“Haiga sido como haiga sido”: el estilo morenista de gobernar
La votación mayoritaria de Morena en el Senado de la República refrendó la continuidad de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta 2029, a pesar del unánime rechazo a su administración, tanto por organizaciones defensoras de derechos humanos como por la sociedad civil en general. Incluso generó críticas y reservas al interior de Morena, y llevó a uno de los primeros momentos tensos durante el incipiente sexenio de Claudia Sheinbaum, pues la evaluación interna, así como la comparecencia de Piedra Ibarra, sólo expusieron su absoluta incapacidad para continuar o siquiera intimar un cambio en su administración. Sin embargo, lo preocupante es que su renovación ha sido un ejemplo más de las prácticas políticas de Morena que, con control absoluto del Poder Legislativo, actúa con abierta imposición y sin ninguna preocupación por las consecuencias y sus formas de lograr sus objetivos.
De manera perturbadoramente irónica, Morena ha llevado a razón de Estado una frase lamentable e icónica de nuestra política nacional, pronunciada por quien ahora sirve de prócer y precursor de este gobierno: Felipe Calderón. “Haiga sido como haiga sido”, la frase que dijera a Denise Maerker durante el proceso electoral de 2006, se ha convertido en un referente del lenguaje político nacional como ejemplo de logros políticos a toda costa, incluso contra la estabilidad política del país. Durante muchos años fue criticada por el morenismo, ahora gobierno, y fue uno de sus señalamientos más lapidarios para justificar su desconfianza ante las instituciones y el sistema que ahora pretenden desmontar, de la misma manera como denunciaron con ahínco esa frase y sus consecuencias.
Ya Jorge Zepeda Patterson advirtió esta situación dentro del obradorismo en abril de 2022, a la víspera de la revocación de mandato convocada para refrendar el apoyo al expresidente López Obrador. En ese entonces denunciaba la peligrosa cercanía de ese movimiento por actuar bajo el ominoso lema para tratar de promover y ganarse el favor de ser el obradorista que convocara a más personas para participar en ese ejercicio, aunque violaran abiertamente la ley electoral, mientras que reflexionaba sobre el peligro de que esta fuera la manera de actuar de Morena después de la presidencia de Andrés Manuel. Aquel texto cerraba con una oración que, al menos el primer mes del nuevo sexenio, ha probado errónea: “Solo cabe esperar que en la siguiente versión, ya sin la presencia del líder, se vean obligados a confrontar sus actos con su supuesta conciencia social. Por ahora no se necesita, mientras estén con Obrador.”
El mismo Zepeda, en septiembre del mismo año, regresó al tema de Morena y el “haiga sido como haiga sido”, en un tono similar a la primera columna, ahora motivado por la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, que señalaba al partido como uno de los más corruptos de México. En ese momento, como en el primer texto, también trataba de excusar al ahora expresidente de que su partido y su movimiento adoptara la práctica política de avasallar y ganar a toda costa; sin embargo, con el mismo tono exculpatorio, también trataba de separar esta conducta del líder político. Como vimos durante su sexenio, y como podemos verlo ahora al inicio de este nuevo periodo, en realidad ese lema no era indisociable del propio líder, quien nos demostró repetidamente que, en nombre de sus causas, se valía hacer propia una consigna de su acérrimo rival.
Reitero, no se trata sólo del refrendo a Rosario Piedra Ibarra, es más bien una conducta reiterada donde gobierna Morena, sea en el orden federal o local, como la llamé inicialmente es una razón de Estado. Esta doctrina, definida por el jesuita Giovanni Botero en 1589, servía de crítica a quienes ejercían el poder sin considerar los límites propios de la ley o de la razón, en aras de mantener y proteger al Estado. Sin embargo, Morena demuestra que, más que defender a la unidad política, lo que se propone es defender sólo su control del Estado y sus instituciones, como lo han demostrado acciones como la retención de Daniel Barreda en la fiscalía del estado de Campeche mientras se discutía la reforma judicial, la protección y defensa a ultranza de figuras como Alejandro Gertz Manero, o de sus gobernadores como Américo Villarreal o Rubén Rocha Moya.
También Mauricio Merino denunciaba, a principios de mes, el desaseo de la implementación de la reforma al Poder Judicial, recurriendo al mismo tropo: “haiga sido como haiga sido”; para él es preocupante porque en ello se afecta a la legitimidad democrática. Una de las principales labores políticas siempre es la contante renovación del pacto de legitimidad, ya que permite a quienes ejercen el poder y actúan como gobierno continuar en esa posición con el apoyo popular. Sin embargo, hacerlo basado en una conducta avasallante y contraria, ensoberbecida ante la confianza ciega en la perpetuidad de su posición, no sólo va en detrimento de la legitimidad democrática, también desgasta y consume cualquier atisbo de capacidad para lidiar con el conflicto y mantener la estabilidad política.
Además de traicionar a los supuestos principios de izquierda y de poder popular con los que justificaron su llegada al poder, Morena también pone en riesgo y vulnera la continuidad de la vida política en nuestro país cuando actúa de manera unilateral contra las instituciones políticas y contra cualquier oposición a su programa. Sí, es entendible que, arropados en una amplia mayoría electoral, asuman la autoridad que les ha sido concedida mediante el proceso democrático, pero no pueden abusar de ese apoyo para justificar, más que legitimar su mandato. Esta distinción no es menor ni casual: como nos explicó Hannah Arendt, justificación y legitimidad son dos atributos que permiten distinguir entre la violencia y el poder.
Al actuar “haiga sido como haiga sido”, Morena actúa violentamente no sólo contra las instituciones que considera un obstáculo a su proyecto, sino también contra la vida política de nuestro país, violencia que facilita otras violencias como vemos en los asesinatos de migrantes por la Guardia Nacional, o la escalada de violencia que vivimos desde el último mes a nivel nacional. Para Hannah Arendt, la violencia destruye y el poder crea, por eso el primero debe justificarse y el segundo legitimarse; al destruir cualquier resquicio de confianza y de institucionalidad, Morena desgasta y consume rápidamente la legitimidad democrática que le concedieron las elecciones de 2024. En lugar de crear un nuevo arreglo institucional que, sustentado en su legitimidad, refleje las distintas demandas sociales que le confiaron su voto, lo que hacen es arremeter indiscriminadamente con un brío motivado por el agravio político.
En última instancia, por eso es tan peligroso el “haiga sido como haiga sido”: es el recurso último de quien, arropado en el poder, busca ventilar y resolver agravios, en lugar de alcanzar una meta política. Mientras en Morena consideren que el cambio de régimen es más un camino para satisfacer un agravio, que una oportunidad para acercar más a nuestro país al bienestar y la justicia social, no sólo traiciona una convicción de izquierda y a un poder popular, también abre la puerta a que nuestra dinámica política, ya asfixiada por la violencia, se recrudezca cuando emerja una oposición desde quienes fueron igualmente agravados por ellos. Así que no, “haiga sido como haiga sido” jamás será un principio de gobierno, una razón de Estado o un estilo de gobierno: sólo será el recurso del agravio que siempre permanecerá insatisfecho.
*Armando Luna Franco (@drats89) es doctorante en Ciencia Política en El Colegio de México, especializado en teoría política y sistema político mexicano.
Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
Un millón para empezar
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
- La cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México.
- El incremento de más de 1 millón de solicitudes de asilo.
- La llegada de 500 mil migrantes beneficiados por permisos humanitarios (parole) provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
“Quieren quitarme a mi mamá”
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
La opción de un TPS
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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