Una lectura política sobre el endurecimiento del control migratorio y las obligaciones del Estado mexicano
A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la política migratoria estadounidense ha vuelto a modificar drásticamente las dinámicas migratorias en la región. Para las organizaciones que integran la Red de Documentación, este escenario no representa una ruptura inesperada, sino la continuidad y profundización de un régimen de control que, una vez más, ha desplazado los costos humanos de la contención migratoria hacia los países de tránsito y acogida, particularmente México.
México no es solamente un país que resiente decisiones tomadas fuera de su territorio; también participa en su aplicación. Al aceptar que la contención se implemente dentro de sus fronteras, termina administrando sus costos humanos. Los acuerdos políticos y económicos que sostienen esta lógica convierten a las personas en movilidad en la variable de ajuste: más espera, más obstáculos, más exposición a violencias, menos posibilidades reales de encontrar protección.
Leída desde el derecho internacional, esta práctica entra en conflicto directo con el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y con las obligaciones establecidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ninguna autoridad puede regresar, por acción u omisión, a alguien a un lugar donde su vida o su integridad estén en peligro, por lo que obligan al Estado mexicano a garantizar, en la práctica y no solo en el discurso, el acceso efectivo a la protección internacional.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump (2025–2028), la migración volvió a ocupar un lugar central en una agenda abiertamente antiinmigrante. Las amenazas de deportaciones masivas, el cierre de facto de la frontera y la cancelación práctica del acceso al asilo profundizaron una estrategia regional de contención impulsada desde Estados Unidos, pero asumida activamente por México y otros países de América Latina. El control migratorio dejó de concentrarse en la frontera y se extendió al interior de los territorios, instalando un régimen de verificación permanente que atraviesa comunidades enteras y altera la vida cotidiana de quienes las habitan.
En Estados Unidos, durante 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó alrededor de 220 mil arrestos realizados lejos de la frontera, en centros de trabajo, comunidades y otros espacios públicos. Este desplazamiento del control ayuda a explicar la caída sustancial de los llamados “encuentros” en la frontera México–Estados Unidos. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 135,515 encuentros, una cifra significativamente menor a la de años previos. Sin embargo, esta disminución no da cuenta de una reducción de la migración ni del éxito de las políticas de disuasión, sino del reforzamiento de estrategias de contención más agresivas y selectivas, acompañadas de una menor detección en los puntos visibles.[1]
Esa misma lógica también aparece en las cifras oficiales mexicanas. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, en 2024 se registraron 925,085 eventos de personas en situación migratoria irregular, mientras que en 2025 el total reportado fue de 145,449. Estos datos no miden la migración; miden la intervención estatal, su capacidad —o su decisión— de detectar, registrar y visibilizar a las personas en movilidad. La reducción de registros no es un fenómeno técnico ni administrativo: es una decisión política que empuja las violencias fuera del radar institucional.
El artículo 1º constitucional establece que el Estado no solo debe abstenerse de violar derechos, sino garantizar activamente su ejercicio. En ese sentido, cuando decide no registrar ni proteger a las personas en movilidad, incumple su deber de garantía y convierte la omisión institucional en un factor activo de desprotección.
La violencia no desapareció. Se movió fuera de nuestra vista. Los registros de 2024 lo confirman: 62.7% de las agresiones fueron cometidas por grupos criminales, que por primera vez desplazaron a las autoridades como principales perpetradores. Este dato no puede leerse sin la responsabilidad del Estado: las políticas de contención, el cierre de rutas visibles y el abandono institucional han creado las condiciones para que estas violencias operen con mayor impunidad. Desde los estándares interamericanos de derechos humanos, esta expansión de la violencia criminal implica responsabilidad estatal por omisión y falta de debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de las violaciones a derechos.
El impacto de este reordenamiento también se refleja en la dinámica de los albergues que integran la Redodem. En 2024 se documentaron 37,999 ingresos, una disminución del 29% respecto de 2023, tendencia que se profundizó durante 2025. Estas cifras no indican una reducción de las necesidades de protección; muestran que menos personas logran llegar a espacios seguros. En el trabajo cotidiano observamos un aumento de reingresos, personas obligadas a regresar ante la falta de alternativas reales para continuar su trayecto o generar medios de vida en los lugares donde quedaron varadas.
Al mismo tiempo, algunos albergues enfrentan recortes de financiamiento, cierres temporales o exposición directa a la violencia en contextos de fuerte control criminal del territorio. Estos hechos no son excepcionales, sino la expresión de un entorno cada vez más hostil para la acción humanitaria. La existencia de los albergues no sustituye las obligaciones del Estado en materia de protección internacional; por el contrario, evidencia los vacíos institucionales que han sido dejados sin atender.
La caída de cifras no puede leerse como una solución, sino como la expresión de una crisis silenciosa de protección que se profundiza fuera del radar institucional. La movilidad humana no se ha detenido; se ha vuelto más riesgosa e invisible. Insistir en la disminución de registros como indicador de éxito distorsiona la discusión pública y desplaza el debate del terreno de las obligaciones estatales al de la gestión administrativa del control.
Ese será el criterio desde el cual la Redodem sostendrá su trabajo de documentación, exigencia y rendición de cuentas, no por la reducción de cifras, sino por la capacidad real del Estado mexicano de garantizar protección, acceso a derechos y condiciones mínimas de seguridad para las personas en movilidad, así como por su disposición a rendir cuentas sobre las violencias que hoy quedan fuera de los registros oficiales.
[1] InSight Crime, Gamechangers 2025: Criminal Migration Income Boom and Bust, 2025. De acuerdo con este informe, entre febrero y octubre de 2025 las autoridades estadounidenses registraron en la frontera con México un promedio mensual de entre 9 y 10 mil encuentros con personas migrantes, lo que representa una caída del 92 % respecto al promedio de 123 mil encuentros mensuales en el mismo periodo de 2024. La drástica disminución se replica a nivel regional: Panamá —país de tránsito clave entre Sudamérica y Centroamérica— reportó únicamente 78 personas cruzando la selva del Darién entre mayo y septiembre de 2025, frente a las decenas de miles que lo hacían mensualmente en 2022 y 2023 por rutas controladas por redes criminales. Disponible en: https://insightcrime.org/news/gamechangers-2025-criminal-migration-income-boom-bust/
El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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