Hoy Donald Trump será presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión. En mi convicción personal es quizá el más grave, delicado y riesgoso evento político para ese país, para México y para el mundo entero. No creo exagerar; viene una etapa donde la lucha por el poder político y económico llegará a extremos que tal vez ni siquiera queremos imaginar, pasando la disputa por la depredación del planeta y la multiplicación al infinito de las violaciones a los derechos humanos, especialmente, por mucho, de quienes no tienen recursos para defenderse. Toda persona que desvalore los altísimos riesgos, en mi concepto, es porque no quiere o no puede valorar la evidencia sobre la trayectoria del sujeto. Lo he dicho, lo seguiré diciendo: las vidas son trayectorias y para entenderlas lo que hay que hacer es “conectar los puntos”. Trump es quien es, quien ha sido y quien será, solo que ahora con todo el poder porque los contrapesos funcionales que lo contuvieron relativamente en su primera presidencia han sido parcial o totalmente desmontados.
Allá, acá y en cualquier parte del planeta, el camino más rápido a la destrucción del Estado democrático de derechos es la concentración del poder en una sola persona. Ningún secreto hay en ello, siempre lo hemos sabido y la novedad, si acaso, es que esa concentración se apoya cada vez más en los hombros del apoyo social.
¿Y México? Nuestro país recibe la segunda llegada de Trump en medio de una crisis sistémica, profunda y crónica del Estado en lo que se refiere a la seguridad, la justicia y la construcción de paz. El aparato de Estado camina sobre tres pistas: no sabe, no puede y no quiere hacer lo indispensable para terminar con esa crisis: reconstruir sus fundamentos de diseño y operación. Estamos secuestrados por los destructores del Estado que también se imponen a los escasos liderazgos que buscan el cambio. Las personas que llamo destructoras ejercen su parcela de poder desde la función pública ancladas a una o más entre estas tres opciones: a) sin conocimiento para hacerlo; b) sin poder para hacerlo, y c) sin querer hacerlo.
El epítome de las tres actitudes sumadas es la impunidad. El sello de la casa. La realidad que está por encima de cambios de gobiernos, por encima de las incontables reformas legales, de las interminables reorganizaciones institucionales, del gasto público, de la militarización y del rosario de promesas de las mujeres y los hombres del poder. ¿Alguien ha contado cuántas veces algún operador del Estado ha afirmado que no habrá impunidad, digamos, cuando menos en este siglo? ¿Alguien ha cuantificado la mentira?
Si alguien encarna el grado cero de autoridad moral para hablar de Estado de Derecho es precisamente Donald Trump, de eso no tengo la menor duda. La mala noticia es que eso importó nada de cara a su capacidad de representar el descontento, el odio y el impulso revanchista típico de los populismos; es más, habiendo sido él mismo condenado penalmente en medio de su exitoso camino a la Casa Blanca, estamos ante una incomparable representación del carácter estrictamente simbólico del sistema penal.
Vaya cita la que nos trajo la historia: Estados Unidos ha empoderado a quien representa un proyecto político nacionalista que al parecer será ejercido mediante los más agresivos impulsos de dominio global, un proyecto que llevará al extremo lo que el investigador Tony Payán caracteriza como la especialidad de ese país: exportar los costos de sus problemas; mientras en México, a casi dos décadas de la epidemia de homicidios y con un agujero negro por donde desaparecen decenas de personas al día, las y los gobernadores no se comprometen siquiera a trabajar todos los días por la seguridad, como lo dejó en claro la llamada de atención que les hizo la presidenta Sheinbaum el 10 de diciembre pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Trump nos va a embestir desde el día 1 de su gobierno y quizá no lo deje de hacer en toda su gestión; eso está claro. Y el gobierno federal, los estatales y los municipales podrán usar el ataque para llamar a la defensa de los intereses nacionales y todo eso. En la dimensión simbólica el embate será útil para la demagogia que siempre ha funcionado para esconder nuestros problemas estructurales.
El problema es que el soporte que debería sostener nuestra fuerza para contener el embate, especialmente en seguridad, justicia y construcción de paz, para mí no es otro que un Estado democrático de derechos sólido y el nuestro está roto hasta la médula misma por esa impunidad que lo atraviesa todo y ante la cual no saben, no quieren y no pueden.
Es como pelear con un boxeador de peso completo con la columna vertebral rota.
Yoon es investigado por insurrección por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que provocó una grave crisis política en Corea del Sur.
El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia.
Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional surcoreana.
La operación se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am.
Los más de mil agentes de policía que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario.
El 3 de enero, más de 150 agentes de policía lo intentaron durante horas, pero fueron superados en número: primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que declarara la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl.
Tras una votación de los legisladores, quedó formalmente despojado de sus poderes y a la espera de un juicio.
Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado.
El lunes 13 de enero comenzó el juicio de destitución en su contra, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no se estaba presente.
Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo.
Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración grabada en video del destituido presidente, en la que dice que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una “investigación ilegal” en su contra.
En el video dice que lo hace para evitar “cualquier desagradable derramamiento de sangre”.
También, afirma que el Estado de derecho en el país se ha roto, y que ni el organismo que lo investiga, ni el tribunales que dictó la orden de detención, tienen potestad para hacerlo.
Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto.
Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte.
Pero tras llegar a la presidencia en 2022, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa.
A medida que se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político.
Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales.
Desde su destitución, Yoon ha resistido los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política.
Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución.
Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar medida.
Pero pronto quedó claro que su decisión no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos.
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