
El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido un terremoto político a nivel de América Latina, el cual tendrá importantes implicaciones en Venezuela y en el resto del continente. Por ende, se ha publicado una importante cantidad de análisis de las consecuencias que tendrá en los planos político, social y económico. Pero también se traducirá en cambios en las dinámicas criminales de la región.
Por ello, en este texto presento cinco transformaciones que este secuestro propiciará en el corto plazo en los patrones de tráfico de drogas y de organización criminal en América Latina:
Sudamérica es la zona de producción de casi la totalidad de la cocaína que se consume en el mundo, y si bien Venezuela no se encuentra entre los tres mayores productores -Colombia, Perú y Bolivia-, su cercanía con Colombia y el hecho de que se conformó una red de funcionarios y militares corruptos permitió la creación de una serie de rutas marítimas que partían de los puertos venezolanos como la Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello, para enviar droga a los Estados Unidos y Europa a través del Caribe.
De hecho, estas rutas se habían tornado ya complicadas de unos meses para acá, cuando los Estados Unidos desplegaron embarcaciones de guerra en distintos puntos del Caribe para interceptar barcos sospechosos de transportar droga, por lo que, al cerrarse las mismas, las organizaciones criminales tendrán que mover lo que viajaba por ahí a través de otras rutas.
Lo anterior generará un mayor tráfico mediante los puertos de Ecuador, Perú y Colombia, pero también la movilización por rutas terrestres a través de Centroamérica, lo cual fortalecerá a las organizaciones criminales de estos países.
En los últimos años se dio un fortalecimiento de algunas organizaciones criminales venezolanas, como el Sindicato de las Claritas, la Organización R, el Tren del Llano, el Tren de Guayana y en especial el Tren de Aragua, el cual tiene presencia en 12 países de dos continentes. Uno de los factores que propició este crecimiento fue la protección de funcionarios corruptos en distintos niveles.
En un escenario en donde el Gobierno de los Estados Unidos va a tener injerencia en la vida pública de Venezuela, habrá mayor vigilancia de las actividades de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los funcionarios, por ende, el espacio para que elementos corruptos ayuden a las organizaciones criminales se va a reducir, lo cual impactará negativamente en las finanzas de dichas bandas.
Es decir, dado que uno de los factores que potenciaba su crecimiento ha cambiado, se puede esperar que la expansión se ralentice e incluso comience un retroceso en la influencia de estas organizaciones al interior de Venezuela y, en el caso de Tren de Aragua, en otros países de la región.
Aún cuando Nicolás Maduro afirme su inocencia durante todo el juicio, como lo hizo en la primera audiencia, lo cierto es que la Fiscalía de Nueva York está obligada a presentar evidencia y testigos para vincular a Maduro con el tráfico de drogas y con las organizaciones criminales, entre ellas varias mexicanas, de forma que no se puede descartar que en las intervenciones de los testigos sean mencionados políticos de Venezuela y de otros países de la región.
Para que se pueda probar que existe una trama criminal, que incluye a una extensa red de actores dirigidos por Nicolás Maduro o que al menos él mismo tenía conocimiento de la misma y no llevó a cabo acciones para combatirla, se debe hacer mención de las personas involucradas, porque de lo contrario no se podrá probar la acusación.
Esto quiere decir que nombres de políticos, funcionarios, militares y jefes policiales, en principio de Venezuela, tendrían que ser revelados en el juicio contra Nicolás Maduro y quizá también se incluyan los nombres de actores de otros países.
El arresto extraterritorial de Nicolás Maduro envía una señal de que Estados Unidos buscará llevar a la justicia a personajes políticos acusados de estar coludidos con el crimen organizado, por lo que es previsible que en el futuro ejerzan presión para que se investigue a políticos por sus probables relaciones criminales e incluso soliciten su extradición.
Lo anterior eleva el riesgo de castigo, que históricamente ha sido bajo, debido al alto grado de impunidad de la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, lo sucedido a Maduro demuestra que ningún político ni siquiera un presidente está a salvo, lo cual podría desincentivar la participación de algunos actores en estas redes de corrupción.
Esto no quiere decir que ya no habrá políticos que ayuden a las organizaciones criminales, pero sí elevará el riesgo, lo cual puede disuadir a un pequeño porcentaje y propiciar que otro mayor sea más cuidadoso en su participación en actividades ilícitas.
La administración de Trump ha sido más proactiva en presionar a los países latinoamericanos, en especial a México, en sus acciones para combatir el tráfico ilegal de drogas. Y si bien nuestro país ha logrado establecer ciertos límites, no podemos descartar que Estados Unidos utilice el efecto psicológico del arresto extraterritorial de Maduro para sacar ventaja en negociaciones futuras.
Por ejemplo, aún y cuando no se dé una intervención armada de los Estados Unidos en México y no existan condiciones para ello, lo acontecido en Venezuela hace que la amenaza se vuelva latente y creíble en la mesa de negociaciones entre las autoridades de Estados Unidos y México, donde los norteamericanos ya contaban con una ventaja. Ahora la disparidad será más marcada y podrán imponer con mayor fuerza su agenda.
Esto se puede traducir en una mayor presión en la extradición de narcotraficantes, en que se actúe en contra de determinados actores políticos que sean sospechosos de proteger a las organizaciones criminales, en mayor despliegue de agentes en las fronteras y en más controles a diversas actividades, entre otras cosas.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected].

Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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