Bienestar en las organizaciones no lucrativas en México
El bienestar dentro del sector de las organizaciones no lucrativas en México es importante, ya que se refiere al estado de salud física, mental y social de las personas. En el contexto organizacional implica crear un ambiente laboral positivo que promueva el desarrollo personal y profesional, así como la satisfacción y la motivación de los trabajadores. El bienestar abarca aspectos como la salud mental, la conciliación laboral-personal, la cultura organizacional y el apoyo social.
El bienestar de los trabajadores tiene varias implicaciones importantes como son las siguientes, en primer lugar, se observa un aumento en la satisfacción laboral, ya que los trabajadores felices tienden a ser más productivos y comprometidos con su labor. Un ambiente de trabajo saludable contribuye a mejorar la salud física y mental de los empleados, lo que puede reducir niveles de estrés y ausentismo. Además, las organizaciones que priorizan el bienestar suelen lograr una mayor fidelización y retención del talento, manteniendo a sus empleados a largo plazo. También se promueve el desarrollo y crecimiento personal, ya que al ofrecer oportunidades para la capacitación y fomentar un equilibrio entre la vida laboral y personal, se contribuye significativamente al desarrollo profesional de los trabajadores.
Si bien el tema del bienestar es central para la productividad, calidad de vida y satisfacción interpersonal, en el caso de México contrasta con las horas de trabajo por persona que tienden a ser más elevadas en comparación con muchos países de la OCDE. 1 Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2021 los trabajadores mexicanos tenían un promedio de aproximadamente 2,124 horas de trabajo anuales, lo que coloca a México entre los países con las jornadas laborales más largas dentro de la organización. Esta cifra es significativamente mayor que la media de la OCDE, que se sitúa cerca de 1,726 horas de trabajo anuales y pone de manifiesto la tendencia de trabajo excesivo en México, a menudo en detrimento del bienestar de los trabajadores y del equilibrio entre la vida personal y laboral.
A pesar de lo anterior, México cuenta con una regulación y seguimiento de los temas de bienestar laboral que son responsabilidad de varias entidades clave como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la cual se encarga de promover y regular las condiciones laborales, garantizando un entorno de trabajo justo y seguro. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporciona servicios de salud y seguridad social, lo que influye directamente en el bienestar de los trabajadores. Además, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) establecen estándares mínimos en materia de salud y seguridad laboral, asegurando que se cumplan los requisitos necesarios para proteger a los empleados en sus lugares de trabajo. Una de las más relevantes es la NOM-035-STPS-2018, que se enfoca en la identificación, análisis y prevención de factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. Adicionalmente, la Ley Federal del Trabajo establece derechos y obligaciones en materia de salud, seguridad y bienestar, asegurando un marco legal que protege a los empleados. También se implementan normas de seguridad y salud ocupacional que garantizan condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo, promoviendo un espacio seguro y saludable para el desarrollo de las labores.
Los efectos del bienestar en las organizaciones contribuyen a una mayor eficacia y eficiencia, haciendo que los trabajadores motivados sean más creativos y productivos. También fomenta una mejor colaboración y trabajo en equipo, lo que resulta en relaciones interpersonales positivas. Además, los proyectos orientados al bienestar tienden a tener un impacto sostenible en la comunidad, lo que puede llevar a un éxito a largo plazo. La inversión en el bienestar de los empleados no solo mejora la imagen pública de la organización, sino que también atrae más apoyos y donaciones, consolidando su reputación y credibilidad en el sector.
* Georgina Jatzire Arévalo Pacheco es coordinadora de Gestión del Conocimiento de Dakshina (@DakshinaAC), una fortalecedora en temas contables, fiscales y financiero de las causas sociales no lucrativas de México con una experiencia de 11 años.
1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2021). Horarios de trabajo.
En medio de una nueva ola de detenciones y de un gran despliegue militar y policial, Nicolás Maduro espera iniciar este 10 de enero su tercer sexenio al frente del país suramericano. El opositor Edmundo González también dice que se va a juramentar.
Este 10 de enero debe iniciarse en Venezuela un nuevo período presidencial que arranca con tensión e incertidumbre.
La detención y posterior liberación este jueves de la líder opositora María Corina Machado fue un avance del creciente conflicto político que este viernes vivirá una jornada clave.
Se espera que Nicolás Maduro asuma un tercer mandato en la tradicional ceremonia de investidura en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano.
Y a su vez, Edmundo González, considerado como presidente electo por la oposición y gobiernos internacionales, afirma que regresará a Venezuela a juramentarse al haber demostrado su triunfo en las presidenciales de julio con la publicación de las actas.
Ante esta nueva fase del conflicto, el país está sumido en la incertidumbre y bajo un gran despliegue militar y policial que no impidió que este jueves miles de manifestantes salieran a las calles a protestar contra Maduro.
También los simpatizantes del gobierno mostraron fuerza en las calles y están llamados a hacerlo de nuevo este viernes.
“Estamos a partir de hoy en una nueva fase”, dijo este jueves Machado.
Pero, ¿por qué este día 10 es significativo?
1. Lo que manda la ley
“El candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”.
Esto establece el artículo 231 de la Constitución de 1999 y para dar cumplimiento a dicho mandato, Maduro acudirá este viernes al Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento unicameral venezolano, para asumir su cargo ante los diputados.
El formalismo, sin embargo, se ha visto empañado por las dudas que, dentro y fuera del país, hay sobre la anunciada victoria del actual mandatario en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el aspirante a la reelección se impuso con el 52 % de los votos.
Sin embargo, el organismo no ha presentado hasta el momento los resultados detallados que certifiquen esa declaración.
En contraposición, la oposición asegura que el ganador de los comicios fue su abanderado, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido casi el 70 % de los votos, según el 80 % de las actas de escrutinio obtenidas por la alianza antichavista.
La veracidad de las actas en poder de la oposición fue corroborada por el Centro Carter, uno de los pocos veedores internacionales independientes que fueron invitados por las autoridades a seguir el proceso.
González Urrutia, a quien Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido como presidente electo, ha asegurado que regresará este viernes a Venezuela para ceñirse la banda presidencial.
En septiembre salió de Venezuela y se instaló en España ante la amenaza de ser arrestado.
Las autoridades han advertido al excandidato opositor que será detenido si pone un pie en Venezuela.
2. Más vigilancia y más detenciones
Desde principios de año la presencia policial y militar se ha visto reforzada en toda Venezuela, pero particularmente en Caracas.
Miles de uniformados han sido desplegados en los alrededores del Palacio presidencial de Miraflores, así como del cercano Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ambos en el centro histórico de la ciudad.
Por su parte, en las autopistas para acceder a la capital y en sus principales calles los militares y policías han instalado puntos de control para revisar los vehículos que transitan por ellas y a sus ocupantes, aseguraron a BBC Mundo, fuentes en el terreno que pidieron reservar su identidad.
La presencia policial fue notable en las protestas de este jueves.
“La derecha venezolana está como nerviosa por un despliegue de las fuerzas policiales y militares que es muy normal”, dijo esta semana el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
“A Venezuela van a venir presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión y tenemos que garantizar la seguridad a esos invitados, pero también de los venezolanos”, justificó el funcionario, que aseguró que hay en marcha planes desestabilizadores y “golpistas”.
Aunque Cabello calificó de “normal” el operativo, hay elementos inusuales. Uno de ellos es la participación de los miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia venezolanos.
El DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, figura entre los cuerpos de seguridad señalados por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas de cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad.
En un video difundido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), uno de los directivos del organismo de inteligencia, el coronel Alexander Granko Arteaga, justificó esta actuación porque “el país está amenazado”.
Esta explicación fue respaldada por Maduro, quien este miércoles anunció la detención de siete “mercenarios extranjeros”, los cuales engrosarían la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
“Siguen las capturas, porque una información lleva a otra. Buena información hay para desmantelar lo que estamos desmantelando, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”, declaró.
Pero no solamente presuntos mercenarios han sido arrestados. Hasta el miércoles, partidos opositores y organizaciones de derechos humanos habían contabilizado que más de una decena de políticos, dirigentes vecinales y activistas de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados del país.
Entre estas aprehensiones destacan la de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; la del excandidato presidencial Enrique Márquez y del activista de derechos humanos Carlos Correa.
Las autoridades han confirmado las aprehensiones y las justificaron diciendo que los arrestados forman parte de una “conspiración”.
Hasta el momento no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familiares, por lo cual defensores de derechos humanos han calificado los casos como “desapariciones forzadas”.
El martes Maduro dio un paso más en su “unión cívico militar policial” al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), instancia que, según explicó, “integra a todo el poder político, el poder popular, a la Fuerza Armada, a la Milicia y a todas las fuerzas policiales”.
En un acto celebrado en el Palacio de Miraflores, el gobernante juramentó a los cuerpos de combatientes de las distintas empresas públicas, los cuales están integrados por trabajadores y a quienes se les vio portando armas de guerra.
Asimismo, desde el miércoles, grupos de motociclistas simpatizantes del oficialismo, conocidos como “colectivos”, han sido vistos recorriendo las calles de Caracas y otras ciudades.
3. La estrategia de la oposición
“El enorme despliegue militar y policial busca inhibir cualquier tipo de protesta contra toma de posesión”, explicó a BBC Mundo un funcionario judicial, el cual pidió reservar su identidad por razones de seguridad.
Sin embargo, María Corina Machado, la líder opositora a las que las autoridades venezolanas no dejaron competir en las presidenciales de julio pasado, pidió a los venezolanos vencer el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones ocurridas tras los comicios y los numerosos casos de torturas y malos tratos.
“Llegó la hora (…) Todos sabemos que esto se acabó”, dijo al instar a sus compatriotas salir en masa a las calles del país para manifestarse en contra de la posesión de Maduro.
“Que el miedo nos tenga miedo”, planteó.
El llamado fue atendido y este jueves se registraron decenas de protestas en todo el país, de las cuales 11 fueron reprimidas, según datos provisionales de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Pero la estrategia opositora no solo busca “calentar las calles” para forzar un quiebre en la coalición que sostiene a Maduro en el poder, sino que también ha estado maniobrado internacionalmente con el mismo fin.
González Urrutia realizó en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana para recabar apoyos.
Asimismo, el excandidato opositor ha anunciado que volverá al país para juramentarse y ha dicho que irá acompañado por varios exmandatarios hispanoamericanos.
Desde Caracas, por su parte, han advertido que este plan supone un “gravísimo riesgo” para los implicados, quienes serían considerados “invasores” y tratados como tales.
“Le recomiendo que no se pongan a inventar”, afirmó el ministro Cabello, quien recordó que en los últimos años la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que han ingresado ilegalmente al territorio venezolano.
El funcionario también ha asegurado que el verdadero plan opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas venezolanas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández dice que la doble estrategia opositora tiene por propósito crear “un momentum político entorno a la figura de Edmundo González Urrutia”
“Lo que no sabemos es si esa estrategia será tan exitosa como para conseguir su objetivo: su juramentación”.
“En el mejor de los casos, el plan está conduciendo a un quiebre (dentro del chavismo) y a una negociación que permita la asunción de González Urrutia, el día 10 o después. Y en el peor de los casos le hace la vida más difícil a Maduro para seguir en el poder”, precisó a BBC Mundo la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España).
4. ¿Quiénes apoyan a quién?
Las autoridades venezolanas han asegurado que unos 2 mil invitados de 100 países asistirán a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, pero solo cinco son presidentes.
La prensa venezolana dio por hecho que los gobernantes de Cuba y de Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente, asistirán.
Luis Arce, presidente de Bolivia, otro de los aliados de Venezuela, ha anunciado que no asistirá, pese a reconocer el cuestionado triunfo de Maduro. Su ausencia se deberá a la presencia de su rival y otrora mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles su ausencia y la atribuyó no solo a la negativa de las autoridades venezolanas a mostrar las actas que corroborarían el triunfo de Maduro en las elecciones, sino también a la reciente ola de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y por un número importante de países latinoamericanos.
Los gobiernos antes mencionados han descartado enviar a representantes a la posesión y algunos de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el vencedor de los comicios desató la ira de Maduro, que decidió romper relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviarán delegaciones a la ceremonia.
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