A Tehila Catán se le iluminan los ojos cuando habla de los perros que ha rescatado y que, dice, ellos también la han salvado. Rodrigo Estrella aprendió desde pequeño a respetar a los animales; ahora de adulto le da hogar a los más vulnerables. Patricia Ruiz no escuchó las críticas cuando de su bolsa solventó la cirugía de más de 100 mil pesos para reconstruir el rostro a una perrita que fue agredida en una carnicería de mercado.
Tehila, Rodrigo y Patricia tienen en común su amor por los animales de compañía. Los tres han sido testigos de la crueldad humana: de agresiones extremas contra perros y gatos, de la ignorancia e indiferencia. Cada uno desde su trinchera ha rescatado a cientos de ellos.
La violencia contra los animales de compañía es una práctica común en el país.
Las cifras no mienten: siete de cada 10 animales domésticos sufren de algún tipo de agresión, esto posiciona a México en el primer lugar en Latinoamérica y el tercer sitio en maltrato animal a nivel internacional, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En un informe, la organización AnimaNaturalis refiere que mueren 60 mil animales domésticos a causa del maltrato y la violencia al año. La Ciudad de México es donde más casos se registran por este delito, seguido del Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.
Entre 2020 y 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México contabilizó más de 17 mil 600 casos de maltrato animal; 87% de los reportes están relacionados con perros.
En los últimos años, con el uso de las redes sociales ha incrementado la visibilidad de casos, coinciden los rescatistas consultados.
Sin embargo, son tantos los reportes que ni sociedad civil ni autoridades se dan abasto para atenderlos.
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En CDMX las denuncias van a la alza y, hasta el momento, se han conseguido dos sentencias por el delito de maltrato animal, dice Mariana Boy, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
“El tema de maltrato animal ha sido el más denunciado en la PAOT; desde el año 2019 a la fecha más del 50% de las denuncias corresponden al maltrato animal. De todos los temas que atendemos, ahorita en 2023 está cerca de alcanzar 50%”, indica.
Agrega que 7% de las denuncias tiene que ver con golpes o agresiones intencionales dolosas, y que constituyen un delito.
Estas denuncias se han judicializado, es decir ya existe una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. “El resto de las denuncias están principalmente enfocadas a la falta de agua y alimento”, apunta la titular de PAOT.
Los castigos por el delito de maltrato animal son muy pocos relacionados con las denuncias y casos.
La primera condena en el país ocurrió en agosto de 2022 en Querétaro. Un hombre fue sentenciado a 10 años de cárcel por asesinar a Tango y Athos, dos perros rescatistas que eran parte del equipo de la Cruz Roja en ese estado.
Ante este panorama hay personas como Tehila, Rodrigo y Paty que de manera desinteresada rescatan perros en situación de maltrato o abandono extremo; les dan una segunda oportunidad para mejorar su calidad de vida.
Además de poner dinero de sus bolsillos y rescatarlos, se dedican a rehabilitarlos, buscarles hogar y se enfrentan a la poca cultura de la adopción que, aunque en los últimos años ha incrementado de 6 a 11%, según el Inegi, resulta insuficiente para la necesidad existente.
“Una vez que la autoridad retira al perro, ahí es donde entra el trabajo del rescatista. Lo tienes que recibir, llevar al hospital, curar heridas físicas y emocionales. Hacer protocolodesalud: desparasitar, esterilizar, vacunar y encontrarle un espacio digno. Lo ideal es que sean adoptados, pero con la cantidad de perros maltratados y abandonados es muy difícil. Es un círculo difícil de romper”, explica Tehila
Tehila rescata perros desde hace 32 años. En su mayoría son mascotas que fueron golpeadas, utilizadas como sparring, que estuvieron amarradas en la intemperie y sin alimento, agredidas con armas punzocortantes, o sometidas a maltratos deliberados.
Desde niña le gustaron los animales. Ahora cuida a cientos.
Según relata, los perritos le inyectan el combustible a su vida, le ayudan a seguir entre tanta maldad. Son su motor. La reciben con lengüetazos y menean su colita y, asegura, una vez que rescatas a uno ya no puedes parar y buscas salvar a todos los animales abandonados.
Ella comenzó su labor cuando el maltrato animal no era considerado delito y no existían las redes sociales, que ahora visibilizan los casos y, asegura que si bien la situación en materia de protección y difusión ha cambiado, la crueldad no.
“Siempre he dicho que es como entrar a la mafia, una vez que entras al mundo del rescate y del maltrato no lo puedes dejar. Te va jalando y jalando porque además vivimos en un país de muy alto porcentaje de maltrato y abandono”.
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Su sueño siempre fue tener un refugio. Lo cumplió. En mayo de 2023 abrió De corazón, su propia pensión ubicada en el Ajusco.
“Yo empecé rescatando o llevándolos al hospital para rehabilitación tanto física como emocional y luego buscar pensiones en donde resguardarlos hasta que son adoptados, si es que son adoptados, y mis sueño siempre fue poner un espacio sobre todo para poder recibir tanto míos como de otras rescatistas”.
En sus años de labor ha visto de todo tipo de maltrato y tortura.
“En el caso de los perros maltratados, muchos, tienen la mirada ya vencida. Y eso es muy fuerte, es terrible y sí, sí hay días que caigo; hay días que no como, hay días que lloro, pero digo: ‘tengo tantas bocas que dependen de mí, no me puedo dar el lujo de quedarme abajo’ y otra vez voy para arriba”.
Actualmente tiene 45 perros rescatados y rehabilitados, pero no a todos puede dar en adopción por las secuelas del maltrato o incluso porque algunos ya son mayores.
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El plan es que el espacio sea autosustentable, por eso también brinda el servicio de pensión y hotel de perros.
Uno de los casos que más ha conmovido a Tehila es el de Paz, una perrita que sus antiguos dueños la tenían en una azotea amarrada con una cadena entre barrotes. Tenía el cuello cortado y las dos patas traseras fracturadas. “Y si tú la ves hoy, cómo corre y cómo brinca, eso es lo que hace que todo valga la pena. Son premios”, cuenta.
Desde niño, Rodrigo ya rescataba animales en su casa. Hoy es etólogo con preparación en zoología, es decir es especialista en comportamiento animal de diferentes especies y rescata y rehabilita perritos en situación vulnerable: maltrato o abandono por alguna enfermedad.
“Desde que tengo uso de razón rescatamos, y no nada más perritos, veíamos algún animal en una situación compleja y lo ayudábamos, obviamente no era lo mismo hace 40 años que ahorita”, dice.
Rodrigo tiene un refugio ubicado en el Estado de México donde no sólo hay perros y gatos, también otras especies. Lo común entre todos los animalitos es el maltrato, hacinamiento y explotación.
“Yo me enfoco en los más vulnerables, los que están heridos, maltratados y lastimados o en una situación sumamente precaria. Son los casos que por lo general acudo”, dice el rescatista que, por el momento, tiene 40 perros en capacidad de ser adoptados.
Para hacer este trabajo, creó la fundación APEA AC Animales Perdidos, Encontrados y en Adopción A.C. También es propietario de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), por lo que también rescata a especies de fauna silvestre, colabora con diferentes autoridades tanto federales, estatales y municipales.
Con la UMA apoya con el resguardo de especies que fueron aseguradas por la Profepa y otras instituciones. También recibe donaciones en especie, tiene convenios con compañías.
-¿Si no tienes una retribución económica, por qué lo haces?
“Esto lo hago porque desde niño me di cuenta de la indiferencia del ser humano y estamos viviendo en México una situación tan cruel, no nada más con los animales, sino con los mismos humanos”.
Además de los rescates y rehabilitación, Rodrigo, junto con sus perritos, brindan terapias a niños con autismo, personas con discapacidad e infancias con cáncer. Luego del sismo del 19 de septiembre de 2019, ayudó con su perrita Yona en el rescate en la calle Rébsamen, colonia Narvarte.
Una de las perritas consentidas de Rodrigo es Vela, una pastor belga que nació con una deformidad en una de sus patitas y fue abandonada. Con ella brinda terapia a niños que por algún accidente o enfermedad perdieron algún miembro.
Rodrigo asegura que Vela es una perra muy noble y preparada.
“Es una perrita que con su discapacidad nos ayuda a mostrarles (a los niños) cómo juega y también juegan con ella. Es una forma indirecta de ayudarles, a entender de que pueden seguir su vida y que hay muchas posibilidades de tener una vida lo más normal posible”.
Paty de Milagros Caninos asegura que el maltrato animal extremo es reflejo de la crueldad humana. En el refugio que abrió hace años acoge a perros y gatos que han sufrido violencia deliberada.
“En Milagros Caninos recibimos exclusivamente a perros en situaciones extremas, ¿qué quiere decir eso? Perros con cáncer, sin patas, ciegos, sordos, quemados, torturados, paralíticos, violados, drogados, macheteados. Todo de lo que es capaz el ser humano, y en Milagros Caninos es la última oportunidad de que sepan lo que es la vida”, asegura.
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El refugio Milagros Caninos, ubicado en la alcaldía Xochimilco, fue el primer santuario en América Latina en brindar refugio a perros rescatados en situación de maltrato o abandono extremo. “En Milagros Caninos todos somos iguales, menos los perros: los perros son más”.
En este lugar son rehabilitados y les ofrecen una segunda oportunidad de vida. Ahí cada historia, cada caso representan una agresión, pero también son ejemplo de que con cuidados especializados salen adelante.
“Nosotros trabajamos con una palabra que muy poca gente conoce es amor. Nosotros les damos terapia de caricia, terapia de juegos y estamos muy en contacto directo con ellos, sabemos cómo se llaman, cuándo llegaron, qué croquetas comen, qué medicina hay que darles, sabemos todo de ellos, son nuestros guías”.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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