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Información oficial

2018 marcó el inicio de una escalada de horror para el periodismo independiente y el activismo en Nicaragua, después de que, de manera legítima, <a href="https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei-nicaragua/GIEI_INFORME.pdf" target="_blank" rel="noopener">la población saliera a las calles a expresar su descontento</a> con el régimen Ortega-Murillo. La represión desplegada, a partir del uso desproporcionado de la fuerza, en contra de las voces críticas, sumado a la ejecución extrajudicial del periodista <a href="https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/Corte/2024/NI_14.746_NdeREs.PDF" target="_blank" rel="noopener">Ángel Eduardo Gahona López</a> ocurrida el 21 de abril de 2018, marcó un antes y un después para el periodismo en el territorio. Hoy, ejercer la libertad de expresión en ese país es sinónimo de desaparición, persecución y destierro.
Es así que de cara al Día nacional del periodista en Nicaragua, celebrado el 1 de marzo, resulta necesario advertir sobre este contexto, considerando que las detenciones arbitrarias, el despojo de la nacionalidad, el exilio forzoso, la confiscación de bienes, la desaparición forzada y la criminalización forman parte del cotidiano nicaragüense. Basta recordar la sentencia de 8 años en contra del periodista independiente<a href="https://articulo19.org/nicaragua-la-condena-de-8-anos-contra-el-periodista-victor-ticay-se-suma-a-la-lista-de-violaciones-a-los-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener"> Víctor Ticay</a> por dar cobertura y transmitir en redes sociales una celebración católica el 5 de abril de 2023, sumado a su <a href="https://confidencial.digital/nacion/periodista-victor-ticay-no-se-puede-encarcelar-la-verdad/" target="_blank" rel="noopener">reciente destierro</a>. O la desaparición forzada de la periodista <a href="https://articulo19.org/se-cumplen-17-dias-de-la-desaparicion-forzada-de-la-periodista-y-activista-nicaraguense-fabiola-tercero-tras-el-allanamiento-de-su-casa-perpetrado-por-cuerpos-policiacos/" target="_blank" rel="noopener">Fabiola Tercero</a>, ocurrida el 12 de julio de 2024, cuyo paradero sigue sin conocerse. O las detenciones arbitrarias del <a href="https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/expresion/prensa/comunicados/2024/324.asp" target="_blank" rel="noopener">periodista Elsbeth D&#8217;Anda y del adulto mayor Leo Catalino Cárcamo</a>, éste último periodista en retiro.
De acuerdo con información de la <a href="https://fled.ong/la-libertad-de-prensa-en-nicaragua-un-lamento-silenciado-en-2024/" target="_blank" rel="noopener">Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)</a>, desde 2018, alrededor de 283 personas periodistas han sido forzadas al exilio por el miedo a ser perseguidas ellas y sus propias familias, pues la represión se extiende a sus redes. El miedo a informar se ha apoderado de algunos espacios del país, a tal grado de que al menos <a href="https://fled.ong/la-libertad-de-prensa-en-nicaragua-un-lamento-silenciado-en-2024/" target="_blank" rel="noopener">10 departamentos están silenciados</a>. Esto quiere decir que son sitios en donde ya no se practica el periodismo, pues ante la desprotección, el camino inmediato es la autocensura.
A estos datos se suma la alarmante cifra de organizaciones perseguidas. Al 10 de febrero del año en curso, la <a href="https://libertadasociacion.org/estadisticas-y-datos/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia</a>, contabiliza cerca de 5,500 medios de comunicación y organizaciones que forzadas a cerrar, dentro de las que se encuentran, organizaciones nacionales, internacionales, asociaciones religiosas, de mujeres, vecinales, culturales, médicas, entre otras.
De tal manera que, el patrón es similar al de otros territorios. Tal como ha sucedido en otros países del Sur Global, fuera del espacio latinoamericano, como <a href="https://www.dejusticia.org/column/el-cierre-de-los-espacios-civicos-que-esta-pasando-y-que-podemos-hacer/" target="_blank" rel="noopener">Egipto, Turquía, Filipinas y Kenia</a>, la estrategia es la imposición de barreras legales que impiden o limitan la operación de las organizaciones o medios, así como el uso desproporcionado del derecho penal y de las fuerzas armadas para castigar el disenso o cualquier conato de cuestionamiento al statu quo de violencias en dichos países.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el 22 de noviembre de 2024 cuando la <a href="http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/C58A89C36FC2130006258BE100562D7E/%24File/Texto%20Preliminar%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%2026%2011%2024.pdf?Open" target="_blank" rel="noopener">Asamblea Nacional de Nicaragua</a> aprobó, casi de inmediato, la <a href="http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/C58A89C36FC2130006258BE100562D7E/%24File/Texto%20Preliminar%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%2026%2011%2024.pdf?Open" target="_blank" rel="noopener">reforma a la Constitución Política de Nicaragua</a> que formaliza lo que desde hace poco más de 27 años ya sucedía: la concentración del poder en Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, trastocando drásticamente el principio de separación de poderes.
Los riesgos de reducir los espacios cívicos son inminentes para el ejercicio democrático de las sociedades, al limitar la participación de las personas en los asuntos públicos y facilitar con ello la concentración de poder en un grupo de personas que no necesariamente representa a la población y mucho menos toma en cuenta las necesidades particulares de los distintos grupos poblacionales. El peligro de impedir el libre ejercicio periodístico es alto al momento de hacer efectiva la exigibilidad de nuestros derechos, considerando que a su vez se restringe el derecho de las personas de acceder a la información.
Es por ello que, ante la asfixia que se vive en Nicaragua, resulta imperante visibilizar, acuerpar y apoyar al periodismo independiente que, pese a los embates autoritarios, hoy sigue de pie. Organizaciones y medios como PCIN o la FLED contribuyen desde una mirada crítica y aun desde el exilio, a informar para continuar en la lucha de transitar a una sociedad más justa y abierta. Su trabajo es imprescindible para abrir nuevamente las puertas de Nicaragua a todas aquellas personas a quienes arbitraria e injustamente les fueron cerradas.
*Frida O. Arreola Luna es investigadora en el programa de Centroamérica y el Caribe, para ARTICLE 19 MX-CA.

Nicaragua: periodismo independiente en erosión

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En México, como en varios países latinoamericanos, se está discutiendo cómo debería ser la regulación sobre inteligencia artificial -dado que la tecnología cada vez avanza a pasos agigantados sin contemplar aún un marco normativo que proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos-. Sin embargo, uno de los temas que está pendiente abordarse en la agenda gubernamental de inteligencia artificial y ciberseguridad de la infraestructura crítica es la adquisición, uso y desarrollo de tecnologías emergentes por parte del sector público.
Recordemos que el gobierno de México aún tiene pendiente resolver las prácticas y vulneraciones en torno a la intervención de comunicaciones sin orden judicial en contra de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos mediante el malware Pegasus. En tanto que el gobierno continúa siendo omiso, la adquisición de tecnología continúa siendo opaca y vacía de información respecto a qué tipo de tecnologías compran, quiénes son los proveedores, qué instituciones las compran y cuál es el uso que se les está dando. Ante esto, la indolencia, la impunidad y la falta de rendición de cuentas es una problemática que socava la capacidad del Gobierno mexicano de cumplir con su responsabilidad de salvaguardar los derechos de cualquier persona, casi en cualquier materia.
Mirando los compromisos de los Estados de la región frente a los derechos humanos, la Electronic Frontier Foundation publicó recientemente<a href="https://www.eff.org/pages/human-rights-standards-government-use-ai-latin-america?language=es" target="_blank" rel="noopener"> un informe</a> respecto al uso estatal de sistemas basados en algoritmos e inteligencia artificial (IA) para automatizar tareas y procedimientos en apoyo a funciones y decisiones que afectan derechos. El informe destaca que, aunque el despliegue de estas tecnologías por entes públicos pueda ser novedosa, la base de garantías de derechos sobre la cual se debe asentar su utilización viene de muchos años y cuenta con estándares robustos que los Estados deben garantizar.
Debe recordarse que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece a los Estados Parte —México entre ellos— <a href="https://www.eff.org/document/human-rights-standards-government-use-ai-latin-america-appendix" target="_blank" rel="noopener">la obligación</a> de respetar y garantizar los derechos humanos, los cuales incluyen la de prevenir, investigar y castigar las violaciones a dichos derechos. En este marco, es clave tener en cuenta que la adopción de sistemas algorítmicos como parte de políticas o iniciativas de órganos del Estado implica riesgos de seguridad, discriminación, vigilancia ilegal y errores que pueden afectar el acceso a servicios esenciales o conllevar a consecuencias graves sobre la vida de miles de personas. 
La implementación de tecnología en el sector público requiere entonces de un examen detenido de los órganos que contemplen la adquisición o uso de estas tecnologías para conocer si el uso de un sistema de IA es adecuado para el propósito pretendido, así como si presenta un beneficio concreto. Estos propósitos y beneficios deben estar asociados al fortalecimiento en la garantía y el ejercicio de determinados derechos, lo que se debe comprobar al momento de monitorear y evaluar su implementación. Es así, que la adopción de estos sistemas por entes estatales demanda la realización de evaluaciones de impacto de derechos humanos antes del despliegue y durante su uso.
Aunado a ello, cualquier violación de derechos humanos derivada de la adopción de estos sistemas y tecnologías por instituciones públicas debe resultar en investigaciones que proporcionen insumos para la evaluación del sistema y del contexto de su utilización, conduciendo a modificaciones efectivas o a su interrupción. Con ello, también se desarrollan las medidas necesarias para evitar que la violación de derechos se repita.
Respetar y garantizar derechos implica organizar todo el aparato del poder público para hacer efectivos los derechos establecidos por la Convención, incluyendo adoptar medidas legislativas y ajustar prácticas, procesos y estructuras del Estado hacia este objetivo. Todas las instituciones del Estado están sujetas a los compromisos asumidos frente al derecho internacional de derechos humanos. Esto incluye a los jueces y tribunales a los cuales compete ejercer un control de convencionalidad sobre las leyes y reglamentos nacionales que basan el uso estatal de sistemas de IA o decisiones automatizadas en situaciones o mediante procedimientos ilícitos según la Convención Americana.
Un elemento primordial que se desprende de las garantías interamericanas es el imperativo de la transparencia de las actividades estatales. A ellas se aplica el principio de la máxima divulgación, según el cual el derecho de acceso a la información es la regla y el secreto es la excepción. Corresponde al Estado la carga de la prueba de que el acceso a determinada información puede ser legítimamente restringido. Además, el derecho a la información tiene prioridad frente a normas contradictorias o la falta de regulación. 
No se permiten restricciones amplias basadas en una calificación general de “orden público”, “seguridad nacional” o “seguridad pública”. Las limitaciones deben aplicarse estrictamente a los tipos de información y a los tipos de divulgación que, conforme a la ley, representen efectivamente un riesgo según los principios democráticos, y solamente hasta que exista dicho riesgo específico y objetivo. La exigencia de transparencia se refuerza en iniciativas que involucran altos montos del presupuesto público, lo que suele ser la regla en el despliegue de tecnologías de IA por entes estatales.  
Las garantías de debido proceso en la implementación de tecnologías deben ser parte de sus bases esenciales. Las personas afectadas por decisiones automatizadas deben ser informadas de los procedimientos que analizan sus derechos y obligaciones antes de que se adopte una decisión. Ellas deben recibir, con la antelación suficiente para que puedan intervenir, información clara que explique por qué están sujetas al procedimiento, los elementos relevantes que se están considerando y una referencia sobre cómo los elementos que se están evaluando influyen en las consecuencias a las que pueden enfrentarse. La información necesaria incluye aún los medios de que ellas disponen para presentar sus alegaciones, que deben ser fácilmente accesibles. Además, las decisiones deben ser debidamente justificadas, lo que implica a los sistemas utilizados observar estándares de interpretabilidad y explicabilidad.
Se suman a estas garantías el derecho a la vida privada en su relación con la protección de datos y la autodeterminación. En una <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_16_2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">decisión reciente</a> de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha reconocido la protección de la autodeterminación informativa bajo la Convención Americana. Con ello, se garantiza una serie de derechos vinculados al poder asegurado a las personas de conocer y tener injerencia sobre cómo sus datos personales son tratados por terceros. 
Finalmente, la participación social significativa es otro elemento clave de una actuación estatal basada en los derechos humanos. Ello presupone el acceso a la información relevante sobre el uso de estos sistemas y el involucramiento de distintos sectores de la sociedad en los momentos de decisión y evaluación acerca de su implementación, especialmente de los grupos históricamente discriminados, personas afectadas y expertos en los temas vinculados a cada una de estas iniciativas (ej. educación, protección social, etc.). 
La transparencia y acceso a la información, el debido proceso, la igualdad y no discriminación, la privacidad y protección de datos, así como la participación social significativa son todos principios transversales que deben guiar la actuación del Estado en el despliegue de sistemas de IA en el desarrollo de sus funciones —no solamente para orientar cómo hacerlo y evaluar su implementación pero también para basar la definición primera de si dicho despliegue es legítimo y conforme a los derechos humanos. 
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*Veridiana Alimonti (<a href="https://x.com/veri_alimonti" target="_blank" rel="noopener">@veri_alimonti</a>) es directora asociada de políticas para América Latina en Electronic Frontier Foundation y Priscilla Ruiz Guillén es coordinadora legal en Derechos Digitales para ARTICLE 19 MX-CA (<a href="https://x.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>).
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Principios que deben guiar al Estado ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Hace menos de un mes se celebró la edición 17 del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (también conocido como LACIGF, por sus siglas en inglés). Éste es un foro que desde 2008 se realiza cada año, y es un espacio donde múltiples actores de los sectores gubernamental, académico, técnico, empresarial y la sociedad civil de la región latinoamericana convergen para hablar sobre los temas que resaltan en la agenda de Internet y de los derechos humanos vinculados a las tecnologías. Sobre todo, de aquéllos que inexorablemente necesitan ser discutidos a nivel colectivo, debido a la compleja naturaleza de arquitectura de la red y de otras tecnologías de información y comunicación (TIC) vinculadas, así como de todos los actores que convergen en sus distintos niveles de funcionamiento. Aunque es verdad que el diseño, evolución y utilización de Internet responde a una agenda de desarrollo a escala global, los temas incluidos en el LACIGF influencian la manera en que ésta se consolida.
En esta edición del foro, las discusiones principales se desprendieron de un análisis de las prioridades que se identifican: ya sea porque son problemas y desafíos que perduran y empeoran, o porque se han complejizado a manera en que también ha avanzado la evolución de las tecnologías. De manera esquematizada, algunas preguntas sobre las que se reflexionó fueron las siguientes: ¿De qué manera se habilita la censura y vigilancia a través y con el uso de las tecnologías? ¿Cómo han evolucionado las amenazas contra el espacio cívico digital? ¿Qué papel están jugando las tecnologías, algunas de ellas emergentes, en la vida de las personas? ¿Qué implicaciones tienen las decisiones sobre la tecnología -que toman gobiernos y empresas- en los derechos humanos? ¿Qué se necesita hacer al respecto? ¿Por parte de quién? ¿Cómo la brecha digital perdura a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo en la región para la conexión? ¿Cuáles son los factores que favorecen al descrédito y desprotección a los derechos humanos vinculados a las TIC?
Algunos ejes temáticos prevalecieron en el LAIGF y se consideraron transversalmente a lo largo de las discusiones, debido a la urgencia con la que deben abordarse o porque son temáticas que tienen características particulares debido a su relación con otros fenómenos en la región. Por ejemplo, los procesos migratorios, los declives democráticos, los oligopolios empresariales, el abuso de empresas extranjeras para aplicar términos y condiciones que lastiman los derechos fundamentales y se aprovechan de la falta de marcos regulatorios que protejan a las personas usuarias de las TIC, las iniciativas legislativas nacionales que copian textos del norte global (como de la Unión Europea o Estados Unidos) pero que están descontextualizadas para su aplicación, por mencionar algunas.
Para ilustrar, en el caso de las implicaciones de la vigilancia, no es lo mismo discutir el tema en la generalidad, que plantearla en un contexto regional donde se están equipando las fronteras con tecnologías para amenazar los derechos de las personas en procesos migratorios. Tampoco es lo mismo discutir qué necesidades existen para regular las tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, que aterrizar dichas discusiones considerando que los gobiernos en la región suelen buscar impedir, en lugar de reforzar y garantizar, el empoderamiento y la agencia de la sociedad.
Dentro del abanico de discusiones que existieron, hay algunas que parecieron haberse superado pero que renacieron: debido a que ya se había construido o avanzado hacia la consolidación de una infraestructura que permitiera luchar contra prácticas o políticas estatales o corporativas que significaban un abuso. No obstante, lamentablemente cualquier avance en materia de derechos humanos puede desaparecer de la noche a la mañana, como bien hemos sufrido y tenemos conocimiento en nuestra región.
El grado de protección de los derechos humanos en el entorno digital, como la libertad de expresión, información, privacidad y datos personales, están inherentemente relacionados con las capas que existen a nivel nacional para poder protegerlos. Las leyes de protección de datos personales son un gran ejemplo. Las legislaciones en la materia han servido en múltiples jurisdicciones para prevenir y atender vulneraciones de datos personales, incluyendo aquellos sensibles o que están vinculados directamente a la parte más íntima de una persona. También, la existencia de instituciones gubernamentales autónomas, competentes y con “dientes” son importantísimas para estos mismos fines. Sobre todo, de aquellas abocadas a vigilar el cumplimiento de acceso a información pública del gobierno relacionada con la compra, el uso y abuso de tecnologías, aquellas que monitorean el grado de cumplimiento de protección del tratamiento de datos personales en posesión de particulares y del sector público, aquellas que promueven el grado de competencia económica en los mercados digitales y los derechos de las personas usuarias de las TIC -que son consumidoras- en estas dinámicas.
En las diferentes regiones del mundo los temas relacionados a la agenda de derechos humanos e Internet tiene similitudes. Sin embargo, desafortunadamente en nuestra región esta agenda se da en un contexto donde ya conocemos -de primera mano- el abuso por parte de actores estatales y privados para controlar y sacar partido de nuestras sociedades, y donde poco a poco se nos va despojando de la infraestructura legal e institucional para proteger nuestros derechos. Los contextos latinoamericanos, históricamente autoritarios y de otras violaciones a derechos humanos, informan y dan forma a dicha agenda. Ante esta situación abrir los ojos es el primer paso para reclamar lo que nos corresponde: la garantía de que nuestros derechos estén protegidos en todos los espacios y a través de todas sus expresiones.
* Martha Tudón es oficial del programa de derechos digitales en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

Breviario de la agenda latinoamericana sobre derechos humanos e Internet

&#8220;Creo que estos dos años en la cárcel me permitieron contribuir más a que la gente en Guatemala y afuera vieran al país como es, mucho más que los 30 años que estuve en la prensa reiterando que éramos una narcodictadura que cogobierna en alianza de intereses para mantenernos secuestrados&#8221;.
José Rubén Zamora
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Este año, el día del periodista en Guatemala se conmemora en medio de una ola de agresiones contra la prensa. El 30 de noviembre busca reconocer el papel fundamental que desempeñan las y los periodistas y comunicadores en sociedades democráticas para garantizar un espacio cívico abierto. Sin embargo, pese a la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, con una propuesta que prometió velar por el Estado de derecho en el mar de corrupción que azota a Guatemala desde décadas atrás, la libertad de expresión y de prensa continúa experimentando serios actos que buscan acallarla.
Los ejemplos son diversos, pero el caso del periodista José Rubén Zamora, de 68 años, resume -en parte- el entramado de abuso judicial al que se enfrenta el gremio en ese país. La criminalización por su labor revela el círculo de impunidad que tiene sumido el llamado <a href="https://no-ficcion.com/pacto-de-corruptos-doodle/" target="_blank" rel="noopener">pacto de corruptos</a> a Guatemala.
Los procesos por lavado de dinero, obstrucción de la justicia y falsificación de documentos que enfrenta Zamora y que lo mantuvieron más de 800 días en prisión, están plagados de irregularidades, retrasos maliciosos y faltas al debido proceso. Al respecto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria señaló que su privación de libertad es arbitraria, por lo que instó a su liberación inmediata. Por su parte, un <a href="https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/08/un-experts-raise-alarm-terrible-conditions-which-news-publisher-jose-ruben" target="_blank" rel="noopener">grupo de personas </a><a href="https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/08/un-experts-raise-alarm-terrible-conditions-which-news-publisher-jose-ruben" target="_blank" rel="noopener">expertas</a> de la ONU dio cuenta de las condiciones inhumanas de las que fue víctima en prisión preventiva, como el aislamiento prolongado en una oscuridad casi constante, la privación del sueño, la desnudez forzada y registros arbitrarios de la celda.
Después de permanecer más de dos años encarcelado durante los cuales diez abogados renunciaron a su defensa por las presiones del sistema de justicia, con el esfuerzo de su familia, del gremio periodístico de Guatemala y de organizaciones a nivel nacional e internacional, en la audiencia de revisión de medidas celebrada el 18 de octubre de 2024 un <a href="https://elpais.com/america/2024-10-19/el-periodista-jose-ruben-zamora-saldra-de-la-carcel-y-continuara-bajo-arresto-domiciliario-en-guatemala.html" target="_blank" rel="noopener">juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal decidió que Zamora podía estar bajo arresto domiciliario</a> para enfrentar los procesos legales que tiene pendientes.
En agosto de este año, otro juez del <a href="https://emisorasunidas.com/2024/08/26/tribunal-medidas-sustitutivas-jose-ruben-zamora-agosto-2024/" target="_blank" rel="noopener">Tribunal Noveno de Sentencia Penal</a> ya le había otorgado la posibilidad de estar privado de la libertad en su casa, sin embargo, para que ello se concretara era necesario que esta decisión se replicara en los casos de lavado de dinero y de obstrucción a la justicia que hay en su contra para que Zamora pudiera salir de prisión.
La decisión de darle arresto domiciliario se sustentaba en que el periodista había superado los plazos para continuar en prisión preventiva, es decir para seguir recluido en el cuartel Mariscal Zavala mientras era juzgado y recibía su condena. Pero el destello de esperanza duró menos de un mes: el 15 de noviembre, <a href="https://elpais.com/america/2024-11-15/un-tribunal-de-guatemala-ordena-que-el-periodista-jose-ruben-zamora-vuelva-a-prision-tras-un-mes-en-arresto-domiciliario.html" target="_blank" rel="noopener">un juzgado de apelaciones revocó esa medida</a>.
Este intento de regresar a Zamora a la cárcel deja en evidencia la cooptación del sistema de justicia y su uso para acallar a la prensa, lo que lamentablemente es una amenaza creciente que se está viendo también en otros países.
En el marco del día del periodista en Guatemala es importante subrayar que el caso de Zamora no es individual, pues busca inhibir la labor periodística de quien sea que cuestione la corrupción e impunidad que afecta al país y que se refleja en otros casos de acoso judicial contra personas periodistas y comunicadoras. Su libertad, hoy más que nunca, también sería un importante precedente de respaldo y de respeto a la prensa, el estado de derecho y los derechos humanos en la región.
* ARTICLE 19 México y Centroamérica, Amnistía Internacional, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Reporteros Sin Fronteras y Protección Internacional Mesoamérica son organizaciones que defienden derechos humanos y las libertades de prensa y expresión en América Latina.

La criminalización contra José Rubén Zamora y el mensaje para la prensa en Guatemala

Tal vez recuerden los memes que, hace no mucho tiempo, surgieron en torno al paracetamol, en los que las personas se burlaban de que, para cualquier malestar o enfermedad, no importa que tan grave fuera, el paracetamol era la solución. Al igual que en los memes, los gobiernos también han optado por buscar soluciones únicas para problemáticas de seguridad, un claro ejemplo es la Plataforma Centinela.
La Plataforma se inició en 2022 a través de la celebración de un contrato millonario entre la empresa SeguriTech Privada S.A. de C.V., la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> y está compuesta de una mezcla entre infraestructura de vigilancia e inteligencia artificial, que de acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, prometería acabar con la inseguridad en el estado, sin importar que tan grave fuera y que tantas causas subyacentes tuviera.
Esta “mágica” operación consta de una sede, denominada <a href="https://youtube.com/watch?v=NKPuur6s4qg" target="_blank" rel="noopener">Torre Centinela</a>, que monitoreará la actividad de 13 subcentros de vigilancia localizados en diversas partes del estado a través de la recolección y análisis de datos por medio de cámaras y sistemas de identificación biométrica y predicción conductual, así como algoritmos de inteligencia artificial. Según el gobierno de Chihuahua, esta infraestructura de vigilancia masiva servirá para prevenir la actividad delictiva, fortalecer el acceso a la justicia, y ejercer control migratorio, con <a href="https://zonafree.mx/2024/01/05/la-plataforma-centinela-redujo-90-los-homicidios-en-chihuahua-falso/" target="_blank" rel="noopener">la promesa de reducir el 90 % de los homicidios dolosos en el estado.</a>
Lamentablemente, a diferencia de lo que ocurre con el paracetamol -cuyo funcionamiento y propósito conocemos o podemos buscar fácilmente en Internet- la falta de transparencia sobre la Plataforma Centinela es alarmante. Dicha Plataforma ha adoptado la tendencia de la opacidad, en la cual las autoridades tomaron la decisión arbitraria de clasificar como reservada por motivos de seguridad pública toda la información sobre cómo funciona, qué información recopila, cómo y para qué se utiliza, cómo se protege, qué decisiones se toman a través de procesos automatizados y cómo estas pueden afectar el ejercicio de nuestros derechos a través del Acuerdo SSPE-CT-14-2023. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Lo anterior contraviene los <a href="https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Taller_Alto_Nivel_Paraguay_2018_documentos_referencia_Principios_Tshwane.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principios globales sobre seguridad nacional y acceso a la información, </a><a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>  pues imposibilita que las personas tengan pleno conocimiento de los posibles efectos adversos de la misma y abre la puerta a abusos de poder y violaciones de derechos humanos, principalmente en torno a la privacidad, el tratamiento de datos personales, el debido proceso y la presunción de inocencia, como ocurrió en el caso del <a href="https://ejercitoespia.r3d.mx/" target="_blank" rel="noopener">malware Pegasus</a>, <a href="https://r3d.mx/2023/05/11/el-periodista-mexicano-fredid-roman-fue-geolocalizado-en-secreto-un-dia-antes-de-su-asesinato/" target="_blank" rel="noopener">los sistemas de geolocalización</a> y <a href="https://r3d.mx/2021/08/02/gobierno-de-coahuila-uso-sistema-de-reconocimiento-facial-para-perseguir-a-manifestantes-del-movimiento-black-lives-matter/" target="_blank" rel="noopener">las tecnologías biométricas</a>. Sin acceso a la información es imposible que las personas evalúen los riesgos asociados con estas tecnologías emergentes, como a su datos personales, privacidad e incluso la imposibilidad de que exijan rendición de cuentas de quienes las implementan.
Asimismo, la historia ha demostrado que este tipo de tecnologías no son neutrales, por el contrario, se encuentran plagadas de sesgos que reproducen estereotipos que pueden perpetuar la discriminación y la criminalización de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, en especial personas racializadas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Sobre la implementación de tecnologías biométricas y predictivas, la Relatoría Especial sobre la lucha contra el terrorismo de la ONU <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> ha señalado que su uso, particularmente en contextos fronterizos, es desproporcionado, discriminatorio y se vincula a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Además, los sistemas de identificación biométrica y predicción conductual representan riesgos al utilizar datos subjetivos, lo que puede resultar en la persecución de comunidades vulnerables y amplificar la injusticia social. En este sentido destaca la utilización de esta Plataforma como herramienta para el <a href="https://zonafree.mx/2023/03/31/exhiben-en-camara-de-diputados-acuerdo-de-maru-campos-con-texas-para-detener-a-migrantes/" target="_blank" rel="noopener">control migratorio</a> y la predicción de actividades delictivas, que pueden llevar al perfilamiento racial a través de los sesgos inherentes a las tecnologías emergentes.
Estas estrategias reflejan una lógica errónea de los gobiernos que vinculan el control mediante vigilancia masiva con la seguridad, a pesar de que <a href="https://r3d.mx/2023/07/11/las-tecnologias-de-vigilancia-masiva-son-autoritarias-y-no-resuelven-los-problemas-de-seguridad-publica/">no exista </a><a href="https://r3d.mx/2023/07/11/las-tecnologias-de-vigilancia-masiva-son-autoritarias-y-no-resuelven-los-problemas-de-seguridad-publica/" target="_blank" rel="noopener">evidencia alguna que avale esta correlación</a>. A través de la aprobación de reformas y la creación de políticas públicas, los gobiernos tanto federal como locales han marcado una clara tendencia hacia la militarización y la administración de seguridad por medio de la violencia estatal, la vigilancia y el punitivismo, sin ofrecer resultados que avalen su implementación. Estrategias de seguridad como la Plataforma Centinela ofrecen una falsa sensación de bienestar, similar a la de un placebo, sin abordar problemas estructurales como la corrupción y la desigualdad. En lugar de implementar políticas integrales, el gobierno opta por medidas superficiales que promueven la persecución de quienes critican al poder, alejándose de la promesa de seguridad.
Asimismo, el enfoque tecnosolucionista que presenta la Plataforma Centinela es una visión reduccionista y peligrosa que deshumaniza el enfoque hacia la seguridad pública. Al confiar ciegamente en tecnologías emergentes, se corre el riesgo de olvidar que detrás de cada decisión automatizada hay vidas humanas, con historias y contextos que no pueden ser capturados por algoritmos.
Regresando a la analogía del paracetamol. Así como este medicamento que puede aliviar síntomas leves no es funcional para curar una enfermedad grave sin la valoración adecuada de personal médico, en materia de seguridad es esencial llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita identificar las causas subyacentes de la violencia antes de aplicar cualquier medida que pueda resultar desproporcionada a lo que quiere conseguir. Si bien no existe una respuesta única ante la inseguridad, algo es muy claro: ésta no se logrará a través del miedo y el control. Sin un enfoque integral que contemple estas realidades, la Plataforma Centinela es propensa a provocar reacciones adversas o complicaciones adicionales en vez de resolver problemas, como sería la apertura injustificada de carpetas de investigación, la criminalización de personas inocentes y faltas al debido proceso, la inhibición de la protesta, la persecución y comisión de graves violaciones a derechos humanos en contra de personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas, o el abuso y uso arbitrario de la información recabada. Por lo tanto, es fundamental determinar qué tipo de tecnología adoptar, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, y evaluar si la tecnología utilizada realmente aporta valor antes de desplegarla.
La inseguridad en Chihuahua o en cualquier otro estado no se resuelve a través de tecnologías como la Plataforma Centinela. Es fundamental que tanto el próximo gobierno federal como los gobiernos locales adopten un enfoque centrado en derechos humanos, que permita atender las causas estructurales de la violencia a través de estrategias interinstitucionales integrales y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas accesibles y efectivos -con especial énfasis en la adquisición y despliegue de tecnologías emergentes- asegurando la participación informada de la sociedad. Nuestro derecho a la seguridad no debe estar por encima de la privacidad ni otros derechos; es hora de que los gobiernos reconozcan esto y busquen soluciones que realmente resuelvan los problemas, en lugar de ofrecer espejismos que solo agravan la situación.
* Ma. José De Icaza es investigadora en el programa de Derechos Digitales en ARTICLE 19 México y Centroamérica.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Véase respuesta a solicitud de información con folio 0824677240000129 de la Plataforma Nacional de Transparencia.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Idem.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Open Society Fondation, <a href="https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Taller_Alto_Nivel_Paraguay_2018_documentos_referencia_Principios_Tshwane.pdf" target="_blank" rel="noopener">Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho a la información</a> (“Principios de Tshwane”), Nueva York, 12 de junio de 2013.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> ARTICLE 19, <a href="https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/05/Biometric-Report-P3-min.pdf" target="_blank" rel="noopener">When bodies become data: Biometric technologies and freedom of expression</a>, London, 2021. Las personas racializadas son aquellas a quienes la sociedad ha asignado una categoría racial que determina el trato opresivo o discriminatorio que reciben, especialmente de instituciones formales. Estas categorías son un constructo social histórico resultantes de complejos procesos de identificación y diferenciación basados en criterios fenotípicos, culturales, lingüísticos y ancestrales, entre otros. SOS Racismo Madrid,<a href="https://www.sosracismomadrid.es/glosario-de-conceptos-antirracistas/" target="_blank" rel="noopener"> Glosario de conceptos antirracistas</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Relatora Especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Human rights implications of the development, use and transfer of new technologies in the context of counter-terrorism and countering and preventing violent extremism, A/HRC/52/39, 1 de marzo de 2023.

Plataforma Centinela: el paracetamol de la seguridad

El 22 de agosto de 2024 en El Salvador se dio un paso ejemplar en el caso de los cuatro periodistas holandeses que fueron emboscados y asesinados en 1982 por la Fuerza Armada, mismo que <a href="https://x.com/FComunicandonos/status/1826677143801409696" target="_blank" rel="noopener">pasará a la etapa de juicio</a>; un dictamen valiente de la jueza y que “abre una ventana de esperanza” para las víctimas del conflicto armado en el país, según comités de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
<a href="https://www.comunicandonos.org.sv/especial-la-emboscada/" target="_blank" rel="noopener">El 17 de marzo de 1982, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag caminaban por las tierras áridas de Santa Rita, Chalatenango</a>, cuando el Batallón Atonal de la Fuerza Armada de El Salvador disparó en contra de ellos y los guías salvadoreños pertenecientes a fuerzas insurgentes. Los periodistas se disponían a grabar un documental en territorio controlado por la guerrilla. Algo estaba claro: al poder militar que gobernaba el país le incomodaba el periodismo independiente. Así, la maquinaria bélica militar confabuló para asesinar a los 4 periodistas. 
El exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García; el exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, general Rafael Flores Lima; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería; coronel Mario Adalberto Reyes Mena; y el sargento Mario Canizales, conspiraron para asesinar a personas que hacían su trabajo de informar.
Desde el 2018, el caso ha avanzado a contracorriente poniendo un precedente en materia de verdad, justicia, <a href="https://x.com/FComunicandonos/status/1831713722940744081" target="_blank" rel="noopener">medidas de reparación</a>, no repetición y memoria histórica. Esto gracias a una denuncia penal presentada por la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, en representación de familiares de los 4 periodistas holandeses y con el acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica, ubicada en Costa Rica. En 2021 se presentó la acusación particular en contra de los 5 militares mencionados anteriormente. Un año después, por mandato judicial se elevó el caso a la fase plenaria para llevar a juicio a los perpetradores. 
Ningún crimen de lesa humanidad o crimen de guerra cometido en el conflicto armado en El Salvador había llegado a la etapa de juicio. El caso de la <a href="https://cejil.org/caso/la-masacre-de-el-mozote-y-lugares-aledanos/" target="_blank" rel="noopener">masacre de El Mozote</a>, la peor masacre cometida en El Salvador y en la región en tiempos modernos, ha avanzado a pequeños pasos a pesar de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas.
Por ello la importancia de la judicialización y castigo a los responsables del asesinato de los 4 periodistas holandeses. Este se convierte en el primer caso consignado en el <a href="http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locura-a-la-esperanza.htm" target="_blank" rel="noopener">Informe de la Comisión de la Verdad</a> que pasa a etapa de juicio. Es la primera luz de esperanza para que las víctimas del conflicto armado puedan tener justicia y verdad, como también una sentencia ejemplarizante para que los crímenes contra periodistas no queden en la impunidad. 
Durante el 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 311 agresiones contra la prensa en el país, la cual representa un aumento del 66% en comparación con el año anterior. En este contexto hostil para la prensa ARTICLE 19 ha reiterado que el estado de excepción en El Salvador da paso a que se vigile y criminalice a periodistas. Vale destacar que recientemente <a href="https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/207.asp" target="_blank" rel="noopener">la CIDH solicitó al Estado salvadoreño suspender el estado de excepción</a> ya que las condiciones de violencia que lo propiciaron no siguen vigentes.
Este precedente histórico contribuye a romper con el estado de impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos en El Salvador. Principalmente, en defensa de la libertad de expresión y prensa, a favor de los familiares y de las víctimas directas: los 4 periodistas. De obtener una sentencia favorable a las víctimas, se tendrá un paso ejemplar y esperanzador que garantice la no repetición y que asegure que los crímenes contra periodistas del pasado y del presente no permanezcan en la impunidad. 
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*Diego René Hernández Umanzor es representante de la Fundación Comunicándonos. Jessica Alcázar Romero es coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19. Alexia Martínez Montalban es investigadora del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19 (@article19mex).

El caso del asesinato de los 4 periodistas holandeses en El Salvador abre una ventana de esperanza

El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Conmemorar este día no debe pasar desapercibido en un país como México. Es un día de protesta, denuncia y visibilización que se suman a la agenda de miles de familias y cientos de colectivos de búsqueda que se han enfrentado a la omisión, complicidad y falta de políticas públicas reales que combatan la crisis humanitaria  en el país por parte del Estado mexicano. Una crisis con al menos 116 mil personas desaparecidas, y más de 52 mil cuerpos sin identificar al resguardo del Estado.
Este día se suman las demandas de protección y seguridad de las personas buscadoras, donde por desgracia, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el índice de personas buscadoras asesinadas y desaparecidas ha sido mayor en comparación con los dos gobiernos anteriores. Es decir, entre 2018 a marzo de 2024 se asesinaron al menos <a href="https://articulo19.org/derechospendientes/" target="_blank" rel="noopener">16 personas buscadoras por su labor (en su mayoría mujeres), y una buscadora desaparecida</a>, es decir, 17 de los 22 casos documentados entre 2010 y 2024.
La búsqueda de personas desaparecidas en el país tiene diversas rutas. Una sola vía no es suficiente. Las diferentes formas de búsqueda, como búsqueda en vida, búsqueda en fosas clandestinas, en cuerpos de agua, en sitios de exterminio y en fosas comunes, son algunas de ellas. En México, quienes buscan son las familias, en su mayoría mujeres: madres, abuelas, hermanas, hijas. Ellas nos han mostrado el camino de luz ante el horror de la desaparición.
El mes de agosto, y en especial el día  30 se organizaron decenas de eventos que nos acercan a conocer el fenómeno de la crisis de desaparición y forense en México. En este marco, destacamos dos eventos que nos acercan a las problemáticas, retos y dificultades diarias transitas por las familiares buscadoras en México. Pero sobre todo, exigen al gobierno mexicano su respuesta y atención urgente a la crisis humanitaria.
El primer evento fue el conversatorio &#8220;Retos, Limitaciones y Deudas del Estado: exhumaciones con enfoque masivo en fosa común como una ruta de búsqueda de personas desaparecidas en México&#8221; llevado a cabo en el marco del día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en medio del proceso de transición de gobierno federal, los días 6 y 7 de agosto del presente año, organizado por Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato; Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Observatorio Etnográfico de las Violencias (OEV/CIESAS), y Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF).
Familias de Chihuahua, Morelos, Coahuila, Jalisco y Guanajuato compartieron experiencias para analizar las buenas y las malas prácticas en el tema forense, obstáculos en la búsqueda y sobre la petición de identificación de los miles de cuerpos que se han exhumado de fosas comunes. Este encuentro generó una serie de peticiones y recomendaciones al Estado mexicano, por lo que se realizó <a href="https://articulo19.org/la-identificacion-debe-ser-prioridad-para-el-estado-mexicano/" target="_blank" rel="noopener">un llamado a la electa Claudia Sheinbaum</a>, quien asumirá el cargo del ejecutivo federal en octubre próximo. Se exige que se asuma el compromiso de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación y restitución digna de los cuerpos no identificados en México. En el entendido de que, quien dirige este país, tiene la obligación de escuchar las voces de las familias buscadoras.
El segundo evento fue el 14 de agosto de 2024, con el relanzamiento y actualización de la <a href="https://plataformaciudadanadefosas.org/" target="_blank" rel="noopener">Plataforma Ciudadana de Fosas</a>, impulsada en colaboración con Artículo 19, Data Cívica, y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. En dicho evento también participó Edith Hernández, integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos, quien habló de la importancia de los datos y registros para las familias de personas desaparecidas en México.
La plataforma es una herramienta ciudadana que reúne documentación de los hallazgos de fosas clandestinas en México reportadas por 1) prensa nacional y local; 2) fiscalías, procuradurías locales y servicios forenses, como el caso de Jalisco; y 3) Fiscalía General de la República (FGR), estas últimas obtenidas vía Transparencia y Acceso a la Información Pública. En resumen, en dicha plataforma se encontrarán los hallazgos de fosas clandestinas de manera actualizada, provenientes de fuentes oficiales desde el año 2006 hasta junio de 2023, además de los registros de fosas clandestinas obtenidos por fuentes abiertas —hemerográficas— desde el año 2006 hasta diciembre de 2022.
<a href="https://articulo19.org/plataforma-ciudadana-de-fosas-clandestinas-de-que-tamano-es-la-crisis-forense-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">Algunos de los hallazgos más relevantes </a>que nos arroja la plataforma son, primero, as fiscalías estatales reportan más fosas clandestinas, con una diferencia de 1,934 fosas en comparación con las fuentes abiertas y de 3,978 con la FGR. Segundo, que los tres estados con más fosas halladas de 2006 a junio de 2023, según fiscalías locales, son Sonora (750), Veracruz (548) y Tamaulipas (475), y por último los estados con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas de 2006 a junio de 2023, según las fiscalías locales, son Jalisco (1,269), Sonora (655) y Veracruz (546) juntas  concentran el 40 % del total.
Estos dos eventos, y las decenas de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en este año, se dan en un momento de impasse de gobierno, donde la administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador, deja a la presidente electa Claudia Sheinbaum un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) empobrecido, donde se desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH); aún no se cuenta con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), además de implementar un censo sin metodología, ni transparencia con el fin de recortar el existente Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Las deudas del Estado con las familias están presentes. Las movilizaciones de miles de familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas interpelan a la sociedad y evidencian la necesidad de compromiso urgente por parte de quien asumirá las riendas del país. Hoy más que nunca es momento de mostrar el compromiso y voluntad para resolver la crisis de desaparición y forense en México.
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*Jessica Chantal Alcázar Romero es coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19 (<a href="https://twitter.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>) Oficina para México y Centroamérica.

30 de agosto, un día de conmemoración y protesta por las miles de personas desaparecidas en México

Los gritos de «Libertad» significan, primero que todo, libertad para elegir.
Alina Bárbara López Hernández, académica cubana.
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Durante este primer semestre del 2024, el estado de la libertad de expresión en Cuba no muestra una mejoría respecto a los anteriores años. La falta de alimentos, los apagones de electricidad y las interrupciones del servicio de internet, son sólo algunos de los aspectos que motivan a las personas a salir a las calles, o a pronunciarse en el espacio digital, a ejercer su legítimo derecho a la protesta para exigir mejores condiciones de vida.
Hasta el 15 de agosto de este año, ARTICLE 19 registró 89 agresiones contra personas periodistas, de las cuales 71 estuvieron dirigidas a hombres, 17 a mujeres y una agresión a un medio de comunicación. Así como 256 agresiones en contra de activistas, de las cuales 184 estuvieron dirigidas a hombres, 71 a mujeres y 1 a una mujer trans.
Las detenciones arbitrarias, las citaciones para interrogatorios, las amenazas de encarcelamiento, así como las interrupciones de internet, sobre todo en el marco de manifestaciones, siguen su trayectoria incesante. 
Durante el <a href="https://articulo19.org/tres-anos-del-11j-mas-de-600-personas-permanecen-privadas-de-libertad-por-protestar-pacificamente-en-cuba/" target="_blank" rel="noopener">tercer aniversario de las históricas protestas realizadas el 11 de julio de 2021 (11J)</a>, hubo arrestos domiciliarios que tenían como objetivo impedir una nueva manifestación. Además, las personas privadas de su libertad por el 11J y que continúan con su labor de defensa aún dentro de las cárceles, fueron <a href="https://articulo19.org/cuba-a-3-anos-del-11j-estado-continua-actos-represivos-contra-periodistas-y-activistas/" target="_blank" rel="noopener">víctimas de tratos crueles e inhumanos </a>como el aislamiento prolongado, ​​la reducción de los alimentos, la prohibición del contacto con la familia, la denegación en la atención a la salud, amenazas, por mencionar algunas.
Periodistas y activistas como Carlos Michael Morales Rodríguez, Yoelexi Alonso Acosta, Camila Acosta, Alina Bárbara López, Jenny Pantoja, Mabel Páez, Sulmira Martínez son sólo algunas de las personas que han sido intimidadas, acosadas, hostigadas y vigiladas de manera sistemática por la Seguridad del Estado cubano durante estos meses.
No sólo es castigado y perseguido el disenso en los espacios públicos, el espacio digital también es asediado y silenciado.<a href="https://articulo19.org/estado-cubano-continua-con-la-violacion-de-derechos-humanos-de-personas-presas-politicas/" target="_blank" rel="noopener"> Sulmira Martínez</a>, influencer cubana de 22 años, fue detenida arbitrariamente desde hace año y medio en 2023, por los supuestos delitos cometidos contra el orden constitucional y desacato, por llamar a protestar mediante sus redes sociales.  
El cierre del espacio cívico en Cuba no es más que un síntoma del deterioro del régimen cubano en la isla. Es urgente que el Estado cubano cese la persecución en contra de periodistas y activistas independientes que apelan por una nueva realidad en el territorio, en donde no sea un peligro expresar la diversidad de ideas inherente a la condición humana; y por ende parte de la pluralidad misma como lo menciona el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ante este escenario, las promesas de una sociedad igualitaria, equitativa y justa de aquel socialismo instaurado en 1959 tras el triunfo de la Revolución cubana, hoy se encuentran desgastadas por la inoperancia del régimen cubano que, sumado a los intereses geopolíticos del territorio, han sumido hoy a Cuba en una profunda crisis económica, política, social y cultural sin precedentes.
Es apremiante que las personas periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, escritoras y cualquier voz que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, manifestando su disenso, deje de ser expuesta a violencias estatales so pretexto de poner en peligro los ideales revolucionarios y constitucionales del país.
* Frida Odet Arreola Luna es investigadora del Programa de Centroamérica y El Caribe de Artículo 19.

Despenalizar el espacio cívico en Cuba

El viernes 26 de julio de 2024, mediante <a href="https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/311381/20240729">Resolución 710/2024</a>, el Ministerio de Seguridad de Argentina creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, con el objetivo de detectar, investigar y perseguir “el delito y sus conexiones” utilizando inteligencia artificial. Desde el Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo (Argentina) observamos estos desarrollos con atención por su potencial afectación a los derechos de privacidad y libertad de expresión de los habitantes. Nuestra inquietud no se limita al caso argentino, pues el aumento desproporcionado de las capacidades de vigilancia de los Estados sin control político ni ciudadano alguno es una tendencia cuya sombra se proyecta sobre toda la región.
Entre las funciones de la flamante unidad se encuentran el patrullaje de “redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada “Internet profunda” o “Dark-Web”, para la “investigación de delitos e identificación de sus autores” y “la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad”, el análisis de “actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios”, el análisis en tiempo real de cámaras de seguridad para “detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial”, la predicción y prevención de futuros delitos a través del análisis de datos históricos de crímenes mediante algoritmos de aprendizaje automático, detectar y prevenir ciberataques, procesar “grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos”, y compartir información entre diferentes fuerzas de seguridad.
El Ministerio de Seguridad de Argentina ya había <a href="https://observatoriolegislativocele.com/ciberpatrullaje-en-argentina-analisis-de-una-resolucion-problematica-por-lucia-camacho-g/">reintroducido en mayo</a> las tareas de inteligencia en fuentes abiertas (OSINT) con fines de vigilancia, <a href="https://observatoriolegislativocele.com/ciberpatrullaje-o-inteligencia/">bajo el eufemismo de “ciberpatrullaje”</a>. Los caracteres que diferencian a la OSINT del mero “patrullaje” son su finalidad (no de seguridad ciudadana sino de recolección de información y producción de inteligencia), el secreto (las FFSS patrullan uniformadas e identificadas, mientras que la actividad de inteligencia se realiza de forma encubierta) y la especificidad (el patrullaje recae sobre espacios, mientras que actividad de inteligencia tiene objetivos de inteligencia concretos).
La medida se enmarca en una creciente propensión de los estados al establecimiento de sistemas de vigilancia masiva de sus habitantes. La propia resolución hace eco de esa circunstancia, al citar como casos de éxito de la aplicación de IA al ámbito de la seguridad a los Estados Unidos de América, China, el Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India. Los gobiernos de la región no son ajenos a esta tendencia. Desde el Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (CELE) coordinamos el mapeo de la normativa y la práctica de la utilización estatal de OSINT para vigilancia en cinco países de la región (<a href="https://www.palermo.edu/Archivos_content/2023/cele/papers/230621-reporte-OSINT.pdf">Argentina</a>, <a href="https://articulo19.org/informe-practicas-de-open-source-intelligence-osinten-mexico/">Brasil</a>, <a href="https://web.karisma.org.co/wp-content/uploads/2023/07/CHECHERES-JUGUETES-Y-ARMAS.pdf">Colombia</a>, <a href="https://articulo19.org/wp-content/uploads/2023/07/Informe-OSINT-Mexico.pdf">México</a> y <a href="https://datysoc.org/informe-ciberpatrullaje/">Uruguay</a>). El proyecto concluyó con la elaboración de un <a href="https://www.palermo.edu/Archivos_content/2023/cele/papers/233008-reporte-regional-OSINT.pdf">informe regional comparativo</a>.
Las conclusiones de ese informe siguen plenamente vigentes y son aplicables al panorama actual. En aquél momento, ya señalamos que, en muchos estados de la región, la OSINT se practica por fuera de la ley, en ausencia de normas que establezcan sus requisitos de procedencia, sus límites o el tratamiento posterior de la información recolectada. Y que allí donde existen normas habilitantes de prácticas OSINT, éstas no cumplen con el principio de legalidad requerido por los estándares internacionales de derechos humanos, que exige que las normas que establezcan restricciones en el goce de derechos sean sancionadas mediante una ley formal del Congreso.
Las implicancias de la práctica de OSINT en el derecho a privacidad son enormes y traen aparejadas potenciales afectaciones en el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión. Las personas tienden a modificar su comportamiento si creen que están siendo vigiladas, sobre todo si existen sospechas fundadas de que su discurso podría ser objeto de <a href="https://www.palermo.edu/Archivos_content/2023/cele/papers/233008-reporte-regional-OSINT.pdf">represalias estatales</a>. En la medida en que internet es el lugar donde discurre gran parte del intercambio público, la posibilidad de que los usuarios ejerzan autocensura en sus interacciones online ante el temor de estar siendo vigilados amenaza con debilitar el vigor del debate necesario en una sociedad democrática.
En todos los países analizados en nuestro <a href="https://www.palermo.edu/Archivos_content/2023/cele/papers/233008-reporte-regional-OSINT.pdf">informe</a> existe una gran opacidad en torno a la adquisición de tecnologías OSINT y su aplicación contra personas concretas. Ello es problemático en varios sentidos. Por un lado, el secreto dificulta la rendición de cuentas frente a la ciudadanía de los funcionarios que ordenan que esas políticas se lleven adelante. Por otro lado, hace imposible en los hechos la defensa contra las instancias concretas de vigilancia a ciudadanos particulares, mediante su impugnación judicial. Finalmente, la falta de reglamentación sobre el destino de la información obtenida ha dado lugar a todo tipo de abusos estatales, como su utilización para elaborar perfiles de académicos, periodistas, dirigentes políticos, manifestantes y activistas opositores al gobierno.
Para evitar la vulneración de derechos a través de las prácticas OSINT, resulta imprescindible que toda acción estatal cumpla el test tripartito desarrollado en el Sistema Internacional de Derechos Humanos para que cualquier medida de vigilancia sobre la población sea legal, necesaria y proporcionada. La utilización de herramientas de inteligencia artificial en combinación con técnicas de vigilancia luce preocupante a la luz de estos estándares, particularmente cuando se trata de tecnologías de reconocimiento facial (que, además de resultar desproporcionadamente invasivas para el derecho a la privacidad, presentan una mayor tasa de falsos positivos cuando se trata de mujeres y personas racializadas).
Por su parte, la utilización de IA para el procesamiento masivo de gran cantidad de datos para la “predicción y prevención de futuros delitos” usando “datos estadísticos”, parece derivar irremediablemente en la criminalización y el aumento de la vigilancia sobre los sectores más vulnerabilizados de la población, al reproducir los sesgos de clase y raza arraigados en los sistemas policiales y de justicia criminal, y que se reflejan también en los materiales que serán utilizados para entrenar a los algoritmos.
La regulación de la actividad OSINT debe contemplar la creación por ley de protocolos específicos que rijan la recolección, el procesamiento, la finalidad de la utilización, y la eliminación de información obtenida de fuentes abiertas. La actividad debe reglamentarse conforme a las normas rectoras de datos personales, de manera que se permita a los titulares de los datos ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Se deben prever mecanismos de control político y ciudadano de estas prácticas, como la publicación de las partidas presupuestarias y los contratos estatales de adquisición de programas y servicios de vigilancia OSINT (usualmente ocultos del escrutinio público alegando razones de “seguridad nacional” y similares), y obligaciones específicas de reporte periódico, tales como la publicación de estadísticas e informes de transparencia con indicadores cualitativos y cuantitativos. Es importante que las leyes contemplen la notificación a los ciudadanos y las ciudadanas que fueron vigilados y vigiladas con tecnologías y el uso que se dio a esa información, el control judicial previo, y el establecimiento de sanciones claras para quienes cometan abusos.
Finalmente, es necesario requerir que, en forma previa a la reglamentación de la utilización de OSINT y sistemas de inteligencia artificial se realicen amplias consultas públicas con participación de la academia y la sociedad civil, y se lleven adelante y se publiquen estudios del impacto en derechos humanos (principalmente privacidad y libertad de expresión) de estas tecnologías. Este tipo de estudio debe ser practicado por entidades independientes y repetirse antes de incorporar nuevos sistemas y tecnologías.
*Nicolás Zara (@nicolaszara) es investigador del <a href="https://www.palermo.edu/">CELE-UP</a>. Abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires con orientación en derecho público. Magíster en Derecho (LL.M.) en Tulane University. Maestrando en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Palermo. Docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
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OSINT e inteligencia artificial: una mirada regional sobre una combinación explosiva

¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de lo que ves en Internet? Al igual que en la vida física, el espacio digital está plagado de desigualdades que privilegian ciertas narrativas e invisibilizan otras. Esta situación no es casual, responde a lógicas geopolíticas y económicas diseñadas para mantener estructuras de poder y control.
Durante mucho tiempo, el borrado de ciertas voces del espacio digital se ha justificado por lo que conocemos como brecha digital, problemática que abarca las desigualdades en el acceso, conocimiento y uso de Internet, y dispositivos tecnológicos. Como respuesta a este desafío, muchas políticas públicas globales se han centrado en expandir la infraestructura de Internet y fomentar la educación digital. En México, por ejemplo, el programa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos ha logrado cubrir aproximadamente el <a href="https://internetparatodos.cfe.mx/" target="_blank" rel="noopener">95.3 % del territorio nacional.</a>
Aunque el acceso y el conocimiento sobre Internet y herramientas tecnológicas son fundamentales, especialmente dado que la digitalidad es un aspecto esencial de la vida pública y privada, el acceso a la infraestructura es sólo una de las limitaciones físicas que enfrentamos en el espacio digital. Pensemos también en el costo que representa, en la electricidad que se necesita y en la estabilidad para garantizar conexiones efectivas a la red.
Más allá de las barreras físicas, al igual que en otras esferas de la vida, en Internet existen reglas destinadas a controlar lo que sucede en dicho espacio, qué está permitido y qué no. Sin embargo, a pesar de que las reglas son necesarias para el funcionamiento de la sociedad, pueden generar exclusión y discriminación, especialmente cuando son desiguales, violatorias de derechos humanos, promueven ambientes homogeneizantes o están diseñadas bajo lógicas de mercado.
En el ámbito digital las reglas se presentan mediante normas comunitarias o términos de servicio dictados por grandes transnacionales, diseñadas con base en un modelo de negocios que limita las narrativas que pueden existir y alojarse en la red, generando una cámara de eco para los discursos e identidades “permitidas” y borrando parcial o completamente aquellas que se alejan de sus intereses. Un ejemplo de esto se encuentra en el informe <a href="https://articulo19.org/informe-remocion-de-contenidos/" target="_blank" rel="noopener">Remoción de contenidos: desigualdad y exclusión del espacio cívico digital</a>, que documenta casos en los que personas involucradas en procesos de resistencia —ya sea corporal, sexual, política o territorial— son excluidas del espacio digital a través de la censura, simplemente por no ajustarse a las reglas impuestas por la hegemonía.
Por ello, resulta esencial identificar y cuestionar las reglas que impiden una participación plena en el espacio digital. Según <a href="https://vision.centroculturadigital.mx/media/done/descolonizarYD.pdf" target="_blank" rel="noopener">Paola Ricaurte</a>, existe una “carrera desenfrenada por la hegemonía científico-tecnológica”, ya que desarrollar tecnología implica controlar su despliegue, uso e impacto. Esta carrera está impregnada de lógicas coloniales que benefician y reproducen los privilegios de aquellos actores que, a través del despojo y la explotación, borran a los cuerpos e identidades disidentes. En otras palabras, en la carrera por el desarrollo y control tecnológico solo participan las hegemonías políticas y económicas, a expensas de la mayoría global.
Este control tecnológico no es casual; delimita quién y cómo puede acceder y usar Internet, promoviendo un enfoque homogeneizador que resulta en el borrado de voces que no se alinean con las narrativas impuestas por estos gigantes y en la limitación de la creación de tecnologías emancipadoras. En otras palabras, &#8220;solo cabes en el espacio si sigues mis reglas&#8221;. Por ello, el simple acceso a Internet se ha convertido en una medida insuficiente para abordar las desigualdades tecnológicas en un contexto global marcado por dinámicas de poder y neocolonización.
Más allá de criticar las políticas de conectividad, este texto busca hacer un  llamado a ir más allá de la infraestructura y examinar las dimensiones más profundas de la brecha digital. La violencia y el borrado epistémico, junto con la desigualdad como orden social, se han materializado en la opresión política y técnica a través de instituciones coloniales y saqueo territorial, entendiendo el cuerpo físico y colectivo, el idioma, la construcción social y cultural, y el conocimiento como territorios en disputa.
Bajo el modelo actual, el ejercicio de los derechos humanos está en entredicho, controlado por actores cuyas motivaciones son puramente económicas y políticas. La brecha digital no es solo una cuestión de acceso; es una cuestión de poder, control y exclusión. Para que el Internet sea verdaderamente un espacio de libertad, diversidad y justicia, debemos cuestionar y reformular las reglas que rigen este entorno, y apostar por el fomento al desarrollo y uso de tecnologías que se adapten a los diferentes contextos y necesidades de la población. La verdadera emancipación digital requiere una lucha constante contra las estructuras de poder que buscan silenciar y controlar, promoviendo en su lugar un entorno que garantice que cada voz e identidad pueda ser expresada, escuchada y protegida sin censura ni exclusión.
* Ma. José De Icaza es investigadora del programa de Derechos Digitales en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

Borrado tecnológico: más allá de la brecha digital

México es reconocido como un país pluricultural, así lo dice el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, hay una gran brecha entre este reconocimiento y el efectivo ejercicio de derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas que ha prevalecido históricamente en el país.
De acuerdo con el censo del <a href="https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7519">INEGI 2020</a>, el 6.1 % de la población en el país se considera indígena e integrante de alguno de los 68 pueblos indígenas reconocidos, por lo que es importante como cada año, recalcar que en toda acción pública se transversalice la perspectiva intercultural y se garantice el ejercicio de todos los derechos reconocidos a la población indígena a nivel constitucional y convencional no cómo dádivas sino como derechos.
A inicios del sexenio que está concluyendo, uno de los mensajes recurrentes del presidente de la República fue “primero los pobres, los más olvidados” refiriéndose a las poblaciones históricamente excluidas y marginadas en el ejercicio pleno de sus derechos, en específico de los pueblos indígenas, prometiendo que serían uno de los grupos prioritarios de su gobierno.
Ante ello, en el año 2019 se realizaron 54 foros en 27 entidades para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afromexicano, culminando con un documento denominado <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/890788/gaceta-parlamentaria-20240205-6.pdf">“Iniciativa de reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano”,</a> el cual, a 5 años de la realización de este proceso -que tuvo diversas observaciones- y a menos de dos meses de culminar el período presidencial actual, los pueblos indígenas tendrán que seguir esperando los resultados y la materialización de esta reforma.
Es importante para algunas comunidades que se encuentran en la lucha de sus territorios que este reconocimiento se pueda dar, ya que una de las premisas de esta reforma es que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual permite el libre ejercicio de su libre determinación y autonomía, un ejercicio que aunque está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy poco se implementa y se respeta en México cuando se trata de la defensa de los territorios frente a los megaproyectos o políticas extractivistas que amenazan la vida y permanencia de las comunidades y pueblos indígenas.
Al mismo tiempo, la iniciativa considera el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, es decir, a primero contar con información sobre todo proyecto de desarrollo que se quiera implementar en sus territorios bajo procesos de consulta, donde se espera que estos no repitan patrones de simulación como se ha hecho anteriormente y donde la información que se les brinde les permita conocer las ventajas y desventajas de toda acción que se implemente en sus espacios y de las que tengan que ser parte además de obtener el consentimiento o no de parte de las comunidades.
Desafortunadamente, a menos de dos meses del término del sexenio pareciera que se difumina la idea de que los pueblos indígenas pasen de ser sujetos pasivos históricamente a nivel constitucional a ser sujetos activos en el disfrute y exigencia de sus derechos, aunque en la realidad y desde su existencia los pueblos indígenas han sido uno de los actores principales de cambio para el reconocimiento de muchos de los derechos que hoy en día gozamos, así como de la resistencia de los pueblos como naciones originarias.
Al mismo tiempo, valdría la pena preguntarnos hasta cuándo podremos ejercer nuestros derechos como población indígena sin tener que pelearlos, porque el hecho de que sean reconocidos constitucionalmente ciertos derechos no es un pase directo para que los proyectos extractivos e industriales dejen de operar en los territorios, sino los pueblos indígenas tendremos que seguir buscando las formas y los recursos para defenderse judicialmente contra los proyectos que les afecte.
Por lo tanto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas vale la pena recalcar nueva y principalmente las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como enfatizar las desigualdades que siguen existiendo y que obstaculizan el ejercicio de derechos. Los pueblos indígenas no sólo representan la diversidad cultural del país sino también reflejan los grandes pendientes que tiene el Estado con la historia, con el territorio y con el medio ambiente.
*Abigail Castellanos García, zapoteca–Bene xhon, es enlace de Artículo 19 (<a href="https://x.com/article19mex" target="_blank" rel="noopener">@article19mex</a>) en Oaxaca.

Pueblos Indígenas: la agenda que sigue pendiente

Nos encontramos en un momento político crucial para la agenda de derechos digitales en México. En este momento existe la posibilidad a aprender de los aciertos de administraciones anteriores, transformar los errores pasados y atender los temas pendientes. Sin embargo, para que esto se pueda materializar es necesario que se implementen procesos de reaprendizaje y fortalecimiento de capacidades al interior, así como abrir las puertas a la participación y debate de todas las partes interesadas.
En el <a href="https://www.empatia.la/wp-content/uploads/2021/12/Policy-report-Mexico-version-final.pdf" target="_blank" rel="noopener">Reporte de Política Pública: México</a>, publicado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC por sus siglas) se realizó un análisis de cómo agenda gubernamental encaminada a la inmersión de la inteligencia artificial (IA) en México fue reorientada con la entrada del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con la publicación del  <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487316/PND_2019-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Plan de Desarrollo Nacional (2019-2024),</a> se redefinió la estrategia en la agenda digital, y apostó por el despliegue de infraestructura de conectividad, pasando por alto la agenda de IA.
Por ello, hemos visto la necesidad de enfatizar algunos puntos a considerarse por la nueva administración gubernamental en temas de agenda digital vinculada a una estrategia de política pública.
<h2>Brecha digital, infraestructura y alfabetización digital</h2>
Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se prometió que el <a href="https://www.forbes.com.mx/6-informe-92-de-los-mexicanos-tendran-internet-de-banda-ancha-en-2024/" target="_blank" rel="noopener">92 % de la población contaría con acceso a Internet.</a> Así se implementaron programas como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y Altán Redes, mismos que de acuerdo con cifras oficiales par<a href="https://internetparatodos.cfe.mx/comunicamos-a-mexico/" target="_blank" rel="noopener">a diciembre de 2023 habían cumplido y excedido dicho cometido</a>. Sin embargo, la infraestructura no lo es todo y menos cuando no cuenta con el mantenimiento adecuado.
La falta de una perspectiva amplia sobre conectividad se materializó con aumentos poco significativos en el uso de Internet. De acuerdo con la <a href="https://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/encuesta-nacional-sobre-disponibilidad-y-uso-de-tecnologias-de-la-informacion-en-los-hogares-endutih-1#:~:text=La%20ENDUTIH%20estim%C3%B3%20que%2C%20en,internet%2C%20con%2096.7%20por%20ciento." target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023</a>, únicamente el 81.2 % de las personas mayores a 6 años utilizaron Internet durante el 2023 y solamente 43.8 % de los hogares disponía de computadora.
En este nuevo gobierno es crucial que se adopte una perspectiva hacia la <a href="https://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/PR-2022-04-19-UN-targets-universal-meaningful-connectivity.aspx" target="_blank" rel="noopener">conectividad universal significativa</a>, que vaya más allá de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Esto implica fortalecer capacidades tecnológicas, administrativas y operativas, ofrecer educación digital accesible y plataformas intuitivas para poblaciones vulnerables, y reconocer el derecho de las comunidades a decidir qué tecnologías son útiles para ellas. Asimismo, es necesario reconocer y apoyar procesos y proyectos comunitarios de conectividad, lo cual incluye dotar a las comunidades de recursos tanto materiales como económicos para facilitar la conectividad. 
<h2>Uso de tecnologías emergentes para vigilancia masiva </h2>
La adquisición y despliegue de las tecnologías ha sido utilizadas con estos <a href="https://ejercitoespia.r3d.mx/" target="_blank" rel="noopener">fines injustificados en contra de voces críticas al poder como periodistas y defensoras de derechos humanos</a>.
Algunos de los puntos que deberá de abordar la agenda sobre vigilancia masiva son: 1) limitaciones y salvaguardias con el abuso y el uso indebido de tecnologías emergentes; 2) evaluación y revisión constante para garantizar que esas tecnologías se utilicen de manera apropiada, ética y sobre todo con enfoque de derechos humanos; 3) impulsar y fortalecer la investigación, persecución y sanción de delitos relacionados con intervención de comunicación y evitar a toda costa la impunidad; 4) evitar la concentración de facultades y atribuciones inconstitucionales, injustificada, ilegales y desproporcionadas a elementos del ejército, guardia nacional y elementos de seguridad pública y ciudadana.
<h2>Transparencia y rendición de cuentas en el uso, desarrollo e implementación de tecnologías emergentes en el sector público</h2>
Los sistemas automatizados han sido reconocidos por reproducir sesgos y desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad histórica. Se han señalado el racismo científico a través del cual se diseñan y operan estos sistemas, promoviendo el <a href="https://www.article19.org/biometric-technologies-privacy-data-free-expression/" target="_blank" rel="noopener">perfilamiento racial</a>, <a href="https://articulo19.org/informe-remocion-de-contenidos/" target="_blank" rel="noopener">la censura previa</a>, <a href="https://articulo19.org/las-golondrinasenelalambre-del-gobierno-federal-torres-falsas-de-telefonia-para-recolectar-informacion-de-personas/" target="_blank" rel="noopener">la vigilancia masiva</a> e incluso <a href="https://articulo19.org/autoridades-electorales-plataformas-digitales-y-democracia-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">la comisión de abusos de autoridad</a> y graves violaciones a derechos humanos. Por eso es imperativo conocer cómo operan estos sistemas y cuál es su rol en la toma de decisiones gubernamentales bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.
<h2>Apropiación de las instituciones gubernamentales de la agenda digital y participación proactiva de actores estratégicos</h2>
Durante la transición política del gobierno de AMLO al de Claudia Shienbaum, debe quedar un liderazgo para retomar, mejorar y promover un Plan de Desarrollo Nacional que incorpore una Estrategia Digital Nacional orientadas al uso, desarrollo e implementación de tecnologías emergentes con perspectiva de derechos humanos y en beneficio de la sociedad. Considerando, además, un enfoque multisectorial y de múltiples partes interesadas en construir esfuerzos desde las dependencias, órganos legislativos, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada (poniendo énfasis en Startups y PyMES mexicanas de tecnología) y academia mediante diálogos y participación real y no simulada.
<h2>Garantías de protección, respeto y seguridad jurídica para ejercicio pleno de los derechos humanos en el entorno digital  </h2>
Por otro lado, es fundamental evitar la <a href="https://articulo19.org/vocescontralaindiferencia/#:~:text=%2D%20ARTICLE%2019%20present%C3%B3%20Voces%20contra,libertad%20de%20expresi%C3%B3n%20en%20M%C3%A9xico." target="_blank" rel="noopener">sobre regulación</a> y <a href="https://r3d.mx/wp-content/uploads/Informe-Ciberseguridad-digital.pdf" target="_blank" rel="noopener">populismo punitivo</a> frente al espacio digital que se ha convertido en tendencia en los últimos años y que representa limitaciones arbitrarias, ambiguas y anticonvencionales frente al ejercicio de la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva.
Es crucial que la nueva administración aborde de manera integral y efectiva las violencias estructurales del ámbito digital, que limitan el acceso y la participación equitativa en el espacio digital, y perpetúan desigualdades y exclusiones. Solo a través de la participación significativa en la atención a estos puntos será posible impulsar estándares y prácticas basadas en las necesidades, intereses y contextos de las personas y comunidades desde una perspectiva de derechos humanos.
* María José De Icaza es investigadora del programa de derechos digitales y Priscilla Ruiz Guillén es coordinadora legal, ambas en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

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