Ahora que la educación tiene atención… ¿y el recurso para la formación docente?
Durante semanas, la educación volvió a ocupar titulares. No por sus resultados ni por sus desafíos estructurales, sino por un conflicto interno en la Secretaría de Educación Pública. Las redes sociales hicieron lo suyo: amplificaron el enfrentamiento, multiplicaron versiones y convirtieron el tema en tendencia.
La salida del director general de Materiales Educativos dio pie a la discusión sobre la necesidad de cambiar o mantener el contenido de los libros de texto. Se analizó quién respondió a quién, quién llegó a dónde y cómo se van los que se fueron. En fin, se polarizó la conversación.
Pero en medio de todo ese ruido, y aprovechándome del impulso mediático del tema, vale la pena plantear una pregunta de fondo: ¿se habló de lo realmente importante?
Los libros de texto son herramientas, no enseñan por sí mismos. Así como en la música los instrumentos no producen melodías ni ritmos por sí solos, en el aula ocurre lo mismo: son las maestras y los maestros quienes convierten un libro en aprendizaje. El libro no educa, educa el docente.
Y, sin embargo, mientras el debate giraba en torno al contenido de los materiales, casi nadie habló del respaldo que tiene el magisterio para formarse, actualizarse y sostener las transformaciones que se le exigen. Porque ese tema no genera clics, no polariza, no viraliza, pero sí determina el futuro de millones de estudiantes.
Y es aquí donde introduzco un tema para ilustrar cómo los aspectos relevantes los hemos dejado de lado. El 1 de enero de 2026 entró en vigor el Presupuesto de Egresos de la Federación (SHCP, 2025a), en el que se presenta una cifra que, aun cuando fue advertida en su momento, pasó inadvertida: el presupuesto para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) no registró un crecimiento sustantivo.
Los recursos destinados a este Programa, aquel del que dependen los procesos de formación y profesionalización de las y los maestros, confirmaron lo que ya se venía señalando: si bien existe un incremento marginal respecto al año anterior, se mantiene una tendencia de erosión presupuestal que consolida una reducción histórica en esta materia.
Para ponerlo en términos más claros y evitar que las cifras, por su magnitud, pierdan significado, el monto presupuestado equivaldría, si se distribuyera entre cada docente, a aproximadamente 92 pesos anuales por maestra o maestro en educación básica y a cerca de 77 pesos por docente al año en educación media superior. Es decir, menos de lo que cuesta una comida sencilla, un cuaderno o el transporte de una semana al trabajo.
Si esto no fuera suficientemente alarmante, se encuentra también que el presupuesto vinculado directamente a los procesos profesionalizantes de la carrera docente (conocido coloquialmente como USICAMM) se encuentra en su nivel más bajo en la última década, con una reducción nominal del 99 % con respecto a 2016, año en que operó el Servicio Profesional Docente que fue producto de la reforma del 2013.
Con esas cantidades y esa tendencia presupuestal no se construye un sistema sólido de actualización pedagógica y no se puede hablar de una “nueva carrera docente”, no se fortalece la práctica docente y no se acompaña una reforma curricular.
Lo lamentable es que en 2025, ante alertas sobre el bajo financiamiento para la formación docente, el propio Congreso habló de revisar el presupuesto (Mexicanos Primero, 2025). Pero el monto aprobado para 2026 se mantuvo sin modificación (SHCP, 2025a; SHCP, 2025b). La revisión no se tradujo en un incremento presupuestal. El problema fue advertido por diversos sectores y reconocido por el Congreso, pero la corrección no llegó.
Dado este escenario resulta paradójico observar que, mientras la Nueva Escuela Mexicana, la consolidación del Bachillerato Nacional y la promesa de una nueva carrera docente implican transformaciones profundas en los enfoques y metodologías educativas, así como mejores oportunidades para las y los docentes, la inversión en el desarrollo profesional docente se mantiene en un piso históricamente bajo.
Es preocupante el silencio que se guarda ante esta reducción. Es alarmante que, como sistema educativo, no exista una vigilancia crítica sobre las decisiones que en materia presupuestal se están tomando en torno a la inversión que va directo al fortalecimiento de las capacidades del magisterio.
Resulta también inquietante, por decirlo menos, que el SNTE no ejerciera una presión más firme durante la discusión presupuestal, aun cuando en el Pliego Nacional de Demandas 2026 establece la necesidad de un nuevo sistema de carrera y el fortalecimiento de la profesionalización permanente (SNTE, 2026).
De ahí la necesidad de apuntar la grave posición en la que, como sociedad, nos colocamos al concentrarnos en el conflicto visible, en el intercambio mediático, en la polémica del momento, pero dejamos pasar y damos la vuelta a lo sustantivo.
Y lo sustantivo en este tema es simple: sin inversión suficiente en quienes enseñan, la transformación educativa corre el riesgo de quedarse en el papel.
Hay que decirlo claramente: los libros, los funcionarios y las tendencias van a pasar, pero la calidad del sistema educativo dependerá, en última instancia, de la formación de quienes están todos los días y por muchos años frente a grupo.
Y ese debate -el del presupuesto, la formación y la carrera docente- merecería más atención, mayor cobertura y mejor análisis por parte de todos quienes estamos interesados en educación, que cualquier conflicto mediático.
* Gustavo A. Hernández López es colaborador invitado de Mexicanos Primero (@Mexicanos1o).
Referencias:
Mexicanos Primero. (2025, 8 de octubre). Abren posibilidad de ajustar presupuesto para formación docente. EDUNoticias.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2025a). Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Analíticos presupuestarios. Gobierno de México.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2025b). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Anexo funcional. Gobierno de México.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (2026). Entrega el SNTE su Pliego Nacional de Demandas 2026 [Comunicado]. SNTE.
La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
Posición debilitada
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
Opciones
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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