La militarización de la estrategia de seguridad
«Al igual que durante el sexenio obradorista, prevalece la participación omnipresente de las Fuerzas Armadas, aunque en el discurso público persiste la negación de la militarización de la seguridad pública en México. La continuación de la militarización se ha manifestado, entre otros, en la cantidad de enfrentamientos que se han registrado por las FFAA con grupos delictivos», sostiene la organización Signos Vitales en su primer documento de investigación de 2025.
En Realidades de la (in)seguridad en México: La nueva estrategia entre negación y militarización, se ofrece un análisis de las actividades del ejército en materia del combate a la inseguridad en los primeros cuatro meses el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se cita un análisis de México Evalúa que documenta que en los primeros 100 días de la actual administración “los enfrentamientos entre las fuerzas federales del Estado mexicano y organizaciones criminales prácticamente se duplicaron en comparación con los primeros 100 días de gobierno de López Obrador, en los que se registraron 31 enfrentamientos”.
Signos Vitales sostiene que «la narrativa pública de combatir el crimen organizado con inteligencia y mediante la atención a las causas, la estrategia de Sheinbaum no sólo parece haber eliminado la famosa frase de “abrazos no balazos”, sino está enfrentando al crimen organizado de manera directa y con fuerza militar».
Esto a pesar de que el gobierno de Sheinbaum recortó el presupuesto para la seguridad pública de 2025 en un 42.9 %. De acuerdo con el proyecto de presupuesto, el rubro “Asuntos de orden público y de seguridad interior” tiene un recorte de esta dimensión. Esto representa una incongruencia con respecto a la narrativa oficial de querer combatir la inseguridad.
A esto se añade los recortes presupuestales para la Policía en 2025. Las entidades locales y estatales tienen un 53.8 % menos de presupuesto en comparación con 2024. Esto, dice Signos Vitales, «deja en evidencia la poca importancia de la fuerza civil en el combate de la inseguridad la administración Sheinbaum».
Y añade que, en contraste, se hizo una ampliación de 6,000 millones de pesos al programa de la Secretaría de Defensa en Apoyo a la Seguridad Pública y más de 292 millones de pesos a la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Y también que sorprende “el recorte del 11.85 % de los recursos destinados a la Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional” en la SSPC. Esto nuevamente va contrario a la narrativa de la estrategia nacional que pretende aumentar los servicios e inteligencia para fortalecer la seguridad nacional”.
De acuerdo a Signos Vitales, los primeros meses del actual gobierno «muestran que la presidenta Sheinbaum sigue apostando a la militarización de la seguridad. Mientras tanto, los recortes presupuestales ponen en evidencia la incongruencia entre la estrategia de seguridad, la narrativa oficial y la realidad de la seguridad pública en México. Todo ello solamente podría aumentar las dudas sobre la efectividad de la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum en los meses venideros».
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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