El caso del asesinato de los 4 periodistas holandeses en El Salvador abre una ventana de esperanza
El 22 de agosto de 2024 en El Salvador se dio un paso ejemplar en el caso de los cuatro periodistas holandeses que fueron emboscados y asesinados en 1982 por la Fuerza Armada, mismo que pasará a la etapa de juicio; un dictamen valiente de la jueza y que “abre una ventana de esperanza” para las víctimas del conflicto armado en el país, según comités de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 17 de marzo de 1982, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag caminaban por las tierras áridas de Santa Rita, Chalatenango, cuando el Batallón Atonal de la Fuerza Armada de El Salvador disparó en contra de ellos y los guías salvadoreños pertenecientes a fuerzas insurgentes. Los periodistas se disponían a grabar un documental en territorio controlado por la guerrilla. Algo estaba claro: al poder militar que gobernaba el país le incomodaba el periodismo independiente. Así, la maquinaria bélica militar confabuló para asesinar a los 4 periodistas.
El exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, general Rafael Flores Lima; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería; coronel Mario Adalberto Reyes Mena; y el sargento Mario Canizales, conspiraron para asesinar a personas que hacían su trabajo de informar.
Desde el 2018, el caso ha avanzado a contracorriente poniendo un precedente en materia de verdad, justicia, medidas de reparación, no repetición y memoria histórica. Esto gracias a una denuncia penal presentada por la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, en representación de familiares de los 4 periodistas holandeses y con el acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica, ubicada en Costa Rica. En 2021 se presentó la acusación particular en contra de los 5 militares mencionados anteriormente. Un año después, por mandato judicial se elevó el caso a la fase plenaria para llevar a juicio a los perpetradores.
Ningún crimen de lesa humanidad o crimen de guerra cometido en el conflicto armado en El Salvador había llegado a la etapa de juicio. El caso de la masacre de El Mozote, la peor masacre cometida en El Salvador y en la región en tiempos modernos, ha avanzado a pequeños pasos a pesar de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas.
Por ello la importancia de la judicialización y castigo a los responsables del asesinato de los 4 periodistas holandeses. Este se convierte en el primer caso consignado en el Informe de la Comisión de la Verdad que pasa a etapa de juicio. Es la primera luz de esperanza para que las víctimas del conflicto armado puedan tener justicia y verdad, como también una sentencia ejemplarizante para que los crímenes contra periodistas no queden en la impunidad.
Durante el 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 311 agresiones contra la prensa en el país, la cual representa un aumento del 66% en comparación con el año anterior. En este contexto hostil para la prensa ARTICLE 19 ha reiterado que el estado de excepción en El Salvador da paso a que se vigile y criminalice a periodistas. Vale destacar que recientemente la CIDH solicitó al Estado salvadoreño suspender el estado de excepción ya que las condiciones de violencia que lo propiciaron no siguen vigentes.
Este precedente histórico contribuye a romper con el estado de impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos en El Salvador. Principalmente, en defensa de la libertad de expresión y prensa, a favor de los familiares y de las víctimas directas: los 4 periodistas. De obtener una sentencia favorable a las víctimas, se tendrá un paso ejemplar y esperanzador que garantice la no repetición y que asegure que los crímenes contra periodistas del pasado y del presente no permanezcan en la impunidad.
*Diego René Hernández Umanzor es representante de la Fundación Comunicándonos. Jessica Alcázar Romero es coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19. Alexia Martínez Montalban es investigadora del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19 (@article19mex).
El Departamento de Seguridad Nacional de EU empezó a informar a extranjeros con permiso de entrada al país bajo el programa de parole humanitario que este ha sido cancelado.
A cientos de miles de inmigrantes a quienes se les dio un permiso especial para ingresar a Estados Unidos se les está notificando que deben abandonar el país de inmediato.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar notificaciones de terminación a los extranjeros con permiso de entrada a Estados Unidos (EE. UU.) bajo el programa de parole de la era Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV)”, informó esa entidad gubernamental en un comunicado, el jueves.
“Los mensajes les informaron a los inmigrantes ilegales que su parole había sido cancelado y que su autorización de empleo, basada en el parole, había sido revocada, con efecto inmediato. Estas notificaciones se enviarán a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los solicitantes”.
Bajo el mecanismo del parole humanitario, un grupo de ciudadanos de esos cuatro países estaban temporalmente protegidos de la deportación.
El DHS dijo que a más de medio millón de personas de los cuatro países se les permitió permanecer en Estados Unidos durante dos años bajo las órdenes emitidas por el entonces presidente Joe Biden.
Se espera que la instrucción enfrente desafíos legales de quienes se oponen al programa de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Inmigrantes evaluados
Durante su mandato, Biden amplió la protección, que se denomina parole humanitario y se remonta a la Guerra Fría, debido a las condiciones en cada uno de los cuatro países.
El parole humanitario es una figura legal con una larga historia y ha sido utilizada por gobiernos de distinto signo en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas siete décadas, recordó el Comité Internacional del Rescate, una organización fundada en 1933 por Albert Einstein para ayudar a refugiados a conseguir protección en otras tierras.
El DHS había dicho anteriormente que hasta finales de noviembre de 2024, un total de 531.670 personas recibieron un permiso para permanecer en Estados Unidos bajo el programa, y que, como resultado, los cruces ilegales de ciudadanos de los cuatro países habían disminuido en un 98%.
Sin embargo, no está claro exactamente cuántas personas se verán afectadas por la nueva medida, ya que algunos de los inmigrantes de esos países pudieron haber adquirido un estatus legal para permanecer en Estados Unidos bajo otros programas de visas.
El gobierno de Biden había dicho que los inmigrantes, cada uno de los cuales requería un patrocinador que estuviese en Estados Unidos, fueron evaluados y verificados. Sin embargo, el gobierno de Trump no estuvo de acuerdo.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el programa de la era Biden de “desastroso” y en un comunicado dijo que abrió la puerta a reclamaciones fraudulentas y delitos y que socavaba a los trabajadores estadounidenses.
Campaña electoral
El programa se convirtió en un tema durante la campaña presidencial del año pasado, particularmente cuando Trump y sus aliados centraron la atención en ciudades como Springfield, Ohio, que en los últimos años ha visto una gran afluencia de inmigrantes haitianos, a muchos de los cuales se les permitió permanecer en el país bajo el programa.
Trump y otros líderes hicieron declaraciones incendiarias sobre los inmigrantes haitianos, como, por ejemplo, que comían mascotas, sin ningún tipo de evidencia.
Sin embargo, el compañero de fórmula de Trump, el ahora vicepresidente JD Vance, defendió lo que describió como “crear una historia” para resaltar los altos niveles de inmigración y lo que llamó “el sufrimiento del pueblo estadounidense”.
El presidente Trump canceló la orden del parole humanitario de Biden con una orden ejecutiva propia poco después de que asumiera el cargo en enero.
En mayo, el Tribunal Supremo confirmó la suspensión del programa del parole humanitario mientras continuaba una batalla legal en los tribunales de primera instancia.
El Departamento de Seguridad Nacional ha prometido ayuda para los viajes y un “bono de salida” de US$1.000 a los migrantes sin permiso para estar en Estados Unidos que abandonen voluntariamente el país.
El jueves, en su cuenta en la red social X, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lo reiteró:
“Nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales es claro: VAYÁNSE YA. El contribuyente estadounidense ofrece generosamente a quienes se encuentran en el país ilegalmente $1.000 y un vuelo gratis a casa a través de la aplicación CBP Home.
La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más eficiente en costos, de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado. Si no se va ahora, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos”.
*Con información del periodista de la BBC Mike Wendling
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