¿El Cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO?
El martes pasado tres medios internacionales –Propublica, Insight Crime y DW– publicaron dos reportajes y un columna, respectivamente, sobre una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la presunta aportación de entre dos y cuatro millones de dólares del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
En la investigación, basada en declaraciones de testigos protegidos, el gobierno de Estados Unidos tuvo indicios de que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña de López Obrador. A cambio, el cártel pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del procurador General de la República si este ganaba la elección.
Durante los dos años de investigación, la Fiscalía y la DEA obtuvieron testimonios de quiénes participaron de esa trama, a través de audios del Cártel de Sinaloa y del círculo cercano de López Obrador, que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero.
Por parte del Cártel de Sinaloa el principal responsable de las negociaciones fue Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva, y Roberto López Nájera, responsable del pago de sobornos del cártel a las autoridades gubernamentales en México.
Del lado de la campaña de López Obrador para recibir el dinero fueron Nicolás Mollinedo, conocido como Nico, entonces su chofer y colaborador más cercano, y Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso Nacional de Morena. Ha sido su operador en las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018.
El tercer involucrado es el empresario Francisco León García, en 2006 candidato a senador por el PRD en Coahuila. En marzo de 2007 desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero. El cuarto involucrado es el empresario Emilio Dipp Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, ciudad que estaba bajo el control de los Beltrán Leyva.
La investigación se recoge en el documento “Operación Polanco” elaborado por la DEA. Se afirma que todo comenzó a fines de 2005 durante una reunión celebrada en un hotel en Nuevo Vallarta, Nayarit. Ese año López Obrador presentó su renuncia a jefe de Gobierno para irse a la campaña por la presidencia de la República.
En el primer encuentro entre los representantes del Cártel de Sinaloa y de López Obrador se acordó entregar dos millones de dólares a la campaña y que López Nájera sería el contacto para hacer llegar el dinero. El segundo encuentro fue en las oficinas de Mollinedo y Soto Caballero en la colonia Polanco. El gobierno de Estados Unidos supo que en esa oficina se hizo la mayoría de las entregas de dinero en efectivo a lo largo de la campaña presidencial del 2006.
Los reportajes de Propublica y de Insight Crime especifican que la investigación no prosperó porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que no había elementos contundentes para iniciar un proceso y para no intervenir en el proceso electoral de 2012. Las preguntas pendientes tras la revelación de los dos reportajes y la columna son: ¿por qué no se sabía hasta ahora de esa investigación? ¿Qué pasó después? ¿Hubo detenidos?
El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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