TikTok y democracia: preguntas abiertas sobre regulación y participación
El uso de TikTok en campañas electorales en México dejó de ser marginal. De acuerdo con un análisis de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey “The Influence of TikTok on Political Campaigns in Mexico’s State Capital”, la actividad de candidaturas durante las elecciones municipales de 2024 muestra que la plataforma se incorporó de manera sistemática a las estrategias de campaña, especialmente en ciudades capitales y entre candidatos con experiencia previa en redes sociales. Aunque los datos no permiten afirmar que el engagement en TikTok tenga efectos directos sobre los resultados electorales, sí evidencian diferencias claras en visibilidad, volumen de interacción y en la forma en que los candidatos se relacionan con los usuarios.
A partir de estos hallazgos surgen dos preguntas que los marcos tradicionales de la política electoral no resuelven con facilidad: una sobre la regulación y otra sobre la participación cívica. Ninguna admite respuestas categóricas, y quizá el punto no sea cerrarlas, sino formularlas mejor.
En términos formales, el uso de TikTok en campañas electorales ya está regulado. La legislación mexicana no distingue entre plataformas digitales, pero establece reglas generales aplicables también a redes sociales, como límites a la propaganda, fiscalización del gasto y principios de equidad. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido claro en que los contenidos difundidos en redes sociales están dentro de su competencia y pueden ser objeto de medidas cautelares cuando vulneran la normativa electoral.
No obstante, las dinámicas específicas de TikTok plantean zonas grises que el marco normativo no resuelve con claridad. Una de ellas es la fiscalización del contenido orgánico producido directamente por los candidatos, que tiene relevancia política, pero carece de trazabilidad contable al no implicar gasto identificable. Otra es la equidad: la visibilidad digital previa reproduce desigualdades históricas de la competencia política, pero plantea dudas sobre si debe ser tratada como un problema normativo o asumida como una ventaja estructural más.
Estas tensiones se profundizan al analizar la autenticidad de la interacción. El estudio muestra que entre 20 % y 35 % de los comentarios provienen de cuentas con comportamientos atípicos y patrones de actividad coordinados, lo que sugiere dinámicas de amplificación no claramente orgánicas. Aunque esto no permite afirmar la existencia de bots ni de operaciones ilegales, sí cuestiona cómo debe interpretarse ese engagement desde el principio de equidad.
Actualmente, el marco normativo no distingue entre interacción auténtica y no auténtica. Likes, comentarios y reproducciones son políticamente significativos, pero jurídicamente neutros, salvo cuando se acredita gasto o contratación, como muestran resoluciones del INE que ordenan retirar contenidos solo ante violaciones claras a la norma. Esto deja abierta una brecha entre lo ético y lo legal que la regulación electoral vigente no alcanza a cerrar.
La segunda pregunta, relativa a la participación cívica, admite una valoración más afirmativa. El caso de Monterrey muestra que TikTok puede ampliar ciertos tipos de participación política a nivel local. Patricio Zambrano, candidato a la alcaldía por un partido pequeño, logró altos niveles de engagement mediante una estrategia centrada en problemas cotidianos, como documentar recorridos, responder comentarios y atender reportes ciudadanos. Este tipo de contenido amplió su presencia en la conversación pública digital, algo difícil de lograr solo a través de canales tradicionales.
Es importante matizar este hallazgo. Los datos no permiten afirmar que estas estrategias se traduzcan directamente en votos. Lo que sí muestran es que TikTok puede funcionar como un canal de visibilización y contacto entre candidatos y ciudadanía, especialmente para actores con menor estructura partidista.
En conjunto, los datos sugieren que TikTok no redefine la democracia por sí mismo, pero sí introduce tensiones nuevas. Modifica quién es visible, cómo se interactúa y qué entendemos por participación política. El marco normativo actual cubre parte de estas dinámicas, pero deja preguntas abiertas que obligan a repensar, con mayor cuidado, qué queremos regular, por qué y desde qué criterios.
* Fernanda Sobrino es profesora-investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (@EGobiernoyTP).
Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Credenciales cuestionables
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
El escándalo del bolso
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Destituido
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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