Las víctimas en el olvido: el cierre del sexenio
Ayotzinapa retrató de cuerpo completo al Gobierno de López Obrador: un hombre que vive en un Palacio amurallado, con elementos de seguridad pública suficientes para no escuchar los reclamos de justicia. Atrincherado y sin dar cara a la sociedad, así cerró el gobierno que militarizó al país y que ha ido eliminando contrapesos para que su movimiento se perpetúe en el poder.
Este sexenio inició con la promesa de conocer la verdad y obtener justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Había esperanza de cambio. Hoy la palabra transformación en México queda como un concepto vaciado y en él se inserta la palabra traición. La traición no solo es para los 43 estudiantes y sus familias, también para las miles de personas desaparecidas.
Las víctimas en el olvido, así describimos el cierre de este sexenio, y por lo anterior fue el nombre de nuestro último informe, el estudio más completo de todo el sexenio donde explicamos cómo el gobierno de la autodenominada cuarta transformación logró debilitar a los Sistemas Anticorrupción y, por lo tanto, las graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad se han profundizando en México. Con corrupción no hay justicia.
Hasta septiembre de este año, el 84.84 % de los Sistemas Anticorrupción de México no cuentan con por lo menos una designación. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia solamente con el 15.16 % de designaciones completas de las instituciones que previenen, detectan, investigan y sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción.
A pesar de que el panorama es complejo, el análisis y resultados de este informe explica hacia dónde transitar con una agenda anticorrupción que ponga en el centro el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, para reducir las violaciones de derechos humanos.
Uno de las conclusiones que ponemos sobre la mesa es cómo el oficialismo ha logrado capturar la narrativa sobre la corrupción con el objetivo de despolitizar a la población civil, lo que implica desactivar su potencial crítico y movilizador al difundir la idea de que la corrupción es un problema resuelto y al desviar la atención hacia una única figura, entidad o partido político como el único responsable de “erradicar” la corrupción.
Sin embargo, es importante crear respuestas, contra narrativas y propuestas de políticas públicas para que la población, sobre todo las aquellas que son constantemente criminalizadas, perseguidas y olvidadas, tengan una vida digna. Es así que creamos un Decálogo Anticorrupción de la siguiente administración que ponga en el centro a los pueblos, las resistencias y las demandas de los movimientos contrahegemónicos.
1. Género y corrupción. Todas, todos y todes, ¡en pie de lucha!
Se necesita hablar y crear políticas públicas sobre la corrupción sexual que afectan a mujeres y niñas que son empobrecidas, como por ejemplo en estaciones migratorias o trabajadoras sexuales. En México podemos afirmar que la Política Nacional Anticorrupción no considera la corrupción sexual en su diseño e implementación.
Recomendamos a todas las instituciones y órganos colegiados encargados de prevenir, detectar, investigar, sancionar y reparar las faltas administrativas y hechos de corrupción que reconozcan en su normativa la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que promueve los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo en interés de toda la humanidad.
2. ¡Los pueblos al frente! Anticorrupción en los megaproyectos
Las instituciones anticorrupción deben ser especialmente sensibles a las necesidades y los derechos de las poblaciones étnicas en México, considerando la diversidad cultural, étnica y territorial del país, así como las desigualdades históricas que enfrentan, la falta de representación política y los obstáculos para poder acceder a la movilidad social efectiva.
El gobierno debe de atender los casos de violencia y corrupción en los megaproyectos con investigaciones judiciales independientes, específicamente en focos rojos de los megaproyectos en curso, como por ejemplo, el Tren “Maya” y el Corredor Interoceánico.
3. Más allá de la mañanera: metodologías e indicadores para medir la corrupción y la eficacia de la agenda anticorrupción, el gran rezago pendiente
La gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades y los derechos humanos al socavar las instituciones y la democracia, la ética y la justicia, al comprometer el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho, es imperante crear estudios rigurosos para saber dónde se encuentra México en la materia.
Hacemos un llamado al gobierno que está por entrar para legitimar la Política Nacional Anticorrupción, manteniendo los repositorios de datos que se han realizado y otros que son importantes generar, para que la sociedad pueda conocer sobre los casos de corrupción y medidas anticorrupción que se han implementado con las metodologías e indicadores para medir los riesgos, las tendencias y la prevalencia de la corrupción, así como para evaluar la eficacia de las políticas y medidas para reducir este problema, protegiendo al mismo tiempo las investigaciones sobre corrupción en curso y respetando la confidencialidad.
4. ¡Justicia social! El caso de las personas privadas de la libertad y su relación con la corrupción
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se refirió durante su campaña a la adopción del “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario” que, según la Oficina de la ONU, “podría significar un parteaguas en favor de un sector de la población históricamente olvidada”.
Las nuevas autoridades federales y estatales que asumirán su cargo el 1 de octubre de 2024 enfrentan un reto importante: crear una política pública robusta para el sistema penitenciario, con el objetivo de generar seguridad y, sobre todo, garantizar la dignidad humana de todas las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta sus condiciones étnico-raciales, de género, clase y otros sistemas de opresión.
La corrupción es una práctica estructural dentro de los centros penitenciarios, 96.4 % de la población privada de la libertad pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en las cáreceles durante julio 2020 a julio 2021 (ENPOL 2021), lo cual no solo obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos, sino que también crea un entorno propicio para el abuso de sus derechos, que incluyen la tortura y los malos tratos.
Hacemos hincapié en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16, ubicado en el Estado de Morelos, y los 16 suicidios en menos de tres años en la única prisión federal de mujeres, debido a que no han recibido atención psicológica ni psiquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades penitenciarias e instituciones corresponsables para que garanticen y salvaguarden la vida, integridad y la protección de los derechos humanos de las mujeres que habitan el CEFERESO 16.
5. ¡Justicia climática! Fortalecimiento en la prevención y lucha contra la corrupción en situaciones de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior
Reconociendo que los riesgos de corrupción pueden aumentar en situaciones de emergencia climática y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior, ya que la urgencia de las necesidades, la gran demanda de ayuda económica y sanitaria, y la rapidez con la que el Estado Mexicano debe responder, crean oportunidades para que se den delitos de corrupción, la cual dificulta aún más los esfuerzos de respuesta y recuperación.
Instamos al Gobierno mexicano a utilizar de manera plena y eficaz la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para desarrollar, mejorar y fortalecer las políticas y estrategias contra la corrupción, a fin de garantizar la preparación para emergencias y hacer frente a la corrupción en situaciones de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior.
6. Medidas contra la corrupción de grupos delictivos organizados
México debe reforzar su Política Nacional Anticorrupción para contar con medidas para la cooperación internacional para perseguir delitos de grupos delictivos organizados.
Es imperante que se siga mejorando su comprensión de los riesgos de la corrupción en la que intervienen grupos delictivos organizados, también con miras a desarrollar enfoques comunes, en la medida de lo posible, y compartir sus mejores prácticas, lecciones aprendidas y metodologías entre los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.
También se exhorta al gobierno a adoptar medidas apropiadas para identificar, evaluar, mitigar y gestionar los riesgos de corrupción en el sector público y mejorar la capacidad de las instituciones públicas, incluidos sus procesos de contratación, para prevenir y hacer frente a la infiltración de grupos delictivos organizados –sobre todo en las Fiscalías– mediante el fortalecimiento de políticas que promuevan la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. En esta recomendación se pone especial énfasis en la desarticulación de redes de macrocriminalidad que perpetúan graves violaciones a derechos humanos, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
7. Sin transparencia no hay recuperación de activos
México debe crear estrategias para que las instituciones financieras adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensificar su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores, y que ese escrutinio intensificado se estructure razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes.
También se deben aplicar las medidas necesarias para obtener información fidedigna sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados para cometer delitos de corrupción u ocultar y transferir valores.
8. Protección de personas denunciantes y alertadores de la corrupción, ¡ya!
Se resalta la importante función que tiene la denuncia para mejorar las iniciativas emprendidas por el gobierno para prevenir y reducir la corrupción con mayor eficiencia y eficacia. En ese sentido, el Estado debe de garantizar la protección eficaz frente a posibles actos de represalia o intimidación a las personas afectadas por la corrupción, así como a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados, y a sus familiares y demás personas cercanas, tomando en cuenta sus necesidades y el contexto en el que se desarrolle.
9. Los muros como necropolítica: migración y corrupción
Al ser un país con una política migratoria que obedece a una lógica de contención, sin un enfoque en la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de refugio que cruzan el territorio mexicano, México cuenta con grandes desafíos en corrupción y violaciones a derechos humanos.
Con base en las solicitudes de información que realizó el Observatorio en materia de Derechos Humanos, podemos confirmar que ningún Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, como las instituciones y los órganos colegiados que lo conforman, entregaron documentos que acrediten que están trabajando con las autoridades migratorias para reducir las faltas administrativas y hechos de corrupción en esta población vulnerada en sus derechos.
10. Sin independencia no hay justicia
Vemos con preocupación reformas y propuestas que ponen en riesgo nuestra democracia. Por un lado, la reforma judicial recientemente aprobada, la cual no pone en el centro las desigualdades históricas que obstaculizan el acceso a la justicia pero que dan un control político al Poder Ejecutivo Federal, y que -por si fuera poco- no atiende el problema de corrupción e impunidad que existe en las Fiscalías.
De igual forma, nos preocupa la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que es fundamental para el ejercicio de dos derechos: el acceso a la información y la protección de datos personales.
Además de ello, la propuesta de la nueva presidenta electa de México que busca crear una Agencia Federal Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, pone en relieve su independencia para prevenir, investigar y sancionar casos de corrupción. La eficacia de su administración en este campo dependerá de su capacidad para implementar y fortalecer mecanismos transparentes y efectivos de rendición de cuentas de cara a la sociedad, de romper la espiral de impunidad, así como de su disposición para enfrentar casos de corrupción dentro de su propio partido y administración.
* El informe “Las Víctimas en el Olvido. El debilitamiento de los Sistemas Anticorrupción de México (2018 – 2022). Análisis y resultados para entender hacia dónde vamos”, lo puedes encontrar aquí.
En el mundo solo Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular, algo que México implementará a partir del próximo año.
En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.
El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de “conquista de derechos”, pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
“En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo”, explica Rojas.
El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.
“Que los elija la gente”
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como “ajeno” al pueblo.
“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.
“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.
Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.
“La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia”, explica Farit Rojas. “Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos”.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
La cuestión de la preselección
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).
La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos”.
“Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.
Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: “La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije”.
En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.
En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.
Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.
Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.
“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.
Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.
En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.
La complicada votación
Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.
“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.
“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.
En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.
Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.
Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.
Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.
Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.
“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.
¿Más influencia del crimen organizado?
Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.
En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. “Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar”, explica Rojas.
“Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo”, añade.
Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.
También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.
Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).
¿Mejoró la justicia en Bolivia?
Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.
Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.
Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.
“Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas”, argumenta.
“En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas”.
Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.
“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.
El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.
“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.
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