la verdad, la justicia, la reparación y la paz harán posible transitar del dolor hacia un vida con dignidad.
* Olimpia Martínez Ramírez (<a href="https://twitter.com/olimpia_libre" target="_blank" rel="noopener">@olimpia_libre</a>) es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la defensa y promoción de derechos humanos. Feminista y acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente colabora como investigadora en <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.

¿Los pactos o negociaciones con cárteles son un camino para la paz?

Hace poco más de un año, en mayo de 2022, México llegó a la escalofriante cifra oficial de 100 mil personas desaparecidas. Hoy, 14 meses después, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señala que existen 110,947 personas desaparecidas. Aunque el discurso oficial insiste en que este, como muchos otros problemas vigentes, son “cosa del pasado”, la realidad es evidente y la negación es indolente e irresponsable.
Frente a esta crisis que, sí, viene del pasado, pero continúa y se agrava día con día, los movimientos de familias -tanto a nivel nacional como local- han impulsado todos los cambios y avances en políticas públicas en la materia. La Ley General en materia de desaparición es un ejemplo muy claro, aunque no el único. Las acciones de búsqueda, de memoria, de verdad e incluso de investigación y justicia han sido y siguen siendo impulsadas desde los familiares de personas desaparecidas. Los saberes que en ese camino las familias han desarrollado se han institucionalizado poco a poco. Por ello, además de que la participación es un derecho, ningún proceso o acción llevada a cabo sin las familias es legítimo.
En los últimos años hemos visto procesos participativos dignos de replicarse. Bajo la consigna “sin las familias, no”, la participación ciudadana en la construcción de leyes e instituciones ha sido fundamental. Más allá de ejercer un derecho, las familias han logrado traducir sus conocimientos, experiencias y principales obstáculos en atribuciones y obligaciones para las autoridades. Sin embargo, a más de 5 años de la entrada en vigor de la Ley General, todavía hay una deuda pendiente: la armonización legislativa a nivel local en 12 estados del país (Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán).
Con más de 14 mil personas desaparecidas y después de muchos años de exigir un marco normativo que sea adecuado para el contexto de Baja California, finalmente hay un proyecto de dictamen en materia de desaparición de personas que está siendo discutido junto con las familias en el Congreso del estado. ¿Cómo se llegó a este punto? Como en muchos otros estados: gracias a la incansable lucha de madres, padres, hermanas, hermanos, tíos, tías, hijos e hijas. Les cuento un poco.
En total se han presentado tres iniciativas en el congreso estatal. La primera, en septiembre de 2020 por el entonces diputado Víctor Manuel Morán Hernández. Sin embargo, el texto no fue consultado con las familias, lo cual fue reclamado. A pesar de haber sido votada y aprobada en comisiones, la XXIII Legislatura concluyó sin que dicha iniciativa fuera discutida en el pleno. En marzo de 2022, el diputado Sergio Moctezuma Martínez López presentó otra iniciativa, la cual únicamente señalaba en su exposición de motivos que el diputado había tenido reuniones y acercamientos con algunos representantes de colectivos. Nada más. Por último, en septiembre de 2022, la diputada María del Rocío Adame Muñoz hizo lo propio. Como respuesta, llegó una ola de críticas frente a una nueva iniciativa presentada sin consulta con las familias. El único movimiento que tuvieron estas iniciativas fue su turno a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional.
Tras más de 5 años de exigencias para tener un proceso legislativo abierto, participativo, plural y transparente, que ponga al centro las necesidades de las familias, finalmente la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional mostró apertura para discutir conjuntamente con las familias las iniciativas vigentes. La Comisión trabajó en un proyecto de dictamen homologado -de las últimas 2 iniciativas presentadas-, el cual fue sometido a consideración de familias, colectivos, academia, organizaciones, organismos internacionales y demás interesados para que enviaran sus propuestas de modificación al proyecto.
Como parte de esa misma consulta, la Comisión convocó a todas las familias y colectivos del estado a participar en mesas de trabajo temáticas junto con personal del Congreso. Así, durante 4 días completos, los pasados 7 al 10 de julio, secretarios, asesores, diputados y diputadas escucharon de propia voz de las víctimas sus propuestas, obstáculos y principales retos en materia de búsqueda de personas, investigación de delitos, presupuesto e identificación humana. Esto, con el objetivo de analizar su viabilidad jurídica e incorporar todo aquello que pueda hacer de la ley en Baja California una de las leyes en materia de desaparición más avanzadas del país.
La participación de las familias fue amplia y plural. Cualquier diferencia que pudiera existir entre ellas se quedó afuera de los Centros Estatales de las Artes, que albergaron las mesas de trabajo. Todo por el objetivo común de tener una ley que refuerce su lucha en la búsqueda por sus desaparecidos. Aunque llegaron con bajas expectativas, pues, como dicen, hasta el momento las autoridades “nos escuchan, pero no hacen nada”, los ánimos al terminar la jornada eran otros. Las expectativas subieron. Por primera vez sus exigencias y necesidades fueron registradas -en una computadora, en una hoja de papel, en un papelógrafo- con el objetivo específico de transformarlas en obligaciones para las autoridades. Algunas de las principales demandas giraron en torno a la nula coordinación entre las autoridades, principalmente de la Fiscalía General del Estado; a la inexistencia de un Plan Estatal de Búsqueda; a la falta de personal suficiente, capacitado y con capacidad de permanencia; a la falta de transparencia en la toma de decisiones y gasto público, y a la necesidad de contar con mecanismos claros de participación de las víctimas en todos los procesos.
Aunque es de reconocerse la seriedad y profesionalismo con la que los funcionarios y funcionarias de la Comisión condujeron las mesas de trabajo, me hizo reflexionar mucho sobre la excepcionalidad con la que se ven involucrados en este tipo de ejercicios. Uno, a mi parecer, muy básico y propio de los representantes del pueblo: el escuchar a sus representados para procurar el respeto y garantía de sus derechos. Lo que vimos en esas mesas de trabajo, tendría que ser el día a día de su actividad legislativa. Sus iniciativas tendrían que ser el reflejo de ello y no responder a agendas políticas personales. La expectativa también está puesta ahí, en que esto se multiplique.
Aunque el sentir de las familias al terminar la jornada era un poco más positivo que al inicio, la desconfianza, basada en su experiencia de ser rechazadas y utilizadas más de una vez, se hizo notar. Sin duda, no están dispuestas a avalar una simulación. Por ello, las familias presentes exigieron, al momento, acordar cómo sería el seguimiento a la incorporación de sus propuestas. “Nada nos asegura que sí vayan a poner todo lo que les dijimos” fue una frase que se escuchó una y otra vez. En común acuerdo con la diputada Adame se creó un Comité Estatal de Seguimiento, el cual está conformado por familias de todos los municipios y deberá reunirse periódicamente con la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para reportar sobre los avances en la elaboración del dictamen final. Su funcionamiento será la primera prueba para la Comisión legislativa de lo que este proceso significa.
La responsabilidad ahora más que nunca está en cancha del legislativo y no es cosa menor. Tienen una oportunidad enorme de sentar precedente, de convertirse en una de esas experiencias participativas dignas de replicarse, de adoptar los estándares más altos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y todos los temas que atraviesan la atención y prevención de la desaparición de personas. Desde Elementa seguiremos expectantes y vigilantes, acompañando y resistiendo con las familias hasta que esa deuda sea saldada.
* Renata Demichelis Ávila (<a href="https://twitter.com/ranademi" target="_blank" rel="noopener">@ranademi</a>) es Directora para México de <a href="https://twitter.com/ELEMENTADDHH" target="_blank" rel="noopener">@ElementaDDHH</a>.

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