Las historias de crímenes y asesinos seriales han infestado recientemente todas las plataformas de entretenimiento posibles.
Desde pódcasts en Spotify hasta series de Netflix, hemos descubierto casos que dieron la vuelta al mundo entero como el de Ted Bundy, Charles Manson, Ed Kemper, Aaron Hernández y muchos otros más.
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Desafortunadamente, los asesinos en serie no sólo existen en Estados Unidos o en el mundo de la ficción, porque en nuestro país también se han cometido este tipo de crímenes.
Tan sólo ahora tenemos el caso del presunto feminicida de Atizapán, Andrés “N”, quien a sus 72 años supuestamente admitió haber cometido hasta 30 asesinatos en las últimas dos décadas en este municipio del Estado de México.
Además de él, la historia de México también cuenta con otros personajes que cometieron matanzas en serie y aquí te compartimos algunos de sus casos.
Fernando Hernández Leyva, alias Pancho López, fue acusado en 1999 de cometer más de 137 asesinatos, seis secuestros y otros crímenes a lo largo de la República Mexicana.
Tras un examen psicológico, se concluyó que era un psicópata que mataba por satisfacción personal, incluso él dijo a la prensa que lo hacía “porque tenía que hacerlo”.
Luego de su arresto, Hernández Leyva intentó suicidarse en su celda, pero su peso de 150 kilos rompió su soga improvisada. Actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación “El Altiplano”.
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Quienes vivieron en la Ciudad de México durante los noventas y al inicio de la década del 2000 seguro se les eriza la piel al escuchar el nombre de “La Mataviejitas”.
Juana Dayanara Barraza Samperio, una aficionada a la lucha libre que llegó a pelear bajo el nombre de “La Dama del Silencio”, buscaba a mujeres ancianas, a quienes les hacía creer que era una enfermera y una vez que la dejaban pasar a sus casas, ella las mataba a golpes, con armas punzocortantes o estrangulación.
“La Mataviejitas” fue sentenciada a 759 años en prisión por 17 homicidios y 12 robos, aunque se cree que fue la responsable de más de 40 asesinatos.
Actualmente se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla cumpliendo su condena.
También conocido como “El poeta caníbal”, José Luis Calva Zepeda fue condenado a prisión por el asesinato de tres mujeres.
Lo más retorcido es que tras su arresto en 2007, las autoridades encontraron los pedazos de la madre de sus hijos en el refrigerador, su carne en la sartén y el tronco de su cuerpo en el armario.
Zepeda, quien era escritor de novelas, obras de teatro y poemas que repartía en la Condesa, Roma y en el tianguis del Chopo , se suicidó en el Reclusorio Norte después de su arresto, aunque su familia no cree que él se haya quitado la vida.
Adofo de Jesús Constanzo fue el líder de la secta “Los narcosatánicos”, un grupo que además de almacenar y distribuir droga al norte de México, realizaba sacrificios humanos.
La secta fue descubierta en 1989 después del arresto de un joven que transportaba marihuana, quien confesó ser parte del grupo y llevó a las autoridades al rancho donde trabajaban.
En ese rancho, la secta torturaba a sus víctimas, las mutilaba y usaban su sangre y cerebros para rituales donde los miembros la bebían para protección.
Al narcosatánico se le unió Sara Villareal Aldrete, apodada “La Madrina”, quien fungió como sacerdotisa de la secta y se encargaba de los rituales.
Cuando fue descubierto, Adolfo Constanzo le pidió a uno de sus seguidores que lo matara para evitar su captura, mientras que “La Madrina” cumple una condena de 647 años en prisión.
“Hasta le hice un bien a la sociedad”, fueron las palabras de Raúl Osiel Marroquín Reyes, un asesino serial y secuestrador de hombres homosexuales.
“El sádico” buscaba a sus presas en lugares antros gay ubicados en la Zona Rosa y los atraía haciéndoles propuestas sexuales.
A sus víctimas las torturaba y asfixiaba o estrangulaba hasta matarlas para luego descuartizarlas y tirar sus restos en maletas que abandonaba en la Colonia Asturias o cerca del metro Chabacano.
Marroquín Reyes fue arrestado en 2006 y fue condenado a 128 años en prisión por seis secuestros y cuatro homicidios. Todavía cumple su sentencia en el Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha Acatitla.
La ruta 2 del microbús que va de Chapultepec a Valle Dorado se convirtió en el terreno de caza para César Armando Librado Legorreta, quien era chofer de una unidad.
Durante los trayectos nocturnos, él simulaba que su camión se descomponía y ofrecía llevar a casa a alguna mujer que estuviera dispuesta a esperarlo y cuando quedaban solos las violaba y asesinaba.
Una de sus víctimas logró escapar y su denuncia ayudó a que “El Coqueto” fuera arrestado y tras su detención, confesó haber violado a ocho mujeres y asesinado a siete, por lo que cumple una condena de 240 años en prisión.
Este texto fue publicado originalmente en Click Necesario, en noviembre de 2015.
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El departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
“Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto”.
Con estas palabras se refería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su decisión de desmantelar el Departamento de Educación, algo que hace mucho tiempo están pidiendo los conservadores.
El mandatario estadounidense firmó este jueves la orden ejecutiva con la que se pone en marcha el proceso de eliminación de esta agencia.
“El cierre ocurrirá lo más rápido posible”, dijo Trump durante la firma, afirmando que Estados Unidos “gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país”, pero está “casi al final de la lista en términos de éxito”.
La eliminación total del Departamento de Educación requiere de la aprobación del Congreso.
Desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Educación ya anunció planes para recortar aproximadamente la mitad de su personal.
Fundado en 1979, este departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
Trump y sus aliados acusan a la agencia de adoctrinar a los jóvenes con material racial, sexual y político.
Un error común es creer que el Departamento de Educación opera las escuelas estadounidenses y establece los planes de estudio. En verdad, esa responsabilidad recae en los estados y en los distritos locales.
La agencia lo que hace es supervisar los programas de préstamos estudiantiles y administrar las becas Pell, que ayudan a estudiantes de bajos recursos a acceder a la universidad.
También ayuda a financiar programas de apoyo a estudiantes con discapacidades y a estudiantes que viven en la pobreza.
Además, el departamento hace cumplir las leyes vinculadas a la protección de los derechos civiles diseñadas para evitar la discriminación por motivos de raza o sexo en las escuelas financiadas con fondos federales.
El presupuesto asignado al departamento fue de US$238.000 millones en el año fiscal 2024, lo que representa menos del 2% del presupuesto federal total.
La agencia cuenta con unos 4.400 empleados, la menor cantidad de cualquier departamento con rango de ministerio.
La mayor parte de la financiación pública para las escuelas estadounidenses proviene de los gobiernos estatales y locales.
En 2024, Education Data Initiative estimó que Estados Unidos invirtió un total de poco más de US$857.000 millones en educación primaria y secundaria, lo que equivale a US$17.280 por alumno.
Por sí solo, Trump no puede cerrar totalmente el departamento.
El presidente no solo necesita la aprobación del Congreso para deshacerse del departamento, sino que posiblemente necesite una mayoría especial en el Senado de 60 de los 100 senadores.
Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, por lo que necesitan que al menos siete demócratas voten a favor de la abolición de la agencia, una apuesta políticamente improbable.
Incluso en la Cámara de Representantes, Trump podría tener dificultades para conseguir el apoyo necesario.
En una votación el año pasado para abolir el Departamento de Educación, que fue adjunta como enmienda a otro proyecto de ley, la decisión no se adoptó porque 60 republicanos se unieron a todos los demócratas de la Cámara para votar en contra.
Trump ha tomado medidas para reducir otros departamentos gubernamentales en las últimas semanas, a pesar de las dudas sobre la legalidad de dichas medidas.
Un borrador de la orden de Trump para desmantelar el Departamento de Educación, obtenido el mes pasado por The Washington Post, reconocía que solo el Congreso puede deshacerse de la agencia por completo, pero la orden ejecutiva firmada este jueves pone en marcha su reducción gradual.
Los empleados de Educación se encuentran entre aquellos que están en el foco de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir la fuerza laboral federal.
El Departamento de Educación supervisa una enorme cartera de préstamos a estudiantes universitarios, que según Trump se transferirá a otra agencia gubernamental.
“No creo que el Departamento de Educación deba gestionar los préstamos. No les incumbe”, exlamó Trump.
Los expertos afirman que lo más probable es que la cartera -que incluye más de US$1,5 billones en préstamos obtenidos por más de 40 millones de estadounidenses- se transfiera al Tesoro de Estados Unidos.
Un informe de la Casa Blanca indica que le corresponde a la secretaria de Educación, Linda McMahon, garantizar la “prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
Pase lo que pase, los prestatarios seguirán teniendo que devolver los préstamos.
Las sentencias judiciales y las políticas de Trump han revertido algunos cambios que el expresidente Joe Biden intentó implementar para reducir los costos de los préstamos y perdonar algunas deudas.
La idea de eliminar el Departamento de Educación ha sido planteada por los republicanos casi desde su existencia.
Durante la campaña presidencial de 1980, Ronald Reagan presionó para su desmantelamiento.
Históricamente, los republicanos se han opuesto a la centralización de la política educativa, creyendo que es mejor dejarla en manos de cada estado y cada ciudad.
Más recientemente, han acusado al Departamento de Educación de imponer a los niños lo que describen como una ideología política woke, incluyendo cuestiones de género y raza.
Los aliados de Trump también quieren ampliar la opción escolar, lo que permitiría a los estudiantes y a las familias utilizar fondos públicos para elegir alternativas privadas o religiosas a las escuelas públicas.
Los conservadores argumentan que las funciones del Departamento de Educación deberían estar a cargo de otras agencias.
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