Gloria Trevi demanda a Sergio Andrade, su exagente y productor, por presunto abuso sexual. La cantante argumenta que él fue un “verdadero depredador” que la sometió a ella y a otras chicas entre finales de los 80 y 90.
La polémica entre Trevi y Andrade ha existido desde los 90, cuando fueron acusados de pertenecer a una presunta red sexual. Te dejamos todo lo que debes saber de esta nueva demanda.
La denuncia de Gloria Trevi es una respuesta a una demanda que hicieron dos mujeres –que se mantienen anónimas– en enero del 2023 contra Trevi y Andrade en Los Ángeles.
Ellas señalan que en los 90, cuando eran menores de edad, fueron víctimas de grooming y explotación por parte de Trevi y Andrade.
Por eso, esta nueva demanda fue puesta en Estados Unidos y no en México.
Durante años, Gloria Trevi ha sostenido que ella fue una víctima más de Andrade; sin embargo, no había procedido legalmente como ahora.
En un comunicado compartido a medios especializados como Variety y Rolling Stone, la cantante explica que había decidido no proceder legalmente sobre el “horrible abuso” para evitar revivir “las horribles experiencias” y, sobre todo, “proteger a sus hijos y familia”.
La intérprete emprendió ahora esta acción legal para buscar justicia y evitar que se vuelvan a repetir los hechos violentos que denuncia:
“He decidido emprender esta acción legal para luchar por la justicia y enviar el mensaje de que no deben tolerarse actos tan atroces. Nadie debería tener que pasar por lo que yo viví, y estoy decidida a hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos”, expresa el comunicado.
En la nueva demanda de Gloria Trevi a Sergio Andrade, la cante es representada por la firma de abogados Brown Rudnick LLP.
Específicamente, quien está a cargo de su caso es Camille M. Vásquez, exabogada de Johnny Depp en el caso contra Amber Heard.
En el comunicado, Vásquez comentó: “Estamos completamente preparadas para presentar nuestro caso y buscar justicia en su nombre”.
El comunicado enviado a medios especializado, se describe toda la serie de abusos que Sergio Andrade cometió contra Gloria Trevi y otras jóvenes a finales de los 80 y 90.
Se especifica que Trevi estaba siendo “controlada, torturada mental y físicamente, y esclavizada por Andrade”, quien la consideraba su “activo más valioso”.
Igual explica que Andrade pudo hacer todo eso sin conocimiento del público y sin represalias gracias a la “posición de poder e influencia” que tenía al ser hermano de un senador mexicano.
“Esa posición le permitió atraer a muchas jóvenes a su esfera de influencia, con la esperanza de que las guiara, les sirviera de mentor y lanzara sus carreras en el mundo del espectáculo”, explica el comunicado.
“Pero una vez se veían atraídas por sus sueños de estrellato, las sometía a un control total y a un abuso sádico: mental, económico, físico y sexual. Trevi era una de esas jóvenes”, explica su abogada.
La polémica de Gloria Trevi y Sergio Andrade reviven más de 20 años después. En los 2000 fueron arrestados en Río de Janeiro por presumanete atraer a menores de edad a unared sexual que fue apodado el “clan Trevi-Andrade”.
El caso que los puso en el centro de la justicia fue una demanda de la madre de Karina Alejandra Yapor Gómez, quien acusaba a Andrade, Trevi, María Taquenel Portillo “Mary Boquitas” y Marlene Calderón de rapto, corrupción, abuso y explotación de su hija menor de edad.
Fue hasta 2002 cuandi Gloria Trevi fue extraditada de Brasil a México y estuvo detenida en Chihuahua. Salió de prisión casi cuatro años y medio despupes, en 2004, siendo absuelta de los delitos de rapto y corrupción de menores.
“Mary Boquitas” y Marlene Calderón también fueron exoneradas.
Sergio Andrade fue trasladado a México hasta 2003 y fue sentenciado a siete años y 10 meses de cárcel. En 2007 fue puesto en libertad.
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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