Videomonitoreo forense ante las desapariciones
Teuchitlán duele a toda la comunidad. Más allá de la comprobación de restos humanos o posibles crematorios en el Rancho Izaguirre están las dramáticas imágenes de zapatos, ropa o bolsos como recordatorio de la necesidad de construir estrategias de búsqueda de personas desaparecidas, desde lo institucional y lo ciudadano.
En su desesperación por respuestas, la familia de las víctimas ha tomado la responsabilidad del rastreo. Lo ha hecho desde 1976 en Argentina con las Madres de la Plaza de Mayo, como ahora Guerreros Buscadores de Jalisco.
Junto con los familiares hay una comunidad solidaria capaz de proporcionar un dato conducente al descubrimiento esperanzador de un predio, y requieren de acompañamiento de la autoridad.
En la construcción de esquemas de búsqueda está la operación del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, donde a través de técnicas de videomonitoreo forense contribuye al rastreo por medio de las 83 mil 414 cámaras.
Los reportes al número de emergencias 9-1-1 activan el protocolo: se piden características de la persona —descripción física, vestimenta, señas particulares— y se informa a unidades policiales para comenzar la búsqueda en la zona reportada. Al mismo tiempo se hace la revisión de las cámaras cercanas. Si el extravío acaba de ocurrir se inicia un voceo por medio de los altavoces.
El mayor número de llamadas se reciben entre las 15:00 y las 18:00 horas, principalmente sábado y domingo. Las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc registran la tasa más alta de reportes por cada 100 mil habitantes, con 260 y 125 respectivamente.
En apoyo a la búsqueda de personas una vez que se ha presentado la denuncia ministerial, los familiares de las víctimas, acompañadas por agentes de la Policía de Investigación pueden revisar las cámaras en las instalaciones del C5, en lo que se conoce como videomonitoreo forense.
Esta técnica consiste en examinar los videos del sitio donde se vio por última vez a la persona y, una vez ubicada, inspeccionar los momentos posteriores para identificar su posible paradero o los anteriores con el objetivo de conocer actividades que podrían relacionarse con su ausencia.
Los registros visuales se utilizan en conjunto con otras pruebas, como los testimonios de testigos, para integrar un panorama más claro de lo sucedido, y forman parte del compromiso del gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México por el fortalecimiento de la capacidad técnica con la creación del Gabinete para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Teuchitlán nos lo recuerda: se requiere voluntad política en acompañamiento a la necesidad ciudadana, y la tecnología puede ser un elemento de contribución central.
* Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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