¿El fin de los verificadores en redes sociales?
En la era digital, las plataformas de redes sociales y sus políticas juegan un papel crucial en la forma en que se comunican y se organizan diferentes grupos de la sociedad. Grandes compañías como X, Google y META, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, han tenido un papel significativo en la transformación de la manera en la que las sociedades se comunican.
Las redes sociales ofrecen ventajas para la interacción entre individuos, así como oportunidades para que llegue información a todos los sectores. La ONU incluso ha reconocido los beneficios que aportan las plataformas digitales: desde la potenciación de las voces de personas marginadas hasta su contribución a la movilización por la justicia y la igualdad de género; sin embargo, ha hecho también llamados a tener un espacio digital inclusivo y más seguro para todas las personas. 1
Esto ha generado debates sobre la responsabilidad de las empresas de cumplir con ciertas regulaciones para la gestión de contenido, su moderación y las políticas de verificación para proteger derechos fundamentales, así como si los gobiernos deben —o pueden— exigir estas regulaciones.
Las políticas de verificación están diseñadas para combatir la desinformación y asegurar que las personas usuarias tengan acceso a información precisa. Así, los verificadores se encargan de examinar las afirmaciones, las noticias y el contenido compartido en las plataformas, marcando o eliminando aquella información que esté comprobada como falsa o engañosa, que contenga lenguaje discriminatorio o de odio, o que incite a la violencia.
Los grupos vulnerables a menudo son blanco de esta desinformación dirigida. Una política de verificación que funcione adecuadamente incluso puede limitar la propagación de mitos dañinos, proporcionando un entorno más seguro para la comunicación y el activismo comunitario, y asegurar que la información errónea sea rectificada. Esto puede ser crucial en contextos donde las falsedades pueden infligir daño o exclusión, como en casos de violencia o discriminación.
Si bien se ha llegado a acusar que la verificación de contenido puede generar que las voces de la población vulnerable sean silenciadas involuntariamente, por ejemplo, si los verificadores etiquetan contenido legítimo como falso, esto se puede aminorar con políticas reguladoras y con verificadores plurales, que actúen de la mano con representantes de los grupos minoritarios.
En términos electorales, la verificación de contenido ha desempeñado un papel importante para asegurar la equidad en la contienda. En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por medio de sentencias, ha considerado que el uso indebido de redes sociales contribuye a la manipulación de información y que la creación de contenido engañoso puede ser utilizado para influir en la opinión pública de manera negativa y con un mayor alcance entre el electorado. Así, las campañas de desinformación en redes sociales violan los principios de equidad, pues distorsionan la percepción pública sobre las personas candidatas.
La respuesta de las autoridades electorales 2 también ha estado acompañada de iniciativas periodísticas. Por ejemplo, en 2018 se creó Verificado 2018, un proyecto en el que más de cien medios de comunicación de todo el país, encabezados por el equipo de Animal Político, detectaban datos engañosos y mentiras en los discursos políticos y sitios web que tenían como objetivo desinformar durante las campañas electorales de ese año. Verificado 2018 se convirtió en una herramienta de información confiable para garantizar el voto informado en esas elecciones.
En 2024, otro equipo de verificación encabezado por mujeres periodistas, VerificadoMX, creó el Observatorio sobre Discurso de Odio y Desinformación 3 con el objetivo monitorear, verificar y analizar el discurso sexista y de odio contra las candidatas mujeres y de la diversidad sexual durante la pasada contienda electoral. Este es un ejemplo de la importancia de contar con herramientas como la verificación y la moderación de contenido, ya que es a través de ello que se puede identificar y prevenir la violencia digital, la cual es también un producto de la desinformación.
La regulación de contenidos debe prevalecer como una corresponsabilidad con las empresas como META y así velar por la armonía entre los derechos, especialmente de los grupos vulnerables. Si bien la libertad de expresión debe estar protegida, esto no supone permitir mensajes de odio o falsos que a su vez generen violencia digital y exclusión.
No obstante, hace unos días Mark Zuckerberg anunció que META realizará ajustes en sus políticas de verificación en Estados Unidos. Algunas de estas modificaciones incluyen la eliminación de cuentas de verificadores, cambios en los criterios de selección y la inclusión de nuevas herramientas de moderación. “En plataformas donde miles de millones de personas pueden tener voz, todo lo bueno, lo malo y lo feo está a la vista. Pero así es la libertad de expresión”. 4
Si bien la intención detrás de estas modificaciones es “proteger la libertad de expresión en la plataforma”, también han suscitado preocupaciones significativas sobre cómo estas decisiones afectan a la población y, en especial, a los grupos vulnerables. Al respecto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha señalado que “las publicaciones en las redes sociales que incitan al odio y la división tienen consecuencias en el mundo real y existe la responsabilidad de regular los contenidos”. 5 Al final, la decisión de META pone sobre la mesa de discusión si estas grandes empresas privadas deben condicionar o promover el ejercicio de derechos fundamentales.
Cabe subrayar que estos cambios se dan en un contexto en el que, unos días después de la toma de posesión del presidente Trump, ya ha eliminado las políticas de diversidad, inclusión y equidad, 6 lo que ya había sido anunciado en las semanas previas por las grandes empresas estadunidenses, como Amazon, Google, McDonald’s, META, Walmart. 7 Esto supone un gran revés para la inclusión de grupos vulnerables —que incluye a afrodescendientes, mujeres, indígenas, LGBTI+.
Hay que recordar que las democracias están basadas en la pluralidad y en la representatividad, y para que esto se vea reflejado en las políticas públicas debe prevalecer el respeto a las diferencias, tanto en las comunicaciones tradicionales como en la interacción online.
* Janine M. Otálora Malassis es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fernanda Rodríguez González es maestra en políticas públicas. Asesora en temas internacionales de la magistrada Otálora.
1 Incluso, el Secretario General de la ONU ha llamado a que las grandes empresas de tecnología deben dejar de amplificar y beneficiarse de la difusión de desinformación y otros contenidos dañinos. Disponible aquí [consultado el 17 de enero del 2025].
A diferencia de los migrantes no autorizados cuya entrada Trump había prometido detener, esta medida contra los refugiados afecta a miles de personas que durante meses o años cumplieron con los trámites requeridos para ingresar a ese país.
Todos los viajes de refugiados con destino a Estados Unidos han sido cancelados por el Departamento de Estado, según una directriz interna obtenida por la cadena CBS News, aliada de la BBC.
Los funcionarios han recibido la instrucción de detener los trámites para la concesión de asilo en el extranjero y un programa aprobado por el gobierno de Joe Biden por el que particulares estadounidenses podían patrocinar a potenciales refugiados.
“La llegada de refugiados a Estados Unidos ha sido suspendida hasta nuevo aviso”, indica la directriz.
La medida no afecta por ahora a los beneficiados con una visa especial por haber colaborado con el ejército de Estados Unidos en el exterior.
El documento fue emitido escasas 48 horas después de que Trump jurara su cargo en Washington y firmara una orden ejecutiva para suspender el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés).
El presidente dijo que su país “carece de la capacidad para absorber un gran número de inmigrantes y, en especial refugiados, en sus comunidades de modo que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses”.
La instrucción establece que “todos los viajes de refugiados a Estados Unidos previamente programados quedan cancelados y no se harán nuevas reservas de viaje” e indica a los funcionarios que “no deben solicitar viajes para ningún otro refugiado en este momento”.
La medida afecta a miles de refugiados en países afectados por violencia, conflictos bélicos y otros peligros, que habían conseguido que se les reconociera ese estatus y el derecho a viajar a Estados Unidos después de un trámite engorroso que se prolonga meses o años.
Fuentes conocedoras del proceso citadas por la cadena estadounidense CNN estimaron en aproximadamente 10.000 los refugiados que ya tenían sus viajes reservados.
Las mismas fuentes indicaron que muchos de los afectados quedarán ahora varados en diferentes lugares del mundo.
Según la agencia AP, entre los afectados están alrededor de 1.600 afganos a los que Estados Unidos había concedido asilo tras la retirada de sus tropas de Afganistán y que ya tenían sus viajes reservados.
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