Ya se ha dicho que la animación es una herramienta perfecta para llevarnos a toda clase de mundos y abordar distintos temas. Sin embargo, Mike Uriegas la aprovechó para generar un estudio enfocado en el entretenimiento con causa.
La animación ya se usado varias veces para reflejar problemas sociales y crear conciencia sobre ellos. Como Persepolis, que es un coming of age con la Revolución Iraní de fondo; o Vals con Bashir, Documental animado sobre la matanza de refugiados palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982.
Los ejemplos sobran, sin embargo, es algo que en nuestro país también cobra fuerza gracias a muchos esfuerzos como el de Miguel Ángel Uriegas y su estudio Fotosíntesis Media.
Antes de dedicarse de lleno al cine, el mexicano estuvo en el mundo de la televisión, donde trabajó con varias asociaciones civiles que le pedían hacerles algún comercial o cortometraje.
En entrevista con Animal MX, Mike Uriegas nos platica que esas fueron grandes experiencias y que así fue como pensó en crear un nuevo modelo de negocio “donde las asociaciones no pusieran ni un centavo, pudiéramos sumar a varias y que el producto les funcinara para promover sus esfuerzos y generar fondos”.
Para él, el cine es una herramienta relativamente fácil de poner al servicio de la comunidad, pues todas disfrutamos de ver una película y es algo que sí o sí trasciende, ya sea encontrando un espacio en cines, la televisión o las plataformas en streaming.
Además, así podría trabajar mano a mano con distintas asociaciones para abordar todo tipo de causas y “transformarlas en una historia positiva que genere este impacto social”, explica.
Así fue como bajo esa visión creó Fotosíntesis Media, estudio de animación mexicano, que ya está cerca de cumplir su primera década.
Suena muy chido, pero entonces ¿quién produce estas películas? El director ha enfatizado en distintas ocasiones que la labor de Fotosíntesis Media no sería posible sin el Eficine, un estímulo fiscal que tiene como objetivo apoyar la producción o postproducción de largometrajes de ficción, animación y documental, así como su distribución y exhibición.
¿Y por qué irse por la animación? Mike Uriegas nos confiesa que eso salió de un gusto personal, porque siempre ha sido fan del anime, no solo en lo estético, sino en su narrativa.
“Creo que esa visión japonesa tiene mucha más profundidad, mucha más dimensión porque hay muchos grises y te enseñan los dos lados de la moneda”, explica.
Hasta ahora, Mike y Fotosíntesis Media han lanzado Un disfraz para Nicolás, protagonizada con un niño con síndrome de Down; y El ángel en el reloj, que aborda el tema de las enfermedades terminales, como el cáncer.
La nueva película de Mike Uriegas se llama Un reino para todos nosotros, y compita en la edición actual del Festival Internacional de Cine de Guadalajara como la única película mexicana en la selección internacional de animación.
La película sigue a dos hermanos, Serendín y Fran, quienes sueñan con día dejar su pueblo y viajar a El Reino, un paraíso en la tierra resguardado detrás de grandes murallas.
Para eso tendría que montar a La Bestia (sí, como la red de trenes que es usada por migrantes en la vida real para viajar a Estados Unidos), una criatura enorme que los mercaderes usan para transportar mercancías hacia El Reino.
Sin embargo, por cosas del destino Fran y Serendín terminan separándose y así inician una aventura para reencontrarse y encontrar la manera de salvar a todo el mundo antes de que el gran Árbol de la Vida muera.
Un reino para todos nosotros es un proyecto de Fotosíntesis Media en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México. La película busca llamar a la acción, concientizar y sensibilizar sobre las personas refugiadas.
Mike Uriegas platica a Animal MX que una vez definido el tema social que se abordaría en la historia, trabajaron muy de cerca con el ACNUR para que les explicaran todos los tipos de poblaciones en situación de movilidad, entender sus contextos y qué los lleva a desplazarse.
Así, pudieron reflejar esos diferentes conceptos con los personajes principales y situaciones de la película.
Por ejemplo, el director nos explica que existen los migrantes económicos, que se desplazan para buscar mejores oportunidades económicas. Ese sería el caso de Serendín al inicio de la historia.
Sin embargo, por distintas circunstancias después pasa a ser migrante por violencia, pues hay una situación que la pone en riesgo y elige irse.
También vemos reflejado el cambio de personas migrantes a refugiadas, personas desplazadas por violencia o también por desastres naturales. “Tratamos de hacer una apuesta por tocar todas las aristas de lo que es una persona en situacion de movilidad”, explica Mike Uriegas.
Igualmente, Un reino para todos nosotros aprovecha para poner el tema de la explotación de los recursos, el crecimiento personal y la importancia de los lazos familiares en la trama.
Hay que tomar en cuenta que, aunque sus películas son familiares, Fotosíntesis Media se ha enfocado hasta ahora de dirigirse a públicos infantiles y jóvenes.
Esto es en parte porque Mike Uriegas quiere que esas generaciones tengan un acercamiento más adecuado con temas que impactan al mundo a través de historias fantásticas. Sin embargo, en este caso cualquier parecido con la realidad es a propósito.
Por ejemplo, Un reino para todos nosotros dice que está dirigida más para preadolescentes porque considera que al ver noticias (como las de Ucrania o las caravanas migrantes) son quienes ya se empiezan a hacer más preguntas.
“A esas nuevas generaciones les tocará construir un mundo donde probablemente sí podamos caber todos y transitar libremente”, añade.
Mantente al pendiente para cuando Un reino para todos nosotros tenga fecha de estreno comercial.
Además, el estudio también trabaja actualmente en Mi amigo el Sol, película dirigida por Alejandra Pérez González, que se enfoca en el tema de la paternidad y la búsqueda de identidad.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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