Entre lodo y esperanza: las niñas y los niños que esperan volver a la escuela
Cuando el agua baja, lo que queda no son solo calles cubiertas de lodo, escuelas destruidas o caminos cerrados. Quedan comunidades heridas, familias fragmentadas y una niñez que intenta comprender por qué su mundo cambió de un día para otro. Las inundaciones que durante octubre devastaron el oriente y el centro del país —principalmente en Veracruz, Puebla e Hidalgo— son ya una de las emergencias más graves de los últimos años.
Hasta ahora, las cifras oficiales hablan de 79 personas fallecidas, 29 desaparecidas, 1,380 escuelas afectadas y 121 caminos cerrados. Pero detrás de esos números hay miles de niñas, niños y adolescentes cuya vida cotidiana se ha interrumpido, y cuyas heridas —emocionales, sociales y educativas— no se curarán cuando las aguas se retiren.
En cada emergencia, los impactos se miden por daños materiales o pérdidas humanas. Sin embargo, la niñez rara vez aparece como un grupo con necesidades específicas, aun cuando es la más vulnerable ante la pérdida de estabilidad, seguridad y rutina.
En las comunidades más afectadas por las lluvias —Poza Rica, Xicotepec, Tihuatlán, Huauchinango, entre otras—, niñas y niños lo perdieron todo: su casa, su escuela, sus cuadernos, sus juguetes y, en muchos casos, a algún familiar.
Mientras el país observa las imágenes de las inundaciones, en los albergues improvisados se multiplican las preguntas que no salen en los noticieros: ¿Cuándo volveremos a la escuela? ¿Cuándo regresará la luz? ¿Por qué ya no está mi casa?
Escuelas cerradas, futuro en pausa
En las zonas afectadas, más de 1,380 escuelas resultaron afectadas: algunas muy dañadas, otras convertidas en refugios temporales. En 112 localidades, donde los caminos de acceso se encuentran bloqueados o cubiertos por deslaves, decenas de comunidades permanecen incomunicadas.
La Secretaría de Educación Pública reportó la suspensión de clases en varios municipios durante semanas, lo que agrava un rezago educativo que ya era preocupante. Cada día sin clases representa más distancia entre las niñas y niños de las zonas rurales y el resto del país.
Las escuelas no son solo espacios de aprendizaje: son entornos seguros, donde las niñas, niños y adolescentes encuentran alimentación, atención médica y contención emocional. Cuando dejan de funcionar, la vida comunitaria se fragmenta. Y para las niñas y adolescentes, el cierre prolongado de escuelas incrementa riesgos como el trabajo infantil, los matrimonios tempranos o la violencia doméstica.
“Familias enteras están varadas en distintos municipios de las zonas más afectadas, sin alimentos ni insumos básicos. El acceso solo es posible en autos pequeños o caminando por veredas que tardan días en recorrerse”, relata Maribel, trabajadora de la SEP en Puebla al equipo de Save the Children que se encuentra en las zonas afectadas dando atención a la niñez y adolescencia.
En estas condiciones, la niñez queda atrapada entre la emergencia y el aislamiento. Las niñas y niños en comunidades incomunicadas enfrentan riesgos mayores de desnutrición, exposición a enfermedades transmitidas por agua contaminada o mosquitos, afectaciones psicológicas derivadas del miedo constante y un grave rezago educativo.
La niñez en el centro de la respuesta
Ante este contexto, desde Save the Children México activamos nuestra respuesta humanitaria en Puebla y Veracruz, con presencia en Xicotepec y Poza Rica, en coordinación con autoridades locales y otras organizaciones.
Nuestras acciones incluyen la distribución de insumos esenciales —como kits de higiene familiar, kits de limpieza, kits de apoyo psicoemocional y alimentos—, así como la instalación de Espacios Amigables para la Niñez, donde las niñas y los niños pueden jugar, aprender y expresar sus emociones en entornos seguros.
Además, Save the Children participa en la Mesa de Educación en Emergencias, en los grupos de Nutrición y de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), y en esfuerzos conjuntos con Protección Civil, UNICEF y organizaciones locales, para garantizar que la recuperación incorpore una perspectiva centrada en la infancia.
Como parte de nuestra intervención, también se están realizando evaluaciones participativas con comunidades afectadas, con el fin de identificar necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes, y diseñar estrategias de apoyo sostenibles.
Recontruir para sanar
Esta emergencia deja en evidencia un patrón que se repite en todo el país: los desastres golpean con mayor fuerza a quienes ya vivían en condiciones de pobreza, marginación o exclusión. Las comunidades rurales e indígenas del oriente de México, donde la infraestructura es limitada y los servicios públicos son precarios, enfrentan una doble vulnerabilidad: la del clima y la del olvido.
Las niñas y los niños que hoy sobreviven entre lodo y refugios temporales son las mismas infancias que, sin apoyo, verán reducido su potencial en los próximos años. La crisis climática no solo amenaza con más lluvias e inundaciones: amenaza con profundizar las desigualdades que definen el destino de millones de niñas y niños en México.
Un habitante de Poza Rica, Veracruz compartió con Save the Children: “Necesitamos apoyo psicológico, pero no tenemos tiempo. Primero debo limpiar mi casa y buscar a mis familiares en colonias que aún están incomunicadas”. Por eso, la recuperación no puede limitarse a reconstruir carreteras o viviendas. Debe incorporar una visión integral, con atención psicosocial, apoyo educativo, espacios seguros y participación comunitaria.
La reconstrucción, si se hace con enfoque de derechos, puede ser una oportunidad para sanar. Los gobiernos locales y federales tienen la responsabilidad de garantizar que los recursos destinados a la recuperación incluyan la rehabilitación de escuelas, el restablecimiento de servicios básicos y programas permanentes de atención psicoemocional para niñas, niños, adolescentes y sus familiares.
Desde Save the Children creemos que cada desastre debe dejar lecciones institucionales: planear ciudades más resilientes, fortalecer los sistemas de protección a la niñez y garantizar que las emergencias no se gestionen únicamente desde la infraestructura, sino desde la protección integral de las personas, en especial, de la niñez.
Porque cuando el agua baja, lo que queda es la niñez. Y si no la cuidamos hoy, las marcas de esta emergencia no estarán en los muros de las casas, sino en la memoria de quienes crecerán recordando que un día lo perdieron todo.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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