Caracas como advertencia y la nueva realidad internacional

Caracas despertó la madrugada del 3 de enero con una serie de explosiones y bombardeos. Tras semanas de crecientes tensiones con Estados Unidos, Washington lanzó ataques contra infraestructura gubernamental y de defensa venezolana, acompañados de una operación militar cuyo objetivo fue capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. En respuesta, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia en todo el país. Sin embargo, si algo queda claro es que el bombardeo sobre Caracas y la posterior captura de Maduro no deben entenderse únicamente como una acción destinada a desestabilizar al régimen venezolano. Reducir los hechos a un episodio bilateral o a una escalada coyuntural implica perder de vista su significado político y estratégico más profundo, así como su repercusión en el orden internacional.

Más allá del impacto inmediato sobre Venezuela y el posible vacío de poder que surja (cuyas principales víctimas no son las élites del régimen, sino la población civil), esta operación militar tiene un alcance político mucho más amplio: funciona como un mensaje dirigido a toda América Latina. Washington deja claro que su política exterior hacia el hemisferio ha entrado en una nueva fase, marcada por el uso directo de la fuerza como instrumento de control regional. Esto no solo es la confirmación de la desintegración de un orden internacional que al menos aparentaba estar basado en el derecho internacional, en reglas e instituciones claras, es también la manifestación tangible de la nueva estrategia de seguridad estadounidense y la nueva realidad en la geopolítica latinoamericana.

El bombardeo y posterior secuestro de Nicolas Maduro marca un quiebre con esa lógica. No necesariamente sustituye del todo a las sanciones ni a la diplomacia coercitiva, pero introduce un elemento que había permanecido en segundo plano: la disposición a emplear poder militar de manera directa en el hemisferio occidental. Esto es algo que no habíamos visto, al menos a esta escala, desde la intervención militar estadounidense en Panamá en 1989. Este giro no responde a una amenaza militar inmediata proveniente de Venezuela y ni siquiera a un tema de combate al narcotráfico, sino que responde a una reevaluación estratégica más amplia. Para Washington, ya no existe la limitante de usar la fuerza para lograr los objetivos de política exterior que se plantea la Casa Blanca.

El gobierno estadounidense mostró de forma tangible el regreso de la Doctrina Monroe. Un hecho ya previamente anunciado como nuevo eje de su política de seguridad hemisférica, lo que refleja una revalorización del dominio regional como prioridad estratégica. En este marco, América Latina deja de ser un espacio periférico y pasa a ocupar un lugar central en la política exterior estadounidense, particularmente ante la expansión de la influencia china en la región. Dicha influencia se expresa tanto en el acercamiento de Beijing a gobiernos como el venezolano, evidenciado por la reunión de Nicolás Maduro con una delegación especial china horas antes del inicio de la operación militar, orientada a consolidar un nuevo mundo multipolar. También responde a dinámicas como en la profundización de los vínculos de países como Brasil con los BRICS, un bloque que disputa la primacía estratégica de Estados Unidos, particularmente en el Sur Global.

Lo que ocurrió en Caracas no es solo una intervención con el objetivo de castigar un régimen incómodo, sino que responde a un reajuste más amplio en la manera en que Estados Unidos entiende su seguridad regional. Retomar la Doctrina Monroe como eje rector de la política exterior estadounidense no es un retorno retórico al pasado, sino una adaptación pragmática y peligrosa a un contexto en el que Washington muestra menor disposición a tolerar ambigüedades estratégicas en su entorno inmediato y un creciente escepticismo frente a la eficacia de las sanciones económicas y del aislamiento diplomático o comercial.

Estados Unidos asume que las herramientas como las sanciones económicas, por sí solas, ya no son suficientes para asegurar control ni disuasión efectiva en el hemisferio. En consecuencia, avanza hacia una estrategia más directa, en la que el poder militar vuelve a ocupar un lugar central como instrumento de orden regional. Es decir, volvemos a una lógica de “gunboat diplomacy”, que opera como el brazo coercitivo de una política hemisférica nuevamente centrada en el control regional. Y esta realidad tiene consecuencias profundas. Los márgenes de autonomía estratégica de los países latinoamericanos se estrechan, no solo en términos formales, sino prácticos. Las decisiones y políticas de los Estados soberanos, sobre todo en materia de política exterior, los alineamientos económicos y las relaciones con actores externos comenzarán a evaluarse bajo un entorno donde la coerción militar explícita vuelve a ser una posibilidad real. Dicho de otra forma, la autonomía de los países soberanos en Latinoamerica queda en tela de duda.

Lo que vemos con esta operación es nada más y nada menos que la completa desintegración de un orden internacional, que al menos en el plano discursivo, se presentaba como un orden basado en el derecho internacional, en reglas compartidas y en instituciones multilaterales. Cuando una potencia recurre abiertamente a la fuerza para capturar al liderazgo político de otro Estado, ese marco normativo deja de operar como límite efectivo y se convierte en una referencia retórica sin capacidad de contención. Lo verdaderamente peligroso no es solo el caso venezolano, sino el precedente que establece: si la intervención militar directa se normaliza como herramienta legítima frente a gobiernos considerados incómodos, el umbral para acciones similares se reduce en otros contextos, desde Brasil, Colombia, Nicaragua, Cuba o incluso en México, en donde el riesgo de operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano justificadas bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico sigue cerniéndose como una perpetua espada de Damocles.

Este riesgo, además, no se limita a América Latina. Una vez erosionada la idea de que la soberanía está protegida por reglas comunes, la pregunta deja de ser qué está prohibido y pasa a ser qué es operativamente posible: ¿qué impediría entonces a Estados Unidos avanzar sobre Groenlandia, a Rusia profundizar su expansión en Ucrania, o a China tomar Taiwán por la fuerza? La lógica que se abre no es la del orden, sino la de la fuerza como árbitro último, y en ese escenario las reglas dejan de proteger a los Estados pequeños y medianos para convertirse en herramientas flexibles al servicio de las potencias.

Ignorar esta realidad sería un error por parte de las capitales latinoamericanas, es un mensaje muy claro que se sintió desde Santiago de Chile hasta Ciudad de México. No se trata solo de Venezuela ni de una crisis específica, sino de un reordenamiento de las reglas no escritas que han gobernado la relación entre Washington y América Latina en los últimos años. Bajo este escenario, la nueva geopolítica latinoamericana se perfila bajo un contexto más agresivo, violento y menos ambiguo. Un escenario en el que el hemisferio vuelve a ser un espacio de alta prioridad estratégica y donde el uso de la fuerza deja de ser una excepción para convertirse en una herramienta disponible abiertamente para imponer los intereses de la política estadounidense en la política local de las capitales latinoamericanas. Caracas no es una excepción. Es el precedente. Y como todo precedente de esta magnitud, redefine las reglas del juego para todos.

* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.