
El documental Winnie Mandela: ¿Santa negra o pecadora? (Sudáfrica, 2015), de Ruud Elmendorp, consta de dos partes de media hora, y es una producción del canal de televisión CGTN África y forma parte de la serie “Caras de África”.
Este documental aborda la controvertida figura de Winnie Madikizela-Mandela (1936-2018) quien fue una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero también objeto de episodios oscuros y escandalosos.
El trabajo del director, Ruud Elmendorp, que también hace la fotografía y el guion, se adentra en la historia de quien fuera la compañera de Nelson Mandela (1918-2013) desde dos ángulos de mirada: la heroína luchadora contra el apartheid y la mujer que hizo uso de la violencia y abusó del poder.
Elemendor deja en claro que Winnie fue una mujer mucho más que solo la compañera de Mandela, el “Padre de la patria” de Sudáfrica. Ella fue un personaje con peso propio en la lucha en contra del apartheid y la libertad de su país.
En 1958, Nelson Mandela y Winnie Madikizela contrajeron matrimonio, y pocos años después él fue arrestado y permaneció por más de dos décadas en la cárcel. Ella desde su juventud luchó contra el régimen racista de Sudáfrica.
Sufrió persecución, cárcel y tortura, y se hizo del reconocimiento, a nivel nacional e internacional, por su lucha contra el racismo y la brutalidad del régimen político de su país. Siempre lideró la causa por la liberación de su compañero.
A este ángulo de luz indiscutible, el documental también aborda el ángulo de oscuridad donde Winnie se ve envuelta en episodios que implican el secuestro, el asesinato, la corrupción y el abuso de poder.
Ella pudo haber sido sólo la heroína indiscutible de Sudáfrica, “la Madre de la patria”, como lo dicen algunos, pero se involucró en hechos violentos probados que oscurecen su figura. De aquí el título del documental.
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Winnie Mandela nació en una familia numerosa de origen humilde. Desde joven se rebeló contra un destino de ser solo una pastora de animales y logró que se le permitiera estudiar. Fue la primera trabajadora social negra del hospital Baragwanath de Soweto.
En 1957, mientras esperaba en la parada del autobús, conoció a Nelson Mandela, que tenía 40 años, y en ese entonces estaba casado con Evelyn y ya tenía tres hijos. Un años después se casa con Winnie que tiene poco más de 20 años.
La pareja tuvo dos hijos, y ella fue quien sacó adelante su hogar en los 27 años que su compañero estuvo encarcelado. El gobierno la reprimió y la condenó a vivir en un pueblo apartado de Sudáfrica.
En una de las ocasiones estuvo en la cárcel 491 días en una pequeña celda en régimen de aislamiento total, y esa experiencia la cambió y dijo: “Allí aprendí a odiar”. Para ella es fue un punto sin retorno.
Winnie siempre dejó en claro que “no soy un producto de Mandela. Soy un producto de las masas de mi país y un producto de mi enemigo”. En 1985 se le permitió que regresara a Soweto, a las afueras de Johannesburgo, donde estaba la casa en la que vivió con Mandela.
En febrero de 1990 cuando Nelson Mandela fue liberado de la cárcel, en la isla de Robben, Winnie fue a buscarle a la puerta del reclusorio, y alzó el puño con él, imagen que se volvió icónica, y se conoció en todo el mundo.
Ya en ese entonces era público que el matrimonio estaba roto y que ella mantenía una relación con un abogado 30 años menor, la pareja oficialmente se separó hasta 1996. Ella, en el gobierno de Mandela, fue nombrada viceministra de Arte y Cultura, pero tiene que dejar el cargo tras salir a la luz pública los eventos violentos en los que estuvo implicada.
En 1991, fue condenada a seis años -la sentencia se redujo a un año y una multa tras las apelaciones- por ordenar el secuestro de cuatro jóvenes, entre ellos un niño de 14 años que fue encontrado degollado días después.
El Tribunal de Perdón y Reconciliación de Sudáfrica, organismo destinado a cerrar las cicatrices de la barbarie del apartheid, la señala, y en su informe final dice que ella era “políticamente y moralmente responsable de graves violaciones de los derechos humanos”.
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En la construcción del documental el director recurre a material de archivo, de enorme valor histórico y gráfico, ya también a múltiples entrevistas con personas que conocieron a Winnie, y estudiosos de su biografía y de la historia de Sudáfrica. Ruud Elmendorp ofrece un trabajo donde aparecen las dos mujeres, la heroína y la implicada en hechos de violencia. No hace juicios, deja que la realidad hable.
Winni Mandela ¿Santa negra o pecadora?
Título original: Winnie Mandela: Black Saint or Sinner?
Producción: Sudáfrica, 2015
Dirección: Ruud Elmendorp
Guion: Ruud Elmendorp
Fotografía: Rudd Elmendorp
Investigación: Rudd Elmendorp
Narración: Slaim Amin
Con: Personaje reales

Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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