Violaciones a la privacidad desde el Legislativo del siglo XXI
Doblepensar significa la capacidad de mantener dos creencias contradictorias en nuestro pensamiento de forma simultánea, y aceptar ambas.
Esta cita de la distopía clásica 1984, de George Orwell, sintetiza la situación que las personas mexicanas enfrentamos hoy en día. Solo quienes admitan la validez del doblepensar pueden defender que nuestro marco legal es respetuoso de los derechos humanos y al mismo tiempo que consideren adecuado algunas de las disposiciones legales que están en proceso de aprobación en las cámaras del Congreso de la Unión.
Me uno a las voces de personas y organizaciones que expresan preocupación al considerar que algunas atribuciones de las que buscan dotar a instituciones públicas federales atentan contra los derechos individuales, en particular contra el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Aún más, si al día de esta publicación, y como autoridad en la materia, ocupo el cargo como comisionada ciudadana de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México en el Instituto respectivo.
Investigación e inteligencia: sin libertades
Las reformas propuestas en la LXVI Legislatura (2024-2027) a las leyes en materias de seguridad pública, guardia nacional, telecomunicaciones, investigación e inteligencia, y de población, son violatorias de los principios de libertades, datos personales y privacidad. Enlisto algunas de sus disposiciones.
En la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, artículo 8 fracción III se plantea: requerir a entes privados la interconexión o el envío de información como: registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios, fiscales, telefónicos, de comercio, entre otros.
También es el caso de la La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prevé en el artículo 12 que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones pondrá en operación una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, el registro de alta de usuarios deberá estar asociado mediante el número telefónico, CURP, credencial para votar u otra identificación oficial y en el caso de extranjeros por número de pasaporte o documento migratorio, y las instituciones de seguridad pública tendrán acceso a ese registro.
En el artículo 93 cuarto párrafo, se considerará como reservada la información en materia de detenciones, que hoy es pública a través de una consulta a un sitio web oficial.
A su vez, la Ley de la Guardia Nacional, en el artículo 9 fracción XXVI señala que puede solicitar a operadores de telecomunicaciones toda la información con que cuenten y la georreferenciación de los equipos móviles en tiempo real; así como la intervención de comunicaciones privadas con autorización judicial.
Respecto a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las fracciones I, II y III del artículo 183 señala como obligación de los concesionarios de telecomunicaciones entregar a instancias de seguridad la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales, además de conservar y entregar un registro que incluye: tipo de comunicación, origen y destino de ésta, fecha, hora y duración, y otros datos técnicos.
El artículo 91 de la Ley General de Población establece a la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) como única fuente de identidad de las personas nacionales y extranjeras, de carácter obligatorio y que deberá incluir huellas dactilares y fotografía. Así como el 91 sexies respecto a que todo ente público o particular estará obligado a solicitarla para la prestación de sus trámites y servicios.
Todas estas disposiciones van en contra de los dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que señala: La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a las personas la protección más amplia.
También van en contra del artículo 19, que prevé: El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.
Retroceso en derechos humanos e integridad
Las nuevas reformas son contrarias también a disposiciones internacionales. Recordemos el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
A su vez, el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señala la importancia de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales para combatirla, como obligaciones del Estado, de las instituciones públicas, no de los particulares. Y cito: ” … cada Estado Parte, …, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, …. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público”.
También cabe referir la Resolución de Naciones Unidas A/C.3/68/L.45/Rev.1 “El Derecho a la Privacidad en la Era Digital que, entre otras cosas, hace un llamado a los Estados para:
- Respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de la comunicación digital;
- Crear condiciones para prevenir violaciones a este derecho asegurando que la legislación nacional relacionada esté acorde con sus obligaciones internacionales bajo las normas de derechos humanos;
- Revisar prácticas y leyes relacionadas con la vigilancia de comunicaciones, su intercepción y recolección de datos personales con una perspectiva de protección del derecho a la privacidad, y
- Mantener mecanismos locales efectivos e independientes de supervisión para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en materia de vigilancia de las comunicaciones, su intercepción y recolección de datos personales.
Y -por si hicieran falta argumentos que muestren las violaciones al derecho humano a la privacidad-, el artículo 30 de la Declaración Universal señala que: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
La falsa dicotomía entre libertades y seguridad ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia que es un engaño. No existe persona o grupo delincuencial que esté por encima de las capacidades que hoy tiene el Estado mexicano, siempre y cuando se utilicen de forma eficaz. Varias connacionales que parecían eternamente impunes y que hoy purgan condenas en nuestro país y el extranjero son ejemplo de ello.
La retórica nunca estará por encima de la lógica, y avalar una contradicción o, como señala la cita inicial, admitir que dos cosas contrarias son válidas al mismo tiempo es abrir la puerta a perder cualquier asidero con la realidad, la justicia y las bases de un Estado democrático de derecho.
La tutela de los derechos humanos está por encima de cualquier otra consideración, y es precisamente del Estado y sus órganos de quien deben ser protegidos. El cuidado de los datos personales, el derecho a la privacidad nos permiten desarrollar nuestra personalidad y expresar lo que nos hace personas únicas, lo que nos hace individuos.
Una de las conclusiones de reflexiones que detonó IDEA Internacional en 2024 sobre los retrocesos democráticos, refiere que el poder ejecutivo es objetivo clave, pues el retroceso implica expandirse, debilitar los controles y equilibrios. También advirtieron que los deterioros democráticos pueden resultar desde persecuciones digitadas desde organismos de control, a legislativos que pretenden someter a las demás ramas del poder público. A lo que agregaré: la marcha atrás de la democracia también se debe a legislativos que buscan someter a la sociedad y personas en lo individual, en violación de sus derechos humanos, como es el caso de las reformas que enlisté en este blog.
Hago votos porque cualquier reforma legal coloque en el centro a las personas, y que no se convierta en realidad lo que otra cita de la novela de Orwell nos previno: Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano — para siempre.
Según el gobierno ucraniano, Rusia recluta a través de Telegram a niños y adolescentes ucranianos para llevar a cabo sabotajes y atentados con explosivos.
En julio de este año, un joven de 17 años viajó 800 kilómetros desde su casa en el este de Ucrania para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque de la ciudad Rivne, al oeste del país.
Afirma que le prometieron US$2.000 por colocar la bomba en una furgoneta utilizada para el servicio militar obligatorio de Ucrania.
“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró a la BBC.
Vlad es uno de los cientos de niños y adolescentes que, según el gobierno ucraniano, han sido reclutados en línea por Rusia y a quienes se les ha ofrecido dinero para llevar a cabo sabotajes u otros ataques contra su propio país. Cambiamos su nombre para proteger su anonimato.
Dice que le ordenaron configurar el teléfono para transmitir en directo la escena a su contacto, de modo que este pudiera detonar el dispositivo a distancia cuando alguien entrara en el vehículo.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estaba vigilando y frustró el ataque. Vlad, ahora con 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo que podrían acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión.
Sentado en el centro de detención de Rivne, férreamente custodiado, junto a su abogado, reconoce que pudo haber participado en un asesinato.
“Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, afirma. “Pensé: bueno, seré como todos los demás”.
Cómo reclutan a los jóvenes
El SBU afirma que en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ucranianos reclutados por Rusia, 240 de ellos menores de edad, algunos de tan solo 11 años.
Sin embargo, la experta en ciberseguridad Anastasiia Apetyk, que imparte cursos sobre seguridad en internet en Ucrania, tiene conocimiento de casos aún más extremos: “Intentaron reclutar a niños de nueve o diez años”.
Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, cree que existe una estrategia deliberada para buscar a personas vulnerables que puedan ser manipuladas.
“Los niños no siempre comprenden del todo las consecuencias de sus actos”, afirma.
Alega que “el enemigo no tiene reparos en utilizar a menores para fabricar explosivos con productos químicos domésticos y colocarlos en diversos lugares, como oficinas de reclutamiento militar o comisarías”.
El SBU afirma que el reclutamiento se realiza principalmente a través de la aplicación Telegram, pero también en TikTok e incluso en plataformas de videojuegos.
Según las autoridades, quienes son reclutados casi siempre están motivados por el dinero, más que por simpatías prorrusas.
Vlad asegura que no apoya a Rusia y que no tenía antecedentes penales.
Se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo remoto. Media hora después, un hombre que se hacía llamar Roman le respondió. Cuando hablaron por teléfono más tarde, Vlad cuenta que Roman hablaba ruso con acento callejero.
Vlad relata que al principio se mostró reacio, pero que lo convencieron para realizar una serie de tareas cada vez más peligrosas.
Primero, le ordenaron recoger una granada, pero al llegar al lugar indicado, no estaba. Aun así, le pagaron US$30.
Unos días después, surgió otro encargo: incendiar una furgoneta de un centro de reclutamiento, grabarlo y huir.
Por ese ataque, Vlad asegura haber recibido unos US$100 en criptomonedas, mucho menos de los US$1.500 que le habían prometido. Roman le dijo que recibiría el resto si colocaba la bomba en Rivne.
Dinero por sembrar el caos
Los canales de Telegram que ha visto la BBC donde se lleva a cabo el reclutamiento no son explícitamente prorrusos, pero amplifican la indignación que sienten algunos ucranianos hacia el servicio militar obligatorio, plagado de acusaciones de brutalidad y corrupción.
Usando un teléfono desechable y un alias, nos unimos a varios canales de los que nos habían contado.
Los canales contenían vídeos de incendios y explosiones que, según afirmaban los administradores, se habían llevado a cabo bajo sus órdenes. La BBC no ha podido verificar las circunstancias que muestran esos vídeos.
Una cuenta con la que nos pusimos en contacto ofreció de inmediato un pago, en criptomonedas o mediante transferencia bancaria, por provocar incendios. Nos indicaron que contactáramos con una segunda cuenta para obtener más detalles y después recibimos un mensaje con una lista de precios que detallaba cuánto ofrecían pagar por diferentes objetivos.
Los pagos oscilaban entre US$1.500 por incendiar una oficina de correos y 3.000 por un banco. Explicaron que los bancos valían más porque el cristal de seguridad dificultaba los ataques.
“Hay que verter gasolina dentro o lanzar varios cócteles molotov adentro”, aconsejaba la cuenta.
Incluso ucranianos comunes que buscan empleo pueden recibir ofertas de dinero para realizar sabotajes.
Encontramos anuncios que ofrecían una alta remuneración por trabajos de medio tiempo no especificados en diversos grupos ucranianos de Telegram no relacionados entre sí, incluidos algunos sobre refugiados o incluso consejos de belleza.
Al contactar con uno de ellos, un reclutador volvió a ofrecer miles de dólares por ataques incendiarios y nos pidió que enviáramos vídeos como prueba.
“Necesito todos los incendios que pueda conseguir”, escribió. “Encontrar a alguien de confianza es mucho más difícil que pagar. Por eso pago exactamente lo que digo y lo hago muy rápido, normalmente un par de horas después de recibir el vídeo”.
La BBC denunció varios de estos canales, cuentas, chats y bots a Telegram, que eliminó algunos, pero no la mayoría.
Uno de los canales que sigue activo ha crecido en más de 750 suscriptores desde que empezamos a monitorizarlo; también permanece abierta una cuenta que, como informamos a Telegram, nos ofreció directamente un pago por un ataque incendiario.
En un comunicado, Telegram afirmó: “Las incitaciones a la violencia o a la destrucción de la propiedad están explícitamente prohibidas en Telegram y se eliminan inmediatamente al detectarlas”.
Funcionarios ucranianos han nombrado públicamente a miembros de los servicios de inteligencia rusos sospechosos de ser responsables de este tipo de sabotajes.
La BBC no ha podido verificar de forma independiente que el propio Estado ruso sea responsable.
Sin embargo, varios gobiernos europeos han afirmado tener pruebas de que agentes rusos reclutan a jóvenes para llevar a cabo actos de vandalismo, incendios o inclusive vigilancia en sus países.
En Reino Unido, seis hombres fueron encarcelados por su participación en un ataque incendiario, ordenado por Rusia, contra un almacén de Londres que suministraba ayuda a Ucrania.
En Ucrania cientos de presuntos saboteadores esperan juicio, pero para otros las consecuencias pueden ser mortales: varios sospechosos murieron por cuenta de los explosivos que llevaban consigo.
El SBU afirma que agentes rusos han detonado deliberadamente dispositivos a distancia, a sabiendas de que sus agentes morirían.
En marzo, un joven de 17 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido cuando explotó una bomba que, según se cree, llevaban a una estación de tren en Ivano-Frankivsk.
La BBC remitió las acusaciones del SBU a la Embajada rusa en Londres, que en un comunicado acusó a Ucrania de una campaña de sabotaje similar utilizando a ciudadanos rusos.
“Las prácticas que ustedes mencionan se han convertido en una marca registrada de los servicios especiales ucranianos. En particular, el reclutamiento de civiles, incluidos niños, para llevar a cabo incendios, sabotajes o atentados con bombas contra personas, edificios o vehículos”, señala el comunicado.
Aunque se han publicado informes que atribuyen actos de sabotaje dentro de Rusia al reclutamiento ucraniano a través de Telegram, es muy difícil verificar exactamente quién está detrás de estos ataques.
Mientras tanto, Vlad tiene un mensaje para quienes se sientan tentados por los reclutadores.
“No vale la pena. O te engañan y vas a la cárcel como yo, o acabas con una bomba en las manos que te volará por los aires”, afirma.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
