Por qué no debemos comprar paneles solares chinos
Últimamente, me he encontrado en varias discusiones y foros defendiendo la oportunidad de México para manufacturar paneles solares. La crítica principal que recibo ronda sobre México no pudiendo competir ni en precio ni en avance tecnológico contra los paneles solares chinos. Eso es cierto, pero hay factores más importantes. A continuación, enlisto mis argumentos sobre por qué México –y el mundo– no debería importar paneles chinos en su transición energética.
Utilizan trabajo forzado
En mi hogar, como en muchos otros, compramos huevos de gallina libre. Las marcas de ropa que utilizamos tienen estándares laborares y no emplean, por ejemplo, niños. En ambos casos, pagamos más por esos productos y lo hacemos con gusto. En un libro publicado hace unos años, dos autoras demuestran que toda compañía china involucrada en la cadena de valor de paneles solares utiliza trabajo forzado en algún segmento. Esta forma de esclavitud moderna se enfoca sobre la comunidad uigur y otras minorías musulmanas bajo detenciones arbitrarias y prácticas consideradas como crímenes a la humanidad por organismos internacionales. A través de estas detenciones y del trabajo forzado, se busca la asimilación y eliminación de su identidad cultural y religiosa. Efectivamente, los paneles solares chinos son muy baratos. Pero ningún hogar ni país debería apoyar esta práctica.
No son verdes
El carbón juega un papel fundamental en la industria china. El carbón es también una de las fuentes de energía más sucias. Así, e irónicamente, un panel solar cuyo objetivo es generar electricidad verde es, de hecho, sucio si se manufactura en una industria basada en carbón. El cambio climático es un problema global, por lo que emisiones en China o en México tienen el mismo impacto. La industria mexicana está basada en gas natural, que es mucho más limpio que el carbón. Por lo tanto, trasladar la producción de paneles hoy a México tendría impactos positivos en la lucha contra el cambio climático. Pero el verdadero potencial de México está en explotar sus recursos renovables para producir tecnologías verdes a través de fuentes verdaderamente limpias.
No promueven una economía circular
Los paneles chinos son muy baratos y fáciles de importar e instalar. Sin embargo, existen casos alrededor del mundo donde, ante fallas, resulta imposible contactar y/o responsabilizar al productor chino. Asimismo, los paneles chinos son tan baratos que son imposibles de desensamblar para reciclar. Esto será un problema en el futuro. Los paneles solares tienen una vida estimada de 25 años e importar la opción barata china nos dejaría con toneladas de “basura” solar en algunos años. En cambio, si se manufacturaran localmente, el proveedor puede garantizar su correcto funcionamiento, reparación y reciclaje.
No son ciencia espacial
La tecnología solar fotovoltaica a base de silicón fue popularizada en los años 50 por científicos en el laboratorio estadunidense Bell Labs. Si bien los chinos han reducido los costos dramáticamente y mejorado su eficiencia, es una tecnología madura y no fuera de alcance. Es más, si Plan México pretende producir satélites, la manufactura de paneles solares debe ser factible.
La tecnología no es adecuada para el contexto mexicano
Los paneles solares chinos son primordialmente de silicón. Dominan el mercado por su bajo costo y mayor eficiencia a comparación de otras tecnologías. Dicho eso, paneles solares de película delgada, cuya tecnología es liderada por empresas estadunidenses, son más fáciles de manufacturar, a pesar de tener eficiencias menores. Dado el vasto recurso solar que tenemos en México, valdría la pena sacrificar esa eficiencia por la facilidad en manufacturarlos nacionalmente.
Sobre el último punto, la dosis de realismo que añado es la siguiente. Por múltiples razones, nuestro principal socio comercial siempre será Estados Unidos. Con ellos hay que explorar mecanismos de desarrollo que le permitan a México romper con dependencias tecnológicas y financieras en beneficio de ambos países. La transferencia de tecnología de paneles de película delgada como alternativa a importaciones de paneles chinos en ambos países sería un instrumento dentro de estos mecanismos.
En resumen, por cuestiones éticas, de cambio climático, sustentabilidad, innovación, adaptabilidad y relaciones comerciales, México no debe importar paneles solares chinos. Al contrario, su manufactura en el país es una oportunidad para promover industrialización enfocada en segmentos de alto valor agregado.
El otro argumento a favor de los paneles chinos que escucho frecuentemente es que, en la lucha contra el cambio climático, tecnologías limpias deben desplegarse lo más rápido y baratamente posible. Como ya argumenté, un panel solar chino no es “limpio”. En cuanto a la rapidez, México no ha cumplido con sus compromisos climáticos internacionales en más de una década, pero no creo que sea el momento para apresurarlo, sobre todo considerando que son los países ricos y últimamente China e India los principales responsables. Al contrario, es momento de tomarnos el tiempo para diseñar y aprovechar esta oportunidad de industrialización. Sobre el argumento del costo, simplemente les respondo: una transición justa e incluyente no puede ni debe ser barata.
* Carlos Guadarrama es un experto internacional en política energética y beneficios socioeconómicos. Se especializa en el diseño y análisis de políticas para energías renovables y para transiciones energéticas justas e inclusivas. Ha enfocado su trabajo en África, Asia y Latinoamérica, desde organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA). Es egresado del ITAM, de Harvard y está cursando el doctorado en Oxford. Su opinión no refleja la de los organismos donde ha trabajado ni la de las instituciones donde ha estudiado.
El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
Qué se sabe de la matanza de mineros de Pataz
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Cuál es la situación de la minería ilegal en Perú
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
La respuesta del gobierno
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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