Politóloga. Investigadora. Especialista en Poder Legislativo, partidos políticos y Estado abierto. Impulsa el parlamento abierto, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, fiscalización, combate a la corrupción y derechos humanos. Fundadora de Visión Legislativa, organización que realiza estudios comparados de parlamentos e instituciones; forma parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México #InfoCdMx. 



Visión Legislativa

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De junio de 2003, cuando inició actividades la autoridad de acceso a la información pública en México, a septiembre de 2024, se han presentado 185,026 recursos de inconformidad de personas que pidieron información y no la obtuvieron como la requirieron, conforme a <a href="https://home.inai.org.mx/?page_id=3348" target="_blank" rel="noopener">estadísticas oficiales</a>. En 21 años, se recibieron en promedio 24 quejas diarias -días inhábiles y festivos incluidos-.
En los últimos seis años <a href="https://animalpolitico.com/politica/inai-transparencia-amlo-pena-nieto#google_vignette" target="_blank" rel="noopener">se incrementó a nivel federal el 50 % de las inconformidades de las personas</a> por no haber obtenido información que requirieron, y crecieron un 43 % las solicitudes de información. El primer año de actividades de la autoridad de transparencia, el entonces IFAI reportó que de 2003 al 2004 el <a href="https://inicio.inai.org.mx/Informe2003/informe.pdf" target="_blank" rel="noopener">3 % de respuestas a solicitudes fueron quejas</a>, lo que implicó 1,036 inconformidades. 20 años después, se han recibido 15,632 inconformidades sobre información federal en lo que del 2024, conforme a estadísticas de la <a href="https://www.plataformadetransparencia.org.mx/Inicio" target="_blank" rel="noopener">Plataforma Nacional de Transparencia</a>.
Estos números son casos y vidas de personas que no vieron solventado su derecho humano a saber. Para tener un comparativo de la magnitud de estos datos, la <a href="https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=01-01-2003&amp;field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=20-11-2024&amp;keys=&amp;items_per_page=10&amp;page=231" target="_blank" rel="noopener">Comisión Nacional de Derechos Humanos</a> emitió 2,319 recomendaciones en el mismo periodo; las respuestas de la autoridad de acceso a la información representaron 80 veces más que las recomendaciones de la autoridad de derechos humanos.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-medium wp-image-1473303" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Grafica-recursos-revision-2017-2024-600x362.jpeg" alt="Gráfica recursos revisión 2017 2024" width="600" height="362" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Grafica-recursos-revision-2017-2024-600x362.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Grafica-recursos-revision-2017-2024-1024x618.jpeg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Grafica-recursos-revision-2017-2024-768x463.jpeg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Grafica-recursos-revision-2017-2024-1536x926.jpeg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/Grafica-recursos-revision-2017-2024.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
<h2>OCAs</h2>
Los organismos con autonomía constitucional, también conocidos como OCAs, son instituciones públicas que escapan y complementan la división de poderes tradicional en diferentes ámbitos. Entre 1994 y 2016 se crearon diez OCAs en el país, los cuales han realizado funciones que previamente se realizaban dentro del Poder Ejecutivo, por ejemplo: la protección de los derechos humanos, la generación de información estadística, la evaluación de la política social y educativa, la regulación de los monopolios, la organización de las elecciones, o la procuración de justicia, por citar sólo algunos. Estos órganos técnicos funcionan en la lógica de una división de poderes más compleja, y constituyen contrapesos al Poder Ejecutivo.
El 5 de febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso Federal un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales que implicaban la modificación de 53 artículos de la Constitución que, de aprobarse, representaría, por su número y calado, <a href="https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7483/40.pdf" target="_blank" rel="noopener">el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México</a>.
La cámara baja está por aprobar la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como replicar este modelo a nivel estatal, lo que significa la desaparición de los 32 organismos garantes de transparencia en las entidades federativas. Su extinción, según la propia reforma, se justificaría por razones de austeridad, duplicidad de funciones y captura por intereses privados.
La reforma ignora la complejidad de las tareas que desempeñan los Organismos Constitucionales Autónomos y establece que sus funciones regresen al Poder Ejecutivo. No incluyen en la <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241120-IV.pdf" target="_blank" rel="noopener">dictaminación de la reforma</a> las implicaciones funcionales, jurídicas y presupuestales. Nada se dice sobre los resultados o el desempeño de estos órganos. Si no tuvieran razón de ser los garantes de acceso a la información, no habría quejas de las personas por no tienen garantizado su derecho humano a saber.
<h2>Concentración del poder</h2>
Tras la retórica de la austeridad, se concentra en el Ejecutivo facultades que ejercería sobre el Poder Judicial, el Legislativo, partidos políticos, sindicatos, así como de personas físicas y morales que reciben recursos públicos; todos ellos sujetos obligados a transparentar información y proteger datos personales en manos de instituciones, actores públicos y de particulares.
La reforma desconoce años de evolución administrativa necesaria por la complejidad de los fenómenos y su regulación. La reforma no analiza la evidencia, ni pondera las alternativas para realizar ajustes para mejorar el diseño institucional del Estado mexicano. Únicamente se limita a desaparecer a estas instituciones y, con ello, de manera inevitable, siembra la incertidumbre.
Lo que hay detrás de esta reforma constitucional que elimina a 7 organismos constitucionales autónomos es una intención clara y transparente por concentrar el poder en un nuevo hiperpresidencialismo del siglo XXI. No se trata de un esfuerzo por mejorar instituciones, sino de su destrucción. En un proceso legislativo con prisas, sin diálogo y sin deliberación.
De aprobarse esta reforma que concentra el poder en el Ejecutivo estaríamos regresando al nacimiento del presidencialismo de inicios del siglo XX, con lo cual volveríamos 100 años al pasado, y con ello se dejaría sin certeza el cómo garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. Como lo refirió <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1x8NvSpmjbY" target="_blank" rel="noopener">Luigi Ferrajoli</a>, en el contexto de la reforma del Poder Judicial (previa a la de la reforma que elimina a los autónomos): va a generar un colapso de la democracia y del Estado de Derecho; concentrando el poder y atentando contra la imparcialidad y la división de poderes. Se trata de un analfabetismo institucional por parte del gobierno que la propicia.
<h2>Facultades diferenciadas</h2>
Contrario a lo que establece la reforma que actualmente se procesa en el Congreso Federal, el Constituyente Permanente tendría que considerar una reforma que cuide la división de las facultades de acuerdo a la naturaleza de los distintos actores de que se trate: judicial, legislativo, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que ejercen recursos y toman decisiones públicas. Es conveniente reiterar el llamado a garantizar reformas constitucionales que alimenten el estado democrático de derecho.
La construcción constitucional del funcionamiento de instituciones que resulte de esta reforma debería procurar el que las personas tengan un camino más fácil para garantizar sus derechos. Además, tendría que estar en perfecta armonía con los estándares de democracia en el sentido de distribución del poder y de respeto a los distintos ámbitos, que tienen naturalezas públicas distintas, y aportaciones a la sociedad con roles diferenciados.
Por ende, el buscar concentrar el acceso a la información pública y datos personales en el Poder Ejecutivo implica desconocer, de facto, la naturaleza pública específica del resto de los poderes y actores sociales, y que de ninguna manera tendrían que circunscribirse a rendir cuentas al Ejecutivo, por ser de naturaleza diferente.
<h2>Construcción colectiva</h2>
Cuando el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte, nos acercamos peligrosamente a un escenario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advertía a finales del siglo XX como aquel de la cultura del engaño, del ocultamiento y de la opacidad.
Espero que estos tiempos aciagos de intención de degradación de derechos, de normas y de instituciones sean un llamado a la resiliencia democrática y a la regeneración abierta para sostener el Estado democrático de derecho en México.
Si bien no sabemos aún cuál será el diseño normativo e institucional que se desprenderá de esta reforma, sí sabemos que en México la sociedad ha madurado, que no es la misma que existía en el siglo XX, que es plural y diversa por lo que ya no cabe en un solo partido hegemónico. Y ahí es donde está el valor de la apertura, que emana y reside en todo momento en y de la sociedad. Una sociedad pujante y participativa. Hoy más que nunca es importante recordar que nadie, absolutamente nadie tiene el monopolio de la construcción de la República -como lo refiriera en el arranque de la Semana Nacional de Transparencia, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EEHsU2b0IT0" target="_blank" rel="noopener">Eduardo Bohórquez</a>, con quien coincido plenamente en su llamado-.
<a href="https://x.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener">@MaricarmenNava</a>

¿Hiperpresidencialismo del siglo XXI?

Gota a gota, el agua se agota es un refrán popular que ilustra con triste claridad el estrés hídrico que vivimos en el planeta. Y en estas condiciones, la transparencia y la apertura institucional son herramientas poderosas para activar la gobernanza del agua y de las aguas residuales.
Las aguas residuales son cualquier tipo de este líquido cuya calidad ha sido afectada negativamente por la influencia de la actividad humana. Se trata de agua que ya no tiene valor para el fin para el que se utilizó originalmente ni para el propósito para el que se produjo, ya sea debido a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella.
En general se reconocen cuatro tipos de aguas residuales según su origen: domésticas, urbanas, industriales y derivadas de la lluvia ácida. En esta época en la que 36 % de la población mundial vive en regiones donde el agua es un bien escaso, ya no debe considerarse a las aguas residuales como un ‘residuo’, sino más bien como un recurso.
Sin embargo, <a href="https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/19/wastewater-a-resource-that-can-pay-dividends-for-people-the-environment-and-economies-says-world-bank" target="_blank" rel="noopener">en el mundo 80 % del agua residual se vierte al medioambiente sin haber recibido un tratamiento adecuado</a>. Invertir eficientemente en aguas residuales y otras infraestructuras de saneamiento es crucial para lograr beneficios de salud pública, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida.
<h2>Capital del país</h2>
En la Ciudad de México, más de 40 % del agua que consumimos proviene de fuentes lejanas y una parte importante de los hogares no cuenta con acceso continuo y seguro. De acuerdo con datos de SACMEX, <a href="https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf" target="_blank" rel="noopener">el 26 % de la población no recibe cantidad suficiente y el 15% no cuenta con el servicio diario. Además, 1.8 millones de personas sólo pueden acceder al agua mediante tandeo</a>. Las alcaldías que tienen menor presión para recibir agua son: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza.
El propio SACMEX reconoce que uno de los principales problemas en la gestión de los recursos hídricos es que la red de drenaje es vieja y obsoleta: <a href="https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf" target="_blank" rel="noopener">las redes primarias y secundarias han rebasado su vida útil pues tienen, en promedio, más de 60 años y en algunos casos son las mismas que funcionaban desde el Porfiriato</a>. Esto ocasiona que 42 % del agua que llega a la CDMX se pierde en la red de drenaje por fugas. Además, al ser un sistema que funciona por gravedad, cuando el suelo se hunde se afecta su inclinación, lo que ocasiona que las aguas residuales se estanquen y con ello se agrave el deterioro de la calidad de los acuíferos.
Se estima que <a href="https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf" target="_blank" rel="noopener">los acuíferos de la CDMX tienen una sobreexplotación de 18 metros cúbicos por segundo</a>, lo que ocasiona que al año su nivel disminuya un metro en promedio. A su vez, al tener que extraer el agua cada vez de una profundidad mayor, hay un deterioro gradual de su calidad. Esto también provoca hundimientos del subsuelo  de hasta 30 centímetros por año. Aún así, la CDMX tiene un déficit estimado de agua potable de 3 metros cúbicos por segundo.
<h2>Gobernanza</h2>
Estos problemas, aunados a la dificultad de acceder a nuevas fuentes de abastecimiento de agua, nos obligan a repensar las estrategias de corto, mediano y largo plazos que orienten las acciones que permitan garantizar el derecho humano al agua y su gobernanza como recurso natural. Un factor clave está precisamente en el tratamiento de aguas residuales, la transparencia en su manejo, y la apertura que desarrollen para incorporar a la sociedad y comunidades en la planeación de su gestión.
La primera planta de tratamiento de aguas residuales en la CDMX se construyó en Chapultepec en 1956. En 1958 inició la construcción de más plantas en Xochimilco, la Magdalena Mixhiuca y San Juan de Aragón. Actualmente, de acuerdo con información del Módulo de Agua Potable y Saneamiento del <a href="https://www.inegi.org.mx/app/cuadroentidad/CDMX/2018/02/2_11" target="_blank" rel="noopener">«Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de México»</a>, elaborado por el INEGI, la ciudad cuenta con 26 plantas de tratamiento de aguas residuales: 22 operadas por SACMEX y 4 que están concesionadas. Sin embargo, son pocas si se comparan con las 151 que tiene Puebla, 130 de Jalisco o 125 del Estado de México.
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales juegan un rol vital en el manejo sostenible y disposición efectiva del agua residual generada por la población y las actividades industriales. El agua residual es tratada mediante procesos físicos, biológicos y químicos, hasta llegar a un estado donde puedan ser reutilizadas o vertidas de manera segura al medio ambiente, reduciendo su impacto en el ecosistema local. Este proceso protege la salud pública, previene daños a la biodiversidad y colabora activamente en la lucha contra el cambio climático.
A medida que la CDMX siga creciendo deberán aplicarse estrategias para un desarrollo urbano que minimice el consumo de recursos y que se centre en su recuperación, de acuerdo con los principios de la denominada ‘economía circular’
Por ejemplo, <a href="https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/tres-soluciones-para-una-mejor-gestion-de-las-aguas-residuales-en-guayaquil-ecuador" target="_blank" rel="noopener">la ciudad de Guayaquil en Ecuador, con apoyo del Banco Mundial</a>, se ha convertido rápidamente en un modelo a seguir para la región en el manejo de aguas residuales. Desde que inició el proyecto en 2016, ha concentrado esfuerzos en tres frentes: generación de energía en los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, planificación de cuencas hidrográficas, y fiscalización. Estos enfoques contribuyen a reducir la contaminación, ayudan en la lucha contra la escasez de agua, protegen la salud pública e impulsan la transición de la ciudad hacia una economía circular.
<h2>Acceso a la información y justicia ambiental</h2>
En temas de planeación, de aprovechamiento de recursos hídricos, es toral la transparencia y acceso a la información. Es uno de los temas que hacen factible, en la realidad y cotidianidad de las acciones y políticas públicas, del <a href="https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu" target="_blank" rel="noopener">Acuerdo de Escazú</a>. Únicamente con acceso a la información pública se facilita la justicia ambiental. Y en esa sintonía, contamos con el <a href="https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/assets/files/inicio/Protocolo_Apertura_Transparencia_Riesgo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Protocolo de #AperturaAnteRiesgos</a> que diseñamos, que hemos <a href="https://www.efinf.com/clipviewer/files/8e6c1e03106ec3d07b9c84838593a8c2.pdf">activado</a>, <a href="https://www.gob.mx/cenapred/es/articulos/socializacion-del-protocolo-de-apertura-y-transparencia-ante-el-riesgo-prevencion-reaccion-y-recuperacion" target="_blank" rel="noopener">socializado </a>y que es parte de las buenas prácticas de transparencia proactiva y <a href="https://www.infocdmx.org.mx/index.php/2-boletines/8089-dcs-073-2023.html#:~:text=Este%20Protocolo%2C%20refiri%C3%B3%2C%20busca%20ser,vulnerabilidades%2C%20e%20incluso%20salvar%20vidas." target="_blank" rel="noopener">apertura reconocidos por la OCDE</a>.
Es momento de usar la inteligencia colectiva plasmada en herramientas tan valiosas como este Protocolo de Apertura y Transparencia Ante Riesgos, que se ha construido y difundido con actores tan relevantes como el Cenapred, el Seminario Universitario de Riesgos Socio Ambientales de la UNAM, la <a href="https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/240903" target="_blank" rel="noopener">Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México</a> y la sociedad a través de personas damnificadas del sismo del 19S y quienes están interesadas en conocer sobre la calidad del agua.
<a href="https://x.com/VisionLegis" target="_blank" rel="noopener">@VisionLegis</a> <a href="https://x.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener">@MaricarmenNava</a> <a href="https://www.mariadelcarmennavapolina.mx/" target="_blank" rel="noopener">#InfoCDMX</a>

Las aguas residuales son un recurso

México entra a su aniversario de independencia como país en 2024, con la discusión de dos bloques de reformas constitucionales: la <a href="https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/144013" target="_blank" rel="noopener">reforma judicial</a> y la que <a href="https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticia/comision-avala-incorporar-a-organismos-autonomos-a-la-administracion-publica-federal" target="_blank" rel="noopener">elimina instituciones autónomas</a>, lo cual podría abrir escenarios de retrocesos en la división de poderes y de derechos humanos no vistos en la etapa posrevolucionaria del siglo XX y en lo que va del XXI.
Es éste el momento oportuno para plantear lo que sí es, para qué sirve y qué alcances tiene un parlamento abierto genuino, y qué papel tiene la representación legislativa en la democracia. El corazón de todo ello es la participación de la sociedad.
<h2>Sociedad: clave</h2>
Los grupos se convierten en actores cuando dejan de hibernar y toman acciones, “cuando movilizan recursos de poder que les permiten intervenir en un escenario político”, refiere el politólogo argentino <a href="https://www.oscaroszlak.org.ar/" target="_blank" rel="noopener">Oscar Oszlak</a> en su libro <a href="https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/18536/18776" target="_blank" rel="noopener">La trama oculta del poder</a>. Y justo es lo que observamos en la sesión plenaria del Senado de este 10 de septiembre, en la que grupos de la sociedad que están en contra de la reforma judicial, irrumpieron en las instalaciones estando en plena discusión. Eso no había pasado antes en México.
Mostraron ser actores públicos y con ello, ser contrapesos de reflexión y argumentación para la valoración y sustento de votación por parte de personas legisladoras. Quienes han ido en contra de la reforma judicial que busca elegir por voto popular a integrantes del Poder Judicial en México han dado una dinámica distinta al Congreso de la Unión.
<h2>“¿En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar!”</h2>
El corazón de la apertura de un Estado abierto es, siempre, la sociedad. Es quien exige que sea escuchada y valore incorporar su participación, sus propuestas, en las acciones, decisiones y políticas públicas. La sociedad es la que marca el paso, exige cuentas, monitorea, vigila, propone y quien pide apegarse a sus intereses al momento de ser representada. De ahí la relevancia de la frase que han coreado en el contexto de la reforma judicial: ¿en dónde están los senadores que nos iban a escuchar? Y es justo esa frase lo que nos obliga a recordar cómo surge y quiénes exigen que las legislaturas se abran.
La <a href="https://openingparliament.org/static/pdfs/spanish.pdf" target="_blank" rel="noopener">Declaración por la Transparencia Parlamentaria</a> cumple doce años este 15 de septiembre; fue impulsada por organizaciones de sociedad civil especializadas en el monitoreo parlamentario. En su primer considerando, la Declaración refiere que los parlamentos y congresos deben ser incluyentes, responsables, accesibles y receptivos a la ciudadanía, para la democratización de sus responsabilidades constitucionales. De ahí que en un parlamento abierto genuino de cara a la reforma judicial y a la que busca eliminar las autonomías de instituciones como la encargada de garantizar transparencia, estos primeros requerimientos de apertura, no se observan.
La voz de la sociedad es toral. Pero ¿qué es la sociedad civil?, planteaba Oszlak al reunirnos un grupo de colegas el día de la <a href="https://x.com/red_raga_mx/status/1826278620698157411" target="_blank" rel="noopener">sociedad civil</a>, como parte de la Cumbre de Estado Abierto en México el pasado 27 de agosto. Conversamos acerca de que el bajo dinamismo de la sociedad juega un rol muy importante en las transformaciones de sistemas democráticos a totalitarios -como está ocurriendo en el mundo y México está en la línea roja, como lo muestran las mediciones de <a href="https://x.com/Vdem_Amlat/status/1828252464883134799" target="_blank" rel="noopener">Varieties of Democracy V-Dem</a>-. La participación de la sociedad da el ritmo de la democracia, la pautan.
<h2>Acción colectiva y silencio</h2>
Y aquí es donde conviene voltear a la dinámica que ha generado la reforma de instituciones autónomas y simplificación administrativa (como la han denominado de origen, en un eufemismo simplista de la concepción de la conformación constitucional de las instituciones del Estado). La Cámara de Diputados tiene en valoración la reforma para eliminar las instituciones que son autoridad de <a href="https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-18.pdf#page=2">acceso a la información</a>; ya aprobaron el dictamen de comisiones unidas, aunque éste no ha sido publicado en Gaceta Parlamentaria ni discutido en sesión plenaria.
¿Qué se ha escuchado por parte de la sociedad y actores públicos, sobre la eliminación de autoridades que garantizan la transparencia? Muy poco. Sólo pronunciamientos del observatorio de <a href="https://x.com/designaciones/status/1827068270517866628">Designaciones</a> públicas con un acertado hashtag que refiere #LoQueYaNoVamosASaber, algunos artículos, declaraciones y <a href="https://www.forbes.com.mx/relatoras-de-la-onu-piden-reconsiderar-la-eliminacion-del-inai/">manifiestos internacionales</a> como de las relatoras de la ONU. Pero ninguna ha generado acción colectiva como la reforma judicial.
De ahí que entramos en esta propuesta de reforma, en una espiral del silencio colectivo. La reforma de eliminación de autonomías no ha saltado a las calles. De ahí que hice -y reitero- el llamado a viralizar <a href="https://x.com/JulietDelrio/status/1829214378706776437">#SilencioPorLaTransparencia</a>, para abonar a la generación de acción colectiva. Y aquí regreso nuevamente a citar al doctor y colega de la <a href="https://redacademicagobabierto.org/">Red Académica de Gobierno Abierto Internacional</a>, Oscar Oszlak: “Si un grupo carece de consensos básicos, las amenazas externas no suelen aumentar la cohesión sino conducen a la apatía, enfrentando el riesgo de la desintegración.” De ese tamaño es el reto: ¿las autonomías constitucionales serán eliminadas en un contexto de apatía y desarticulación de esfuerzos y pronunciamientos?
En la Lógica de la acción colectiva de Mancur Olson, establece que no toda persona destinataria de una política o acción pública está dispuesta a actuar en conjunto con otras en la defensa de sus intereses, ya sea porque elige ser gorrona, porque no percibe que sus intereses se vean afectados o bien porque no concuerda con las decisiones o acciones que están dispuestos a adoptar sus pares.
¿Cómo generar acción colectiva por parte de la sociedad, para ser contrapeso democrático de las legislaturas que cuentan con integración mayoritaria del mismo partido que gobierna a nivel federal el país?
<h2>Sin transparencia</h2>
Las dos cámaras federales observan un puntaje de 51.63% (en una escala de cien) en el <a href="https://transparencialegislativa.org/indice/indice-2023/" target="_blank" rel="noopener">Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023</a>, que realizamos y publicamos en la <a href="https://x.com/RedLTL" target="_blank" rel="noopener">Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa</a>. México está reprobado.
Y en ese contexto, los 34 legislativos que conforman el Constituyente Permanente, con la representación derivada de las <a href="https://ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2024/congreso-de-la-union-declaracion-de-validez-y-asignacion/" target="_blank" rel="noopener">elecciones de junio de 2024</a> y las decisiones de <a href="https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-batalla-respecto-la-sobrerrepresentacion-en-el-congreso/" target="_blank" rel="noopener">autoridades electorales</a>, darán pauta en la historia de México si funcionaron como parlamento abierto o cerrado.
Hasta ahora, las sesiones donde han aprobado la reforma judicial han sido en sedes alternas a los recintos oficiales, porque la sociedad se manifestó en las instalaciones por argumentar no haber sido escuchadas. Hasta ahora, el dictamen de la reforma que elimina instituciones autónomas para concentrar sus funciones en el Poder Ejecutivo no ha sido publicado, el documento no es transparente a la sociedad.
Nos urgen personas demócratas en México. Y el parlamento abierto genuino es una gran herramienta para alimentar la democracia.
<a href="https://x.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener">@MaricarmenNava</a>

Se buscan demócratas

Con escasa transparencia legislativa, un potencial gobierno dividido por la integración de una de las dos cámaras federales y retos de trabajo parlamentario en virtualidad por la pandemia, arranca la nueva legislatura federal.
¿La historia se repite?
Durante casi siete décadas del siglo XX hubo hegemonía de un solo partido en el sistema político mexicano, hasta que en 1997 el PRI, que encabezaba el Poder Ejecutivo federal, <a href="http://siceef.ine.mx/camdiputados.html?p%C3%A1gina=1" target="_blank" rel="noopener">perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados</a>. Eso implicó que la aprobación de leyes, del presupuesto, de designaciones y de reformas a la Constitución dependiera del diálogo con la oposición que juntos sumaban 261 curules, 52.2 % del total de integrantes.
Tras veintiún años en los que el Ejecutivo federal no tuviera la mayoría absoluta legislativa (la mitad más uno de diputaciones federales), la legislatura 2018-2021 tuvo una súper mayoría con 330 diputaciones de la coalición que gobierna a nivel federal, de las cuales 252 conformaron la bancada de Morena -habiendo ganado en urnas 191 espacios de representación, los 61 restantes fueron producto de gestiones políticas, no de traducción de votos-. Fueron tres años de este movimiento pendular.
Con los resultados de las elecciones intermedias de 2021, <a href="https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/123063" target="_blank" rel="noopener">MORENA perdió la mayoría calificada que había obtenido en 2018 en coalición con otros partidos</a>. Y la oposición -si incluimos a MC aun cuando no compitió en coalición con PRI, PAN y PRD- tendrá 222 personas diputadas que corresponden al 44.4% del total de curules.
Veinticuatro años después de aquel histórico 1997, parece existir un escenario similar de inicios de gobierno dividido; la diferencia radica en que la coalición que encabeza MORENA podría conservar la mayoría absoluta de facto, lo que permitirá la aprobación del Presupuesto, el control significativo de los órganos de la Cámara y la aprobación de proyectos de ley secundarios.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=798732" rel="attachment wp-att-798732"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-798732 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/08/Conformacion-LXV-Legislatura.jpeg" alt="" width="1196" height="672" /></a>
Arranque de grupos parlamentarios
A nivel federal, los grupos parlamentarios se conforman uno por cada partido político que obtuvo representación en las urnas; así lo marcan las disposiciones <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf" target="_blank" rel="noopener">constitucionales </a>y la <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_080519.pdf" target="_blank" rel="noopener">Ley Orgánica del Congreso</a> (en el caso de la Cámara de Diputados lo establece en su artículo 26). Las bancadas son los brazos legislativos de los partidos, y como tal, su integración habrá de corresponder a la representación obtenida.
La búsqueda -en 2018 exitosa- de la conformación hechiza, negociada, de la integración de grupos parlamentarios, salta la intención de las personas que votaron y dispusieron canales de representación legislativa diferenciada, al modificar los resultados electorales de facto y convertirlos en pesos legislativos partidistas distintos, que en última instancia se traducen en decisiones legislativas, alteración de la proporcionalidad de integración de órganos de gobierno, comisiones y comités. Esto es: el construir grupos parlamentarios negociados deterioran la calidad de la representación pues su conformación no corresponde a cómo votaron las personas en la jornada electoral. Esto fue justo lo que ocurrió en 2018.
Sin transparencia legislativa
El 25 de agosto pasado, se publicó el <a href="https://www.transparencialegislativa.org/indice-2020/" target="_blank" rel="noopener">Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) 2020</a>, la quinta edición en el que <a href="http://visionlegislativa.com/" target="_blank" rel="noopener">Visión Legislativa</a> ha participado como parte de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (<a href="https://twitter.com/RedLTL" target="_blank" rel="noopener">RLTL</a>). Los resultados arrojan amplias áreas de oportunidad para el Congreso federal mexicano, el cual obtuvo una calificación de 47.4 %. Si bien México se encuentra arriba de la media regional de 39.6 %, sigue reprobado en la evaluación en materia de transparencia legislativa que se hizo a 13 poderes legislativos de la región.
La dimensión presupuestal es la más rezagada en la región según los resultados del ILTL 2020. El común denominador es la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos asignados a los congresos, unicamerales o bicamerales, último caso para México que tiene una calificación de 29.2 %.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=798733" rel="attachment wp-att-798733"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-798733" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/08/Conformacion-LXV-Legislatura-2.png" alt="" width="1342" height="758" /></a>
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=798734" rel="attachment wp-att-798734"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-798734" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/08/Conformacion-LXV-Legislatura-4.jpeg" alt="" width="1202" height="752" /></a>
Congresos virtuales
Al inicio de la fase 2 de la emergencia sanitaria por COVID-19 el 24 de marzo de 2020, <a href="https://twitter.com/VisionLegis" target="_blank" rel="noopener">Visión Legislativa</a> inició con el monitoreo de la actividad parlamentaria de las 34 legislaturas en México durante la pandemia. Los hallazgos han sido publicados periódicamente a través de siete reportes en 2020, un <a href="http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/02/InformeAnualVL2020-comprimido.pdf" target="_blank" rel="noopener">informe anual </a>y un <a href="http://visionlegislativa.com/wp-content/uploads/2021/02/InformeAnualVL2020-comprimido.pdf" target="_blank" rel="noopener">último reporte el 9 de agosto de 2021</a>.
Como contexto, la exposición a posibles contagios de COVID-19 entre personas legisladoras y personal administrativo de los congresos generó que el trabajo remoto complementara al presencial en la mayoría de los casos. Para el caso de las legislaturas locales, suman ya 27 los congresos que optaron por dar legalidad a las sesiones virtuales a través de reformas a sus marcos normativos.
<ul>
<li>27 congresos que se sumaron a las sesiones virtuales,
<ul>
<li>22 de estos lo hicieron a través de una reforma a su ley orgánica (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz);</li>
<li>4 reformaron la Constitución local (Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas); y,</li>
<li>1 (uno) reformó su reglamento interior (Chiapas).</li>
</ul>
</li>
<li>2 congresos locales (Morelos y Tlaxcala) que decidieron no reformar su normativa y aprobar un acuerdo legislativo que les permitiera sesionar en remoto. Y, otros 3 congresos locales (Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas) que no aprobaron reformas ni acuerdo legislativo para sesionar de forma virtual.</li>
<li>4 de 26 congresos locales especificaron los alcances de sus reformas sobre virtualidad, es decir, los temas y el tipo de asunto que se puede discutir y aprobar en remoto.</li>
<li>17 congresos locales aprobaron por unanimidad sus reformas en materia de sesiones virtuales:
<ul>
<li>10 de ellos tienen mayoría del partido MORENA),</li>
<li>4 del PAN,</li>
<li>1 del PRI</li>
<li>1 MC, y</li>
<li>1 sin mayoría (caso de SLP en la que MORENA y PAN tienen la misma cantidad de legisladores).</li>
</ul>
</li>
<li>8 congresos locales cumplieron con su obligación de transparencia de publicar la documental legislativa (iniciativas, dictámenes votaciones, decretos) de sus reformas en materia de virtualidad:
<ul>
<li>3 de MORENA tiene la mayoría (Durango, Oaxaca y Veracruz),</li>
<li>3 del PAN (Chihuahua, Guanajuato y Nayarit),</li>
<li>Uno de MC (Jalisco) y</li>
<li>Uno del PRI (Coahuila).</li>
</ul>
</li>
<li>9 de los 32 congresos locales aprobaron reformas al paquete fiscal 2020 de sus entidades: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Zacatecas.</li>
</ul>
Retos para nuevas legislaturas
La primera reflexión sobre la virtualidad parlamentaria fue si esta modalidad cambiaría la esencia que ha distinguido a los cuerpos legislativos desde sus inicios en la historia: la deliberación, el debate cara a cara y hombro con hombro. Cierto es que han habido retos y oportunidades en la implementación de las reformas sobre virtualidad, de la forma en que las sesiones remotas se reglamentan; pero también habría que señalar que las instituciones públicas se evalúan en función de su resiliencia, que en este caso sería la capacidad de los legislativos para adaptarse a las condiciones sanitarias y, al mismo tiempo, no abdicar a las facultades que la Constitución federal y locales les confieren. Al respecto, Visión Legislativa siguió de cerca el caso de Nuevo León, donde el Legislativo local abdicó su facultad presupuestaria frente al Ejecutivo de la entidad, a pesar de que la <a href="http://visionlegislativa.com/caso-del-congreso-de-nuevo-leon-en-congresosvirtuales/#_ftn1" target="_blank" rel="noopener">propia constitución local</a> lo prohíbe.
La segunda reflexión tiene que ver con que -sin importar la modalidad virtual o presencial- las acciones de los congresos locales continúan encendiendo las alarmas en términos de opacidad en sus procesos. La falta de información legislativa en los portales durante la pandemia fue un reto para el monitoreo de Visión Legislativa, pero también lo es para las personas interesadas en observar a sus representantes. El ejemplo de ello es que sólo 8 de los 27 congresos locales que reformaron su marco normativo en materia de virtualidad publicaron de forma completa la documental parlamentaria. Otro ejemplo es el caso de las 593 personas designadas en los Concejos Municipales de Hidalgo hacia el final del 2020, donde no se publicaron los dictámenes ni las votaciones luego de la aprobación del pleno.
Sabemos que el rezago en transparencia legislativa a nivel local no es nuevo, pero ahora cobra mayor relevancia puesto que la información se vuelve vital en tiempos de emergencia como la pandemia por COVID19. Cerrar estas brechas informativas empodera a las personas y legitima la acción institucional de los legislativos.
La tercera reflexión es que todo monitoreo legislativo debe abarcar la labor legislativa completa: representación, legislación, fiscalización y revisión de los otros poderes, presupuesto y designaciones. En ese sentido, el rezago en la publicación de la documental del trabajo parlamentario durante pandemia implica ampliar aún más las brechas de información entre representante y representado; las reformas presupuestarias que dotan de facultades extraordinarias al Ejecutivo van en contra de la Constitución y de la necesidad de contrapesos instituciones; la opacidad en las designaciones públicas genera dudas no sólo respecto al proceso en sí mismo, sino respecto los criterios en la selección de los perfiles de las personas seleccionadas; y, por último, la negativa al derecho a saber sobre los contagios de COVID-19 entre las personas legisladoras locales, tal como documentó en el <a href="http://visionlegislativa.com/congresos-virtuales-y-legalidad-en-pandemia-de-covid_19-derecho-a-saber-sobre-contagios-sexto-reporte/" target="_blank" rel="noopener">sexto reporte de Visión Legislativa en 2020</a>.
La representación se fortalecerá en la medida en que exista apertura, transparencia, sustento y legalidad en cada función legislativa. La emergencia sanitaria no justifica los vacíos de información parlamentaria, ni mucho menos la vulneración al Estado democrático de Derecho.
En conclusión, cinco retos para las 30 legislaturas locales y la federal en Cámara de Diputados y Senado, son:
<ul>
<li>Implementar e institucionalizar los principios del parlamento abierto en todas las facultades que les confiere la Constitución y las leyes, más allá de foros, mesas y protocolos que pueden ser ajenos a la operación y acciones cotidianas de parlamento abierto en estructuras parlamentarias, comisiones legislativas, órganos de gobierno, comités. El p<a href="https://www.impulsa.voto/es/materials/transparencia-y-participacion-en-la-asamblea-constituyente-de-cdmx-entrevista-a-maria-del-carmen-nava-polina/" target="_blank" rel="noopener">arlamento abierto implica una forma cotidiana de trabajar</a>, no obedece a firmas de protocolos ni discursos; se mide y es perceptible a la sociedad, cuando las legislaturas son abiertas en su operación diaria.</li>
<li>Actuar con estricto apego a constitucionalidad y a un Estado democrático de derecho abonará a elevar la calidad de la representación. Las primeras decisiones que tomen las legislaturas darán muestra de ello.</li>
<li>Atender el problema de la falta de información parlamentaria y transparencia.</li>
<li>Conservar la información y la versión del portal oficial de las legislaturas pasadas en cumplimiento de las buenas prácticas de memoria y archivo.</li>
<li>Cualquier renovación de los portales deben atender a los principios de accesibilidad, de lenguaje sencillo y de parlamento abierto.</li>
</ul>
Veremos si se hace realidad el escenario de gobierno dividido que arrojó las urnas, o se conforman mayorías hechizas negociadas.
<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener">@MaricarmenNava</a>

¿Hacia un gobierno dividido?

El mes de marzo de 2020 tuvo a 32 de 33 garantes con suspensión de plazos y términos en torno al acceso a la información pública, a la transparencia y a la protección de datos personales en México. Para julio de 2021, tenemos un garante con pausa en las materias y uno más con gradualidad.
Aunque parezca extraño, no es suficiente que los garantes se encuentren activos en sus funciones, pues los sujetos obligados tienen la prerrogativa de declararse en suspensión. Es el caso de <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/cuarentena-en-transparencia-cdmx-12-julio/" target="_blank" rel="noopener">104 de los 148 sujetos obligados de la Ciudad de México.</a>
Pulso nacional
Con motivo de la declaración por parte del Consejo de Salubridad General de estado de emergencia por el avance de la pandemia ocasionada por covid-19, en marzo de 2020, los órganos garantes nacional y de las entidades federativas, adoptaron como medida para contener el riesgo de contagio, la suspensión de plazos y términos para dar trámite a solicitudes, recursos de revisión y procedimientos de denuncia en ambos derechos.
Únicamente el órgano garante de Zacatecas (IZAI) se abstuvo de declarar alguna suspensión de plazos y términos y se ha mantenido en actividad, fuera de sus periodos vacacionales y conforme a su calendario de días inhábiles previamente aprobado.
A la suspensión de plazos con motivo de la pandemia, se añadió que algunos órganos garantes no contaban con la totalidad de las personas integrantes para emitir resoluciones, como el caso de Hidalgo; incluso con la atención a otras emergencias que afectaron a las entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, con un sismo durante el mes de mayo y con motivo de contingencias ocasionadas por huracanes (Yucatán y Quintana Roo) o inundaciones por fuertes lluvias y desbordamiento de ríos (Tabasco).
Las circunstancias de emergencias por pandemia, sismos e inundaciones hicieron carecer de las condiciones mínimas para que se diera acceso a la información pública. Sin embargo, dieciséis meses después no es suficiente argumentar que no es factible que las personas tengan respuestas y transparencia pública.
El costo de las vacunas, la estrategia de vacunación, la nitidez de padrones de personas beneficiarias de acciones y programas sociales públicos detonados para apoyar en tiempos de COVID19; qué decisiones se tomaron y cuál es la información que la respalda. Hay interés claro por saber, por hacer valer derechos humanos, por prevenir corrupción; aún más cuando los recursos son escasos y la población mayoritaria está en situación de pobreza.
En este mapeo de actividad y decisiones de los garantes, hacia el mes de octubre de 2020 buena parte de ellos ya habían reanudado actividades. Posteriormente se detectaron nuevos periodos de suspensión con motivo de incremento en el número de casos de contagio y ocupación hospitalaria para los estados de Chihuahua y Durango, en el Estado de México y en la Ciudad de México. La montaña rusa seguía su curso.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/montana-rusa-del-derecho-a-saber/derecho-a-saber-1/" rel="attachment wp-att-788187"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-788187 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/07/derecho-a-saber-1.png" alt="" width="1093" height="564" /></a>
Durante el mes de enero de 2021, ante el incremento en números de contagio y ocupación hospitalaria, se decretó suspensión de plazos en entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Michoacán y se mantuvo la suspensión de Chiapas y Quintana Roo. Por su parte el órgano garante del Estado de México concluyó su suspensión y activó plazos para la segunda quincena de enero, mientras que el garante nacional, INAI, descartó realizar una suspensión de plazos.
Al iniciar febrero, fueron siete los órganos garantes en suspensión, sobresalen los casos de San Luis Potosí y Colima quienes determinaron suspender plazos ante el incremento de contagios en sus entidades, además de que extendieron su suspensión estados como Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México. Resalta que Morelos descartó ampliar su suspensión y el caso de Chiapas, que después de mantener la suspensión desde marzo de 2020, activó sus plazos nuevamente en febrero de 2021.
Durante el mes de marzo únicamente se mantuvieron en suspensión 2 órganos garantes: Chiapas y Quintana Roo. No obstante, el estado de Nayarit retomó la medida de suspender plazos durante 10 días, entre el 16 y el 26 marzo de ese mes. En abril y mayo de 2021, Chiapas y Quintana Roo continuaron suspendidos. Para junio y julio se mantuvo un garante en suspensión y uno en gradualidad, la Ciudad de México. Al <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/cuarentena-en-transparencia-12-julio/" target="_blank" rel="noopener">último corte del mapeo de #TransparenciaEnCuarentena del 12 de julio de 2021</a>, sólo Veracruz se encuentra totalmente suspendido y la capital del país en gradualidad.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/montana-rusa-del-derecho-a-saber/derecho-a-saber-2/" rel="attachment wp-att-788188"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-788188 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/07/Derecho-a-saber-2-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1521" /></a>
Topar con pared
Con independencia de la actividad de plazos de los garantes del país, los sujetos obligados han declarado distintas cuarentenas del acceso a la información; es el caso de la Ciudad de México. Ante la emisión de acuerdos que determinan la imposibilidad de dar información pública si es requerida, las personas topan con pared. La vigencia de los acuerdos de suspensión de los sujetos obligados, provocan que, si una persona requiere información y no obtiene respuesta, tiene la posibilidad de inconformarse y recurrir al garante, y la respuesta de éste será desechar el recurso por improcedente ante la existencia de estos acuerdos que suspenden la ventanilla del derecho a saber.
El garante no tiene los elementos para proceder con requerir al sujeto obligado que entregue la información, debido a la vigencia de los acuerdos de suspensión. Es el caso de <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/derecho-a-saber-y-desechamientos-del-pleno-infocdmx/">140 recursos que han sido desechados por suspensión de plazos de acceso a la información y gradualidad</a> del derecho a saber con motivo de la pandemia, de 2020 y 2021.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/montana-rusa-del-derecho-a-saber/derecho-a-saber-3/" rel="attachment wp-att-788189"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-788189 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/07/Derecho-a-saber-3-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1439" /></a>
Para el caso de la capital del país dentro del periodo marzo 2020 hasta junio 2021, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) aprobó por mayoría del colegiado 3 acuerdos de gradualidad para la atención de solicitudes de información y del ejercicio de derechos ARCO. El último de estos acuerdos fue aprobado por mayoría del Pleno el 9 de junio, en el que emití <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/suspension-plazos-y-terminos-cdmx-derecho-a-saber/" target="_blank" rel="noopener">voto particular por estar en contra de la gradualidad</a>.
Adicionalmente, la jefatura de Gobierno emitió un <a href="https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ed7197c32c0d805138c8e7eae06620cf.pdf" target="_blank" rel="noopener">acuerdo </a>el 25 de junio, con el que se reanudó el conteo de plazos para la atención de solicitudes de acceso de información y el ejercicio de derechos ARCO, que aplica para 23 sujetos obligados que corresponden a alcaldías y a la administración centralizada. Con ambos acuerdos -del INFO CDMX y de la Jefatura- al día 14 de julio de 2021, 104 de 148 sujetos obligados se encuentran inactivos. Es así que este contexto ha generado un costo público que se refleja en la cantidad de desechamientos de recursos de acceso a la información pública por suspensión de plazos.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/montana-rusa-del-derecho-a-saber/derecho-a-saber-4/" rel="attachment wp-att-788190"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-788190 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/07/Derecho-a-saber-4-scaled.jpg" alt="" width="2560" height="1439" /></a>
En consecuencia, las personas que presenten su inconformidad ante el Instituto obtendrán como resultado un desechamiento; es decir, no obtendrán la información que requieren.
Los temas más importantes de los 140 desechamientos que hasta ahora se han resuelto, tienen que ver con programas y acciones sociales; condiciones de inmuebles, medio ambiente; ejercicio del recurso público.
El costo público de la falta de información se relaciona con el seguimiento del uso de los recursos públicos, como es el caso de los programas y acciones sociales, que además es información de obligaciones de transparencia establecidas en ley. Durante este 2021, al menos 6 de 19 asuntos de acceso a la información sobre programas y acciones sociales fueron desechados por el Pleno dado el contexto de suspensión.
55 informes #AperturaEnCOVID19
Abonar a la rendición de cuentas requiere de maximizar la disponibilidad de información. De ahí que el año pasado, desde el equipo de Estado Abierto del INFO CDMX hayamos adoptado los compromisos 7 y 9 del Decálogo de apertura y anticorrupción en COVID19. Otra acción de apertura ha sido el monitoreo de 226 <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/acciones-y-programas-sociales-4ta-entrega/" target="_blank" rel="noopener">programas y acciones sociales por COVID-19</a> que surgieron en 2020 a mayo 2021.
Se identificó que sólo el 29% transparentó el padrón de personas beneficiarias. De la información existente, detectamos que se abarcó a 1 millón 404 mil personas de acuerdo con los padrones publicados. Desconocemos la totalidad de personas beneficiadas de estos programas, pues no contamos con la transparencia del setenta por ciento restante de padrones.
Desde la coordinación de apertura, transparencia proactiva y obligaciones de transparencia del garante de la capital del país, hemos realizado, desde 2020 hasta julio 2021, 55 reportes durante la pandemia, en los cuales revisamos los portales institucionales para detectar información y sus vacíos.
El pasado 16 de junio en el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo en el que se exhortó al InfoCdMx a generar esquemas y mecanismos para no retrasar más la respuesta a las solicitudes, de manera que se cumpla con los principios de certeza, legalidad, eficacia y profesionalismo y respetar el derecho a la buena administración pública.
A la par de exhortar al garante, está el contar con que la totalidad de sujetos obligados abran sus ventanillas de información. Transcurridos un año y cuatro meses de mantener el derecho a saber en una montaña rusa por la pandemia, la sociedad, en hechos, requiere información pública.
Las grandes crisis mundiales generan enormes costos en todos los aspectos sociales. El derecho a saber es un derecho humano de los tantos afectados por la pandemia.
<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener">@MaricarmenNava</a>

Montaña rusa del derecho a saber

Llovió sin parar y provocó la emergencia. Era septiembre del 2018 en Sinaloa. Años después, se detectó que un exfuncionario había comprado 4 millones de pesos en colchones a una empresa fantasma, para ayudar a las personas damnificadas por aquella tormenta que afectó a 11 municipios del estado. Los colchones eran usados, fueron recogidos de la basura y forrados por una empresa que nunca fue identificada. Este es uno de esos casos resultado de la falta de mecanismos de control para evitar actos de corrupción durante una emergencia.
Esto me lo refirió una querida colega y tenaz activista de derechos humanos que ha buscado combatir la corrupción en distintos frentes. Llámese inundación, derrumbes, sismos, accidentes o pandemia, todas son situaciones de riesgos que enfrentamos con -o sin- información. Las consecuencias en cada caso pueden permitir salvar la vida, contar con más elementos de recuperación. Con la finalidad de tener información oportuna es que ya contamos con un Protocolo de Apertura y Transparencia Ante Riesgos, listo para activarse. En seguida les cuento.
Emergencias y hermandad
Las situaciones de riesgos nos han mostrado escenarios de limitaciones en el ejercicio de los derechos humanos, de revictimización a la población afectada, de multiplicación de prácticas de corrupción. Es por ello que la apertura institucional y garantizar el derecho a saber son claves para que las personas cubran sus necesidades de información. Contar con fuentes confiables, de manera oportuna y de calidad, evita la circulación masiva de noticias falsas que agudiza la vulnerabilidad.
Ante un contexto de pandemia por COVID19 y de recuperación social posterior, las circunstancias económicas han puesto en riesgo los avances en desarrollo y han afectado a personas en vulnerabilidad. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que el incremento de pobreza extrema por ingresos será de 6.1 a 10.7 millones de personas en 2020.
Incluso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha referido que derivado de las consecuencias económicas de la pandemia, “se requiere de un nuevo pacto social que incluya la universalización del acceso a los derechos, ingreso universal y un sistema de cuidados”. De ahí el apremio por aplicar acciones de apertura institucional que permitan contrarrestar estas realidades y empoderar a personas en situación de vulnerabilidad, para entonces estar en posibilidad de cocrear soluciones a sus necesidades.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) refirió que la pandemia significará décadas de retraso en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (entre los que se encuentra la eliminación de la pobreza). De tal forma que tomar estas múltiples crisis representa una oportunidad para contribuir con la generación de paz positiva a través de la cocreación de soluciones a necesidades en grupos en situación de vulnerabilidad, de acciones de un Estado Abierto reflejados en un Protocolo de Apertura y Transparencia Ante el Riesgo que permita a las personas contar con información para satisfacer sus requerimientos.
La ONU advierte que la complicación económica y social arriesga en mayor medida a los grupos en mayor vulnerabilidad, que se ven en situaciones de incremento de violencia a causa de las carencias. El valor social de la cocreación, que es una herramienta pública en un Estado democrático de derecho, tiene características muy similares a la mediación, es un mecanismo para resolver conflictos.
Prevenir con apertura
Hermanados por la pandemia es que nos apremió trabajar para contar con un <a href="https://infocdmx.org.mx/micrositios/2021/protocolo-apertura-y-transparencia/assets/files/inicio/Protocolo_Apertura_Transparencia_Riesgo.pdf">Protocolo de Apertura y Transparencia ante Riesgos</a>, que concentrara la información, acciones y sinergias que requerimos para que la luz de la información se mantenga encendida ante las emergencias para que tengamos #PrevenciónConApertura.
La cuarentena por COVID-19 alcanzó también a la transparencia y a las acciones de apertura. Los plazos del derecho de acceso a la información se suspendieron de manera inicial en todo el país y en algunos casos se restablecieron para el caso de actividades esenciales; sin embargo, la falta de una política y de instrumentos normativos de apertura en situaciones de emergencia ha conducido a vulneraciones no sólo en el derecho de acceso a la información, sino en muchos otros derechos.
Así, la situación de emergencia por COVID-19 reiteró la importancia de la apertura para la prevención, reacción y recuperación en situaciones de riesgo para contar con información veraz y oportuna que permita conocer y evaluar las acciones que se desarrollan en situaciones de emergencia.
Desde el equipo de <a href="https://twitter.com/Estado_Abierto" target="_blank" rel="noopener">Estado Abierto</a> del Info CDMX mediante un ejercicio de cocreación multiactor, multinivel e interdisciplinario, con 61 personas pertenecientes entes públicos locales y nacionales, órganos garantes, organizaciones de la sociedad civil, academia, sistemas locales anticorrupción, iniciativa privada, expertas internacionales, se co-creó el Protocolo. Es un instrumento colaborativo de un modelo de gobernanza centrado en los principios de innovación abierta, en el que participó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y GIZ México.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/colchones-usados-y-emergencias/protocolo_apertura_transparencia_riesgo_page-0001-1-2/" rel="attachment wp-att-773763"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-773763 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo_Apertura_Transparencia_Riesgo_page-0001-1-1-267x346.jpg" alt="" width="267" height="346" /></a>
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Contribuye a que las instituciones públicas, órganos garantes de acceso a la información, iniciativa privada, personas y comunidades cuenten con los elementos de apertura y de transparencia para realizar y monitorear la planeación y organización que permita hacer frente a cualquier situación de riesgo. El Protocolo busca contribuir a la #PrevenciónConApertura, mitigar los impactos negativos que una emergencia pueda ocasionar, en detrimento de las personas y sus derechos.
Su utilidad radica en que incentiva el desarrollo de acciones para que, desde los distintos sectores de la sociedad, las comunidades y ciudades se encuentren mejor preparadas para enfrentar situaciones de riesgos y fomentar la resiliencia.
El Protocolo es replicable y adaptable a diferentes contextos y situaciones; ninguna comunidad, ciudad o país está exento a las situaciones de riesgo. Al adoptar el Protocolo, los actores de la sociedad tendrán al alcance las recomendaciones para que, a través de la apertura y la transparencia, se propicie certeza y confianza sobre las decisiones, reacciones y recuperación ante situaciones de emergencia.
En la construcción del Protocolo se consideraron los cinco elementos de la apertura: 1) transparencia y rendición de cuentas; 2) participación y co-creación; 3) integridad y prevención de conflicto de intereses; 4) lenguaje sencillo y formatos abiertos y accesibles; 5) memoria y archivo, y las previsiones básicas para atender los diferentes momentos de una situación de emergencia (la preparación, el momento de la emergencia y la situación posterior).
Los diferentes actores pueden conocer qué medidas tomar antes de una emergencia como la digitalización de documentos, identificar qué información deben publicar y difundir durante la situación de emergencia y cómo realizar el seguimiento y evaluación a las acciones de apertura, al tiempo que pueden apropiarse del documento para desarrollar respuestas locales, con capacidad de ser replicables en diferentes contextos, para mejorar la resiliencia y, así, construir un mundo más sostenible.
El Protocolo contempla diversidad e igualdad de oportunidades con el compromiso de no dejar a nadie atrás, a la vez que se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, específicamente al ODS 5 Igualdad de género, ODS 11 Comunidades y Ciudades Sostenibles y ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Ahora que a la pandemia se sumó la lamentable emergencia del derrumbe de un segmento de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México, es en extremo necesario activar este Protocolo. Acercamos un <a href="https://www.infocdmx.org.mx/images/PDF_2020/Exhorto-para-la-implementacion-del-Protocolo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Exhorto para tener #PrevenciónConApertura</a> a sujetos obligados de la Ciudad de México; también compartimos con actores nacionales, internacionales y locales de México.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/colchones-usados-y-emergencias/04052021-banner-infoexhorto/" rel="attachment wp-att-773764"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-773764 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2021/05/04052021-Banner-InfoExhorto-456x256.jpg" alt="" width="456" height="256" /></a>
¿Cómo reconstruirnos? #OpenGovWeek
En los <a href="https://infocdmx.org.mx/reconstruccionabiertaCDMX/inicio/" target="_blank" rel="noopener">Coloquios por una #ReconstrucciónAbierta</a> de 2019 y 2020 se han concentrado voces plurales que reiteran que la apertura es un estado de operación cotidiana y que apremia su aplicación. Merece recordar en esta semana de la #OpenGovWeek, algunas de las ideas expuestas en seis bloques. Que sean nuestros faros orientadores, para que no nos tomen por asombro los interminables casos de corrupción o los pozos sin fondo por falta de información.
1) Repensar el Estado Abierto en situaciones de emergencia
<ul>
<li>Los elementos que conforman un Estado abierto contribuyen a salvar vidas. Por ende, es vital generar espacios de colaboración, de cocreación que aporten soluciones reales y aplicables a los problemas que se generan en una situación de emergencia.</li>
<li>Los entes públicos deben asegurar que las personas y comunidades cuenten con información oportuna, completa, veraz y en datos abiertos que contribuya a reaccionar para salvar vidas. La apertura permite reconstruirnos.</li>
</ul>
2) Apertura y derecho a la privacidad en emergencias
<ul>
<li>El derecho de protección de datos personales es un derecho transversal y debe reflexionarse respecto a las garantías que deben darse en el tratamiento de los datos personales en los distintos momentos en que se actúe dentro de las emergencias.</li>
<li>Las autoridades deben adoptar e instrumentar junto a la sociedad civil hojas de ruta (protocolo) para el manejo de una emergencia, debe estar configurado para contemplar la forma, mecanismo para recabar, tipo de información o datos personales a recabar, su finalidad, procesamiento y manera de dar protección de los datos de las personas.</li>
</ul>
3) Apertura y anticorrupción en COVID-19
<ul>
<li>En el marco de situaciones extraordinarias que pueden causar daño a la sociedad los órganos garantes y todo ente público, debe asegurar la calidad de la información y así como el que sea oportuna, actual, integral y accesible.</li>
<li>El papel de los medios de comunicación es fundamental para hacer visibles los riesgos a la integridad particularmente en situaciones de contingencia.</li>
<li>Indispensable que no los entes públicos no suspendan o posterguen el ejercicio de ningún derecho. Se deben encontrar los mecanismos para que, en la práctica, ningún derecho prevalezca necesariamente sobre otro.</li>
</ul>
4) Paz y Justicia Abierta en emergencias
<ul>
<li>La emergencia sanitaria originada por COVID19 agravó la brecha que existe en el acceso a la justicia por parte de las personas. Lo anterior, debido a que los procesos jurisdiccionales no fueron considerados como una actividad esencial.</li>
<li>El aislamiento como medida para mitigar la emergencia agravó la violencia de género, en específico, la violencia familiar.</li>
<li>Es necesario que a través de la Justicia Abierta se pueda construir un espacio colaborativo donde la justicia sea para todas. La sociedad en conjunto, pero sobre todo los impartidores de justicia, deben repensar los tipos de justicia existentes, para pasar de un modelo Redistributivo a uno Restaurativo, en donde las personas sean el centro, así como sus necesidades (jurídicas) que no están satisfechas.</li>
<li>Se destacó la importancia de que los impartidores de justicia den cumplimiento a la obligación de transparencia de hacer públicas las sentencias en versiones públicas, que deberán estar trabajadas con la perspectiva de su publicidad desde un inicio.</li>
</ul>
5) Derechos humanos importan en emergencias. Protocolos de apertura y transparencia
<ul>
<li>En el marco de situaciones extraordinarias que pueden causar un daño a la sociedad, resulta fundamental construir ecosistemas de ciudades abiertas con hojas de ruta específicas que nos permitan trabajar en conjunto a diferentes actores y con el uso de las tecnologías para estar mejor preparados.</li>
<li>El ecosistema de ciudades abiertas debe dar cabida a todas las personas como participantes, creadoras y corresponsables, sin embargo, corresponde al Estado abierto que desde la creatividad construya un mejor lugar para las personas con plena garantía a los derechos humanos.</li>
</ul>
6) ¿Cómo reconstruimos una sociedad abierta, sostenible, resiliente y pacífica?
<ul>
<li>El enfoque de construcción de paz y prevención de conflicto, como dimensión integral de la apertura institucional, nos ayuda a evidenciar también la vinculación de la apertura como una herramienta para contribuir a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Son objetivos formalizados y coordinados por la ONU, que deben instrumentar en gran medida los entes públicos, pero cuya concreción nos atañe a todas y todos.</li>
<li>La pandemia llama a las empresas a una reflexión para sean responsables en el tema de seguridad social, porque sin duda esto hace la diferencia en una emergencia.</li>
<li>La educación y la sensibilización comienza con una mirada incluyente, donde nos vemos como personas y no con etiquetas. Así comenzamos a construir Paz.</li>
<li>En la atención de las emergencias, es necesario partir de un enfoque de inclusión: no dejar a nadie atrás, como una invitación a ser parte del futuro.</li>
</ul>
<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener">@MaricarmenNava</a>

Colchones usados y emergencias

Una señal inequívoca de que se va por buen camino, es el testimonio de las personas que lo utilizan. En coherencia, ¿cómo podríamos tener esa noción en el uso de recursos públicos en general y en torno a transparencia, en particular?
En el ecosistema ambientalista al escuchar las tres erres pensamos en Reducir-Reutilizar-Reciclar. Por didáctica, en el ámbito público habríamos de promover, también, tres erres: Recursos-Resultados-Rendición de Cuentas. Es preciso cotejar el uso de recursos con los resultados alcanzados y de ello informar a detalle. De no existir ese cotejo, todo uso de dinero público nos parecerá excesivo. Visibilizar la aportación de cada peso en la mejora de nuestra vida cotidiana, es crucial.
Apremia poner a prueba las tres erres en los recursos públicos, antes de que inicien los procesos de propuestas presupuestarias y fiscales para 2021. ¿Cómo se gasta y qué se aporta? Cabe cuestionar frente a la realidad tan cruda que arroja la pandemia por COVID-19, que estima la generación en el mundo de 71 millones de personas en pobreza, conforme a cifras de <a href="https://blogs.worldbank.org/es/datos/estimaciones-actualizadas-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza" target="_blank" rel="noopener noreferrer">junio 2020 del Banco Mundial</a>; así como de personas en pobreza extrema por ingresos en México entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, de acuerdo con <a href="https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-19.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">estimaciones del Coneval</a>.
<h2>Ejercer derechos ¿cuesta?</h2>
“Lo que comenzó siendo una crisis en el ámbito de la salud se ha convertido rápidamente en la peor crisis de orden humano y económico de nuestro tiempo”, refiere la Organización de Naciones Unidas en el <a href="https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--ES.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Informe del Secretario General sobre los Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible</a>, frente a la pandemia por COVID-19. “La pandemia se está cebando especialmente en los más pobres y en los más vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas de edad”, agrega el Informe.
Los congresos son demasiado caros, también los partidos políticos, las elecciones; las personas servidoras públicas ganan demasiado. Han sido afirmaciones que en los últimos años han sido recurrentes. Sin embargo, cuando nos preguntamos cuál es su aportación social y pública, habríamos de tener resultados e indicadores con qué medir los resultados de las instituciones que tenemos.
En este contexto, ejercer los derechos humanos ¿tiene un costo?, ¿hay que pagar por ello? La respuesta es sí. A lo largo de los años, si algo me ha quedado claro es que no hay pregunta menor ni respuesta obvia. Hacer exigibles los derechos humanos sí tiene un ejercicio de recursos públicos, presupuestales, humanos y materiales. Van dos escenarios.
Uno. Si el derecho a saber se encuentra con la información que requiere (sin preguntar por ella), serán buenas noticias. El costo estará -por ejemplo- en la persona que subió dicha información y en pagar el sitio donde ésta se alberga. Dos. Si el derecho a saber se topa con que debe pedir la información porque no existe electrónicamente en los portales de sujetos obligados a reportarla, habrá de conocer cómo pedirla. Si la obtiene por preguntar, serán buenas noticias. El costo estará en quien contesta, el proceso para buscarla y en proporcionar la información.
<h2>Tres centavos</h2>
Ahora bien, regresemos al contexto de pandemia. La realidad es que las instituciones declararon días inhábiles, suspensión de plazos y procesos, y con ello la información pública tiene rezago en su actualización, en su generación, en su acceso.
El garantizar que haya posibilidad de conocer cómo se tomaron las decisiones ante la emergencia en cualquier rincón del país, es responsabilidad de 33 instituciones autónomas. Pero ¿cuánto cuestan? Ante tantas necesidades en el país, ¿tenemos que gastar en ellas? ¿Para quién es el beneficio? ¿Qué pasaría si estas instituciones no existieran? ¿Podríamos acceder a la información pública?
En materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el uso de recursos presupuestales en 2020 en México, es de 2,109 millones de pesos. Corresponde a prácticamente la mitad de <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">recursos presupuestales asignados al Senado</a>. Para garantizar el derecho a saber, cada persona de la Población Económicamente Activa aportó en este año $0.036 (con el corte a marzo de 2020, última <a href="https://www.inegi.org.mx/temas/empleo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cifra reportada por el INEGI</a>), es decir poco más de tres centavos. <img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-697091" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/07/Presupuesto_2020-1.jpg" alt="" width="1667" height="1562" />
Los recursos siempre serán escasos. Y si lo son, ¿cómo los gastamos?, ¿qué se aporta? En caso concreto de la Ciudad de México, el organismo garante de transparencia tuvo una asignación presupuestal de 183 millones de pesos, segundo instituto local con más recursos, correspondientes al 20% del presupuesto del INAI.
En InfoCdMx se atendió el 7% de los recursos de revisión que presentaron las personas en el país, de acuerdo con el <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpf/2019/default.html#Tabulados" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Censo de Transparencia de 2019 del INEGI</a> (no obstante, las cifras de INEGI son las anuales de 2018, siendo que en 2019 se incrementó a 4,131 recursos de acceso en la Ciudad de México, frente a 3,085 de 2018). Cabe decir que los recursos de revisión implican una especie de segunda vuelta que las personas realizan para advertir que pidieron información y no la obtuvieron. Y los organismos garantes son los encargados de resolver si la información debe ser entregada -o no-, a las personas.
<h2>Presupuesto por Áreas</h2>
En la Ciudad de México, por disposición constitucional, la programación y ejecución presupuestal debe elaborarse considerando la información estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. A ese estándar mínimo exigible deben asociarse también las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, establecen la legislación nacional y local vigentes.
De ahí que amerita ubicar en qué áreas en torno a facultades y tareas del InfoCdMx, se asignaron los recursos 2020 para que, con el cierre del año, se coteje con los resultados que se darán. Merece recordar que se donaron 21. 3 millones de pasos, para ser utilizados por la Jefatura de Gobierno de la capital en el combate a la pandemia por COVID19.
Esperamos que los resultados que se aporten para garantizar la transparencia, el derecho a saber, la rendición de cuentas, la apertura, la protección de datos personales, terminen por alimentar la democracia a través del ejercicio adecuado de ser contrapesos, desde la autonomía. Que las decisiones para hacer uso adecuado de los recursos públicos, respondan a una altura de miras, de frente a la utilidad social y con el constante recordatorio de la crudeza de los costos sociales que arroja la pandemia.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-697090" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/07/POA_Reintegracion160620.jpg" alt="" width="1250" height="2417" />
<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MaricarmenNava</a>

Las tres erres

Con la interrupción de la normalidad de las actividades sociales con motivo de la pandemia por #COVID-19, se sumaron los días inhábiles y la suspensión de plazos para cumplir con las obligaciones de ley de transparentar información. Los treinta y tres organismos garantes de México aprobaron ampliar el tiempo límite para que los casi 8,500 sujetos obligados actualizaran su información en portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La cuarentena de las personas alcanzó la actualización de información de transparencia; lo que implica no tener -a un click-, la posibilidad de saber, de conocer, de supervisar las decisiones tomadas en torno a COVID19 -y del resto de temas-. Y es de esperar, al contraerse la actividad social y pública, la información habría de tener la misma dinámica.
Será hasta después del primer semestre que estaremos en posibilidad de conocer la información pública de enero a marzo. Para agosto, observaremos lo que se realizó de abril a junio. La pandemia dispuso ayuno de transparencia por un par de meses. Es aquí donde la transparencia proactiva y apertura son fundamentales.
Mapeo de garantes
Después de una revisión a los portales de institucionales de los Órganos Garantes Locales en materia de acceso a la información y de protección de datos personales (OGL), así como de sus redes sociales oficiales, se encontró que todos aprobaron y publicaron acuerdos de suspensión de plazos, de actividades y para prorrogarlos.
Así, el órgano garante nacional ha publicado distintos a<a href="http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/SesionesPleno.aspx?a=SecAcuePlenPublico" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cuerdos </a>sobre suspensión de plazos para la atención de solicitudes de información y el periodo de la actualización y carga de la información de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la federación. En dichos acuerdos se exhorta transparentar de manera proactiva las acciones durante la emergencia sanitaria, en particular las que estén relacionadas con la pandemia del virus COVID19.
Todos los garantes de México suspendieron plazos, aunque se realizaron con temporalidades distintas. El 82% (27 garantes) acordaron suspender plazos para la atención de solicitudes de información y de protección de datos personales, así como de los procesos de denuncia, recursos de revisión y sanciones hasta el 29, 30 y 31 de mayo del presente. Por su lado, dos garantes acordaron suspender plazos hasta el 18 de mayo, y tres tienen acuerdos que la fecha de suspensión de plazos ya venció. Un OGL suspendió sus plazos hasta el 8 de junio.
De igual forma, se encontró que el 25% de ellos no suspendieron plazos en relación con la atención a solicitudes de información y/o de protección de datos personales que guarden relación con la pandemia COVID19, entre ellos el INAI y el Info CdMx.
Ahora bien, en relación con la ampliación para la carga y actualización de las obligaciones de transparencia, el 72% de los OGLs prorrogaron el plazo para que los sujetos obligados den cumplimiento a estas obligaciones, las fechas van desde el 29 de mayo hasta el 30 de junio.
Sin embargo, hay OGLs que han brindado asesorías técnicas especializadas -de manera remota- y así acompañan a sujetos obligados en relación con la carga y actualización de las obligaciones de transparencia, tal es el caso de Info CdMx y del OGL de Tlaxcala.
Prácticamente uno de cada dos garantes cuenta con un micrositio de transparencia proactiva en torno a COVID19, que contiene información útil a las personas para fomentar la calidad de vida, la participación y así, el empoderamiento de la comunidad; no se enuncian los que reportan únicamente información generada por otra institución.
Garantes de transparencia ante COVID19
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/cuarentena-en-transparencia/tablaogls-1d2/" rel="attachment wp-att-682415"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-682415 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/05/tablaOGLs-1d2.jpg" alt="" width="527" height="603" /></a> <a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/cuarentena-en-transparencia/tablaogls-2d2/" rel="attachment wp-att-682416"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-682416 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/05/tablaOGLs-2d2.jpg" alt="" width="529" height="858" /></a>
Las 112 obligaciones
Para el caso concreto de la capital del país, ubicamos 112 obligaciones de transparencia (tanto comunes como específicas) en torno a COVID19. Son los casos de información sobre programas sociales, ayudas, estímulos, subsidios y apoyos; así como los padrones de beneficiarios. Ejemplo concreto serían los apoyos que se han ofrecido a microempresas. Otro bloque concentraría lo relacionado a rendición de cuentas y uso, origen y destino de recursos públicos; la actualización de los atlas de riesgos de alcaldías y jefatura de gobierno.
Aunque cualquiera de los 147 sujetos obligados de la Ciudad de México pudiera tener información en torno a COVID-19, hemos detectado que al menos 40 habrán de reportarla en obligaciones de transparencia, pues sus actividades están relacionadas directa o indirectamente con la contención de la epidemia derivada del COVID-19, así como de sus efectos en materia sanitaria, económica, laboral, seguridad y asistencia privada.
Estos son: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Salud, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, 16 alcaldías, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Congreso de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Transparencia proactiva
Finalmente, aunque ha habido cuarentena respecto a obligaciones de transparencia, hemos mapeado cada semana la información sobre COVID19 que comparten los portales oficiales de los sujetos obligados de la capital. Con <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/wp-content/uploads/2020/05/20200515_EquipoApertura_AportacionesCCMCNPTransparenciaProactiva.pdf">corte al 15 de mayo</a>, ubicamos 31 portales de transparencia proactiva, 38 no reportan ningún tipo de información relacionada con la pandemia. En <a href="https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/">micrositio del InfoCdMx</a> se actualizan datos y vínculos a los portales, así como infografías, videos y el material que se genere con miras a la utilidad social.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/cuarentena-en-transparencia/tabla-transparencia-proactiva-3/" rel="attachment wp-att-682426"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-682426 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/05/tabla-transparencia-proactiva-3.jpg" alt="" width="606" height="267" /></a>
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/cuarentena-en-transparencia/transparencia-proactiva_150520-1-2/" rel="attachment wp-att-682427"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-682427 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/05/Transparencia-Proactiva_150520-1-1-426x346.jpg" alt="" width="426" height="346" /></a>
&nbsp;
&nbsp;
Agradezco la revisión permanente de información sobre apertura, transparencia y acceso a la información de Irán Sosa, Sonia Quintana, David Martínez, Anabel Mora, Manuel Esparza, Soledad Victoria, Soledad Rodrigo, Andrea Angelini, Roberto Esxome, David Jiménez, Aldo Trapero, Hecry Colmenares y Zulema Oviedo.
&nbsp;
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<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MaricarmenNava</a>

Cuarentena en transparencia

“El derecho a la información es esencial para combatir
la pandemia y asegurar una recuperación justa,
ya que permite a los ciudadanos seguir la toma de decisiones (&#8230;)
y participar en el debate de manera informada”.
Helen Darbishire,
Directora Ejecutiva de Access Info Europe.
&nbsp;
Si alguien nos hubiera preguntado cómo se vería el mundo en el 2020, definitivamente no habríamos sido capaces ni de imaginar ni de describir que un virus nos tendría -al mismo tiempo y a la mayor parte de la población- en una situación de confinamiento, de medidas de sana distancia, y de empezar a hablar de una nueva normalidad. La realidad siempre supera a la ficción.
En el mundo enfrentamos una crisis sanitaria y económica sin precedentes recientes, por lo que nos toca abrir la discusión que conduzca a la construcción de un Estado abierto que busque el empoderamiento de las personas y el desarrollo de comunidades sostenibles y resilientes.
¿Qué medidas han tomado las personas comisionadas de los Organismos Garantes Locales (OGLs) de transparencia, en torno a COVID-19? ¿Cuál es su rol durante la pandemia para promover apertura, mecanismos de transparencia y acceso a la información? Hicimos una revisión al respecto.
Casi 8,500 
A manera de contexto, el pasado 20 de abril el <a href="https://www.access-info.org/es/blog/2020/04/21/eu-council-maintains-timeframes-responding-access-requests/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Consejo de la Unión Europea</a> señaló que mantendría los plazos para responder a las solicitudes de acceso a documentos, es decir, han atendido las solicitudes de acceso a información mediante el trabajo a distancia. Indicaron que podrían producirse algunas demoras en la valoración de los documentos clasificados, pero también podía concederse el acceso a esos documentos, según criterios legales y dentro de los mejores plazos posibles.
En México hay 8,419 sujetos obligados a transparentar información pública (7 mil 555 en las entidades federativas, 864 federales). Si consideramos el caso hipotético -aunque terriblemente real- de que cada uno de ellos ha tenido actividades, ha tomado decisiones, ha realizado algún tipo de disposición, contribución o solidaridad en torno a la emergencia de salud por COVID19, tendríamos que observar que casi ocho mil quinientos sitios web del país tendrían que reflejar información en torno a la pandemia. Así el tamaño del reto.
Al revisar los treinta y dos portales de organismos garantes de transparencia locales, encontramos que 71% de los OGLs no tienen un micrositio especializado en transparencia y COVID-19, pero cuentan con información sobre acuerdos, notas y boletines relacionados con el trabajo interno durante la contingencia, o bien, direccionan a las páginas sobre la emergencia sanitaria de los gobiernos estatales. El 26% de los OGLs tienen un micrositio de transparencia y acceso a la información de COVID-19, y finalmente solo un 3% no muestra información relacionada con la pandemia.
Dos casos
Comparto dos casos de organismos garantes con información de interés. Por un lado, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) tiene dos micrositios, uno que concentra toda la <a href="https://cotai.org.mx/nuevositio/enlaces-institucionales-de-interes/covid19/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">información sobre COVID-19 que los sujetos obligados publican</a>. Se encuentra desde información estadística sobre los nuevos casos COVID-19 en el estado, un mapa de Unidades Médicas de Atención en Nuevo León, el vínculo para descargar una app del gobierno de Nuevo León donde se puede recibir alertas y actualizaciones de manera permanente sobre nuevos casos y su localización.
El otro micrositio de la COTAI <a href="https://cotai.org.mx/nuevositio/enlaces-institucionales-de-interes/transparencia-ante-la-contingencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">“Transparencia ante la contingencia</a>” en el cual pone a disposición de los sujetos obligados buenas prácticas para transparentar de manera focalizada, los procesos de contratación ejercidos para dar atención a la propagación del virus COVID-19. Al 23 de abril, se han sumado a la iniciativa cuatro municipios del estado.
Por otro lado, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) difunde a través de su red social de Facebook, las acciones que llevan a cabo los sujetos obligados de Sonora en relación distintas <a href="http://www.transparenciasonora.org/files/documentos/Archivo_1585970600.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">acciones</a> como visibilizar los apoyos sociales a grupos vulnerables en términos de entrega de despensas, limpieza de colonias o viviendas, habilitación o funcionamiento de albergues.
Decálogo de apertura y anticorrupción
Ante situaciones de emergencia, se debe reconocer que la publicación de información precisa, clara, accesible, oportuna y sistematizada es fundamental para la toma de decisiones de las personas, su empoderamiento, y para facilitar la fiscalización y los observatorios sociales del quehacer público.
En este contexto particular, trabajamos de forma colaborativa un Decálogo que marcara los requerimientos de apertura pública en torno a COVID19; contiene recomendaciones para los casi 8,500 sujetos obligados a transparencia de México, a la iniciativa privada y autoridades públicas.
Como parte de la campaña <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDaNllZ2pyyflmNvzyPUeYhQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#AperturaEnCOVID19</a> que activamos en redes sociales para visibilizar la relevancia de los elementos de apertura institucional para salvar vidas y generar confianza en las decisiones públicas, llevamos a cabo dos <a href="https://twitter.com/MaricarmenNava/status/1257657528630030338?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">webinars</a> en los que participarán integrantes de comités de participación ciudadana de sistemas anticorrupción del país, así como organismos garantes de transparencia y sociedad civil.
En estos webinars se presenta el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID19, al que daremos seguimiento para valorar su cumplimiento. Ha sido construido en colaboración de presidencias de los comités de participación de sistemas anticorrupción de Sinaloa, Quintana Roo, Jalisco y el Nacional; de TOJIL y <a href="https://twitter.com/sanavigilancia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#SusanaVigilancia</a> (programa realizado en conjunto con Transparencia Mexicana), y presidencias e integrantes de los garantes de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León. Esta sinergia ha tenido su origen desde <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDYGB3ES0aYkuGvYwh-9-prE" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#EspaciosAbiertos</a> como parte del desarrollo de <a href="https://twitter.com/Estado_Abierto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Estado_Abierto</a> desde el <a href="http://www.infodf.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">InfoCdMx</a> en la capital del país.
Como tantos ejemplos que podamos tener presentes, la relevancia no es el Decálogo en sí, ni la suscripción, sino el seguimiento que se le de a las acciones que deriven de su implementación. Ahí es donde podremos observar si la exigibilidad de la apertura en las acciones durante la pandemia y después de ella, se cotejan con la transparencia real, con la existencia de la información y con la exhaustividad, profundidad y detalle que permita mantener la lupa en el uso de recursos presupuestales y públicos. Sin apertura en torno a COVID19 no será posible combatir la corrupción.
Acá encuentran el Decálogo.<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/apertura-y-anticorrupcion-en-covid19/decalogo/" rel="attachment wp-att-678766"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-678766 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/05/Decalogo.jpg" alt="" width="1275" height="2186" /></a>
<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MaricarmenNava</a>
&nbsp;
* Agradezco la revisión permanente de información sobre apertura, transparencia y acceso a la información de Zulema Oviedo, Irán Sosa, Hecry Colmenares y José Hernández.

Apertura y anticorrupción en COVID19

A Ricardo Jiménez, Coordinador General de CIMTRA, que dedicó su trabajo a la transparencia y rendición de cuentas. In memorian.
&nbsp;
Es un hecho: todas y todos nos podemos contagiar de coronavirus. La pandemia del COVID-19 no ha distinguido en contagios entre personas, comunidades, clases sociales, nacionalidades, y países. Desde casas reales, políticos, deportistas, hasta artistas, personal médico, y en general cualquier persona que no siga las recomendaciones de prevención que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, lo que también es cierto es que la pandemia COVID-19 ha visibilizado los problemas sociales del actual modelo de desarrollo. En ese sentido, la situación de emergencia sanitaria afecta más a las personas en situación de vulnerabilidad. Y no me refiero en el acceso a los sistemas de salud pública o privada, sino a algo más básico, a la primera medida de prevención que evita los contagios y que recomienda la OMS: lavarse las manos con agua y jabón.
Contrastes 
Abramos el debate entonces, sobre el acceso a los recursos hídricos en la capital del país en medio de la pandemia COVID-19, así como del derecho de acceso a la información. Ambos considerados derechos humanos, no obstante en la Ciudad de México se calcula que un habitante de zona residencial (un 2% de la población) consume alrededor de 567 litros al día, frente a los 128 litros de un residente de las zonas populares (77% de la población), según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Es decir, la desigualdad en el acceso al agua en esta ciudad vuelve aún más compleja la estrategia para contener la propagación del coronavirus. En México, 10.5 millones de familias no cuentan con agua potable diariamente en su casa, es decir, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los habitantes de 1 de cada 3 casas registradas en el país no tienen agua todos los días. Por otro lado, existen personas como las internas del Centro de Reinserción Social Femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, y los 54 menores que viven en esas celdas, que durante algunos días de marzo no tuvieron acceso al vital líquido.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Y como refirió la Organización de las Naciones Unidas hace unos días, la lucha contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal (lavarse las manos con agua limpia y jabón), la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de quienes no tienen acceso a servicios de agua potable”.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Es aquí donde entra el derecho de acceso a la información, desde su concepción -más tradicional- de derecho llave, hasta su concepción más innovadora como lo es la agenda de Estado Abierto.
Ochenta por día
En la capital del país le corresponde al Sistema de Aguas de la CdMx (SACMEX) la operación del sistema hidráulico, mismo que pierde cerca del 40% de agua en fugas,<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> pero también corresponde a las Alcaldías la distribución del recurso hídrico que llega a las personas.
En ese sentido, desde el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CdMx (INFO CdMx), las y los Comisionados hemos resuelto entre 2019 y hasta el 18 de marzo de 2020 un total de 60 inconformidades de acceso a la información pública, incluyendo una denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia en materia de agua. El 95% de las inconformidades corresponden a SACMEX mientras que el resto a Alcaldías, el 82% de las resoluciones han salido con distintas instrucciones con el fin de favorecer a las personas.
Pero, ¿qué es lo que las personas quieren saber? Principalmente temas de cortes de agua en sus colonias, infraestructura hidráulica y asuntos relacionados con concesiones, autorizaciones, así como permisos que otorguen los sujetos obligados antes citados. En ese sentido, tener información sobre los permisos que otorga la autoridad para construir nuevos desarrollos inmobiliarios resulta fundamental para conocer tanto la factibilidad como la sostenibilidad de la explotación de los recursos hídricos que existen en las diferentes colonias.
De acuerdo con el INEGI, en 2010 había dos millones 453 mil 31 viviendas habitadas en la Ciudad de México, cifra que aumentó a dos millones 601 mil 323 para 2015. Es decir, se construyeron 81 viviendas por día en promedio en los últimos cinco años. El boom inmobiliario y los megadesarrollos comerciales demandan enormes cantidades de agua que genera una profunda desigualdad en el acceso al vital líquido.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/accesos-al-agua-y-a-la-informacion-frente-al-covid-19/ods-01/" rel="attachment wp-att-674454"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-674454 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/04/ODS-01.jpg" alt="" width="1275" height="1650" /></a>
Empoderamiento ¿es posible?
Ante emergencias y crisis agudas las carencias se hacen más palpables. Por ello, es impostergable el empoderamiento de las personas, grupos y comunidades con mayores necesidades y vulnerabilidades. A partir de una agenda colaborativa de apertura, basada en inteligencia pública, con perspectiva en derechos humanos, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el tema del agua es transversal. El <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/?s=plan+estrategico" target="_blank" rel="noopener noreferrer">plan estratégico de trabajo</a> de la agenda de Estado Abierto que desarrollamos desde el InfoCdMx en la Capital del país, coloca este énfasis.
El agua conserva los ecosistemas, genera empleo, afecta en el acceso a la educación, tiene que ver con generación de energía, con equidad de género, con la producción de los alimentos, y está directamente relacionada con el derecho a la salud.
<a href="https://front.animalpolitico.com/vision-legislativa/accesos-al-agua-y-a-la-informacion-frente-al-covid-19/informe_actividades/" rel="attachment wp-att-674455"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-674455 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2020/04/Informe_Actividades-scaled.jpg" alt="" width="1626" height="2560" /></a>
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://elpais.com/sociedad/2020-03-27/la-dificil-tarea-de-lavarse-las-manos-en-las-zonas-mas-humildes-de-mexico.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/en-medio-de-la-crisis-por-coivd-19-internas-del-penal-santa-martha-no-tienen-agua-5003937.html?fbclid=IwAR2Bhs7CEYGPnjAWYHjA4qpf49zSXIvkpMhETR_0BBrBUc0z7WaNR7aHOfM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Disponible <a href="https://news.un.org/es/story/2020/03/1471582" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Disponible <a href="https://elpais.com/sociedad/2020/02/14/actualidad/1581705654_314244.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.

Accesos al agua y a la información frente al COVID-19

Lo más valioso que tengo en casa son mis gatos. ¿De qué raza son?, me contestó el perito. No importa la raza, son parte de mi familia. Esta conversación se dio una vez que se tuvo contacto con cuatro personas agentes de dos patrullas, en distintos momentos, y una vez presentada denuncia ante el ministerio público. Habían entrado a robar a casa, en la Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
La pérdida irreparable es un manuscrito original escrito en libreta artesanal italiana, de papel hecho a mano y portada en realce. Papá había escrito en él los últimos años. Un libro en proceso, el cuarto. Mismo que pocos leímos por segmentos. El libro fue extraído de casa. El valor más preciado. El libro no leído.
Lejana proximidad
No es consuelo, de ninguna manera, que seamos asaltadas y aportemos a la estadística de la vulneración en la seguridad de un número importante de personas. Que todas estemos en las mismas circunstancias nunca será una justificación. Para nadie. En este sentido, ¿cuál es el trato que debe proporcionar las personas servidoras públicas ante situaciones de emergencia?
Eran pasadas las 16:20 horas del domingo 8 de diciembre del presente cuando llamamos a mi hermano, a la policía; informamos a familia y amistades que habían entrado al departamento. En la calle esperamos a que la policía llegara. Fueron dos personas que cubrieron el llamado. Pasaron -junto con un tercero-, a revisar el departamento. Los infractores ya se habían ido y dejaron todo revuelto: cajones, ropa, accesorios, puertas. Era un campo de batalla.
Luego de haber acompañado a la revisión, en un cerrar y abrir de ojos, los policías se fueron (sin avisar). Nos dejaron solos, sin haber tomado datos, sin haber dado sus nombres, sin haber llenado ni realizado ningún reporte. Llamamos por segunda ocasión al cuadrante que corresponde a Roma-Condesa. Acudieron otras dos personas policías. Salieron a la defensiva: no quisieron proporcionar nombres de sus colegas que habían acudido al primer llamado. No hubo primer respondiente en ninguna de las dos ocasiones.
Momentos más tarde llegaron peritos a levantar fotografías. Un día después, estuvo la policía de investigación. Para entonces, el comandante de investigación ya había recabado los videos y recogido las quejas de la atención recién narrada.
Víctimas e investigación
Al reporte de quejas por atención policial, se sumó el acercamiento del área de asuntos internos del cuadrante de la zona. Revisaría y pediría informe de lo sucedido. Fue la sexta persona con quien hablamos.
La atención que debe darse a las personas en su primer reporte de hechos es fundamental. Deben documentar, reportar y llevar protocolos. La policía no abonaba –en este caso- a la tan necesaria característica de proximidad con las personas, con la comunidad. Aquí es donde enfatizo dos puntos: 1) la policía debe implementar protocolos de atención a víctimas y 2) debe documentar los reportes que cubre. Ambos puntos refieren a la imperiosa exigencia de atender los casos de inseguridad con elementos de derechos humanos, así como de informar, documentar, con el objetivo de generar estadísticas para realizar políticas públicas y estrategias de actuación y prevención.
Ninguna de estos elementos se observó en el primer contacto con las víctimas.
Es aquí donde cabe el inminente corolario: es urgente el uso cotidiano de protocolos de actuación y atención a víctimas.
El trapito
No basta detectar el problema, hay que abonar a la solución. Y en este sentido, amerita recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en 2010 los <a href="https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Provictima/5%20PUBLICACIONES/4LINEAMIENTOS/LineamientosVictimasDelito.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lineamientos para la atención integral a víctimas del delito</a>. Han de aplicarse como disposición obligatoria en el sistema policial, para mejorar la atención a las personas. Nadie estamos exentas de sufrir percances o algún tipo de delito (o ser testigos de ello); de ahí que sea muy importante dar a conocer y pedir la implementación de disposiciones básicas que mejorarán el estado social en el que vivimos.
Ahora bien, la no actuación, no documentación e indefensión es lo que suma al estado deteriorado de la persona en situación de vulnerabilidad y que recién experimentó una alteración o un delito. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe publicar información agregada sobre servicios, atenciones de emergencias y denuncias en materia de seguridad pública, implementación de acciones en materia de prevención del delito o acciones de coordinación y enlace para la seguridad pública.
Deben publicar información estadística agregada, conforme al artículo 121 fracción XXXII de la <a href="http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2019/A121Fr01A_2019_T03_LTAIPRC_DAJ.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México</a>, conforme las . Y claro, en estricto sentido dichas estadísticas deben proveer de casos concretos; por lo que, si no se documenta caso por caso, ¿cómo se estarían generando las estadísticas agregadas? ¿Haría falta información si es que no se documentan los casos totales que se denuncian y atienden? ¿Cuál es el alcance de las acciones y políticas públicas si no se tienen estadísticas fidedignas?
Investigación
El caso concreto que refiero pasará por el alcance de resultados: detectar a las personas que robaron, a la red articulada que permitió el robo, ubicar patrones de asalto a casa habitación, detener a las personas involucradas, establecer penas y resarcir el daño. El resultado más feliz sería tener la posibilidad de recuperar el manuscrito original del Doctor Nava y entonces poder leerle.
Mientras tanto, aprovecho a compartir un corte de asuntos que hemos resuelto el pleno del organismo garante de transparencia de la Ciudad de México, justo sobre instituciones relacionadas con seguridad e impartición de justicia (acá pueden encontrar <a href="http://www.mariadelcarmennavapolina.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">infografías semanales</a>).
Estos son los retos en la calle, en la operación, en el cumplimiento del acceso a la información. Garantizar derechos humanos y documentar el trabajo público nos ayudará a tener y exigir una mejor calidad de vida.
<a href="https://front.animalpolitico.com/?attachment_id=641355" rel="attachment wp-att-641355"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-641355 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/12/numeralia-InfoCDMX.jpg" alt="" width="1667" height="3898" /></a>
<a href="https://twitter.com/MaricarmenNava" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MaricarmenNava</a>

¿Lo dejamos de leer?

¿Por qué se habla de combatir la corrupción y no de erradicarla, si tan costoso es para todos? Me preguntaron en conferencia que impartí sobre corrupción y gobernanza, en las instalaciones de San Lázaro, en la Cámara de Diputados. El planteamiento tenía la aspiración de un ideal, frente a la antagónica realidad social. Y si, en el uso de las palabras del propio marco legal, asumimos que no podrá erradicarse.
En contraste, los objetivos de la <a href="https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible</a> de la Organización de las Naciones Unidas, están fraseados con metas altas e incuestionables, un par de ejemplos son: el fin de la pobreza (objetivo 1); paz, justicia e instituciones sólidas, (objetivo 16).
Partimos, pues, de asumir que combatiremos (que no erradicaremos) la corrupción. Y en este sentido, en México el contar con información sobre las declaraciones 3 de 3, relativas al patrimonio, a los intereses y situación fiscal de las personas, son parte de las disposiciones de transparencia, de combate a la corrupción y de responsabilidades administrativas de servidores públicos. ¿Cómo está su aplicación en el caso de la Ciudad de México?
<h2>Generar confianza</h2>
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como parte de las responsabilidades de personas servidoras públicas, particulares vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado, estableció la obligación de presentar las declaraciones de intereses y patrimonial. ¿Cuál es el objetivo de tener declaraciones en versiones públicas?
La declaración patrimonial permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee la persona declarante desde el inicio hasta el fin de su encargo.
La declaración de intereses permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de personas funcionarias y de interés público.
Junto con la declaración fiscal -que comprueba que la persona declarante ha cumplido con sus obligaciones de pago de impuestos-, las tres declaraciones buscan reconstruir la confianza ciudadana en la clase política y en la burocracia. 
En ese sentido, el artículo Art. 121, fracción XIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México contempla la obligación de publicar en versión pública la declaración patrimonial, así como la de intereses y la fiscal. 
La presentación de las declaraciones #3de3 no sólo es una obligación de transparencia, sino un ejercicio de rendición de cuentas, con la finalidad de que constituyan una herramienta clave y efectiva para el combate a la corrupción.
Merece subrayar que la publicidad de las declaraciones permite a la sociedad acercarse a las personas servidoras públicas, tomar conocimiento de sus intereses particulares que pudieran entrar en conflicto con la función pública, evidenciar posibles errores y delitos, denunciarlos y exigir su responsabilidad legal, al mismo tiempo que sirve de instrumento para robustecer la confianza social en las instituciones del Estado (Legislativo, Judicial, Ejecutivo, autónomos).
<h2>Ocho de diez</h2>
Hay dos lineamientos que se siguen para la valoración de existencia de la información, en el caso de la Ciudad de México: el que emite el <a href="http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sistema Nacional de Transparencia</a> (conformado por treinta y seis integrantes: los 32 organismos garantes locales del país, el INAI, la Auditoría Superior de Fiscalización, el INEGI y el Archivo General de la Nación) y <a href="http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01_2016-T01-T04_Lineamiento.zip" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lineamientos del InfoCdMx</a> que faltan por actualizar desde 2016. Justo en este campo, nos estamos ocupando para actualizar los lineamientos de cumplimiento de obligaciones de transparencia, que es un área que, junto con la de Estado Abierto y Estudios, coordino en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital (<a href="https://twitter.com/InfoCdMex" target="_blank" rel="noopener noreferrer">InfoCdMx</a>).
Para evaluar que las declaraciones 3 de 3 estén en línea y en la <a href="https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Plataforma Nacional de Transparencia</a> (PNT), no se consideran si la información se reporta en los <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&amp;fecha=23/09/2019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación</a>, aprobados por el Comité Coordinador del Sisteama Nacional Anticorrupción. O bien si la información corresponde a la totalidad de personas servidoras públicas que están en estructura. La evaluación de cumplimiento da por válida la información con links que direccionen a las declaraciones, pero no se revisan si éstas están completas en versiones públicas, porque los lineamientos vigentes no lo determinan.
Por ende, el alcance que puede tenerse en este tema respecto del cumplimiento de que la información pública esté completa, aun es limitado; estamos justo en proceso de actualización.
En este contexto, conforme al corte de información a diciembre de 2018, ocho de cada diez sujetos obligados de la Ciudad de México (146 para diciembre de dicho año), cumplían con tener los vínculos sobre declaraciones 3 de 3 en versiones públicas. Cabe destacar que el cumplimiento promedio del Poder Legislativo está por encima del promedio de los órganos autónomos.
El Índice de Cumplimiento Promedio (ICP) por ámbito es el siguiente: 
<ul>
<li>Administración Pública Central: 81.37%</li>
<li>Desconcentrados: 81.28%</li>
<li>Fondos y Fideicomisos: 67.4%</li>
<li>Alcaldías: 67.90%</li>
<li>Poder Legislativo: 87.5%</li>
<li>Poder Judicial: 100%</li>
<li>Órganos Autónomos: 85.12%</li>
</ul>
Aprovecho para comentar que la consulta de resultados de evaluaciones de cumplimiento de obligaciones de transparencia se encuentran en datos abiertos. A cualquier persona interesada en la Ciudad de México le será posible analizar la información por tema, conforme a cada fracción de articulados, por sujeto obligado o por ámbito. Podrán encontrar los informes de resultados, dictámenes de cada sujeto obligado, infografías por ámbito que enfatizan algunas recomendaciones. Aquí <a href="http://www.infodf.org.mx/index.php/6133" target="_blank" rel="noopener noreferrer">los resultados respecto de la información existente en 2018</a>.
Comparto gráficos del cumplimiento de las declaraciones #3de3 por parte de los sujetos obligados y conforme a cada ámbito.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-631172" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-04-23.50.53.jpg" alt="" width="797" height="1240" />
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<h2>Lineamientos para combatir corrupción</h2>
De conformidad con los Lineamientos y Metodologías de Evaluación aprobados por el Instituto en el 2016, la publicación de las tres declaraciones debe de ser actualizadas de forma trimestral y debe de conservarse la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los respectivos portales de internet.
En la Ciudad de México existen tres supuestos respecto de la presentación de estas tres declaraciones:
<ol>
<li style="font-weight: 400;">El primero consiste en la publicación de las tres declaraciones en los portales de internet, a través de un hipervínculo que remite a la Secretaría de la Contraloría para el ámbito de la Administración Pública Central, Desconcentrados, Descentralizados, Fondos y Fideicomisos y a los respectivos Órganos de Control para los ámbitos del Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.</li>
<li style="font-weight: 400;">El segundo versa en que los sujetos obligados publiquen la declaración patrimonial y de intereses, sin remitir al vínculo de la fiscal; por lo que es incompleta la publicación de la información.</li>
<li style="font-weight: 400;">El tercero consiste en que publicar los formatos, pero los hipervínculos remiten a una nota fundada y motivada en la que se explica que no se publican las declaraciones señaladas en la fracción debido a que el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México no ha emitido los Lineamientos correspondientes, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México.</li>
</ol>
Con tales características, es indispensable que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México emita los Lineamientos necesarios para generar publicidad y transparencia respecto de la publicación de las declaraciones. Y este este sentido la objetividad, legalidad, integridad y sustento de la toma de decisiones que lleven el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador de la #CdMx, instalados hace unos días, es crucial para la generación de confianza pública en su desempeño para reducir la corrupción.
Recordar que la corrupción afecta más a quienes menos tienen, orientará el motivo original de haber creado estos sistemas anticorrupción en el país.
Así lo refiere la <a href="https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Convención contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas</a>: “La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo&#8221;. 
<h2>Democracias Capturadas</h2>
El combate a la corrupción se llevó a debate en el Seminario Internacional #DemocraciasCapturadas de la <a href="http://rendiciondecuentas.org.mx/perseguir-a-individuos-no-acaba-con-la-corrupcion-es-urgente-ir-a-sus-causas/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Red por la Rendición de Cuentas</a>, coordinada por Lourdes Morales. “La región lationamericana se encuentra acechada por la captura de las democracias, lo que ha generado graves exclusiones, violencia y una profunda desigualdad en la región. La captura del Estado por parte de élites políticas y económicas es la causa de la corrupción estructural; mientras este problema no se ataje, la corrupción seguirá campando en las administraciones pública”, enfatiza el comunicado del Seminario.
En este debate académico, de incidencia y reflexión en la región de América Latina, es preciso señalar que el Estado Abierto, para su realización, exige componentes de integridad y rendición de cuentas. Sin esos elementos -entre otros-, no es posible concretarlo. De ahí deriva un aporte relevante a los esfuerzos para combatir la corrupción.
El enfoque de apertura implica también el fortalecimiento del Estado democrático de Derecho, garantizar el eficaz funcionamiento de los pesos y contrapesos que caracterizan la división de poderes, todo con el fin de crear un ambiente propicio para la representatividad de la toma de decisiones en el ámbito público, para que las políticas públicas diseñadas y emprendidas mejoren, para que las soluciones que ofrecen se apeguen efectivamente a las necesidades de la población; y con ello estar en mejores condiciones para compatir la corrupción.
Por todo ello, es imperativo construir, en común, una exigencia de rendición de cuentas. Una democracia eficaz y sustentable no es compatible con una cultura que:
<ul>
<li> Admite el gasto de recursos públicos sin una justificación clara, </li>
<li>No exige cuentas públicas, accesibles y oportunos de las distintas etapas asociadas a las decisiones correspondientes, </li>
<li>No demanda compromisos tangibles para evidenciar los resultados obtenidos,</li>
<li>O que no demuestra que los resultados son pertinentes para resolver los problemas a cuya atención se enfocaron.</li>
</ul>
No es posible combatir la corrupción sin un Estado abierto.
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