
El escándalo de Julio Iglesias en República Dominicana escala a niveles insospechados. Mientras el cantante intenta (sin éxito) personarse en la investigación por agresión sexual, una nueva tormenta legal acaba de estallar: extrabajadores de su mansión en Punta Cana denuncian vulneración de derechos laborales, insultos homofóbicos y maltrato. Aquí te contamos por qué la justicia dominicana tiene al intérprete de “Me olvidé de vivir” contra las cuerdas.
Julio Iglesias solicita archivo de la denuncia por delitos sexuales; acusa “grave daño reputacional”
Los testimonios recogidos por elDiario.es y Univisión pintan un panorama muy alejado del glamour de los escenarios. Evenson Lindor, uno de los denunciantes, relató escenas de humillación constante:
Insultos y amenazas: Lindor asegura que, mientras reparaba un tejado bajo el sol, el cantante lo obligó a meterse al mar para limpiar algas bajo la frase: “Bájate, tienes que meterte al mar, maricón”.
Abuso de poder: Ante cualquier queja, la respuesta de Iglesias era recordarle su situación de necesidad: “¿Tú quieres trabajar aquí? Tengo dos hijos”, recuerda haber contestado Evenson para no perder su empleo.
Las denuncias se han presentado en los juzgados de Trabajo de San Pedro de Macorís en el que condenaron a Iglesias a pagarle las prestaciones laborales, los salarios impagados desde que se inició el proceso en 2020 y a indemnizarles por no haberles inscrito en la Seguridad Social. Todo esto representan 320,000 pesos dominicanos (unos 89,000 pesos mexicanos) , en se momento sumaban 5,000 euros en cargos por la acción judicial. Sin embargo, el caso sigue sin haberse resuelto.
El nudo legal del caso está en cómo Julio Iglesias contrata a su personal. Según los hermanos Villanueva (Rogelio y Eleuterio), quienes trabajaron para él por 21 y 9 años respectivamente, fueron registrados como “empleados domésticos”, a pesar de que sus funciones reales eran de carpintería, soldadura, albañilería y choferes.
¿Por qué importa esto? En República Dominicana, el personal doméstico tiene menos derechos laborales. Al catalogarlos así, el cantante evita pagarles la indemnización de 23 días por año trabajado que marca la ley.
Su abogado, Eloy Bello Pérez, es tajante: “Julio Iglesias y su familia entendían que estábamos en la época de la colonización”.
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La defensa de los trabajadores sostiene que la famosa Villa Corales 5 no es una casa cualquiera, sino una empresa que incluye hasta estudios de grabación. Por ello, exigen que se les trate como trabajadores formales y no como “criados”, término que usó el abogado Bello Pérez, en referencia a las condiciones de trabajo doméstico que se tenía a los quejosos.
Aunque un tribunal ya condenó a Iglesias a pagar una suma (que el abogado comparó con “el valor de cinco o seis botellas de vino de su cava“), los afectados siguen peleando por una liquidación justa que el cantante se ha negado a pagar desde 2020, aprovechando el miedo de los locales a ser vetados en la zona turística de Bávaro.
A las denuncias por despido improcedente y falta de pago a la Seguridad Social, se suma ahora el peso de la investigación por delitos mucho más graves en España. Parece que el sistema de “intimidación y aislamiento” que denunciaron las empleadas en Europa también se replicaba en el Caribe.

Trump amenazó con invocar la ley con el fin de detener las manifestaciones en Mineápolis contra la presencia de ICE.
El presidente Donald Trump volvió a amenazar con invocar una ley del siglo XIX que rara vez se utiliza, esta vez para desplegar al ejército en Mineápolis, en el estado de Minnesota, donde miles de personas siguen protestando contra la fuerte presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Las manifestaciones se intensificaron después de que un agente del ICE matara de un disparo a una manifestante llamada Renee Good la semana pasada.
Esta semana, otro agente federal le disparó a un hombre en la pierna también en Mineápolis, en lo que las autoridades califican como un acto de legítima defensa.
En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, aplicaré la LEY DE INSURRECCIÓN”.
Trump afirmó que, al recurrir a esta ley, “pondría fin rápidamente a la farsa que se está produciendo en ese estado (Minnesota)”.
Esto es lo que hay que saber sobre esa ley.
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocar la ley si determinan que hay “obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales” contra el Gobierno que hacen “imposible la aplicación” de la ley estadounidense “por la vía ordinaria de los procedimientos judiciales”.
Una vez invocada, las tropas podrían encargarse de una serie de tareas, desde sofocar disturbios civiles y hacer cumplir órdenes judiciales hasta arrestar y detener migrantes. Esto incluye a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas estadounidenses tradicionalmente reservada para emergencias y desastres.
Dado que la Ley de Insurrección está redactada en términos generales, con pocas indicaciones específicas sobre cómo y cuándo se pueden utilizar los poderes, ofrece a los presidentes un amplio margen de maniobra a la hora de decidir cuándo movilizar al personal militar para realizar operaciones dentro del país.
A lo largo de su campaña electoral, Trump prometió tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal y calificó la situación en la frontera sur como una “emergencia nacional” que podría controlarse mejor invocando la mencionada ley.
En su primer día en el cargo en enero de 2025, solicitó “recomendaciones sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para obtener el control operativo completo de la frontera sur, incluyendo la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807”.
Su gobierno ya puso en marcha una serie de medidas radicales enfocadas en la frontera. Entre estas se incluyen redadas a nivel nacional y el traslado de presuntos miembros de bandas venezolanas a una prisión en El Salvador, una decisión que ahora se enfrenta a impugnaciones legales.
En octubre, Trump volvió a decir que estaba considerando la posibilidad de recurrir a la Ley de Insurrección después de que un juez federal le impidiera enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Portland, en Oregón, que según el presidente estaba invadida por “terroristas internos” de izquierda.
Aunque en ese momento afirmó que la situación no había llegado al punto en el que esa decisión fuera necesaria, también dijo que “si tuviera que promulgarla, lo haría, si se estuviera matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando, o los gobernadores y alcaldes nos estuvieran frenando”.
Ahora, tras semanas de tensión en Mineápolis, mientras miles de agentes del ICE intensificaban sus operaciones en la ciudad, Trump amenazó una vez más con utilizar la ley para sofocar las protestas.
La Ley de Insurrección se ha invocado en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.
Abraham Lincoln la utilizó cuando los estados del sur se rebelaron durante la Guerra Civil estadounidense, y tras la guerra el presidente Ulysses S. Grant la invocó contra una ola de violencia racista por parte del Ku Klux Klan.
En el siglo XX, el presidente Dwight D. Eisenhower la invocó para que el ejército estadounidense escoltara a un grupo de estudiantes negros en el camino a su escuela en Little Rock, Arkansas, después de que el gobernador del estado se negara a cumplir una orden federal de desegregación.
Más recientemente, se utilizó en 1992, cuando estallaron disturbios masivos en Los Ángeles por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon a Rodney King, un hombre negro. El entonces presidente, George Bush, envió a miembros en servicio activo de los marines y el ejército, así como a tropas de la Guardia Nacional.
El Gobierno estadounidense ha procurado tradicionalmente limitar el uso de la fuerza militar en suelo estadounidense, especialmente contra sus propios ciudadanos.
La Ley Posse Comitatus de 1878 se promulgó precisamente para restringir la actuación del ejército como fuerza policial dentro del país. En momentos en los que hay disturbios, los estados suelen ser los que despliegan a la Guardia Nacional para ayudar a mantener el orden.
Desde que volvió al cargo, Trump ha declarado emergencias nacionales, lo que le da acceso a poderes y recursos que normalmente están restringidos.
Con esta autoridad, ha impuesto aranceles, tomado medidas contra la inmigración y desplegado agentes federales, la Guardia Nacional e incluso tropas en servicio activo en ciudades como Washington D. C., Los Ángeles y Memphis.
En marzo, tras su declaración de emergencia en la frontera, Trump invocó la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes que, según él, eran miembros de bandas. A continuación, se produjeron una serie de impugnaciones legales y la Corte Suprema impuso algunas restricciones temporales al uso de esa ley.
Si Trump decide invocar la Ley de Insurrección, está por verse a qué obstáculos legales podría enfrentarse.
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