Artículo 19 es una organización, de origen inglés, que por más de 20 años ha trabajado en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. El libre flujo de información por cualquier medio, el intercambio de ideas entre actores, y la transparencia gubernamental son elementos indispensables para una democracia. Por ello, Artículo 19 se dedica a proteger el derecho contra todo acto de censura. Síguenos en Twitter: @article19mex.

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Lo que necesitamos son todos los derechos para todas las personas, incluidos los digitales.
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El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de Internet. Es un día que sirve para recordarnos que el acceso y uso de esta tecnología no debe considerarse nunca un lujo o privilegio únicamente para quienes puedan pagarlo, sino una cuestión intrínsecamente relacionada con los derechos humanos de las personas y sus comunidades.
Dicha concepción es vital para la generación de políticas públicas, decisiones y regulaciones que directa o indirectamente trastoquen la manera en que las personas experimentan Internet; sobre todo, para no entorpecer su funcionamiento, sino potenciarlo.
A medida en que más servicios públicos -como los tributarios, de salud y educación, conversaciones y cobertura periodística sobre los hechos políticos y democráticos, movimientos sociales y prestaciones gubernamentales pasan a Internet, aquellas personas que no están conectadas se van quedando cada vez más aisladas en términos políticos, económicos y sociales.
Peligrosamente, sin acceso a esta tecnología, quienes están en desconexión se sitúan también en una situación de vulnerabilidad física en momentos cruciales a nivel individual y colectivo, -por ejemplo, en tiempos de emergencia o de desastres naturales donde la información pertinente es únicamente distribuida a partir de este medio-.
En el plano democrático, la desconexión también implica la exclusión del espacio cívico que se gesta en la digitalidad. Cuando no todas las personas se encuentran en igualdad de condiciones para expresarse y organizarse libremente a través y con el uso de Internet, el diálogo público carece de pluralidad y representación. El aparente silencio de temas y la ausencia de identidades en foros y espacios digitales es un resultado de la desconexión, y puede implicar una falsa sensación de homogeneidad en las perspectivas y posiciones sobre asuntos de interés público general.
Así, en este día se conmemora la importancia de Internet para nuestras vidas, y nos plantea que la conectividad significativa va más allá de la mera existencia de cables y routers que nos den acceso a la red. Tiene que ver con la electricidad disponible, con cuánto cuesta, qué dispositivos existen para conectarse, quiénes utilizan esos dispositivos y para qué están utilizando su acceso a la red.
También está relacionada a la manera en que las personas navegan Internet. ¿Realmente tienen acceso a la información en línea, de forma segura y sin temor a represalias ilegítimas? ¿Sus expresiones en este espacio están protegidas de la censura estatal o empresarial?
Para México, una vez trascendido el periodo electoral, se abre la oportunidad de que la entrante administración federal revise las políticas gubernamentales emprendidas hasta la fecha y sus resultados, para analizar si las personas están teniendo o no una conectividad significativa de acuerdo con sus necesidades particulares. Sobre todo, de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones en términos de conectar a las personas para evitar mayores expresiones de desigualdad, atendiendo las barreras que les impiden acceder significativamente a Internet, desde la falta de habilidades digitales hasta la pobreza económica.
Ello implicaría, en principio, promover su uso universal, gratuito, abierto, interoperable, seguro, confiable y protegido, apoyando a operadores pequeños, comunitarios y sin fines de lucro para que proporcionen conectividad complementaria a las comunidades que actualmente son ignoradas por la infraestructura de telecomunicaciones tradicional, aquella guiada únicamente por intereses económicos.
El Día Mundial de Internet implica reflexionar también sobre el actuar empresarial. Aunque los gobiernos tienen la obligación de garantizar la conectividad, los actores del sector privado tienen responsabilidades sobre cómo las personas navegan y aprovechan los espacios digitales. No habrá conectividad significativa hasta que ellas, sobre todo las plataformas digitales, ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos durante la conceptualización, producción y ofrecimiento de sus productos y las tecnologías con las que operan.
Que el Día Mundial de Internet nos recalque la importancia de que cualquier política y acción pública y empresarial tome en cuenta a las personas y comunidades más vulnerables y marginadas, que a menudo enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación en torno a la brecha digital y sus consecuencias. Al final, lo que necesitamos son todos los derechos para todas las personas, incluidos los digitales.
*Martha A. Tudón M. es oficial del programa de derechos digitales en <a href="https://x.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>.

Internet se conmemora mundialmente el 17 de mayo, pero ¿por qué?

La mayor parte de la región centroamericana continua su deriva autoritaria. Un autoritarismo construido cuidadosamente desde la colonia y que ha tenido muy pocos períodos de avances sociales. Desenmascararlo es parte del papel que organizaciones como Articulo 19 realizan cuando documentan, registran y analizan la situación de la libertad de prensa, el mejor termómetro para medir la salud de las democracias.
<a href="https://articulo19.org/normalizar-la-excepcion-el-estado-de-la-libertad-de-expresion-en-cuba-guatemala-nicaragua-el-salvador-y-honduras/" target="_blank" rel="noopener">El informe anual regional 2023 sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua</a>, es como todo en la región; extremo a ratos surrealista. Mencionaré lo que más me impactó del informe Normalizar la Excepción:
¿Cómo se explica que la sistematicidad de ataques en contra de la prensa en la región nos intente forzar a normalizar la violación de derechos humanos?
El régimen de excepción en Honduras se ha prolongado por más de un año, con un marco legal que no garantiza la libertad de expresión y en donde se utiliza el derecho penal para castigar a los comunicadores y persisten los delitos contra el honor. Existe un gran estigma del trabajo hacia el trabajo periodístico que se realiza entre restricciones, agresiones digitales y ataques.
En El Salvador, donde el estado de excepción ha sido excepcionalmente largo (2 años) van más 70 mil detenidos, que no tienen garantías del debido proceso. Un dato escalofriante: El 35% de los salvadoreños están en la cárcel, es la población carcelaria más grande del mundo. Hay uso y abuso del aparato estatal para restringir, se reforman leyes para controlar a la población, vigilar a opositores y críticos. Lo más peligroso es que Bukele impone un modelo a seguir; la dictadura sin límites lograda por medio de la popularidad, una reelección (inconstitucional) y la acumulación de poder en una sola persona.
Nicaragua tiene las cifras más dramáticas para ilustrar el acoso a libertad de expresión. El desierto informativo se manifiesta en cinco municipios sin periodistas trabajando. Un 40% de comunicadores dejaron de ejercer, abandonaron la profesión por miedo a ser apresados. Con la Ley Especial de Ciberdelitos se ha encarcelado a periodistas por propagación de noticias falsas. 222 nicaragüenses fueron desterrados considerados traidores de la patria y 94 se les despojo de su nacionalidad en febrero de 2023. Rosario Murillo califica de terroristas y de mercenarios de la información a los periodistas. Y ha declarado a la prensa independiente y a una reina de belleza como enemigas públicas.
Guatemala también vive un escenario complejo, una primavera que tarda en aparecer. Desde el 2019 vive una acelerada erosión a la libertad y derechos humanos. Más de 26 periodistas se exiliaron entre el 2021 y 2023. Tras un proceso electoral cardíaco, en que el Ministerio Público se dedicó al acoso judicial de periodistas, opositores políticos y pueblos indígenas.  Estas elecciones dejaron cifras alarmantes: 66 periodistas fueron agredidos en 6 días; once diarios. Aunque la libertad de expresión está protegida por un marco jurídico, está constantemente bajo amenaza.
Y la isla de Cuba en donde el gobierno tiene el control completo de la narrativa y los medios, en el 2023 se documentaron 274 casos de agresiones: 103 casos de detenciones arbitrarias, 60 suspensión internet, 22 vigilados, 25 amenazados y 21 arrestos domiciliares. En Cuba, el gobierno regula al periodista. Si sale y habla no regresa.
<h2>La resistencia es oxígeno</h2>
Lo más importante no son estos datos escalofriantes. Atrás de estos números hay vidas, historias reales, personas que trabajan en condiciones adversas y aun así lo hacen bien. Atacar la libertad de expresión es contraproducente. Nunca se ha logrado silenciar completamente a las voces disidentes. Al contrario, entre más represión, hay más necesidad de expresarse.  La prensa independiente en la región crece, se multiplica, aprende nuevas formas de sobrevivir, resiste, muta, se muda.
La misma Cuba es un ejemplo de esto. Se consolida toda una generación de periodistas de investigación que manejan una oferta informativa variada y sólida. En El Salvador el periodismo de calidad se vuelve referencia y en Guatemala florecen proyectos que diversifican el paisaje de medios aun en el exilio. Honduras no se queda atrás y los periodistas y medios nicaragüenses han logrado una credibilidad sin precedentes.
Es urgente investigar, exponer y encarcelar a quienes reprimen a la prensa. Y los demás países de Latinoamérica, pueden verse reflejados en estos países que también son espejo y así garantizar que se normalice la libertad de expresión, y no la excepción.
* Lucía Escobar es periodista y colaboradora del programa de Centroamérica y el Caribe en ARTICLE 19 MX-CA.

Normalizar la expresión, no la excepción

En el 2024 han saltado casos sobre alertadores o “whistleblowers” <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> como el de <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2024/03/26/cronologia-julian-assange-que-hizo-acusan-wikileaks-orix/" target="_blank" rel="noopener">Julian Assange</a>. Estamos hablando de la reciente <a href="https://busquedas.gruporeforma.com/reformav2/Libre/VisorNota.aspx?id=6s8372722d&amp;md5=6a0b249170c5f9294683996ab65109fb" target="_blank" rel="noopener">vinculación a proceso de dos ciudadanos</a> en la Ciudad de México por alertar una construcción irregular en la alcaldía Cuauhtémoc a través de la publicación de dos tweets, y la sentencia en el caso <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_510_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Viteri Ungaretti y Otras vs Ecuador</a> por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Dichos casos trascienden debido a que concitan el análisis y reflexión sobre la interdependencia de los derechos humanos y la obligatoriedad de los Estados en la lucha contra la corrupción, lo cual implica necesariamente proteger a las personas alertadores que anuncian actos que socavan un estado democrático.
En el caso del señor Viteri Ungaretti resuelto ante la CoIDH, perteneció a las Fuerzas Armadas de la República de Ecuador y recibió cuatro sanciones de arresto debido a la denuncia de presuntos hechos de corrupción ocurridos dentro de la institución. Dos de las sanciones se derivaron a causa de dos escritos dirigidos a altos funcionarios del gobierno de Ecuador donde alertan sobre hechos de corrupción y las siguientes dos sanciones fueron impuestas como consecuencia de dos declaraciones rendidas por el señor Viteri ante la prensa.
Las repercusiones en contra de la familia de Viteri Ungaretti fueron persecuciones, vigilancia y amenazas por parte de las Fuerzas Armadas. Lo anterior dejó en estado vulnerable a la esposa e hijos de Viteri, lo cual obligó su salida y solicitud de asilo político en el Reino Unido.
Ante los hechos descritos, la CoIDH en su sentencia contempló estándares internacionales sobre la importancia de la “alerta” o “denuncia”, en donde la ocurrencia de presuntos actos de corrupción es considerada de claro interés público por tratarse de actuaciones de funcionarios públicos realizadas en el ejercicio de sus funciones.
En el informe de 2020 sobre <a href="https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf" target="_blank" rel="noopener">“Corrupción y Derechos Humanos”</a>, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó la estructura de corrupción en la región de las Américas y considera que los impactos profundos y diferenciados recaen principalmente en la población afectando el ejercicio pleno de sus derechos humanos.  Lo anterior resalta que los actos de corrupción pueden configurarse en violaciones a derechos humanos y, con ello, la responsabilidad internacional cuando un acto o situación de corrupción motiva un incumplimiento a una obligación internacional por parte del Estado. En ese sentido, la CoIDH consideró en el caso del señor Viteri Ungaretti que los Estados deben de crear mecanismos adecuados y efectivos para la protección de personas alertadoras, sobre todo por el impacto individual, familiar, patrimonial y laboral que causa la estigmatización hacia su esfera personal por señalar actos de corrupción.
Por otra parte, la CoIDH también condenó al gobierno de Ecuador por diversas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) tales como el derecho a la libertad de expresión, la libertad personal, la estabilidad laboral, la ausencia de mecanismos de denuncia adecuados, la violación de derechos de circulación y de residencia a la integridad personal y protección a la familia.  Además, consideró acreditadas violaciones a los derechos de la niñez. En este último punto se asienta un precedente ejemplar al contemplar los efectos e impactos indirectos dentro de la esfera familiar pues son estos en las que recae las consecuencias ante las denuncias realizadas por actos de corrupción y quienes tienen menos visibilidad.
Por otro lado, en análisis detallado de la CoIDH sobre la aplicación de responsabilidad ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión, expresa que, por conocerse hechos de corrupción, reviste un interés público y por lo tanto constituye un discurso protegido de acuerdo con el artículo 13 de la CADH. Al considerar como estándar interamericano el interés público de actuaciones de funcionarios públicos realizadas por estos mismos, como ocurrió en este caso, obliga a los Estados a no restringir el ejercicio de la libertad de expresión aun cuando el asunto a alertarse o denuncia sea considerado como de “seguridad nacional”.
Si bien se reconoce la posibilidad de establecer restricciones por motivos de seguridad nacional, la práctica internacional ha ido definiendo principios respecto a su aplicación, como se encuentra reconocido en los <a href="https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Taller_Alto_Nivel_Paraguay_2018_documentos_referencia_Principios_Tshwane.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principios de Tshwane</a>, adoptados en el año 2013. En estos se señala que deberá protegerse toda revelación, sin importar su estado de clasificación o confidencialidad, en que se alerte sobre malas prácticas que hayan ocurrido, estén ocurriendo o puedan ocurrir (principio 37), en la medida que el alertador tenga fundamentos razonables para creer que la información revelada esté bajo una de las causales (principio 38), y que siga el procedimiento establecido (principios 39 y 40), a saber: que se revele la información a los canales internos de la organización, o bien a un órgano independiente de control, los que deberán investigar las supuestas malas prácticas, asegurar la protección de las personas que den alerta, así como proteger la información revelada y el hecho de que se dio alerta y, finalmente, consideran que se debe mantener informada a la persona de los avances de la investigación sobre las malas prácticas reveladas.
Considerando que hay una agenda de protección a alertadores pendiente en las Américas, es indispensable y urgente empezar a emitir políticas públicas, tanto de prevención, protección, educación así como medidas regulatorias que ayuden a visibilizar la importancias de alertar no solo actos de corrupción, sino violaciones a derechos humanos y todo aquello que sea de <a href="https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html" target="_blank" rel="noopener">interés público</a>.
Ahora bien, en México actualmente dos personas se encuentran bajo proceso penal por haber señalado en redes sociales las <a href="https://lasillarota.com/metropoli/2024/3/5/vinculan-vecinos-por-denunciar-obra-encontraron-un-camino-facil-para-amedrentarnos-472694.html" target="_blank" rel="noopener">presuntas irregularidades</a> de una constructora y destacando la vulneración de varias disposiciones de seguridad y construcción. Sin embargo, al ser vinculados a proceso tras el amedrentamiento del denominado Consorcio Hamburgo, ahora los ciudadanos también sospechan de un posible vínculo entre el consorcio y las autoridades para continuar con la denuncia penal. Con estas acciones de represión, los ciudadanos que alertan sobre actos de corrupción o ilicitudes son desprotegidos, estigmatizados e incluso perseguidos en complicidad hasta con autoridades gubernamentales.
La <a href="https://www.gob.mx/sfp/documentos/convocatoria-comite-redactor-para-la-propuesta-de-ley-general-para-personas-alertadoras-de-la-corrupcion" target="_blank" rel="noopener">actual administración en México</a>  intentó impulsar una agenda progresista que atendiera el caso de alertadores con la finalidad de proteger y garantizar que cualquier persona pudiera alertar sobre algún acto o conducta que tuviera un daño irreparable, como es el tema de corrupción y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, lo que empezó con buenas intenciones mediante la realización de mesas multiactor, terminó por meterse a la “congeladora”, sin tener -hasta el día de hoy- consolidado un proyecto de ley que retomara el espíritu de garantía y protección para personas alertadoras. Lo anterior deja a México en un rezago importante al no garantizar la protección de personas alertadoras ni promover medidas necesarias y razonables para prevenir la vulneración a los derechos humanos. Pero, sobre todo, el no atender la corrupción dentro de un Estado afecta la institucionalidad democrática y socava la legitimidad de las instituciones públicas pues atenta contra la sociedad, el orden y la justicia.
La libertad de expresión tiene un rol fundamental para la sostenibilidad de un estado democrático y, por ello, su protección contempla la dimensión individual y colectiva, sobre todo para ejercer un derecho que le permita al público acceder a información de diversas fuentes para ejercer la rendición de cuentas de su gobierno y cumplir de esta manera el ejercicio de otros derechos. El proteger la libertad de expresión de una persona alertadora de la corrupción y violaciones de derechos humanos incomoda, y por ello esa libertad es silenciada por quienes dirigen o se involucran en hechos que contravienen al bienestar social y democrático. Por eso existe un deber de todo <a href="https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf" target="_blank" rel="noopener">gobierno democrático</a> de generar un ambiente libre de intimidación y amenazas para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de quienes investigan, informan y denuncian actos de corrupción.
* Priscilla Ruíz es coordinadora legal del programa de derechos digitales en ARTICLE 19 MX-CA.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Se caracteriza por ser “la revelación por miembros (actuales o pasados) de una organización de las prácticas ilegales, inmorales o ilegítimas realizadas bajo el control de sus empleadores, a personas u organizaciones que puedan ser capaces de tomar medidas efectivas contra estas” (Miceli y Near, 1985: pág, 4).

La protección integral y reconocimiento a personas alertadoras: una agenda pendiente en Latinoamérica

La protección integral y reconocimiento a personas alertadoras: una agenda pendiente en Latam

Para el periodista José Rubén Zamora, preso injustamente desde el 29 de julio de 2022.
13 de abril 2024, Ciudad de México, país de mi exilio.
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Un buen periodista es un ser incómodo. Es como el niño que se atreve a gritar que el emperador anda desnudo por la calle. Su honestidad es fundamental para la sociedad. En el cuento de Hans Cristian Andersen, la autoridad queda en ridículo y todo termina en risas.
En la vida real, ejercer la libertad de expresión puede traer muchos problemas.
Este derecho humano tan elemental e importante es capaz de despertar el lado autoritario de casi cualquier gobernante, todos tan poco propensos a las críticas y al disenso. Y es que, ahí donde la dejan ser, la libertad de expresión va abriendo mentes. Actúa como una onda explosiva y expansiva, bella y peligrosa. La solo transmisión de ideas nuevas es capaz de destruir un mundo y construir otro distinto.
El periodista busca verdades desnudas. Por eso pregunta, se obsesiona, se mete donde no lo llaman, cuestiona y duda. Su curiosidad confirma el dato.
El deseo de países más justos, la necedad de no ocultar la historia por muy dolorosa que resulte, la vocación de explicar, cuestionar, criticar e investigar alimentan al espíritu periodístico latinoamericano que crece y se fortalece en medio de violencia y amenazas, censura, con restricciones al acceso a la información pública, en condiciones laborales y económicas adversas. Aun así, los esfuerzos por hacer buen periodismo son vastos y resilientes en Abya Yala. Periódicos, noticieros, radios y medios alternativos crecen como hongos después de una noche de lluvia.
Pero también crecen y se diversifican las maneras en que el poder intenta acallar a quienes los muestran desnudos.
En la vida real, burlarse o desnudar las intenciones de un gobernante, un político o un empresario puede desatar toda una maquinaria de venganza digna de un cuento, pero de horror.
¿Se imaginan que la historia del traje nuevo del emperador terminara en que el niño es condenado a la cárcel, al exilio o la muerte por haber dicho la verdad?
¡Pues no! Eso sería injusto.
Hay que defender al niño y su grito sincero. Hay que defender las risas con las que termina el cuento. Incluso, hay que defender el derecho del emperador a andar desnudo y a hacer el ridículo. Por lo tanto, ¡es prioritario defender la libertad de expresión!
* Lucía Escobar (<a href="https://twitter.com/liberalucha" target="_blank" rel="noopener">@liberalucha</a>) es periodista y colaboradora en el programa de Centroamérica y el Caribe en ARTICLE 19 MX-CA.

¿Quién tiene la culpa de que el emperador ande desnudo?

Este lunes familiares y amigos de Maria Elena Ferral ejercieron su derecho a la protesta afuera del Palacio de Gobierno de Xalapa, Veracruz. “Hasta el momento no hay justicia, cuatro años han pasado, un gobierno ya se va, y sigo sin justicia para mi madre”, reclamó Fernanda Ferral, periodista, activista buscando justicia e hija de María Elena.
Maria Elena Ferral era una periodista reconocida, corresponsal del Diario de Xalapa y directora del medio Quinto Poder. Era una voz en el estado que se alzaba contra la corrupción y de abusos de autoridad en Papantla y municipios aledaños del estado de Veracruz. Su incansable lucha por la justicia provocó reacciones fuertes como ataques y amenazas tanto de autoridades como de sujetos desconocidos desde el 2016. Fue asesinada por sujetos armados hace 4 años, el 30 de marzo de 2020.
Su caso, así como el de al menos otras y otros 30 periodistas asesinados en Veracruz y 5 periodistas desaparecidas y desaparecidos, siguen en impunidad, recordándonos que Veracruz fue, y es, el estado más letal para la prensa en México. En el caso de María Elena, los avances del caso se enfocan en las sentencias condenatorias de 4 individuos, todos autores materiales. No obstante, fallas en el proceso vinculadas al actuar de la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) han provocado que incluso un detenido más fuera liberado. Los autores materiales, ni en este caso ni en los otros casos en Veracruz han tenido que enfrentarse a la justicia.
Para las familias de Maria Elena y les demás periodistas, los asesinatos representan un parteaguas en sus vidas y el inicio de una travesía de violencia, de abandono y de revictimización continua. Los procesos judiciales rebotan entre la FGE y la Fiscalía General de la República, expedientes se duplican o quedan atorados entre ambas instancias, los testigos son buscados años más tarde y ya no se les encuentra, y conforme pasa el tiempo, las familias en lucha comienzan a entender que el sistema no puede, o no quiere, darles justicia.
Algunas y algunos familiares, como Fernanda, han sido víctimas de violencia. A ella le dispararon sólo dos meses después del asesinato de su madre, cuando comenzaba apenas a exigir justicia. Otras familias nos comparten en sus testimonios que han vivido desde amenazas exigiendo su silenciamiento, seguimientos y presencia de personas fuera de sus domicilios, e inclusive ataques físicos. Al igual que las investigaciones sobre los asesinatos, estos hechos también se mantienen en la impunidad.
Ante la indolencia de las autoridades, del traspaso de administraciones y de partidos repitiendo promesas tanto en lo estatal como lo federal, ante la noción de que podrían encontrarse a solas, 15 familias de Veracruz, Guerrero y Ciudad de México decidieron unirse en la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos: “Nos vimos en la necesidad de juntarnos como red, porque uno por uno no nos dan respuestas, y creemos que tal vez juntos, podemos encontrarlas. Somos 15 familias, pero peleamos por todos”.
En enero de 2023, Jorge Sánchez, uno de los líderes de la organización, periodista y activista exigiendo justicia por el asesinato de su padre, Moisés Sánchez, fue a la mañanera a pedir que se atendiera a la red. La respuesta de Presidencia fue descartar que hubiera impunidad y ordenó que se le diera seguimiento a los casos. Se generó entonces un diálogo entre representantes de la SEGOB, la SSPC, el gobierno de Veracruz y las Comisiones de Víctimas y Derechos Humanos con la Red y organizaciones acompañantes.
Hubo 3 reuniones, en febrero y marzo del 2023, y en medio de promesas de “reunirnos conforme haya avances”, las familias quedaron esperando el seguimiento. Al parecer no ha habido avances. Ha pasado ya un año desde la última reunión.
En Veracruz y en México, la justicia para la prensa, y para quienes han vivido violencia, es gracias a las familias, y a pesar de las autoridades. Ellas y ellos protestando, exigiendo acciones claras de los gobiernos, apoyando en las investigaciones, presionando para que estas sigan los protocolos, son quienes en su lucha logran la poca semblanza de justicia que tiene este país.
* Pedro Cárdenas es oficial del Programa de Protección y Defensa, ARTICLE 19 MX-CA y Fernanda Ferral es periodista, activista exigiendo justicia por el asesinato de su madre, María Elene Ferral.

Justicia, a pesar de las autoridades

&#8220;Buscar no debe costar la vida&#8221; fue el mensaje que hace algunos días dejaron familias de personas desaparecidas en México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. En una audiencia que se realizó a solicitud suya, las mujeres y hombres buscadores mostraron su digna rabia, su congruencia y la fuerza que tienen porque les mueve el amor. Hasta allá fueron a exponer que en México, buscar a una persona desaparecida significa poner en riesgo la propia vida. Una espiral infinita de desaparición y muerte.
<figure id="attachment_1383186" aria-describedby="caption-attachment-1383186" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1383186" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-en-Washington.jpg" alt="Madres buscadoras frente a la Casa Blanca, en Washington." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-en-Washington.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-en-Washington-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-en-Washington-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/madres-buscadoras-en-Washington-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1383186" class="wp-caption-text">Foto: cortesía. Ante la Casa Blanca, los y las buscadoras, acompañadas de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Plataforma por la paz en Guanajuato y Artículo 19, portaron los rostros y nombres de las personas buscadoras asesinadas y desaparecidas desde 2010.</figcaption></figure>
La crisis de desapariciones y la crisis forense, que suma más de <a href="https://movndmx.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-La-Crisis-Forense-en-Me%CC%81xico.pdf" target="_blank" rel="noopener">50 mil cuerpos sin identificar</a>, han sido uno de los lastres de las últimas décadas, pero en el presente sexenio se han profundizado de formas inimaginables. Desde 2010, más de 20 personas buscadoras han sido asesinadas en diversos estados del país y todos, absolutamente todos los casos, están en la impunidad. Lorenza Cano, hermana buscadora, <a href="https://elpais.com/mexico/2024-01-21/lorenza-cano-flores-la-soledad-de-las-madres-buscadoras-en-mexico.html" target="_blank" rel="noopener">sigue desaparecida</a> desde el día 15 de enero de este año. Su esposo e hijo fueron asesinados por un comando armado que entró a su casa en Salamanca, Guanajuato; a ella se la llevaron y desde ese momento no hay noticias de ella.
En Washington se habló de Lorenza como también de otras madres, hermanas, padres, hermanos y familiares. Las y los buscadores que viajaron desde Guanajuato, Sinaloa y Aguascalientes relataron cómo son extorsionados, seguidos por “halcones”, amenazados, sus casas incendiadas, e incluso cómo sus compañeras y familiares han sido asesinados o desaparecidos.
El caso de Rosario Lilián Rodríguez, madre buscadora asesinada en 2022, es la muestra del horror que viven quienes buscan. Lily, como le nombran cariñosamente sus compañeras, fue secuestrada después de una misa que ella organizó el 31 de agosto de 2022, en honor a su hijo Fernando Abixahy Ramírez, desaparecido. Poco después de la misa, ella fue asesinada. “Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo, la mataron a golpes y le pasaron con una camioneta por encima”, dijo ante la CIDH <a href="https://imdhd.org/redlupa/avance-de-la-ley-general-de-busqueda/nos-siguen-nos-amenazan-nos-amedrentan-nos-criminalizan-y-revictimizan-pero-seguimos-buscando/" target="_blank" rel="noopener">Alejandra Martínez</a>, compañera de Lilián y hermana de Ismael Alejandro Martínez Carrizales, desaparecido desde 2020. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
El Estado mexicano se mostró indolente y dejó ver la poca importancia que le da a la crisis de desapariciones en el país y a los ataques contra personas buscadoras. Sólo se presentó por videollamada. Peor aún, Teresa Guadalupe Reyes, la Comisionada Nacional de Búsqueda, se apareció en cámara fugazmente, pasó solo <a href="https://x.com/efra_tzuc/status/1762928248512500067?s=20" target="_blank" rel="noopener">para dejarles galletitas</a> a las personas que daban la cara por las tremenda fallas del Estado.
En Washington se denunció un agravio más. Quedó claro que el Estado no sólo no ha logrado proteger a todas las personas contra las desapariciones y no busca a quienes están desaparecidas; tampoco garantiza la seguridad de quienes buscan.
La ONU ha declarado el 24 de marzo como <a href="https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day" target="_blank" rel="noopener">Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas</a><a href="https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day" target="_blank" rel="noopener">. En México, y como lo demuestran cada día las madres, esposas, hermanas, padres, hijos e hijas de personas desaparecidas, todos los días son de la dignidad de las víctimas y de quienes les buscan. </a><a href="https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day">Son ellas quienes aportan al derecho a la verdad </a>que tenemos como sociedad. Por ella<a href="https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day" target="_blank" rel="noopener">s conocemos a cada una de las personas desaparecidas que nos faltan todos los días.</a>
En la audiencia del 28 de febrero, la comisionada Andrea Pochak de la CIDH dijo que la violencia y los ataques contra las mujeres buscadoras <a href="https://articulo19.org/buscadoras-exigen-medidas-de-seguridad-a-mexico-en-audiencia-publica-ante-la-cidh/" target="_blank" rel="noopener">son intolerables</a>. Nos unimos a sus palabras. También a la exigencia por justicia ante los casos de violencia contra las personas buscadoras, y ante la urgencia de garantizar que su integridad y sus vidas sean respetadas. Buscar no debe costar la vida.
<figure id="attachment_1383188" aria-describedby="caption-attachment-1383188" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1383188" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/personas-buscadoras-asesinadas.jpg" alt="21 personas buscadoras han sido asesinadas desde el 2010 en México. Infografía con sus datos y lugares de origen." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/personas-buscadoras-asesinadas.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/personas-buscadoras-asesinadas-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/personas-buscadoras-asesinadas-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/03/personas-buscadoras-asesinadas-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1383188" class="wp-caption-text">Fuente: elaboración propia.</figcaption></figure>
Todas sus vidas importan. Les nombramos: Marisela Escobedo Ortíz, asesinada en Chihuahua el 16 de diciembre de 2010; Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado en Sonora el 28 de noviembre de 2011; Sandra Luz Hernández, asesinada en Sinaloa el 12 de mayo de 2015; Miriam Rodríguez Martínez, asesinada en Tamaulipas el 10 de mayo de 2017; José Iván Orozco Medina, asesinado en Michoacán el 11 de enero de 2018; Zenaida Pulido Lombera, asesinada en Michoacán el 20 de julio de 2019; María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en Guanajuato el 14 de octubre de 2020; Francisco Javier Barajas, asesinado el 29 de mayo de 2021 en Guanajuato; Gladys Aranza Ramos Gurrula, asesinada en Sonora el 15 de julio de 2021; José Nicanor Araiza Dávila, asesinado en Zacatecas el 27 de julio de 2021; Ana Luisa Garduño Juárez, asesinada en Morelos el 27 de enero de 2022; Jorge Ulises Cardona Zavala, asesinado en Guanajuato el 27 de junio de 2022; Brenda Jazmín Beltrán Jaime, asesinada en Sonora el 17 de julio de 2022; Grisell Pérez Rivera, asesinada en Hidalgo el 23 de agosto de 2022; Rosario Lilián Rodríguez Barraza, asesinada en Sinaloa el 31 de agosto de 2022; Buscadora asesinada en Puebla (el Colectivo pide anonimato) el 04 de octubre de 2022; María del Carmen Vázquez Ramírez, asesinada en Guanajuato el 06 de noviembre de 2022; Teresa Magueyal Ramírez, asesinada en Guanajuato el 02 de mayo de 2023; Griselda Armas. Asesinada en Michoacán el 23 de octubre de 2023; Lorenza Cano Flores, desaparecida en Guanajuato el 15 de enero de 2024; Angelita Almeraz León, asesinada en Baja California el 08 de febrero de 2024; Noé Sandoval Adame, asesinado en Guerrero el 13 de febrero de 2024.
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ro-3Var6qN0?si=WwyUBtUxFJDlZDdT" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La audiencia fue solicitada por los siguientes colectivos y organizaciones:  ARTICLE 19, Oficina para México, Centroamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC, Colectivo Buscadoras Guanajuato AC, Colectivo Buscadoras Zacatecas AC, Colectivo “Buscando a Pablitos”, San Francisco del Rincón, Guanajuato, Colectivo “Hasta Encontrarte”; Irapuato,Guanajuato, Colectivo de Investigación del Proyecto “Incidencia de las familias de personas desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a partir de los procesos de organización yde construcción de memoria” (PRONACES, CONAHCYT 319130), Colectivo “Por las voces sin justicia”, Mazatlán, Sinaloa, Colectivo &#8220;Voz de los Desaparecidos en Puebla”, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, IBERO Puebla,  Observatorio Designaciones Públicas, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas (RIAPD) y Unión Regional de Búsqueda del Bajío (50 Colectivos).

Buscar no debe costar la vida: la crisis de desapariciones en México y el derecho a la verdad

En la cosmovisión maya de los Altos de Chiapas, las cruces verdes representan espacios sagrados. Por eso, en 2021 las Guardianas y Guardianes de los Humedales sembraron tres cruces verdes en los humedales de la montaña La Kisst, vecina con la colonia 5 de marzo, ubicada en la zona sur de San Cristóbal de las Casas, con el fin de bendecir y agradecer que el humedal ha proveído de agua limpia y segura a esta colonia, desde que se asentó en 1994 como resultado del levantamiento zapatista.
En años más recientes, empresas inmobiliarias respaldadas por autoridades municipales han planeado convertir los humedales en una inversión inmobiliaria, esto a pesar de que las Guardianas y Guardianes de los Humedales (junto con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y academia), lograran que en el año 2022 <a href="https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-establece-el-habitat-critico-en-los-humedales-de-montana-la-kisst-y-maria-eugenia-en-san-cristobal-de-las-casas-chiapas?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">SEMARNAT declarara los humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia como hábitat crítico</a>. En enero del 2024, por acuerdo presidencial, lograron que estos humedales fueran declarados como <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5713958&amp;fecha=08/01/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">áreas naturales protegidas</a>, con la categoría de área de protección de flora y fauna, abarcando una superficie de 215-70-69.23 hectáreas. No obstante, estas declaratorias no han disuadido las intenciones de intereses privados por quemar, secar y apropiarse del humedal para fines lucrativos.
Una situación similar ocurre en la península de Yucatán, donde los megaproyectos se hacen presentes por parte de autoridades locales y las empresas privadas, despojando a las comunidades mayas de su territorio, contaminando el agua y desconociendo su derecho a la autonomía y a la libre determinación, el derecho a un medio ambiente sano, así como su derecho a la consulta libre, previa y debidamente informada, entre otros.
Este es el caso de “Las y los Guardianes de los cenotes” de Homún (Kanan Ts&#8217;ono&#8217;ot t en lengua maya), quienes desde 2017 se encuentran en un proceso de resistencia y defensa ante la instalación de una granja porcícola en su comunidad por parte de la empresa PAPO, aparcera de la empresa Kekén, la cual contamina directamente la Reserva Hidrológica del Anillo de los Cenotes. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el tipo de suelo de Yucatán, siendo kárstico, <a href="https://www.dplf.org/sites/default/files/cenotes_peninsula_yucatan_sujeto_derechos_dplf_2022_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">lo hace particularmente vulnerable a la contaminación del agua</a>, debido a que los contaminantes entran de forma directa al subsuelo.
A raíz del trabajo de defensa de los Guardianes de los Cenotes, en febrero del presente año, un juez federal ordenó a las autoridades la<a href="https://desinformemonos.org/tras-sentencia-defensores-de-los-cenotes-exigen-respeto-a-consulta-contra-megagranja-porcicola-en-homun/?fbclid=IwAR3nNrNpOFU_CL88hFGvQwZjZsYshIFtollmLGzkUl1Y9okipgXObzwpXvA" target="_blank" rel="noopener"> revocación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA</a>) entregado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable a la empresa. Los dictámenes periciales de expertos científicos y legales confirmaban que la MIA presentaba omisiones a los derechos ambientales y comunitarios.
Las luchas de los Guardianes de Cenotes en Yucatán y los Guardianes de los Humedales en Chiapas tienen varias similitudes: han defendido los cuerpos de agua de sus territorios contra la contaminación, han luchado contra la falta de información sobre la calidad de la misma, así como la defensa del territorio y el respeto de su cosmovisión como comunidades mayas.
El <a href="https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/" target="_blank" rel="noopener">derecho humano al agua</a> es un derecho humano esencial amparado por el derecho internacional, al ser un elemento crucial para la vida humana y para el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que se relacionan directamente con la salud, la educación, el crecimiento económico y el medio ambiente.
Debido a su relevancia, el derecho al agua y saneamiento de las comunidades mayas requiere de acceso a información pública medioambiental. Es a través del acceso a la información que pueden conocer las decisiones que se toman sobre los cuerpos de agua y los impactos que puede hacer hacia la calidad de la misma. Sin embargo,  muchas veces las autoridades han negado información o entregado información ambigua, inadecuada, incompleta, parcial y sin pertinencia cultural, lo cual es contrario a los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública asentados en la <a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</a>.
La falta de acceso a información pública ambiental por parte del Estado es sumamente preocupante, considerando que las y los defensores del medio ambiente enfrentan muchos obstáculos en México para poder acceder a la justicia. En el país, las personas defensoras de medio ambiente y territorio afrontan discriminación y desigualdades estructurales por pertenecre a alguna población indígena; aunado a esto, se encuentran expuestas a numerosos riesgos, como agresiones, desaparición forzada y asesinatos. De acuerdo con Global Witness, en 2022 <a href="https://www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/" target="_blank" rel="noopener">se registraron 31 asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio</a>, de los cuales, al menos 16 eran personas indígenas.
A pesar del hostigamiento y agresiones por parte de autoridades y tomadores de decisiones, quienes han intentado desalentar sus luchas, “Las y los Guardianes de los Cenotes” y “Las y los Guardianes de los Humedales” persisten en defender los cuerpos de agua de sus territorios. Resaltan que el derecho a la información ambiental permite el acceso a otros derechos humanos, sobre todo un futuro digno para las siguientes generaciones.
La <a href="https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/monitor-de-sequia-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">crisis hídrica</a> que viven actualmente varias ciudades del país no debería sorprender. Es el resultado de décadas de deforestación, urbanización y despojo de tierras que han vivido las comunidades indígenas y rurales de México durante décadas. Ellas y ellos ya pronosticaban que esta situación ocurriría. Por ello, dentro del marco de conmemoración del Día Mundial del Agua, debemos recordar que cuidar el agua también significa cuidar a las y los cuidadores del agua.
* Nayelli Torres Salas es enlace en Chiapas de Derecho a la Información y Marilyn Alvarado es enlace en Yucatán de Derecho a la Información, en ARTICLE 19 MX-CA.

Defensores y defensoras indígenas del derecho humano al agua

En el contexto específico del periodo electoral, las personas periodistas se encuentran en la primera línea de batalla, enfrentando una serie de desafíos y amenazas de considerable magnitud debido a la intrínseca naturaleza de su labor informativa. Estos desafíos abarcan desde la intimidación y la violencia física hasta la censura, ya que su valiente labor de documentar la verdad y la realidad política puede poner en peligro intereses poderosos. Es una realidad que estas personas enfrentan el riesgo de ser atacadas, hostigadas o incluso asesinadas simplemente por ejercer su derecho a informar. Es importante reconocer y abordar estos desafíos para garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio pleno de la libertad de prensa y expresión durante los procesos electorales.
Un ejemplo de esta realidad se evidencia en las jornadas electorales de 2018, donde la Red Rompe el Miedo (RRM), <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> desde su activación, registró un total de 185 agresiones, incluyendo 68 ocurridas específicamente durante el día de la jornada electoral, que coincidió con un momento crucial para el país al tratarse de unas elecciones presidenciales de gran envergadura. Estos datos subrayan de manera contundente la creciente violencia dirigida hacia lxs profesionales de la comunicación durante la cobertura de eventos electorales, lo que resalta la importancia de abordar este problema con la seriedad y la urgencia que merece.
<h2>#8M</h2>
En los últimos tiempos, hemos atestiguado un incremento notable en las manifestaciones lideradas por mujeres y colectivas feministas, quienes alzan sus voces para exigir justicia frente a cientos de casos de violencia de género. Estas protestas representan un llamado urgente a la acción y una demanda de cambios estructurales en la sociedad para abordar la violencia machista en todas sus formas.
Sin embargo, lamentablemente, la respuesta a estas manifestaciones ha sido marcada por la estigmatización hacia las personas manifestantes con mensajes que descalifican sus demandas. Los ataques más frecuentes incluyen el robo de equipo o material de trabajo, la privación de la libertad y los ataques físicos. Es alarmante observar que las fuerzas de seguridad civiles son las autoridades que más han perpetrado estas agresiones. Por ello recordarles que el espacio cívico en el 8 de marzo es crucial para permitir la expresión libre y pacífica de las demandas y reivindicaciones de las mujeres, colectivas feministas y orientaciones diversas en busca de la igualdad de género y la erradicación de la violencia.
<h2>Activaciones de la RRM</h2>
En este contexto, la RRM se activará:
<ul>
<li>El 8 de marzo, en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de la Mujer.</li>
<li>A nivel nacional desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio, debido a las elecciones del año 2024.</li>
</ul>
La Red Rompe el Miedo desempeñará un papel fundamental en el monitoreo y documentación de posibles agresiones dirigidas tanto a periodistas como a integrantes de nuestra red. Además, estaremos atentas al desarrollo tanto de las marchas como de la jornada electoral, proporcionando información en tiempo real a través de nuestras plataformas en redes sociales, como nuestra cuenta de de X (anteriormente Twitter, <a href="https://twitter.com/RompeMiedo" target="_blank" rel="noopener">@RompeMiedo</a>), nuestro sitio web (<a href="https://informaterompeelmiedo.mx/" target="_blank" rel="noopener">Informaterompeelemiedo.mx</a>) y <a href="https://www.facebook.com/RompeMiedo/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>. Destacaremos cualquier incidente relevante y ofreceremos recomendaciones de seguridad para reducir los riesgos de todas y todos los involucrados.
Asimismo, mantendremos una estrecha comunicación con las autoridades pertinentes, alertándolas sobre cualquier necesidad de apoyo urgente que pueda surgir durante estos eventos. De esta manera, la RRM estará activa y presente para propiciar un entorno seguro para el pleno ejercicio tanto de la libertad de expresión como de la protesta pacífica.
<h2>Exigencias y llamado a la acción</h2>
Ante este escenario preocupante, la RRM exige que las autoridades establezcan medidas concretas para asegurar la protección de periodistas durante la protesta y el periodo electoral. Además, hace un llamado a integrantes de partidos políticos y a las y los candidatos para que se abstengan de realizar cualquier acto que ponga en peligro la vida, la libertad y la integridad de las personas periodistas.
Es relevante destacar que el papel de las personas periodistas es esencial para asegurar la transparencia y la integridad democrática tanto durante los procesos electorales como en manifestaciones como el 8 de marzo. Su labor incansable en la búsqueda y difusión de la verdad contribuye directamente a mantener informada a la ciudadanía, empoderándola para tomar decisiones informadas y participar activamente en el proceso democrático. Es responsabilidad de todas las personas proteger su seguridad y su libertad de expresión, y la Red Rompe el Miedo continuará trabajando para hacer de esto una realidad.
* Noemí Pineda es Investigadora del Programa de Protección y Defensa. Silvia Ruiz es Coordinadora de Prevención en ARTICLE 19 México y Centroamérica (<a href="https://twitter.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>).
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La Red Rompe el Miedo nació en 2013 en la Ciudad de México como una plataforma de articulación de medios de comunicación y colectivos de personas defensoras de derechos humanos. Su objetivo es fortalecer herramientas, procesos y redes para la protección y seguridad de periodistas y de su trabajo durante coberturas de alto riesgo y movilizaciones sociales.

La Red Rompe el Miedo: protegiendo la libertad de expresión en tiempos electorales y de protesta

“Bukele ha sabido usar las necesidades [de paz y seguridad] de las personas”, comentaba sobre el régimen de excepción una persona salvadoreña con quien pudimos conversar durante el ejercicio de observación de las condiciones de la prensa en el contexto electoral, realizado a inicios de febrero en El Salvador.  El régimen de excepción ha sido extendido en 23 ocasiones por Nayib Bukele desde marzo de 2022, con la justificación de que la anulación de derechos constitucionales permite librar al país de un mal común que por años asoló con altas tasas de criminalidad a El Salvador: las pandillas. Ello lo ha hecho ganar un importante número de simpatizantes, no solo a nivel nacional. Bukele cuenta con el 90 % de aceptación, según el informe del Latinobarómetro de 2023.
Esta <a href="https://open.spotify.com/episode/5BTfTKR2L3Qph3qarNLSRj" target="_blank" rel="noopener">“medicina amarga”</a> ha ido de la mano de fuertes recortes económicos en áreas como la educación, en favor de una estrategia de seguridad con resultados inmediatos y un claro <a href="https://cristosal.org/ES/informe-un-ano-bajo-el-regimen-de-excepcion-una-medida-permanente-de-represion-y-de-violaciones-a-los-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">aumento en el número de violaciones a los derechos humanos</a>. En materia de libertad de expresión y de prensa, estas medidas alertan porque han generado el cierre, casi impenetrable, del espacio cívico. Este entramado se robustece con leyes como la nueva <a href="https://www.uif.gob.sv/aprobacion-de-la-ley-especial-para-la-prevencion-control-y-sancion-del-la-ft-y-de-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/#:~:text=El%20d%C3%ADa%2021%20de%20diciembre,de%20Armas%20de%20Destrucci%C3%B3n%20Masiva." target="_blank" rel="noopener">ley de lavado de dinero</a>, vigilancia gubernamental,  la vaguedad de la aplicación del delito de terrorismo como meritorio de aprisionamiento, entre otros. Esto coloca en una situación de vulnerabilidad a medios y periodistas críticos, como se ha visto con el caso de El Faro, pero también a otro tipo de medios como los <a href="https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/01/el-salvador-periodistas-de-radios-comunitarias-decidieron-autocensurarse-para-evitar-represalias-en-el-regimen-de-bukele/" target="_blank" rel="noopener">comunitarios</a>
En este contexto, del 1 al 5 de febrero del 2023, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y prensa -Article 19 México y Centroamérica, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Protection Internacional Mesoamérica y Reporteros Sin Fronteras Suecia- hicimos este ejercicio de observación in situ. A este fin nos reunimos con centros de pensamiento, medios, periodistas y organizaciones de derechos humanos. El día 4 de febrero, visitamos cuatro centros de votación, entre ellos el centro de votación de la Avenida Olímpica, para ver las condiciones en las que a la prensa se les permitía dar -o no- cobertura a las elecciones. Lo observado el pasado 4 de febrero fue revelador en relación a los <a href="https://articulo19.org/la-libertad-de-prensa-es-clave-para-restablecer-la-democracia-en-el-salvador/" target="_blank" rel="noopener">hallazgos</a>. Aquí sólo me centraré en algunos aspectos.
Una de las problemáticas identificadas para el ejercicio periodístico es la falta de acceso a la información pública y a las fuentes mismas de información. Los diferentes actores con los que dialogamos manifestaron la inoperatividad del Instituto de Acceso a la Información; el cierre a espacios públicos o negación de entrevistas y/o rendición de cuentas; la aparente falta de registro de datos o información, incluso desinformación gubernamental. Ante este panorama, la prensa que intenta mantener informada a la ciudadanía con datos de fuentes no oficiales pero verificadas, se convierte de manera casi automática en enemigo público.
Lo observado el 4 de octubre en el centro de votación de Av. Olímpica también es alusivo del momento que atraviesa la prensa en este sentido.  Un despliegue de medios digitales, simpatizantes del gobierno, estaban colocados en la primera línea,  como una primera barrera que atendía la llegada de Bukele al centro de votación, en un entorno festivo más parecido a una campaña electoral. A ello se sumó un amplio operativo de seguridad que impedía cualquier tipo de interlocución con medios independientes o críticos. Bukele estaba blindado de la prensa independiente.
Otra de las problemáticas latentes del modelo Bukele es la estigmatización, el acoso digital y el uso del discurso de odio en contra de los medios independientes. Más preocupante resulta cuando estos ataques provienen de funcionarios del gobierno, o el mismo presidente, principalmente. De las elecciones, varios son los ejemplos que se podrían retomar: las declaraciones del <a href="https://twitter.com/VozPublicaVP/status/1754180122406473903" target="_blank" rel="noopener">vicepresidente</a> con respecto a la actitud ”facciosa” de algunos medios es uno, pero quizá el más claro es el del discurso del mismo Bukele en el Palacio Nacional en donde <a href="https://elpais.com/videos/2024-02-05/video-bukele-ataca-a-el-pais-en-su-discurso-de-la-victoria.html" target="_blank" rel="noopener">arremetió</a> en contra de un periodista de El País que lo había cuestionado horas antes en conferencia de prensa, por la afirmación de Félix Ulloa a un medio internacional. “A esta gente que dice se está desmantelando la democracia, mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo”.
Finalmente, cabe señalar que el centro de monitoreo de la APES <a href="https://latamjournalismreview.org/es/news/asociacion-de-periodistas-de-el-salvador-registra-173-agresiones-contra-la-prensa-durante-jornada-electoral/" target="_blank" rel="noopener">documentó y verificó un total de 173 agresiones</a> en contra de la prensa solo el 4 de febrero. La obstrucción a la labor periodística fue el tipo de agresión más recurrente, pero no el único. Se destaca la detención de Carlos Bucio por leer artículos constitucionales en un centro de votación, para manifestarse en contra de la reelección inconstitucional de Bukele.
Sobre esta base, el futuro de la libertad de expresión y prensa con Bukele está lejos de ser el ideal. Por ello, recuperar y defender la libertad de expresión en El Salvador será clave para dar marcha atrás al desmantelamiento democrático que se oculta detrás del éxito popular del modelo Bukele, tanto a nivel nacional como en la región.
* Cintia Alva es coordinadora del Programa para Centroamérica y el Caribe de <a href="https://twitter.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>.

La reelección de Bukele

La violencia en contra de la prensa y activistas se encuentra en un momento crítico. Recientemente, las personas que pertenecen a estos gremios se han encontrado en mayor riesgo de ser atacadas públicamente tanto por actores gubernamentales como por redes anónimas que multiplican los discursos estigmatizantes del gobierno. Estos ataques, acompañados de narrativas que apuntan a desprestigiarles y a su trabajo, impactan gravemente en sus esferas física, psicosocial, jurídica y digital.
Por ello, el 16 de febrero de 2024 se llevó a cabo el <a href="https://x.com/article19mex/status/1758615360939430339?s=20" target="_blank" rel="noopener">Seminario Internacional “Voces Bajo Acecho: Desafíos latinoamericanos frente a la estigmatización y desinformación”</a> como una invitación a nombrar, identificar y pensar en detalle el contexto actual en el que se ejerce la libertad de expresión y el derecho a defender derechos en la región. El evento organizado por Signa_Lab del ITESO y la Oficina para México y Centroamérica de ARTICLE 19 reunió a <a href="https://x.com/Signa_Lab/status/1745895561620799531?s=20" target="_blank" rel="noopener">doce panelistas</a> provenientes de México, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Brasil y Colombia, para discutir el despliegue de las estrategias y redes de estigmatización y desinformación que actualmente son impulsadas por grupos de poder político, mismas que se hacen evidentes en el acoso contra voces críticas en el espacio digital.
El evento se centró en abordar la tendencia, tanto en México como en el resto de América Latina, dirigida a atacar de manera selectiva y coordinada a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que son y han sido críticas a los gobiernos en turno. Estos ataques se han realizado a través de canales gubernamentales, como es el caso de las conferencias o declaraciones que realizan servidores públicos, o por medio de plataformas de redes sociales, utilizadas para ampliar las narrativas e incrementar el impacto de los ataques.
Estas redes, desplegadas -en su mayor parte- utilizando recursos públicos, tienen por objetivo manipular a la opinión pública hacia una narrativa estigmatizante, señalando a las personas críticas como enemigas públicas y del Estado. Al repasar las experiencias de los países de la región, se observa que los habituales ataques en el espacio físico, y la desprotección institucional, se combinan con estrategias de ataques coordinados o semi coordinados en redes sociales con la intención concreta de “acabar con la reputación” de la persona que asume una postura crítica. Se pretende desprestigiarla para desacreditarla y “desactivarla”, impidiéndole participar en discusiones públicas posteriores.
Dicha situación se agrava gracias al papel de plataformas digitales, quienes se benefician de contenidos y discursos polarizantes para captar la atención de las personas usuarias de las tecnologías, exponiéndolas de sobre manera a contenidos que caen en la propaganda política como táctica de disuasión y persuasión.
A pesar de que este tipo de ataques están comúnmente dirigidos a la prensa y activistas, también es cierto que se han desplegado, cada vez con mayor frecuencia, en contra de personas del ámbito académico y organizaciones de la sociedad civil. Estas estrategias de ataque impactan gravemente en la democracia al silenciar y excluir del debate a personas defensoras, periodistas e investigadoras. Situación que se refleja claramente con la separación de <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-2024/presidencia/iteso-ine-bajan-a-rossana-reguillo-preguntas-debate-presidencial" target="_blank" rel="noopener">Rossana Reguillo,</a> fundadora de Signa_Lab, de la selección de preguntas para el primer debate entre aspirantes a la presidencia. Su salida del proceso se llevó a cabo debido a constantes presiones por parte de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, mismas que fueron acompañadas de mensajes intimidantes, violentos y estigmatizantes a través de redes sociales.
Cada ataque tiene un impacto diferenciado en quien lo recibe, considerando los sistemas de opresión que operan en contra de mujeres, personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica y, en general, en contra personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad que carecen de condiciones para actuar frente a las agresiones que reciben.
A pesar de este panorama, existe la posibilidad de contrarrestar y hacer frente a la estigmatización y desinformación pública, a través de diversas estrategias:
<ul>
<li>La construcción de redes efectivas para el trabajo conjunto y el cuidado colectivo entre periodistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y colectivas.</li>
<li>Apostar por el periodismo innovador, crítico y de investigación que fiscalice y exija cuentas a los grupos de poder y se base en criterios de calidad orientados al bien común y con perspectiva de derechos humanos.</li>
<li>Sumar al diálogo a las plataformas digitales para encontrar, junto con ellas y otros actores que forman parte de la gobernanza de Internet, mejores alternativas para abordar las estrategias públicas de descrédito a quienes informan y defienden derechos humanos, que tanto tráfico e interacciones generan. Esta colaboración se vuelve patente ya que las plataformas digitales han explotado los beneficios de mantener viva la lógica de posverdad, en su papel de monopolios que imponen reglas a las redes sociales y monetizan su actividad.</li>
</ul>
Igualmente, con la sofisticación de la desinformación a través de las tecnologías emergentes, se vuelve sumamente relevante promover y fortalecer las capacidades y habilidades digitales y comunicacionales que permitan a las personas valorar los discursos en disputa en la arena pública. Todo ello con el fin de que la sociedad pueda hacer frente a las narrativas impulsadas desde las esferas de poder y así participar en el debate público de manera libre, informada, crítica y propositiva.
De allí, subrayamos la urgencia de denunciar la perversión del discurso estigmatizador y desinformador, sobre todo cuando proviene de los gobiernos, que desacreditan el escrutinio público, tanto nacional como internacional y los mecanismos de observación de derechos humanos, como otra forma de socavar los contrapesos al ejercicio del poder. Es por eso que ARTICLE 19 y Signa_Lab seguiremos monitoreando y denunciando la violencia en contra de la libertad de expresión.
* Iván González Vega es académico en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Es periodista y artista de teatro. Ma. José De Icaza Benet es defensora de derechos humanos e investigadora del programa de Derechos Digitales de ARTICLE 19.

Reflexiones sobre las redes de estigmatización y desinformación contra periodistas y activistas en América Latina

Reflexiones sobre redes de estigmatización y desinformación contra periodistas y activistas en AL

En el año 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, de manera apresurada y sin discusión, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y al Código Penal Federal (CPF) derivadas de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Como fue advertido por decenas de organizaciones que participamos en la campaña #NiCensuraNiCandados, las reformas a la LFDA amenazan gravemente el derecho a la libertad de expresión en Internet, así como el derecho a la ciencia y la cultura al establecer mecanismos de censura y control sobre las personas usuarias de tecnología.
Tras casi cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha anunciado que en las próximas semanas resolverá múltiples impugnaciones presentadas en contra de las reformas a la LFDA, incluyendo un juicio de amparo presentado por ARTICLE 19 y las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una minoría del Senado.
Alguno de los aspectos más destacados que serán resueltos son los siguientes:
<h2>El sistema de “notificación y retirada”</h2>
Uno de los aspectos más importantes de la reforma a la LFDA cuya constitucionalidad será analizada es el modelo —importado de la legislación estadounidense— conocido como “notificación y retirada” (notice and takedown), por medio del cual cualquier persona que se ostente como titular de derechos de autor puede obligar a los proveedores de servicios de Internet como los buscadores, las plataformas de video o las redes sociales, e incluso los proveedores de hosting, a censurar cualquier contenido almacenado o publicado en dichos servicios, mediante un mero aviso en el que alegue se violan sus derechos de autor y sin necesidad de que un juez determine si dicho contenido es efectivamente ilícito, o si se trata de un uso legítimo de una obra que no requiere autorización, por ejemplo, por ser de interés público.
Existe amplia <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2755628" target="_blank" rel="noopener">evidencia</a> de que este sistema es frecuentemente abusado para censurar información que no viola derechos de autor, incluso <a href="https://www.wsj.com/articles/google-dmca-copyright-claims-takedown-online-reputation-11589557001" target="_blank" rel="noopener">información de interés público</a> y que la facilidad con la que este esquema permite remover contenidos en línea genera un efecto inhibidor “chilling effect” que genera una amplia autocensura por parte de las personas usuarias de servicios en línea.
Es por ello que organismos internacionales de derechos humanos han advertido que el sistema de “notificación y retirada” es violatorio del derecho a la libertad de expresión y que únicamente se puede obligar a proveedores de servicios a remover contenidos en línea cuando exista una determinación judicial sobre la ilicitud de un determinado contenido.
<h2>Censura automatizada</h2>
La LFDA también condiciona la no responsabilidad de proveedores de servicios en línea por el contenido de sus usuarios a que implemente otras medidas, como implementar medidas tecnológicas para identificar contenidos infractores y medidas para evitar que un contenido que se reclama infractor vuelva a ser subido a una plataforma. Lo anterior se ha traducido en una obligación de los proveedores de servicios en línea de implementar mecanismos automatizados para identificar y censurar contenidos en línea, incluyendo contenidos que aún no son publicados, pero que dichos sistemas identifican e impiden que sean publicados (filtros de subida).
Esta forma de censura automatizada es particularmente problemática, dado que los sistemas automatizados son incapaces de llevar a cabo el análisis ampliamente contextual y complejo sobre si la publicación de un fragmento de una obra protegida viola derechos de autor o por el contrario, se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión y las excepciones y limitaciones al derecho de autor reconocidas en la propia LFDA.
Existen miles de ejemplos de contenidos en línea removidos absurda y hasta cómicamente por sistemas automatizados. La <a href="https://www.eff.org/es/takedowns/automated-copyright-filter-cant-detect-infringement-or-irony" target="_blank" rel="noopener">censura de una clase en línea sobre derechos de autor</a> hasta la <a href="https://r3d.mx/2018/09/06/el-algoritmo-de-derechos-de-autor-de-youtube-se-equivoca-con-las-obras-de-dominio-publico/">censura de </a><a href="https://r3d.mx/2018/09/06/el-algoritmo-de-derechos-de-autor-de-youtube-se-equivoca-con-las-obras-de-dominio-publico/">videos</a><a href="https://r3d.mx/2018/09/06/el-algoritmo-de-derechos-de-autor-de-youtube-se-equivoca-con-las-obras-de-dominio-publico/" target="_blank" rel="noopener"> de personas ejecutando obras de dominio público</a>. Pero su efecto más pernicioso es usualmente invisible, las millones de publicaciones que no suceden, porque los sistemas automatizados impiden que sean publicadas por detectar erróneamente infracciones a derechos de autor. Por ello, organismos internacionales de derechos humanos también han advertido que la remoción automatizada de contenidos es incompatible con la libertad de expresión.
<h2>Candados tecnológicos</h2>
Otro de los aspectos principales de las reformas a la LFDA es la prohibición y sanción de la elusión de medidas tecnológicas de protección (MTP), que son impuestas por titulares de derechos de autor para controlar el acceso a obras protegidas.
Originalmente, las MTP fueron desarrolladas por parte de algunos titulares con la intención de obstaculizar el acceso y/o copia de obras contenidas en soportes materiales como los discos de video digital (DVD). No obstante, existen tecnologías que permiten eludir esa protección y acceder, copiar o reproducir el contenido del DVD de maneras distintas a las previstas o deseadas por el titular.
El acceso, copia o reproducción del contenido del DVD de una manera distinta a la dispuesta por el titular no necesariamente constituye una infracción a los derechos de los titulares. Por ejemplo, en el caso de la adquisición legal de un DVD u otra obra audiovisual, el acceso y reproducción privada del contenido e incluso la copia privada del contenido no solo no constituye una infracción sino que constituye justamente el uso normal de la obra, o en el caso de la copia privada, el ejercicio de una excepción y limitación a los derechos de autor reconocida por la propia LFDA.
En este sentido, resulta crucial comprender que la elusión de medidas tecnológicas de protección no se encuentra ligada necesariamente a una infracción a derechos de autor, por el contrario, existen múltiples usos no infractores de derechos de autor ligados a dichas elusiones, e incluso de un alto interés público, como lo es la posibilidad de obtener fragmentos de obras para la enseñanza, la investigación, la crítica o para que las obras sean accesibles a personas con discapacidad.
Las MTP también han sido utilizadas por fabricantes de tecnología para controlar la manera en la que las personas usuarias utilizan sus productos. Desde impedir que una impresora pueda utilizar cartuchos no fabricados por la misma empresa, hasta obligar a las personas usuarias a reparar sus dispositivos únicamente en donde el fabricante autorice. Esto tiene serias implicaciones para la economía, competencia, la seguridad, la interoperabilidad, la libertad y autonomía tecnológica y hasta para el medio ambiente, dado que promueven la generación de basura electrónica.
No obstante lo anterior, las reformas a la LFDA imponen sanciones administrativas y penales graves por eludir candados digitales (MTP), incluso cuando la elusión es necesaria para ejercer derechos humanos y derechos que la propia LFDA reconoce. Si bien se incluyen algunas excepciones, estas son insuficientes y contradictorias pues, por ejemplo, en algunos casos permite la elusión de medidas tecnológicas de protección, pero prohíbe y sanciona contar con información o herramientas necesarias para llevar a cabo la elusión.
En consecuencia es ilegal y meritorio de sanciones –que pueden alcanzar multas de 1.7 millones de pesos y hasta 6 años de prisión– eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico o eludir un candado digital para ejercer los derechos a la libertad de expresión, amparados por las excepciones y limitaciones al derecho de autor reconocidas en los artículos 148 y 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo cual es claramente violatorio de derechos humanos.
La SCJN tiene ante sí una oportunidad única de establecer precedentes históricos para los derechos digitales. Están en juego la libertad de expresión en línea, el derecho a la cultura y la ciencia y crucialmente, la posibilidad de que el avance tecnológico signifique la ampliación de derechos y la soberanía tecnológica y no el sometimiento a mecanismos de control y censura por parte de las industrias tecnológicas y del entretenimiento.
* Luis Fernando García (<a href="https://twitter.com/R3Dmx" target="_blank" rel="noopener">@R3dmx</a>) es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Ante la Suprema Corte: #NiCensuraNiCandados

Antes del auge del Internet, en México y en América Latina había una problemática generalizada para la democracia: solo unos cuantos medios de comunicación, muchos de ellos influenciados por la manera en que se asignaban los recursos de publicidad oficial por parte del Estado, concentraban el poder de informar a las personas. Esto ha dejado una huella pesada en momentos históricos determinantes. Basta con recordar cómo los medios de comunicación abordaron la matanza de Tlatelolco (1968) desde la versión oficial en la que se negaban las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes y manifestantes por parte de militares; pero ¿qué tiene que ver la concentración del poder de informar con las medidas de competencia económica?
La  evolución de las tecnologías de la información y comunicación han permitido retar los efectos y alcances  del oligopolio de la información de los medios tradicionales de comunicación y han modificado la forma en que -como sociedad- nos informamos y accedemos a la información. Ya no son diálogos unidireccionales donde las personas solo reciben y consumen información a través de la radio o la televisión: ahora es a través de las plataformas digitales, como las redes sociales, que las personas podemos responder y ser agentes activos en la creación, diseminación y discusión de la información. Los contenidos generados por la ciudadanía mediante estos espacios digitales muchas veces contrasta y permite hacer frente a las narrativas oficialistas difundidas por el poder económico y político.
No obstante, ante la relevancia que -algunas- plataformas de redes sociales tienen en la arena pública y posicionando la información que puede -o no- circular a través de ellas, es importante que estas asuman responsabilidades determinadas para garantizar un mejor servicio a las personas usuarias. Las plataformas tienen un gran poder sobre la diseminación de contenidos y han establecido sus propias reglas del juego a través de sus términos y condiciones. Con ese gran poder sobre la información, deberían venir grandes responsabilidades.
Por otra parte, el derecho de competencia económica se ha centrado -tradicionalmente- en una visión enfocada casi exclusivamente en la eficiencia, asegurando que los mercados operen libremente y que las personas consumidoras tengan opciones de productos y servicios para elegir libremente aquellos que más les convengan. Este enfoque puede ser insuficiente, limitado al impacto económico o no contemplar las implicaciones sociales del ejercicio abusivo del poder económico.  Eso también ocurre con relación al dominio de las grandes plataformas digitales que moderan contenidos en el análisis de posibles abusos de su poder económico, las lentes tradicionales del derecho de la competencia desprecian su impacto al respeto y a la garantía de los derechos humanos.
Es necesario, entonces, medir nuevos parámetros de interpretación  de las leyes en materia de competencia económica. El poder de las grandes plataformas digitales afecta la dinámica competitiva de los mercados e incide, también, en el ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, si buscamos mercados más dinámicos, competitivos y respetuosos con los derechos humanos y la libertad de expresión, esos elementos de ejercicio de poder también necesitan ser considerados.
Si damos una mirada global, en la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) representan un paso significativo hacia el reconocimiento de la intersección entre competencia y libertad de expresión. La DSA impone obligaciones de transparencia a las plataformas, exigiendo que divulguen sus políticas de moderación de contenido y sus sistemas de clasificación algorítmica. La DMA, por otra parte, pretende frenar las prácticas anticompetitivas de las plataformas digitales preponderantes, como la autopreferencia y limitaciones en el compartimiento de datos. Estas nuevas regulaciones europeas pretenden fomentar un ecosistema digital más equilibrado, en el que las grandes plataformas digitales sean responsables de sus acciones y que sus usuarios tengan mayor protección y libertad para expresarse.
Especialmente en un contexto en que las plataformas son controladoras del acceso a la información y moderadoras de lo que se permite o no como discursos en sus espacios, necesitamos medidas para equilibrar ese poder que permita asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos, en especial, la libertad de expresión. La campaña #ExpresiónsinBarreras, de Artículo 19 con la Fundación Friedrich Naumann, permite tener una discusión accesible sobre la importancia de una aplicación efectiva del derecho de la competencia económica para resaltar la importancia de la defensa de la libertad de expresión frente a las limitaciones impuestas por las grandes plataformas suelen ser “guardianas de contenido”.
Al respecto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus organismos han reconocido la importancia de equilibrar la libertad de expresión y el acceso a la información con otros derechos humanos, como el derecho a la privacidad; razón por la que es necesario hacer más para garantizar que estos principios se mantengan en la era digital. Esto hace que las políticas de competencia económica en América Latina adquieran un papel importante para garantizar la libertad de expresión -y otros derechos humanos- en el entorno digital, caso sean amenazados debido al ejercicio abusivo del poder económico.
Mientras vemos este fuerte sistema de derechos humanos, el derecho de la competencia parece disociarse de su aplicación, pese a que las autoridades reguladoras en la materia cuenten con los mecanismos que pueden auxiliar en evitar que las plataformas abusen de su poder de mercado y sofoquen el discurso en línea.
Ejemplo de esto es el caso de la investigación abierta por la autoridad de competencia brasileña sobre la presunta manipulación de los resultados de búsqueda por parte de Google y Meta durante el debate brasileño sobre una iniciativa legislativa (que dicho sea de paso buscaba regular a estas plataformas). Este caso pone de relieve la necesidad de contar con más alternativas para obtener información que permita una formación de criterio a través de una pluralidad de opiniones e ideas; para evitar la manipulación del discurso público por parte de unas cuantas plataformas
En conclusión, las políticas de  competencia económica y la libertad de expresión no son mutuamente excluyentes; son fuerzas complementarias que permiten mantener un mercado de informaciones e ideas y una democracia saludable. Al adoptar un enfoque más holístico de los derechos humanos en el entorno digital, podemos crear un entorno que sea tanto más justo como abierto.
* Camila Leite (<a href="https://twitter.com/camilaaleite" target="_blank" rel="noopener">@camilaaleite</a>) es abogada experta en Derechos Digitales y Telecomunicaciones en Idec &#8211; Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. Agneris Sampieri (<a href="https://twitter.com/nerisampi" target="_blank" rel="noopener">@nerisampi</a>) es analista de políticas públicas para América Latina y el Caribe en Access Now.

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