Las otras batallas de Bárbara y otras madres como ella
Resulta paradójico. La película que los mexicanos están viendo más y de la cual se escribe y se debate más en estos días, Los dos hemisferios de Lucca, aborda un tema del que usualmente poco se habla en nuestro país: la discapacidad.
La cinta disponible en Netflix narra la historia de Bárbara Anderson, una madre valiente y tenaz que cruzó el mundo hasta llegar a la India, en busca de un tratamiento experimental para mejorar la vida de su hijo Lucca, quien padece de parálisis cerebral.
Quienes conocemos a Bárbara sabemos que la película se queda corta para describir todas las batallas que como madre y activista por los derechos de las personas con discapacidad ha librado. Ella ha trabajado incansablemente, desde diversas trincheras, para que la discapacidad de su hijo y de tantos como él sea vista y reconocida; que a las personas con discapacidad les sean respetados sus derechos y sean incluidas en la sociedad.
Y es que en México, de acuerdo con datos del INEGI, existen más de 7 millones de personas con alguna discapacidad. En nuestras familias conocemos o sabemos de niños, jóvenes o adultos con alguna condición que les dificulta poder ejercer sus derechos fundamentales a la salud y la educación. Se cuentan por millones, pero poco se habla y menos se hace por ellos. En mi caso, soy madre de un joven con autismo que jamás ha pronunciado una palabra.
Una de las batallas más grandes que ha librado Bárbara y que libramos tantas madres es aquella por la inclusión educativa. Bárbara ha relatado que visitó al menos 25 escuelas para que Lucca pudiera ir a clases como el resto de niñas y niños de su edad, y ha tenido que ir y venir en un sistema (público y privado) que no da respuesta a ese mandato constitucional que en el papel dice que todas y todos, sin excepción, tienen derecho de ir a la escuela.
El problema es mayor de lo que muchos se pueden imaginar. En México, solo 1 de cada 4 personas con discapacidad va a la escuela. El derecho a recibir educación se pierde cuando las escuelas carecen de infraestructura, materiales de apoyo y docentes suficientes y capacitados para garantizar la inclusión educativa.
En esa batalla estamos las Bárbaras, las mamás que buscamos a toda costa que nuestras hijas e hijos vayan a una escuela regular y sean incluidos. Las mamás que vamos a una y otra escuela, repito, públicas y privadas, que no son sensibles ni abiertas, o que lo intentan, pero no saben cómo.
Por dar un ejemplo de las necesidades o “áreas de oportunidad” para la atención de personas con discapacidad en el ámbito educativo, en México menos del 30 % de las escuelas públicas de preescolar a educación media superior cuentan con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad. Entonces, por mucho que exista el derecho y por mucho que se quiera aprender, un niño en una silla de ruedas se quedará esperando en la puerta de la escuela porque las barreras empiezan en las escaleras.
Todo en contra para ir a la escuela
Para que nuestras hijas e hijos vayan a la escuela, las mamás y papás debemos resolver todo: materiales, acompañantes terapéuticos, y además adaptar a nuestro hijo a la escuela, porque las escuelas no se adaptan a ellas y ellos. La escuela no es su lugar seguro y el estrés de ver que las puertas se cierran una y otra vez es a veces peor que la discapacidad misma.
Es el caso de Adriana, quien tardó 5 años en lograr incluir a su hijo en una escuela. También es la situación de Karen, quien se vio obligada a sacar a su hija de preescolar porque le dijeron que la forma de aprendizaje ahí “no era para ella”.
Claudia visitó diversas escuelas “inclusivas” donde le decían que la cuota de inclusión estaba llena y debía ponerse en lista de espera; finalmente su hijo va a una institución donde se esfuerzan, pero carecen de protocolos, y ella misma ha tenido que llevar los materiales y a su monitora educativa.
Irma se enfrenta a las quejas porque su hijo viaja en el autobús escolar y se balancea “demasiado”, mientras que Laura tuvo que sacar a su hijo de la escuela porque los otros papás se quejaban de que hacía ruido.
Emilio, el hijo de Evelyn, es autodidacta a sus seis años porque a pesar de ser un niño con un potencial enorme, lo expulsaron en primer grado de primaria por mal comportamiento.
Yo misma he librado una y otra batalla, he llorado de rabia cada vez que me cierran las puertas. Una vez, en una escuela “inclusiva”, la psicóloga me dijo: “es que aquí los estudiantes participan en asamblea y tu hijo no habla”.
Nuestras hijas e hijos son felices en la escuela, aman sentirse uno más en el salón de clases y tal vez es por ello que aguantamos todo para que logren llegar. Al final, nuestros hijos con discapacidad les dejan mayores enseñanzas a sus compañeros sobre el esfuerzo, el amor, el respeto, la inclusión y la tolerancia.
Los dos hemisferios de Lucca abre una posibilidad de que nuestras hijas e hijos sean reconocidos, vistos e incluidos, que se hable de ellas y ellos, que puedan ir a la escuela, que tengan esparcimiento y atención a su salud en un mundo que esté preparado para recibirlos. Hoy todas somos Bárbara y esperamos que su historia logre cambiar muchas miradas respecto a la discapacidad.
* Luz Romano (@LromanoE) es directora de comunicación institucional en Mexicanos Primero (@Mexicanos1o).
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
¿Quién presentó la demanda?
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
¿Cuál ha sido la reacción?
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
¿Qué pasa ahora?
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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