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A propósito del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido así con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, resulta pertinente abrir algunas reflexiones muy necesarias frente a este año 2025 que está a punto de terminar y en el contexto internacional en el que nos encontramos.
Desde aquel episodio histórico han pasado 77 años, durante los cuales han sucedido infinidad de hechos y cambios a lo largo del planeta. Estamos en un mundo totalmente distinto al de aquellos tiempos, pero hay algo que continúa latente desde entonces y hasta ahora: los derechos humanos nunca han dejado de estar en un campo de disputa política, social, económica, simbólica.
Han existido múltiples guerras, masacres, dictaduras, genocidios, millones de personas han sido desaparecidas, torturadas, ejecutadas desde que se emitió la Declaración Universal como aquella pretendida guía moral para la humanidad. De igual forma, no han llegado aquellos proclamados ideales de justicia, igualdad, dignidad para muchas personas y grupos en el mundo. Pero en estos 77 años tampoco debemos dejar de observar a los derechos humanos desde los contextos locales concretos.
Es bajo esta lupa analítica donde la disputa por los derechos se vuelve viva y fecunda. Los derechos han sido conquistas logradas desde diversos activismos y estrategias, organizaciones, colectivas y movimientos sociales, pueblos y comunidades indígenas, que desde terreno y a través de su lucha digna y férrea han empujado cambios políticos, sociales, normativos, institucionales; en ocasiones lentos y paulatinos, pero con resistencia y firmeza; no pocas veces pagando altos costos que no debían pagar, incluso en contra de su propia integridad y vida.
La experiencia nos sigue enseñando que los derechos no son logros permanentes ni llegan para quedarse, así como tampoco existe una linealidad histórica de continua progresividad y avance. Al contrario, en muchas ocasiones se avanzan cinco pasos y se retroceden diez.
Hoy nos encontramos ante enormes desafíos políticos, económicos, sociales, medioambientales. Vale la pena colocar algunas reflexiones:
1. El <a href="https://monitor.civicus.org/about/how-it-works/what-is-civic-space/" target="_blank" rel="noopener">espacio cívico</a> se va cerrando. Así se reporta en el reciente informe de <a href="https://elpais.com/america/2025-12-09/erosion-de-la-democracia-hostigamiento-a-la-prensa-y-represion-de-activistas-las-libertades-en-america-ante-un-retroceso-generalizado.html" target="_blank" rel="noopener">CIVICUS Monitor</a>, el cual analiza 5 categorías de este espacio en cada país: cerrado, reprimido, obstruido, reducido y abierto (en orden de peor a mejor). Entre los 35 países americanos, el entorno cívico obtiene la calificación de “cerrado” en tres, “reprimido” en siete, “obstruido” en seis, “reducido” en nueve y “abierto” en diez. En cuanto a la distribución poblacional, señaló que un 90% de habitantes del continente se encuentran en países de las dos peores categorías, con un 60% en espacios cívicos obstruidos y otro 30% en espacios cerrados.
2. A la par de esta reducción del espacio cívico, la democracia va perdiendo terreno en el mundo. Conforme al <a href="https://www.v-dem.net/documents/62/V-Dem_Democracy_Report_2025_spanish_lowres.pdf" target="_blank" rel="noopener">reciente informe</a> de 2024 del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, existe una gran ola mundial de autocratización. Por primera vez en 20 años, en el mundo hay más autocracias que democracias. La pérdida de libertad de expresión es alarmante: su nivel ha disminuido en 44 países frente a los 35 países que reportó en su informe 2023. También ha colocado a México como uno de los países con mayor declive democrático y aumento de la autocratización en los últimos años.
3. Los derechos humanos no sólo siguen siendo atacados de manera física (torturas, desapariciones, detenciones, etc.) sino también en el ámbito digital que, junto con estas agendas autoritarias, van estableciendo sistemas que sacrifican cada vez más nuestra privacidad y datos personales, habilitando mecanismos de vigilancia, espionaje y control social, con el objeto de inhibir el despliegue de nuestras libertades dentro de este espacio cívico que también es digital y debe ser igualmente protegido. Recientemente en México entró en vigor <a href="https://articulo19.org/organizaciones-rechazamos-el-paquete-legislativo-que-avanza-para-legalizar-la-vigilancia-por-parte-del-estado/" target="_blank" rel="noopener">un paquete de reformas</a> que establecen grandes plataformas de recolección masiva e indiscriminada de datos personales y habilitan sistemas de vigilancia.
4. La desinformación también constituye un gran reto en la actualidad. Sobre todo, en estos contextos de retroceso democrático, las autoridades se valen de emitir informaciones inexactas, manipuladas o abiertamente falsas, con el objeto de distorsionar la realidad y generar narrativas perniciosas. Ante esto, se vuelve indispensable la activación social de un pensamiento mucho más crítico y analítico. Además, resultan fundamentales los proyectos de fact-checking como en México, por ejemplo, están <a href="https://verificado.com.mx/" target="_blank" rel="noopener">Verificado</a>, <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos" target="_blank" rel="noopener">El Sabueso</a> y así en los demás países.
5. La crisis climática nos va colocando cada vez más ante escenarios funestos, como incendios, inundaciones, sequías, huracanes, cada vez más fuertes, que provocan grandes pérdidas sociales, humanas, económicas, comunitarias. Este planeta es nuestra “casa común”, y si no lo asumimos así, seguiremos caminando como entes individuales, sin tejer comunidad.
En este sentido, la empatía y solidaridad constituyen condiciones fundamentales que nos ayudarán como humanidad ante estos escenarios adversos. La complejidad que atravesamos en el mundo, hoy más que nunca requiere de renovados compromisos en tiempos donde nuestros derechos están cada vez más amenazados. 
* Luis Knapp Moreno es coordinador del programa de Ecosistema Informativo y Tecnología en ARTICLE 19 MX-CA.
Agradecemos a Animal Político un año más de colaboración en este espacio. Que 2026 sea un mejor año con más derechos y menos autoritarismos.

La defensa de nuestros derechos, compromiso inaplazable en tiempos complejos

En la primera mitad de 2025, la <a href="https://politicacolectiva.com/publicidad-oficial-2025/" target="_blank" rel="noopener">publicidad oficial </a>en México repitió las fallas estructurales que muchas organizaciones hemos denunciado por años: discrecionalidad en la asignación, fallas en la planeación y concentración excesiva. Entre enero y junio de este año que termina, el gobierno federal asignó el 22 % de su gasto en este tema a un solo proveedor (SAFER GRUPO PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.); 3 dependencias federales (Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) acapararon el 84 % de la inversión; 5 estados (Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Chiapas y Veracruz) ya gastaron más del doble de lo presupuestado, y 6 estados (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes y Chiapas) <a href="https://politicacolectiva.com/publicidad-oficial-2025/" target="_blank" rel="noopener">concentraron más de la mitad del gasto en publicidad de todo el país</a>.
La críticas sobre este tema son claras y contundentes: las deficiencias en cómo se asigna y distribuye este gasto no son coyunturales, son estructurales, debido a que estos patrones se han identificado año con año.
Habiendo hecho las críticas anteriores, es necesario recordar que el derecho a la información implica que el gobierno garantice que las personas tengamos acceso a información oficial, con contenido pertinente, útil y necesario. Estamos hablando de campañas educativas, de salud, de protección al medio ambiente, de conocer dónde y cuándo renovar licencias y permisos, así como de información que dé cuenta de las decisiones políticas y administrativas más relevantes. La importancia de conocer esta información es evidente, intuitiva, y prevalece como un valor fundamental de cualquier democracia.
La publicidad oficial es un instrumento para ello. Este debería ser un mecanismo para hacernos de información de interés público que es inherentemente importante a nivel individual y colectivo. En ese sentido, la asignación y distribución de la pauta gubernamental a medios de comunicación -para que transmitan toda esa información tan valiosa- debería basarse en una planeación clara, con estrategias, objetivos y tiempos que definan los canales más pertinentes, es decir, medios impresos, digitales, de radio o televisión que en función de su geografía, circulación o audiencia, permitan llegar a toda la población.
Lamentablemente la realidad contrasta con la lógica. En México, la contratación de pautas gubernamentales ha sido no solamente una vía para habilitar el derecho a la información, sino también se ha convertido en un mecanismo que ha sido viciado para interferir en el libre flujo de ideas y contenidos.
Por años las organizaciones de la sociedad civil hemos <a href="https://articulo19.org/gasto-en-publicidad-oficial-durante-el-sexenio-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">documentado</a> que la ausencia de planeación y de controles efectivos sobre cómo los gobiernos (de todos los ámbitos) asignan y ejercen la publicidad oficial implica un incentivo perverso, donde los medios de comunicación operan bajo el entendido que el gobierno premia y castiga, a través de los contratos que otorga, a las líneas editoriales y coberturas periodísticas que realizan. Esta instrumentalización tiene el potencial de llevar a ciertos medios de comunicación a la autocensura, a la complacencia o a la quiebra, lastimando profundamente el entorno mediático plural, autónomo y democrático que debería de existir en nuestro país.
No es alarmista señalar que la proyección, planeación y ejecución del presupuesto en publicidad oficial tienen un impacto trascendental en las vidas de la ciudadanía y en la calidad de la democracia misma. Es crucial entender dónde estamos y hacia dónde vamos en la materia. Es por ello que Política Colectiva y ARTICLE 19 <a href="https://articulo19.org/publicidad-oficial-2024-los-estados-concentran-la-mayor-parte-del-gasto-nacional/" target="_blank" rel="noopener">publicamos recientemente</a> un análisis de las prácticas de publicidad oficial durante 2024, donde identificamos cuáles fueron los focos rojos de la administración federal saliente y las primeras señales de la entrante, de cara al gasto que ejercieron los estados en paralelo.
A nivel federal, el gasto se mantuvo por debajo de lo aprobado, mientras que los gobiernos estatales superaron -por mucho- sus presupuestos asignados. Como en otros años, utilizaron el mes de diciembre para gastar todo lo que no habían devengado en el resto del año. Por lo tanto, es probable que haber ejercido gran porcentaje del presupuesto en un solo mes haya sido síntoma de negligencia en la planeación del gasto, omisión de las obligaciones de comunicación que se debe cumplir durante todo el año, o incluso la concentración deliberada de pagos al final del ejercicio como una forma de presión o censura hacia ciertos medios.
Para dar seguimiento a 2024, Política Colectiva y ARTICLE 19 nos dimos a la tarea, en un nuevo ejercicio, de hacer <a href="https://politicacolectiva.com/publicidad-oficial-2025/" target="_blank" rel="noopener">un corte de caja respecto a la asignación y ejercicio de la publicidad oficial durante la primera mitad de 2025</a>. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Los hallazgos reiteran todos los problemas mencionados. Los estados siguen cargando con casi todo el gasto en publicidad oficial. Por ejemplo, entre enero y junio de 2025, de los $3,297.9 millones de pesos ejercidos entre estados y federación, los gobiernos estatales concentraron el 98 % de ellos ($3,230.5 millones), frente al 2 % del gobierno federal ($67.4 millones).
Durante ese periodo las instituciones federales sólo habían ejercido el 7.08 % del presupuesto federal programado. Y la concentración del gasto fue alta, tan solo SAFER GRUPO PUBLICITARIO, S.A. DE C.V. concentró más de 1 de cada 5 pesos ejercidos. Los números también revelan que tres instituciones -PEMEX, SEGOB y SICyT- fueron las que más gastaron.
A nivel estatal, solo 6 estados -Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes y Chiapas- concentraron más de $1,674 millones, es decir, más de la mitad del total ejercido por los 32 estados. Grandes gastos y solicitudes de ampliar el presupuesto en unos estados, y el poco avance del gasto en otros, revelan fallas de planeación y discrecionalidad.
Ante este panorama, resulta urgente establecer controles claros sobre el gasto, definir criterios objetivos de asignación, y reforzar las obligaciones de transparencia para que no haya un abuso de este instrumento. La exigencia es clara y está dirigida al Congreso de la Unión, quien es responsable de aprobar el presupuesto y reformar las leyes relacionadas con la publicidad oficial, y que además, desde 2021, está incumpliendo su obligación de reformar la Ley General de Comunicación Social vigente, ya que ésta sostiene la dinámica permisiva de presión sobre los medios vía la asignación discrecional de contratos publicitarios. La ausencia de este <a href="https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/10/REG_PUBLICIDAD_OFICIAL_MEX-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">marco regulatorio</a> implica también que no haya brújulas a niveles estatales para orientar la aprobación de normas en el mismo sentido. Sin embargo, eso no quiere decir que los Congresos locales no puedan subsanar las deficiencias y omisiones del Congreso Federal al ser campeones de este tema y reformar sus legislaciones en un sentido progresivo y garantista.
La exigencia está también dirigida a las oficinas de gobierno que utilizan ese dinero para contratar pautas y que deben garantizar el acceso a información. Debe haber un equilibrio y prudencia entre lo que gastan, para qué gastan y cuándo gastan. Restringir el derecho a saber afecta el desarrollo democrático y limita el ejercicio de la libertad de expresión e información.
*Martha A. Tudón M es oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología en ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica. Luis Javier Moreno es politólogo y máster en análisis político. Director de Política Colectiva.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Con información de Cuentas Públicas de los estados (Concepto 3600, Servicios de comunicación social y publicidad), y del Gobierno de México (Estrategia de comunicación social, Sistema COMSOC, Partidas 36101, 36201 y 33605).

Publicidad oficial 2025: deficiencias en la asignación y distribución del gasto no deben repetirse

El mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum <a href="https://politica.expansion.mx/presidencia/2025/10/13/sheinbaum-no-asistira-a-cumbre-de-las-americas-rechaza-exclusion-de-tres-paises" target="_blank" rel="noopener">anunció que no asistirá</a> a la X Cumbre de las Américas, inicialmente planeada a efectuarse en diciembre del presente año en la República Dominicana. La Cumbre pasada, en el 2022, fue la primera vez que un presidente de México se ausentaba de la Cumbre, y en esta ocasión, la presidenta explicó que no atendería porque se excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la convocatoria.
Fundada en el año 1994, la <a href="https://www.summit-americas.org/sas/defaults.html" target="_blank" rel="noopener">Cumbre de las Américas</a> es una reunión de alto nivel con titulares de Estado del continente americano y tiene como objetivo generar diálogos sobre cooperación internacional y compromisos de planes de acción para enfrentar los retos compartidos que atraviesa la región. La realización del evento ha tenido sus pormenores en el pasado y esta ocasión no es la excepción, con tensiones diplomáticas que han llevado a <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/04/latinoamerica/cumbre-americas-razones-suspension-divergencias-orix" target="_blank" rel="noopener">aplazar la fecha del evento</a> sin determinar una nueva fecha para su realización.
No obstante, es relevante señalar que la temática de esta décima Cumbre cae como anillo al dedo para el contexto mexicano: “Construyendo un Hemisferio Seguro, Sostenible y de Prosperidad Compartida”. De acuerdo con el <a href="https://summit-americas.org/SAS/documents/GRIC2025/IGRIC2025/Documento_Conceptual_Tema_X_Cumbre_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres (GRIC)</a>, se incluirá abordar la situación actual de inseguridad de la región, entre otros temas, ya que ​​América Latina y el Caribe representan el 30 % global de la tasa de homicidios violentos en contextos en los que no existen ni conflictos interestatales ni guerras civiles, esto a pesar de solo tener el 8 % de la población mundial.
En camino a la preparación de la X Cumbre, 26 organizaciones de la sociedad civil y de la academia produjeron un <a href="https://www.eff.org/files/2025/08/27/aportacion_conjunta_cumbre_de_las_americas_final_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">documento</a> de aportación conjunta, con recomendaciones sobre la seguridad ciudadana desde el ámbito de las tecnologías digitales, abordando el potencial y los retos de su desarrollo y uso en las políticas y acciones estatales. Este esfuerzo surge al reconocer que las políticas sobre seguridad incluyen intrínsecamente el ámbito digital y la intersección entre la tecnología y los derechos humanos y, por lo tanto, deben generarse desde una perspectiva garantista y progresiva.
Las organizaciones proponen, primero, la necesidad de que los gobiernos impulsen políticas que <a href="https://a4ai.org/report/advancing-meaningful-connectivity-towards-active-and-participatory-digital-societies/" target="_blank" rel="noopener">garanticen una Internet de banda ancha segura y asequible para todas las personas</a>. Esto incluye la diversificación del acceso a través de esfuerzos impulsados localmente, formas innovadoras de financiar la conectividad y promover la interoperabilidad para evitar la dependencia de proveedores privados, haciendo la conectividad más resiliente y accesible.
En términos de lo anterior, el objetivo último es que las personas no solo tengan acceso a una conectividad significativa, sino que exista un paso más hacia adelante, en el cual comprendan sus derechos tanto en línea como fuera de línea relacionado a las tecnologías, y tomen decisiones informadas para protegerse a sí mismas y a sus comunidades.
De forma enfática las organizaciones también señalaron cómo, durante la última década, los Estados de la región <a href="https://hchr.org.mx/comunicados/declaracion-de-la-alta-comisionada-de-la-onu-para-los-derechos-humanos-michelle-bachelet-sobre-el-uso-de-software-espia-para-vigilar-periodistas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">han incrementado sus capacidades de vigilancia para supuestamente promover la seguridad de la población</a>, lo que se ha expresado en la adopción creciente de tecnologías y prácticas cada vez más intrusivas que, a menudo, implican abusos y violaciones de derechos humanos. La falta de salvaguardas y de controles democráticos sobre estas medidas suponen un riesgo para el pleno goce de los derechos fundamentales. Particularmente, del derecho a la privacidad, que se considera un habilitador del ejercicio de otros derechos y guarda un nexo estrecho con la <a href="https://www.palermo.edu/Archivos_content/2025/cele/mayo/dp27.pdf" target="_blank" rel="noopener">libertad de expresión</a>, que sólo puede ejercerse plenamente cuando existe una “<a href="https://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/reports/2014_04_08_Internet_ENG%20_WEB.pdf">esfera privada, libre de la injerencia arbitraria del Estado</a>”. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
En el documento, las organizaciones apuntan a observar los estándares y principios regionales e internacionales de derechos humanos, donde se identifican aquellos criterios necesarios y no negociables para considerar que una práctica de vigilancia es legal y legítima en una sociedad democrática.
Por último, las organizaciones abordan el hecho de que los Estados de América Latina han acelerado significativamente la digitalización de la gestión pública. Este proceso ha sido impulsado principalmente por una apuesta por incrementar la eficiencia y modernizar los trámites y servicios públicos, así como aumentar su transparencia. Sin embargo, <a href="https://ia.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/2025/02/2024-LATAM-IA_en_el-Estado-EN.pdf" target="_blank" rel="noopener">investigaciones recientes</a> han identificado que sistemas total o parcialmente automatizados y tecnologías basadas en inteligencia artificial han sido implementados en sectores clave de la administración pública sin diagnósticos adecuados que las avalen ni mecanismos de evaluación periódicos. En estos casos, es necesario reforzar los compromisos de <a href="https://docs.un.org/es/A/HRC/48/31" target="_blank" rel="noopener">legalidad, necesidad y proporcionalidad</a> previstos en los estándares internacionales de derechos humanos y reforzados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dado lo anterior, la necesidad de construir una política pública de seguridad ciudadana, basada en los derechos humanos, sigue siendo una urgencia relevante en todos los países de la región. Se requiere de espacios de cooperación internacional donde los Estados se comprometan a colaborar e intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas. Para el proceso de construcción de estos planes de acción, ¿cómo podrá intervenir México desde una silla vacía en la Cumbre?
* Nayelli Torres Salas es investigadora del área de Ecosistema Informativo y Tecnología de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Inter-American Commission on Human Rights. Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression. Freedom of expression and the Internet. Diciembre de 2013, para. 130.

Sin confirmar asistencia: México en la Cumbre de las Américas

Animal Politico

“Antes pensaba que los periodistas eran muy irrespetuosos. Pero ha cambiado de un tiempo para acá y también creo que lo que falta es la comunicación y si cada quien pone de su parte se puede hacer el trabajo como se debe”. 
Testimonio anónimo de hombre en función policial en Santiago, N.L.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>
 
“Tanto polis como periodistas somos primera línea. Hay que dejar en claro la corresponsabilidad entre gremios, porque hasta ahora seguimos buscando o tratando de culpar al gremio opuesto”. 
Testimonio anónimo de mujer periodista en Tlaxcala, Tlaxcala<a href="#_ftn2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref2">[2]</a>
Decir que México, como muchos otros países de América Latina, tiene zonas de riesgo es, por mucho, una obviedad. Con sólo decir que 20 de las 50 ciudades consideradas “más peligrosas del mundo” se encuentran en México, <a href="https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/archivo/e9ae6b_cb50e61af0.pdf" target="_blank" rel="noopener">según el Consejo Ciudadano</a> para la Seguridad Pública y la Justicia Penal se puede tener claridad de esta noción de riesgo. Quizás lo que es menos obvio es que existen ciertos gremios que, lejos de tomar medidas de seguridad y de retirarse de estos contextos, están “obligados” a acercarse: personal médico y de emergencias como los bomberos, así como la policía y la prensa.
La violencia ha afectado profundamente a los últimos dos. Del 2018 al 2024 ARTICLE 19 hemos documentado al menos 56 asesinatos de periodistas por su labor, convirtiéndolo en uno de los países más letales contra la prensa fuera de países en guerra, prácticamente sólo detrás del aniquilamiento sistemático de periodistas en Palestina. La policía, sobre todo a nivel municipal y estatal, tiene riesgos desproporcionados. Causa en Común reporta que entre 2018 a octubre 2024, han asesinado al menos 2,269 policías o ex policías en todo el país, un promedio de más de un policía cada día. <a href="#_ftn1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref1">[1]</a>
Es en este entendimiento que es preciso reflexionar sobre el rol de periodistas y policías en contextos como delitos de alto impacto, episodios de violencia, e inclusive protestas: “Todos, al final de cuentas, estamos en el mismo lugar por distintas situaciones. Antes se hacían hasta caravanas, incluso entre policía y periodistas. ¡Nos íbamos acompañando! Eso se perdió”. <a href="#_ftn2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref2">[2]</a>
Existen múltiples factores que han afianzado el debilitamiento de la relación entre policías y periodistas. Primeramente, desde el sexenio de Calderón hasta la fecha los gobiernos mexicanos han prácticamente abandonado la seguridad pública civil para tener un enfoque de seguridad nacional militarizada, con un rol cada vez mayor del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Es más, México Evalúa esta misma semana indicó que el gasto destinado al Estado de derecho será <a href="https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2025/11/06/estado-de-derecho-2026-en-numeros-rojos/" target="_blank" rel="noopener">uno de los más bajos en 15 años</a>. Reducciones o limitaciones presupuestales a la seguridad desde la visión de lo civil implican menos recursos para capacitaciones y entrenamientos, menos materiales de protección y menor capacidad de reacción a largo plazo.
Un segundo factor a considerar es la polarización social, y la estigmatización contra el gremio periodístico y policial. ¿Cuántas veces en México no se vincula a la idea de la policía con la corrupción y las “mordidas”? ¿Cuántas veces no se ha estigmatizado de “vendidos” o “chayoteros” a periodistas?
Para ello, y con la intención de repensar los roles de ambos gremios, ARTICLE 19 México y Centroamérica y la Universidad de la Policía en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, así como las Secretarías de Seguridad de los municipios de Apodaca, Montemorelos, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina y Santiago Nuevo León iniciaron un proyecto en conjunto para afianzar diálogos entre policías y periodistas, en materia de actuación, protocolos de seguridad, y buenas prácticas de entendimiento.
El proyecto forma parte de un programa regional en América Latina liderado por el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF) en Colombia, Ecuador, Honduras, Perú y México. Todo esto con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania.
Desde el año pasado, en conjunto nos hemos capacitado más de 200 periodistas y más de 400 policías en materia de derechos humanos, libertad de expresión y sus límites, y protocolos policiales. Además de talleres, tuvieron lugar 14 encuentros de resignificación guiados por Ernesto López Portillo Vargas, en donde se dialogó sobre la relación estructural en materia de seguridad y comunicación pública, reconociendo que una policía democrática debe entender el papel del periodismo como garante del derecho a la información, no como adversario. La participación de autoridades estatales, mandos operativos y comunicadores ha permitido abrir un espacio inédito de cooperación basado en el respeto, la transparencia y la rendición de cuentas.
Existen aún diversos retos para lidiar con la violencia. Y aún existen múltiples episodios que desatan agresiones contra la prensa en protestas y otros espacios de cobertura. En este contexto nacional donde la desconfianza entre las fuerzas de seguridad y la prensa ha sido fuente constante de tensiones y riesgos, el trabajo conjunto impulsado por todas las partes representa un paso significativo hacia la reconstrucción de un vínculo indispensable para la seguridad ciudadana y la democracia.
Este proceso ha cumplido el objetivo de generar capacidades institucionales, comprensión mutua y próximamente se estarán presentando varías guías de actuación con el objetivo de reducir la conflictividad y fortalecer la libertad de prensa. Este proceso, sostenido por el compromiso y el apoyo técnico de la cooperación alemana, demuestra que sí es posible construir confianza entre quienes cuidan el orden público y quienes documentan la realidad. La seguridad y la libertad de expresión no son objetivos opuestos, sino que deben re-pensarse como pilares complementarios de un Estado verdaderamente democrático.
*Leopoldo Maldonado es director regional de ARTICLE 19 MX-CA y Pedro Cárdenas es oficial del Programa de protección y espacio cívico.
 
<a href="#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn1">[1]</a> Causa en Común. <a href="https://www.causaencomun.org/registro-de-policias-asesinados">Registro de Policías Asesinados</a>. Visto por última vez el 28 de octubre de 2025.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Testimonio otorgado a ARTICLE 19 el 8 de noviembre de 2024.
<a href="#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn1">[1]</a> Testimonio otorgado a ARTICLE 19 el 4 de abril de 2025.
<a href="#_ftnref2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn2">[2]</a> Testimonio otorgado a ARTICLE 19 el 26 de junio 2024.

Repensar la policía y la prensa en un estado democrático

La información importa, tanto para la parte gobernante como para la parte gobernada. Para la primera, para construir políticas públicas pertinentes y accionables, basadas en evidencia, datos y no en meros espejismos o suposiciones. Para la segunda, para poder participar en la esencia de la vida democrática al tomar, exigir y apoyar decisiones informadas a nivel colectivo, y para conocer cuáles son -a nivel individual- aquellos recursos, riesgos y circunstancias a los que hay que poner especial atención.
La emergencia climática reitera la importancia de la información en la vida de la ciudadanía. Estamos atestiguando los efectos tan devastadores que tiene el cambio climático en nuestras localidades, lamentablemente, casi como un relato en tiempo real. De acuerdo con datos de <a href="https://www.greenpeace.org/mexico/informacion-prensa/59973/cuales-son-las-consecuencias-del-cambio-climatico/" target="_blank" rel="noopener">Greenpeace</a>, sus efectos se palpan en México, principalmente a través de altas temperaturas, tormentas intensas, aumento de sequías y subidas del nivel del mar. Pero basta con leer la cobertura de los medios de comunicación para ponerles nombres a las personas y comunidades que han sido víctimas de estos fenómenos.
A inicios de 2025, el equipo del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM mostró evidencia alarmante: 2024 fue el año más caluroso desde que se tiene registro, con una anomalía de temperatura promedio de 2.14 ºC respecto al periodo 1900–1930. Peor aún: mientras que el promedio global de calentamiento ha sido de 2°C por siglo, la tasa de calentamiento en México desde 1975 ha sido de 3.2 ºC. Esta cifra es una alerta clara. Significa que millones de personas en el país vivieron condiciones extremas que afectan la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la infraestructura básica.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">(1)</a>
Ante este contexto, necesitamos información para cuidarnos, protegernos y evitar mayores desastres. La falta de información puntual, clara y pertinente sobre los distintos elementos e impactos del cambio climático es en sí misma una vulnerabilidad.
<h2>Información ambiental para la generación de políticas públicas eficientes</h2>
El derecho a la información tiene la potencialidad, sobre todo, de salvar vidas. Solo con ella las personas pueden acceder eficientemente a los recursos necesarios para protegerse de los desastres causados por el cambio climático. Información sobre estrategias preventivas, de asistencia humanitaria, de reconstrucción y de recuperación es particularmente crucial. En ese sentido, la población tiene el derecho de estar informada adecuada, oportuna y pertinentemente sobre los alcances e impactos del cambio climático para la toma de decisiones para salvar sus vidas y resguardar sus pertenencias.
A pesar de que el Estado mexicano, a través de diversos instrumentos, está obligado a crear, registrar, difundir y promover información pertinente en materia de cambio climático, muchas veces dicha información resulta inexistente, no actualizada o no se encuentra en formatos adecuados o accesibles para consulta.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">(2)</a> Esta falta de información vuelve a la población en México, un país marcado con desigualdad, particularmente vulnerable a fenómenos naturales, y sobre todo a comunidades que históricamente han sido olvidadas y relegadas en atención y provisión de servicios y productos públicos.
Las circunstancias y la devastación hacen inexcusable la ausencia de políticas públicas de información y transparencia proactiva para la prevención de desastres.
<h2>Información presupuestaria: otra cara de la vulnerabilidad</h2>
La información no se limita a los riesgos climáticos, sino a las medidas destinadas a su mitigación y a las políticas de adaptación climática.
Como la coalición NOSSA ha documentado en su informe Cuidar lo que importa, el presupuesto ambiental en México ha sufrido recortes sistemáticos, y los recursos asignados a instituciones clave como la Conanp y la Profepa no sólo son insuficientes, sino que muchas veces se ejercen sin transparencia ni rendición de cuentas.
Mientras que el gobierno presenta la gestión de 232 áreas naturales protegidas como una de las mejores soluciones basadas en la naturaleza para la acción climática, la asignación del gasto público destinado a su conservación es sumamente opaca. Para el año 2026, la CONANP contará con su presupuesto más bajo en 21 años, asignando, en teoría, tan solo 10.22 pesos para cada hectárea protegida; si bien esta cantidad ya es de por sí irrisoria, vale la pena precisar que es un promedio obtenido de dividir el total destinado a la CONANP entre la superficie protegida total.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">(3)</a>
En la realidad, las áreas naturales reciben presupuestos diferenciados. En 2023, por ejemplo, la Reserva de la Biósfera Pinacate y Gran Desierto de Altar recibió $883 189 para su manejo y conservación.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">(4)</a> Esto, para sus 714 556 hectáreas representa un peso con 24 centavos por cada una de ellas; y las razones para esta asignación se encuentran reservadas únicamente para el conocimiento y uso de quienes toman las decisiones presupuestales.
Esta opacidad presupuestaria no es un detalle técnico: es una barrera estructural para la acción climática efectiva que contraviene los principios del Acuerdo de Escazú y la posibilidad de trabajar de forma participativa en la construcción de políticas públicas confiables y accesibles para la gestión integral de riesgos de desastres.
Las áreas naturales protegidas son pilares de la acción climática. Resulta entonces inadmisible que su financiamiento se mantenga en la opacidad y la precariedad. Si México aspira a enfrentar con seriedad los desafíos del cambio climático, debe comenzar por garantizar que los recursos públicos destinados a la conservación ambiental sean suficientes, transparentes y sujetos a rendición de cuentas; cuidar lo que importa es una responsabilidad que exige voluntad política, participación ciudadana y presupuestos que estén a la altura de la emergencia.
*Daniel Martín es coordinador de la coalición Noroeste Sociedad Civil por la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), en Wildlands Network Programa México. Martha Tudón es oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología en ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">(1)</a> PINCC (2025), En 2024 México tuvo su año más caluroso, Boletín PINCC, 15 de enero 2025, UNAM. Recuperado de <a href="https://www.pincc.unam.mx/en-2024-mexico-tuvo-el-ano-mas-caluroso-desde-1880-superando-significativamente-cualquier-otro-registro-previo/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">(2)</a> ARTICLE 19, “El desastre de Otis: el derecho de acceso a la información tras el huracán en Acapulco”, 4 de junio de 2024, pp. 53 y 54, <a href="https://articulo19.org/el-desastre-de-otis-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-tras-el-huracan-en-acapulco/" target="_blank" rel="noopener">https://articulo19.org/el-desastre-de-otis-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-tras-el-huracan-en-acapulco/</a>
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">(3)</a> NOSSA, (2025), Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2026  Recuperado de <a href="https://nossamexico.com/cuidar-lo-que-importa-el-presupuesto-para-el-cuidado-del-ambiente-y-las-areas-naturales-protegidas-en-el-ppef-2026/" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">(4)</a> CONANP (2024), Respuesta a solicitud de acceso a información sobre presupuesto para la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar [Folio 330008324000629], SEMARNAT

Información, la pieza faltante contra el cambio climático

A partir de hoy y hasta el 16 de octubre, en el Senado de la República se realizarán mesas de diálogo sobre uno de los temas fundamentales que requieren especial atención y análisis: la seguridad en el espacio digital.
En estas mesas se compartirán análisis, reflexiones, experiencias y propuestas entre organizaciones de la sociedad civil y autoridades federales que tienen atribuciones legales en el tema, tales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.
Estos diálogos resultan vitales ante los retos, contextos y riesgos que existen en materia de ciberseguridad, en donde cada vez más va aumentando la interrelación entre las personas, las tecnologías y el espacio digital, tanto en la vida cotidiana como en procedimientos gubernamentales, por lo que resulta inaplazable su abordaje.
Es vital que estos espacios tengan como elemento central y punto de partida a las personas y los derechos humanos, no sólo en lo que corresponde a la digitalidad, sino también en nuestro ámbito físico, ya que ambos mundos se entrelazan. Lo anterior implica no mermar con censura y vigilancia los derechos, sino mejorar el entorno en que éstos son ejercidos.
Ello también en consonancia con las obligaciones nacionales e internacionales que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, para respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1° de la Constitución mexicana.
Los hallazgos de las mesas de diálogo pretenden enriquecer el desarrollo de un marco regulatorio en materia de ciberseguridad, que coloque en el centro a las personas y el ejercicio de derechos, a la par de atender los riesgos que en dicha materia existen y han crecido actualmente.
Se discutirán temas diversos, desde cómo construir este marco normativo, cuál debe ser la estructura administrativa para su implementación y operación, la importancia de aplicar las perspectivas de género e interculturalidad, así como de los derechos a la privacidad, libertad de expresión, y la protección de datos personales. Asimismo, se incluirá la discusión de temáticas relacionadas con estrategias para reducir riesgos y vulnerabilidades, el establecimiento de supervisiones independientes y controles democráticos frente a facultades estatales de vigilancia e intervención de comunicaciones privadas, la transparencia y rendición de cuentas con mecanismos de evaluación y la fiscalización social.
Desde Artículo 19 consideramos positivo que se abran estos espacios de diálogo e intercambio de información y propuestas, todo ello con el objetivo de establecer normas y mecanismos eficientes, transparentes, democráticos, ante los grandes retos que representa la seguridad en el ecosistema digital. Este marco exige partir de un compromiso para evitar visiones punitivas, considerando que crear más delitos y ampliar los códigos penales nunca es por sí misma una solución. Al contrario, se necesita generar una real estrategia y política preventiva, de resiliencia, de educación, de información, con transparencia y rendición de cuentas.
Confiamos en que las mesas de diálogo serán un punto de partida positivo que habilite un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil, para establecer un marco normativo e institucional robusto con perspectiva de derechos humanos y que no repita vicios con los que el tema se ha discutido y se ha querido legislar en el pasado.
* Luis Knapp Moreno es coordinador de Ecosistema Informativo y Tecnología en ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.

Discutir la ciberseguridad desde un enfoque de derechos humanos

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una fecha que debería invitarnos a celebrar el hecho de que podemos preguntar, conocer y exigir información pública que nos permita ejercer otros derechos como la participación, la salud, la educación, la vivienda o incluso un medio ambiente sano.
En un mundo ideal, tendríamos claro que la información es poder y que el Estado debe garantizar que llegue a nuestras manos de forma clara, oportuna y útil. Pero el contexto mexicano nos pinta otro escenario. Hoy vivimos más bien con opacidad, censura y vigilancia. ¿De dónde viene esto? No es casualidad, sino resultado de un andamiaje normativo que ha ido debilitando el derecho a la información a partir de distintos elementos: la desaparición del instituto autónomo que garantizaba la transparencia, la falta de organismos estatales capaces de hacerlo, de decisiones judiciales que cuartan este derecho para limitarlo, y casos de agresiones contra periodistas que se atreven a ser críticos con el poder.
Todo esto nos deja con una gran pregunta ¿dónde queda nuestro derecho a obtener y difundir información?
La información no es un lujo ni un regalo del Estado, es un derecho humano que nos permite tomar decisiones y exigir rendición de cuentas. Cuando el Estado nos niega información pública, también nos niega la posibilidad de garantizar otros derechos, de conocer cómo se gasta el dinero público o de movilizarnos a favor o en contra de proyectos que impactan nuestras comunidades.
Garantizar este derecho significa que el gobierno debe poner a disposición de todas y todos datos claros, oportunos, culturalmente adecuados y comprensibles, además de asegurar que la información llegue a quienes más la necesitan y poder erradicar las brechas informativas.
Los ejemplos más presentes recientemente están en la ausencia de información ambiental. ¿Cómo defender la tierra y el territorio si no sabemos qué impactos tendrá un megaproyecto? ¿Cómo exigir agua limpia si desconocemos los niveles de contaminación?
Aquí entra en juego el Acuerdo de Escazú, que <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/altoparlante/acuerdo-de-escazu-estado-mexicano-obligado-a-garantizar-derecho-a-la-informacion-medio-ambiental" target="_blank" rel="noopener">México firmó y que desde 2021 está en vigor.</a> Este tratado regional no solo reconoce el acceso a la información ambiental como un derecho, sino que también obliga al Estado a garantizarlo de manera clara, culturalmente adecuada y traducida a idiomas indígenas. Además, conecta este derecho con la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras.
Sin embargo, en la práctica, seguimos viendo cómo se reserva y oculta información clave sobre los impactos que traerán los megaproyectos de desarrollo. Esto es una violación directa tanto a nuestro derecho de acceso a la información como a los compromisos que México asumió con Escazú.
Un caso emblemático son los Polos de Desarrollo en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Desde 2019, comenzó a circular información sobre dicho megaproyecto; sin embargo, las comunidades han señalado la falta de información clara y suficiente sobre sus impactos reales y actividades. Frente a ello, Citlali Landis de la comunidad Puente Madera, compartió en entrevista realizada por ARTICLE 19: 
En la asamblea comunitaria del 29 de enero de 2023 la comunidad dijo que no estaba de acuerdo con la construcción del Polo de Desarrollo, porque iba a tener impactos en el medio ambiente sobre todo, en esa asamblea llegaron unas personas de instituciones para hablar sobre el Polo de Desarrollo, pero no nos dijeron en qué iban a consistir las actividades del Polo, solo nos dijeron que traería beneficios, pero no qué tipo de beneficios (Entrevista con Citlali Landis, Puente Madera, 2024)
Este día no puede quedarse solo en discursos. Debe servirnos para recordar la importancia de garantizar el derecho a la información como llave para abrir la puerta a otros derechos. Y en tiempos donde las comunidades, personas defensoras y periodistas que levantan la voz enfrentan criminalización: luchar por la consecución de este derecho es también una forma de proteger la vida y la libertad de expresión.
*Silvia Ruiz es coordinadora del programa Ecosistema Informativo y Tecnología en <a href="https://x.com/article19mxca" target="_blank" rel="noopener">@article19mexca</a>.

Día Internacional del Acceso Universal a la Información: ¿tenemos realmente este derecho en México?

El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la persona Periodista, una fecha que, más allá de celebración, exige detenernos a reflexionar sobre el papel y los riesgos que enfrentan las personas periodistas, quienes desde la trinchera de la comunicación, defienden el derecho a la información y ejercen su derecho a la libertad de expresión en contextos adversos; peligros que se profundizan por el hecho de ser mujer. 
Ser mujer periodista en México es ejercer la profesión en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa y, a su vez, alzar la voz en un país en el que<a href="https://www.cepal.org/es/comunicados/al-menos-11-mujeres-son-victimas-feminicidio-cada-dia-america-latina-caribe" target="_blank" rel="noopener"> 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día</a>. A esto se suman las múltiples formas de violencia diferenciada que enfrentan las periodistas: agresiones físicas y digitales, acoso sexual, amenazas dirigidas a sus familias y campañas de desprestigio basadas en estereotipos de género, las cuales tienen impactos emocionales, físicos y psicológicos que repercuten tanto en su labor como en su vida personal  familiar.
<h2>Violencias  e impactos diferenciados</h2>
Si bien los riesgos para el gremio periodístico son altos en general, las mujeres enfrentan un doble filo: el de la violencia contra la prensa y el de la violencia de género. En el ámbito digital, las agresiones contra mujeres periodistas incluyen insultos y amenazas con connotación sexual, machista y misógina que, además de señalarlas de forma negativa desde la perspectiva de los roles de género, ponen en duda su capacidad profesional por ser mujeres.
A muchas, se les intimida no solo por su trabajo, sino por su vida privada: se amenaza a sus hijas e hijos, se difunde información personal o se ataca su reputación en redes sociales.
Estas agresiones no son incidentes aislados: son parte de un entramado de discriminación estructural con raíz patriarcal que limita el ejercicio del periodismo libre y seguro para las mujeres.
<h2>El derecho a informar y a ser informadas</h2>
El derecho a la libertad de expresión y a la información, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede entenderse plenamente sin garantizar la seguridad y la igualdad de las mujeres periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU Mujeres han reiterado que los Estados tienen la obligación de adoptar enfoques diferenciados de protección, que reconozcan las particularidades de los riesgos que enfrentan ellas en comparación con sus colegas hombres. 
Pero a su vez, se deben observar y atender las necesidades y diversidad que existe entre cada grupo de mujeres que ejercen el periodismo para contrarrestar discursos y prácticas racistas, edadistas y discriminatorias.
<h2>Entre el miedo y la esperanza</h2>
Pese al clima de violencia, las mujeres periodistas en México siguen ejerciendo su labor con valentía. Ellas investigan desapariciones, documentan violencia de género, visibilizan luchas comunitarias e indígenas, y narran historias que de otro modo quedarían en silencio; se convierten en acompañantes de activistas y personas defensoras de derechos humanos.
El 8 de septiembre no debe ser solo una fecha simbólica: debe convertirse en un recordatorio del compromiso que el Estado y la sociedad tienen con ellas. Urge garantizar mecanismos efectivos de protección, combatir la impunidad en las agresiones, y construir un entorno libre de violencia que les permita ejercer su labor sin miedo.
El periodismo no es un privilegio, es un derecho humano colectivo: sin periodistas no hay democracia, y sin mujeres periodistas no hay mirada completa sobre la realidad. Reconocer y proteger su trabajo es también defender la libertad, la verdad y la dignidad en nuestro país.
En este día, la pregunta no es si debemos celebrarlas, sino si estamos dispuestos como sociedad y como Estado a protegerlas. La respuesta debería ser clara: no hay democracia posible si callamos a las mujeres que nos cuentan la verdad.
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*Noemi Pineda Fierro y Lucía Elisa Moguel Osorio, investigadoras del Programa de Protección y Espacio Cívico para ARTICLE 19 CA-MX.

#8S: informar en medio del peligro

En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, es crucial reconocer la importancia de abordar este fenómeno con infancias y adolescentes desde una perspectiva sensible y adecuada a su desarrollo. Este diálogo permite visibilizar una realidad silenciada, sembrando empatía, memoria y compromiso en las nuevas generaciones.
En México, miles de menores sufren directamente las consecuencias de la desaparición de sus familiares, con más de 160 mil niños y niñas posiblemente viviendo sin uno o ambos padres debido a este delito, y más de 17 mil menores reportados como desaparecidos entre 2007 y 2025, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El Estado de México, concentra 1 de cada 5 casos (3,889), le sigue Tamaulipas (1,534) y Ciudad de México (1,434). Por desgracia, estas tres entidades agrupan 2 de cada 5 desapariciones de menores en el país. La omisión estatal y la falta de datos claros agravan esta situación, mientras que muchas infancias quedan en el desamparo o bajo el cuidado familiar.
Abrir espacios para que niñas, niños y adolescentes expresen sus dudas y emociones no solo protege su bienestar emocional y derecho a la información, sino que también ayuda a romper el miedo y el estigma alrededor del tema. Incluir a las infancias en estas conversaciones fortalece su pensamiento crítico y las convierte en agentes de cambio, capaces de entender que las desapariciones son parte de un problema estructural ligado a la violencia y la impunidad. Fomentar el diálogo en casa y la escuela impulsa valores de justicia, solidaridad y defensa de los derechos humanos, contribuyendo a la construcción de un país más justo. En este contexto, se presentan tres propuestas editoriales que facilitan la conversación sobre las desapariciones con las infancias y adolescencias.
<a href="https://articulo19.org/hormigas-entre-gigantes-las-infancias-y-sus-experiencias-ante-la-desaparicion-y-el-asesinato-extrajudicial-de-sus-madres-y-padres/" target="_blank" rel="noopener">Hormigas entre gigantes. Las infancias y sus experiencias ante la desaparición y el asesinato extrajudicial de sus madres y padres</a>, obra realizada por ARTICLE 19 y la Fundación Heinrich Böll, visibiliza las historias de niñas, niños y adolescentes que han vivido la ausencia de sus seres queridos en dos periodos de violencia en México: la violencia de Estado desde la década de los setenta y la llamada “guerra contra el narco” iniciada en 2006. Este proyecto surge de una profunda investigación vinculada al derecho a la verdad y la memoria, elementos fundamentales junto con la justicia para enfrentar violaciones graves a los derechos humanos. La verdad es un derecho tanto de las víctimas como de la sociedad, y es imprescindible para lograr reparación y evitar que estos hechos se repitan.
<a href="https://www.youtube.com/@colectivobuscadorasguanaju7162" target="_blank" rel="noopener">Contemos nuestra historia</a> es un libro impreso en formato pop up (próximamente a la venta), que surge de la iniciativa del Colectivo Buscadoras Guanajuato, tras un proceso de acompañamiento psicosocial para niñas, niños y adolescentes que enfrentan la desaparición de un ser querido. Mediante talleres de teatro, cuentos, dibujo, cartonería, muralismo, fotografía y excursiones culturales, el proyecto creó espacios seguros y afectivos para que las infancias y juventudes puedan expresar sus emociones, compartir sus relatos y fortalecer su autoestima. Los cuentos del libro pueden consultarse a través de una serie de podcasts que dieron origen al cuento y las publicaciones como los <a href="https://www.instagram.com/p/C3ZTzYJu3Hd/?igsh=MTlodGFmaGQ4eW5jeA%3D%3D" target="_blank" rel="noopener">“calendarios de la memoria”.</a> Esta iniciativa reconoce el derecho de las infancias a participar activamente en procesos de memoria, afrontamiento y reconstrucción comunitaria, con el apoyo de psicólogas, artistas y académicas comprometidas con el cuidado colectivo.
<a href="https://www.facebook.com/share/p/16sJSvNua3/" target="_blank" rel="noopener">Rosendo y su guitarra</a>, escrito por Rafael Tepec e ilustrado por Luis Armando Alarcón, es una poderosa herramienta de memoria para las infancias que narra la historia de Rosendo Radilla Pacheco —líder comunitario y compositor desaparecido por el Estado mexicano el 25 de agosto de 1974— desde una perspectiva sensible y simbólica. Publicado por Fundar, Centro de análisis e investigación, Artículo 19 y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), próximamente estará disponible en los sitios web de cada una. 
Este cuento acerca a niñas y niños a la historia de la desaparición forzada en México mediante metáforas accesibles, como la música, los objetos cotidianos y los &#8220;saurios&#8221; que representan a las fuerzas represivas. Más que un relato, es un puente generacional que transmite verdad, conciencia y resistencia en un país donde la desaparición sigue siendo una herida abierta. En palabras de sus creadores y organizaciones impulsoras, este libro es una forma de combatir el olvido y continuar la exigencia de justicia desde la ternura y el arte.
El pasado domingo 24 de agosto, en conmemoración a los 51 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, presentamos el cuento en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Esta fue una de las primeras presentaciones con sobrevivientes y familiares de este municipio. Sin embargo, el propósito es continuar abriendo espacios y visibilizar estas historias a través del arte y la literatura.
<figure id="attachment_1570285" aria-describedby="caption-attachment-1570285" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1570285 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-1.jpg" alt="Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 1" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-1-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1570285" class="wp-caption-text">Presentación del libro “Rosendo y su guitarra”</figcaption></figure>
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<figure id="attachment_1570284" aria-describedby="caption-attachment-1570284" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1570284 size-full" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-2.jpg" alt="Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 2" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-2.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-2-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/08/Dia-Internacional-de-las-Victimas-de-Desapariciones-Forzadas-2-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1570284" class="wp-caption-text">Presentación del libro “Rosendo y su guitarra”, con la participación de Tita Radilla, Rafael Tepec, Armando Alarcón, Claudia Rangel Lozano y Evangelina Sánchez Serrano en Atoyac de Álvarez, Guerrero.</figcaption></figure>
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Finalmente, hablar de desapariciones con niñas, niños y adolescentes no es solo un acto de memoria; es un compromiso urgente de protección, prevención y justicia. En un país marcado por el silencio y el dolor de la ausencia, con más de 133 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, es indispensable escuchar a quienes también sufren las consecuencias, reconociendo que no son víctimas colaterales, sino protagonistas fundamentales de la verdad, el cuidado y la esperanza. 
Incluir a las infancias en esta conversación fortalece su capacidad crítica y las convierte en agentes activos de cambio, capaces de entender que las desapariciones son parte de un problema estructural ligado a la violencia, la impunidad y la omisión estatal. Abrir estos diálogos, tanto en casa como en las escuelas, es sembrar desde la niñez los valores de solidaridad, justicia y defensa de los derechos humanos. Hablar de desapariciones con las infancias y adolescencias: es una responsabilidad ineludible para construir puentes de resistencia entre generaciones, fortalecer la memoria colectiva y avanzar hacia la justicia que México urgentemente necesita.
*Jessica Chantal Alcázar Romero es coordinadora de Prevención del Programa Protección y Espacio Cívico de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
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Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: memoria, verdad y justicia desde la voz de las infancias

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: memoria desde la voz de las infancias

Dicen que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y nada ejemplifica esto mejor que el cumplimiento de los derechos indígenas. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión de México declararon el año 2025 como el <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-gobierno-de-mexico-que-2025-sera-el-ano-de-la-mujer-indigena?idiom=es" target="_blank" rel="noopener">año de la mujer indígena</a>, con el objetivo de establecer “<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5749989&amp;fecha=21/02/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">un programa</a> de actividades para conmemorar y honrar la obra de la Mujer Indígena en favor de la patria”. También enaltecieron la reciente <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894155/CPM_INPI__21feb24.pdf" target="_blank" rel="noopener">reforma constitucional</a> de 2024 sobre pueblos indígenas y afromexicanos, en materia de su reconocimiento como sujetos colectivos de derecho. No obstante, el reconocimiento constitucional no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas. 
En mayo del 2024 el gobernador de Chiapas <a href="https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2024/5/13/eduardo-ramirez-presenta-autopista-que-comunicara-la-lacandona-602633.html" target="_blank" rel="noopener">anunció</a> la reactivación de la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, un proyecto denominado “La Ruta de la Cultura Maya” que lleva más de 10 años en pausa y pretende ser una carretera tipo A de 153 km que conectará ambas ciudades turísticas y enlazará los Altos de Chiapas con el Tren Maya. El gobernador ha señalado que no habrá concesionarios extranjeros para la autopista y que las <a href="https://seinfra.chiapas.gob.mx/noticias/publicaciones/noticiasconsulta.php?numero=MjY=" target="_blank" rel="noopener">comunidades indígenas serán socios</a>. El primer tramo de la Ruta de la Cultura Maya, que inició obra el mes de junio, atraviesa varias tierras comunales de pueblos indígenas en el norte de Chiapas, en donde el gobernador señaló que hubo <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/03/23/estados/comunidades-de-chiapas-aprueban-construccion-de-autopista-san-cristobalpalenque" target="_blank" rel="noopener">aprobación contundente</a> a través de consultas indígenas. No obstante, organizaciones indígenas no están de acuerdo con esta afirmación: “Los gobernantes afirman que nos beneficiará, pero los pueblos sabemos que ni siquiera usaremos esa mega-carretera, solo beneficiará a los ricos”, señala <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ckN5UierpUE" target="_blank" rel="noopener">una integrante de MODEVITE</a>. 
Han <a href="https://modevite.com/category/comunicados-2025/" target="_blank" rel="noopener">declarado</a> que no recibieron información oportuna ni adecuada sobre los planes de construcción. Consideran que las declaraciones del gobierno estatal son opacas y niegan los <a href="https://www.youtube.com/watch?v=T8sdwum5T54" target="_blank" rel="noopener">impactos</a> negativos que el proyecto tendrá sobre sus comunidades. Tampoco contaron con un <a href="https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2025/06/inicia-construccion-de-polemica-supercarretera-palenque-san-cristobal-que-conecta-con-el-tren-maya/" target="_blank" rel="noopener">proceso de consulta indígena</a> adecuada e imparcial. Organizaciones de la sociedad civil también han <a href="https://frayba.org.mx/pronunciamiento-slamalil-250707" target="_blank" rel="noopener">señalado</a> que la autopista representa una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas locales, lo cual a su vez puede causar despojo, aumento de conflictividad y vulnerabilidad social.
Cabe mencionar que tanto la constitución mexicana como la normativa internacional reconocen a los pueblos originarios como titulares de derechos, y por ende, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos, como el derecho a la información, la autodeterminación y la autonomía. De acuerdo con el artículo 6 del <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30118/Convenio169.pdf" target="_blank" rel="noopener">Convenio 169 de la OIT</a>, “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Así mismo, el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/631476/esp-acuerdo-de-escazu-inpi.pdf" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de Escazú</a>, ratificado por México en 2021, estipula en su artículo 5 que las autoridades deben garantizar acceso “&#8230; a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad”. También deben facilitar que los grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con las condiciones adecuadas para acceder a la información, como por ejemplo, traductores.
Entre noviembre del 2024 y abril del 2025 ARTICLE 19 ha realizado 19 solicitudes de información para conocer cuáles serán los mecanismos para que las comunidades indígenas sean socios de la autopista y para obtener los resultados desglosados de las consultas indígenas realizadas en mayo del 2025. A esto, las autoridades estatales respondieron que no cuentan con la información solicitada, que no son las autoridades competentes. En el caso de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, quien estuvo a cargo de implementar las consultas, pidieron prórroga para recabar la información solicitada.  A dos meses desde que se cumplió la prórroga, aún no han brindado la información completa sobre la construcción de la Ruta de la Cultura Maya. La falta de información clara, completa y oportuna es contrario a lo establecido en el art 10 de Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, las autoridades tienen la obligación de brindar información de interés público en igualdad de condiciones, es decir, las comunidades indígenas tienen derecho a saber cómo los megaproyectos afectarán directamente sus tierras y territorio, para poder tomar decisiones informadas y afianzar procesos de participación pública.
México ha atestiguado cómo las personas indígenas se han convertido en  defensoras de tierra y territorio ante la necesidad de salvaguardar sus tierras ancestrales de los megaproyectos de desarrollo y extractivista que son impuestos por el Estado y el sector privado. En la campaña <a href="https://articulo19.org/defender-la-vida-campana-por-la-labor-de-las-personas-defensoras-ambientales/" target="_blank" rel="noopener">Defender la Vida</a>, ARTICLE 19 recupera testimonios de personas indígenas de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Puebla, que explican lo que significa para ellos defender su territorio. Margarita de Oaxaca explica “No tenemos acceso a la información. Necesitamos más redes, más acuerpamiento, que nos lleven de la mano y nos lleven a estas informaciones para defender nuestros derechos, el derecho (que tenemos) como seres humanos, como pueblos originarios para disfrutar y gozar de una vida digna”.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es necesario preguntarse si los reconocimientos formales son suficientes. Si las comunidades indígenas no pueden acceder a información pública sobre problemáticas que les afectan directamente, ¿cómo se puede declarar que tienen el reconocimiento constitucional como sujetos de derechos? La desinformación, las prácticas de despojo de tierra y de criminalización hacia la defensa son evidencia de que la discriminación estructural sigue más fuerte que nunca, perpetuando dinámicas violentas de exclusión y marginalización.
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*Nayelli Torres es investigadora del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología para ARTICLE 19 oficina para México y Centroamérica.

El trecho a recorrer por los derechos indígenas

El 14 de junio de 2025 entró en vigor la primera versión del delito de “ciberasedio” en el Estado de <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/ley-ciberseguridad-puebla-censura" target="_blank" rel="noopener">Puebla</a>. A través del artículo 480 del Código Penal de esa entidad, se pretendió sancionar “a quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Su aprobación generó un rotundo rechazo social debido a la gravedad de sus implicaciones. Primero, porque establecía una censura clara, directa, y a todas luces ilegítima, a la libertad de expresión en el espacio digital. Segundo, porque al establecerse en el ámbito penal, la peligrosidad de su aplicación -dada la redacción tan ambigua, desproporcional y vaga con que se hizo- podría derivar en la criminalización, con suma subjetividad, de cualquier emisión de críticas, opiniones, ideas y expresiones.
Días después, ante todas las críticas y rechazo a su aprobación, el 19 y 20 de junio el Congreso de Puebla organizó dos foros públicos para abordar estas reformas. Aquí es importante referir algunas cuestiones: estos foros se organizaron por el repudio generado después, y no antes, de que se aprobara la primera versión del tipo penal. Además, el primer foro no fue transmitido al público, sino cerrado, y sólo por la exigencia -que desde colectivos como la Red de periodistas en Puebla se realizó-, el segundo y último foro sí se transmitió al público. Y si bien hubo una lista amplia de participantes, cada persona tuvo sólo 3 minutos para hablar, lo cual resultó muy insuficiente y metodológicamente inapropiado para abordar y discutir a fondo las preocupaciones y recomendaciones para subsanar los peligros de la reforma. Es importante resaltar que, durante los foros, la mayoría de las personas participantes manifestaron claramente su rechazo a la norma y la exigencia de su derogación.
Sin embargo, ganó la irresponsabilidad y la voluntad censora de las y los legisladores locales. El Congreso poblano determinó, con su mayoría establecida, no derogar la norma. Y casi un mes después, el 10 de julio, el Congreso aprobó reformas al delito de “ciberasedio”, supuestamente con la intención de hacerlo menos subjetivo y amplio.
En el ahora reformado y vigente delito de “ciberasedio” se sancionará a quien “de forma reiterada o sistemática realice actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, y como consecuencia altere su vida cotidiana, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional”. El cambio en su redacción no resuelve nada en absoluto, al contrario, persisten elementos ambiguos, subjetivos y la posibilidad aún factible de que se sancione un ejercicio legítimo de la libertad de expresión hasta con prisión.
Además, incluyeron un párrafo con el “objetivo” de salvaguardar la libertad de expresión, pero eso no resuelve la problemática de censura que trae en el fondo esta norma: al final, si se inicia algún procedimiento penal contra alguien que realice expresiones o críticas “reiteradas”, quedará al arbitrio de las fiscalías y juzgados si se ejerció la libre expresión de manera legítima o no.  Así, los casos que puedan iniciarse por “ciberasedio” en Puebla pueden traer fuertes cargas y razones políticas detrás para criminalizar la libre expresión y crítica.
Finalmente cabe subrayar, por la importancia del tema, algunos de los argumentos erróneos e imprecisos que emitió la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, el día de la aprobación de la nueva reforma al delito de “ciberasedio” el pasado 10 de julio.
Primero, refirió que ahora hay voces críticas que se levantaron contra el delito de “ciberasedio” pero que no estuvieron en el pasado cuando, por ejemplo, se aprobó en 2014 la denominada “ley bala” que criminalizaba la protesta social en Puebla bajo el gobierno de Rafel Moreno Valle. Esto es falso. En ese entonces, desde sociedad civil local y nacional hubo amplio rechazo y hasta se promovieron diversos juicios de amparo, y se realizaron campañas y actos para conseguir su derogación.
Segundo, la legisladora García Chávez criticó que actualmente en el Código Civil está establecido el daño moral, que se refiere a afectaciones a los “afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada” y que nadie reprueba esto. Su análisis es erróneo. Desde hace años, tanto organismos internacionales como organizaciones de la sociedad civil hemos señalado y exigido al Estado mexicano a derogar o no aprobar normas en el ámbito penal que criminalicen la libre expresión, y que la regulación sea en la vía civil, como el tema de daño moral.
Ahora bien, si el Congreso de Puebla (y cualquier otro Congreso) quiere realmente proteger la libertad de expresión, sería necesario que reformaran las normas sobre daño moral en dicha entidad para establecer filtros a las demandas, que por esa vía también se usan para arremeter contra quienes ejercen su libre expresión o periodismo. El acoso judicial a partir del daño moral también se ha vuelto una vía, aunque civil, a través de la cual ciertos actores buscan amedrentar y censurar. Reformas como esa sí contribuirían a una democracia, en vez del establecimiento irresponsable de más delitos que solo sirven como mordaza, como el de “ciberasedio”.
Estamos a la expectativa y mantenemos la exigencia de que tanto la Comisión Estatal como Nacional de Derechos Humanos promuevan acciones de inconstitucionalidad contra el delito de “ciberasedio”. De lo contrario, no habrá diferencia entre estas comisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del pasado, que se negó a combatir la “ley bala” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014. Aquí demostrarán si son más de lo mismo, o no.
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*Luis Knapp es Coordinador de defensa en ARTICLE 19 México y Centroamérica.
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Ciberasedio es cibercensura en Puebla

Tal vez conozcas y, si no, te presento la fábula sobre la rana en agua hirviendo. Consiste en dos escenarios: 1) hay una olla con agua hirviendo, a la cual la rana saltó a su interior, pero inmediatamente brincó para salir al sentir el tremendo golpe de quemazón; 2) hay una olla con agua fría que acaba de colocarse sobre el fuego; la rana saltó dentro y se acomodó en la frescura del agua, nadó y disfrutó ahí su vida y tiempo, mientras el agua se templaba poco a poco, hasta que se calentó al máximo y la rana murió dentro de la olla.
Esta fábula es utilizada para retratar variadas situaciones en la vida, por ejemplo, para analizar riesgos en nuestra seguridad e integridad; para situaciones de violencia, ya sea en parejas, familiar, sexual, laboral, etc., y como una enseñanza infantil de vida, pero en el fondo, el mensaje núcleo es el mismo: cuidado con conformarse o acostumbrarse o dejar pasar ciertas acciones o ser indiferentes o creer que estamos bien y todo está normal.
Esta fábula también servirá aquí para retratar la situación política, social y de derechos humanos en la que México está actualmente ubicado. El reparto es el siguiente: 1) La olla con agua es México y también todos aquellos actos, políticas, decisiones, normas, declaraciones, omisiones de todo el aparato estatal, político y gubernamental; 2) La rana eres tú, yo, tu familia, amistades y cualquier persona en la sociedad mexicana. Un dato importante: en medio de esta historia, el fuego bajo la olla lo controla ese mismo régimen estatal-político-gubernamental.
Este régimen se integra por personas diputadas y senadoras del Congreso federal, la presidenta de México, sus secretarias y secretarios, tu gobernador o gobernadora, diputadas y diputados en tu estado, partidos políticos, personas juezas, magistradas y ministras en los poderes judiciales estatales y federal, organismos (supuestamente) autónomos como comisiones de derechos humanos, y cualquier otro ente estatal con facultades jurídicas para determinar cuestiones de interés público.
Ahora bien, ¿qué está pasando actualmente en México? Este régimen político-gubernamental, conformado principalmente por el partido Morena, ha ido tomando mucho poder desde las elecciones de 2024 para controlar prácticamente todo espacio público e institucional, ¡¡pero también nuestros espacios privados!!
Junto con otros partidos, tiene super mayoría para cambiar la Constitución mexicana como cambiar de playera; ha desaparecido organismos autónomos como, por ejemplo, el instituto que se encargaba de la transparencia y acceso a información en poder de las autoridades, información que no es propiedad de éstas sino de todas y todos; solamente esas autoridades la producen, gestionan y archivan, pero no les pertenece, sino al contrario, nos deben rendir cuentas plenamente, a cada minuto de su gestión y con cada acto que hagan, ni más ni menos.
Pero también han cooptado otros organismos que formalmente deberían ser autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos estatales en esta materia, lo cual es sumamente grave ya que son quienes deben analizar y determinar si una autoridad violó tus derechos, por ejemplo, contra tu libertad o integridad. Es decir, ahora este régimen es juez y parte. Él mismo viola derechos y él mismo se investiga. Seguramente ya sabrás cómo resolverá.
En el mismo sentido, con la reforma judicial de 2024-2025, este régimen político-gubernamental ha querido lograr un control en los poderes judiciales (juzgados, tribunales y Suprema Corte). Y no es que los poderes judiciales, o los organismos de transparencia, por ejemplo, sean o hayan sido perfectos y se defiendan ciegamente; no se trata de caer en “análisis” simplistas de buenos y malos, blancos y negros; pero tampoco se debe pretender curar una enfermedad en el estómago con quimioterapias para el cáncer. Es decir, no se solucionan problemas, generando otros problemas más grandes, pero disfrazados de buenas intenciones.
Con este control político-gubernamental, recientemente hemos observado actos sumamente preocupantes y regresivos contra nuestras libertades. Por ejemplo:
1) Autoridades electorales están sancionando y eliminando publicaciones, como notas periodísticas o simples “tuits” con opiniones o reacciones, alegando violencia política contra mujeres servidoras públicas o candidatas; <a href="https://elpais.com/mexico/2025-06-29/sancionadas-por-tuitear-x-el-banquillo-de-acusados-del-tribunal-electoral-mexicano.html?s=03" target="_blank" rel="noopener">aquí</a> un resumen de esta situación.
2) Gobiernos y congresos estatales que han propuesto y/o aprobado normas penales, tan ambiguas y amplias, que en su aplicación pueden imputar delitos a periodistas, medios de comunicación y a cualquier persona, como tú, que publique en redes sociales algún mensaje crítico e incómodo al régimen; por ejemplo, en <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/6/20/red-puebla-de-periodistas-pide-la-cndh-promover-inconstitucionalidad-de-la-ley-censura-353433.html" target="_blank" rel="noopener">Puebla</a>, <a href="https://articulo19.org/iniciativas-en-congreso-de-sinaloa-violentarian-la-libertad-de-expresion-urgen-discusiones-sobre-censura-en-linea/" target="_blank" rel="noopener">Sinaloa</a>, <a href="https://periodistasunidos.com.mx/libertad-de-expresion-y-periodismo/periodistas-protestan-en-el-congreso-de-michoacan-contra-reforma-que-amenaza-la-libertad-de-expresion/" target="_blank" rel="noopener">Michoacán</a>, <a href="https://articulo19.org/penalizar-expresiones-artisticas-incluso-chocantes-como-los-narcocorridos-vulnera-la-libertad-de-expresion/" target="_blank" rel="noopener">Aguascalientes</a>.
3) En el Congreso federal, se están aprobando reformas y leyes en materia de seguridad que permitirán <a href="https://r3d.mx/2025/06/26/organizaciones-rechazamos-el-paquete-legislativo-que-avanza-para-legalizar-la-vigilancia-por-parte-del-estado/" target="_blank" rel="noopener">vigilancia y espionaje</a> por parte de fuerzas armadas, o en materia de <a href="https://articulo19.org/senado-aprueba-dictamen-de-reforma-a-ley-de-telecomunicaciones-con-graves-retrocesos-en-privacidad-y-libertad-de-expresion/" target="_blank" rel="noopener">telecomunicaciones</a> que también van en contra de nuestra privacidad y libertad de expresión.
Todo lo anterior es un brevísimo pincelazo de lo que está ocurriendo en México en relación con nuestros derechos. Sin olvidar los gravísimos problemas diarios de violencia, impunidad, homicidios o ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y mayor <a href="https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/reformas-guardia-nacional-poder-militar" target="_blank" rel="noopener">poder militar</a>.
Si estás leyendo esto y no es nuevo para ti porque eres alguien que da seguimiento al acontecer político y social del país, está perfecto. Debemos seguir escribiendo, hablando, exigiendo, protestando y disputando las narrativas oficiales y nuestros derechos. Hoy más que nunca, debemos seguir alzando la voz, dejando testimonio y no ceder más espacio.
Si estás leyendo esto y te despertó curiosidad y preocupación, está excelente; por favor, sigue informándote mucho, no dejes de seguir los asuntos públicos, las normas que aprueban los congresos, los actos que realiza tu gobernador(a), las resoluciones de los poderes judiciales, el actuar de los organismos de derechos humanos, etc.
Dentro de poco podrías estar bajo un proceso penal por publicar críticas en tus redes sociales o podrías ser espiada o vigilado en tu ámbito privado. El agua en la olla ya se ha calentado considerablemente, y la rana podrá sentir que está dentro de un jacuzzi, cómoda y relajada; ¡¡pero el agua sigue calentándose cada vez más! Si no reaccionamos en este momento, si desde la sociedad no actuamos, protestamos y rechazamos todo esto, pronto será demasiado tarde y, como la rana, morirán nuestros derechos y junto a ellos, moriremos dentro de la olla.
* Luis Moreno es coordinador de defensa, ARTICLE 19 México y Centroamérica.

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