“Lo único que queremos es reunirnos”: palestino refugiado en México busca ayuda para sacar a su familia de Gaza
En 2008, el señor Kamal Abed, entonces de 50 años, salió de Gaza en búsqueda de un trabajo que le permitiera reunir dinero para evacuar a su familia de este país, cuyo territorio ha sido atacado y controlado por décadas por el Estado de Israel. Fue así como llegó a México, donde consiguió el reconocimiento de la doble nacionalidad.
Una década después, Kamal pudo reunirse en México con su hijo Shadi, quien consiguió que se le reconociera como refugiado, y desde entonces ambos radican en nuestro país, donde recibieron con preocupación la noticia de los bombardeos contra civiles que se desataron en la Franja de Gaza después del 7 de octubre de 2023.
“Dejamos mi país por las guerras, a mi papá le preocupaba mucho”, cuenta Shadi. Por eso, cuando se enteraron de los ataques del ejército israelí –que hasta ahora han cobrado más de 42 mil vidas, la mayoría de niños y mujeres–, intentaron que el gobierno mexicano los apoyara para traer a su familia, pero no lo consiguieron, y en su desesperación, Kamal decidió ir a Egipto para ver si en el consulado mexicano del Cairo encontraba solución.
“Él se fue en febrero pasado a Egipto, fue a la embajada de México y les contó de su caso, que era mexicano y quería sacar a nuestra familia de la Franja de Gaza, pero le dijeron que no podía, que debía tramitar la solicitud en migración, y aunque les insistió sobre la urgencia de evacuarlos por la guerra, no pudo sacar a mi madre, mis hermanos, ni a mis sobrinos y murió de un ataque al corazón”, recuerda Shadi.
“Falleció muy triste, y después de eso lo que solicitamos fue que permitieran el paso de su cuerpo para ser enterrado por mi familia en la Franja de Gaza... Él nunca pudo volver a Palestina para ver a su esposa, a sus hijos y sus nietos, ni pudo abrazarlos por miedo a viajar y que después no lo dejaran volver a cruzar la frontera, pero ahora descansa en paz”.
“Nosotros no tenemos ninguna relación con el grupo Hamas, ni con ningún otro, nosotros somos personas de trabajo y por eso lo único que queremos es reunirnos. Ya sufrimos mucho”, lamenta el hombre de 33 años.
El reto de traer a México a la familia Abed
Tras la muerte de su padre, Shadi contactó con colectivos propalestinos en México, quienes en colaboración con abogados de la Universidad Iberoamericana consiguieron el reconocimiento de refugiados a 15 de sus familiares, entre ellos siete niños y un bebé; sin embargo, esto no ha sido suficiente para que se permita su evacuación de Gaza, por lo que buscan que las autoridades mexicanas realicen las negociaciones necesarias para que el gobierno de Israel les permita salir.
Gracias a que Shadi cuenta con el reconocimiento de refugiado en México, los abogados que apoyan su caso consiguieron que se diera este estatus legal a su madre, sus hermanos y sus sobrinos, quienes son sus familiares consanguíneos, pero sus cuñadas quedaron fuera de la protección legal, así que, además del reto de salir de Palestina, les falta lograr que a ellas también se les considere como refugiadas.
“La muerte de Kamal movió muchísimo a los colectivos en México, y por eso es que decidimos “adoptar” a la familia Abed para apoyarlos a buscar alternativas. Logramos que se les reconociera como refugiados y estamos en trámite para que les den visas por unidad familiar, pero nada de eso obliga a las autoridades mexicanas a que hagan más por ellos, y es por eso que estamos buscando hacer presión para que intervengan en el caso”, explica Gabriela, activista.
De acuerdo con Gabriela, por ahora, “el mayor reto al que nos enfrentamos es cómo lograr que la familia salga de Gaza a Egipto, porque el Estado de Israel tiene controladas todas las fronteras y niegan el paso incluso del personal humanitario internacional”.
Mientras esto ocurre, se mantienen en comunicación con la familia Abed a través de videollamadas para saber cómo y dónde se encuentran, ya que constantemente se ven desplazados ante las advertencias de bombardeos.
Entre octubre de 2023 –cuando comenzó la invasión israelí de Gaza–, y agosto de 2024, México ha registrado el ingreso a territorio nacional de 501 personas originarias de Palestina o que residían en este país.
El último trimestre de 2023 ingresaron 117 personas vía aérea y 8 por tierra, mientras que en los primeros ocho meses de 2024 fueron 371 las que llegaron al país en avión y 5 vía terrestre.
Apoyo humanitario vía internet
El internet ha sido clave para enviar apoyo a las personas que se encuentran en la Franja de Gaza, mediante transferencias monetarias y con la difusión de lo que ocurre en territorio palestino con la incursión israelí.
Sin embargo, no todas las personas tienen una red de apoyo como la que actualmente se encarga de reunir fondos para la familia Abed, por lo que recurren a la creación de contenidos que buscan viralizar para que, desde plataformas de crowdfunding (financiación colectiva en línea) les hagan llegar recursos.
“La gente en Gaza no tiene trabajo, por eso es que la búsqueda de una conexión de internet estable ha sido clave para que puedan conectarse con el extranjero y obtener dinero difundiendo su vida y sus necesidades a través de TikTok o de Instagram, empiezan a subir vídeos de cómo es su situación y la gente tiene la opción de donarles recursos a través de enlaces que encuentras en sus perfiles”, detalla Ishtar, activista de origen libanés.
El problema es que actualmente hay miles de perfiles en redes sociales que buscan apoyo, sin tener alcance para llegar a suficientes personas como para que su caso consiga ser visto.
Por ello, recomendaron que, en caso de que haya quien quiera apoyar a la población de Gaza y no conozca a personas o familias en particular, se acerquen con colectivos y organizaciones humanitarias, “porque allá es complicado sacar dinero para comprar las cosas básicas y a veces el dinero se triangula”.
En el caso de la familia Abed, el colectivo de Gaza a México es quien gestiona los apoyos que recibe desde la plataforma GoFundMe, ya que “lo perdió todo, no tienen casa en Jabalia porque esta fue completamente destruida después de los bombardeos y lo único que les queda es lo que llevan puesto, unos colchones y algunos enseres domésticos para cocinar. Cada que se ven obligados a desplazarse se les manda dinero para que ellos se puedan mover, comer y conseguir las cosas más básicas”, señala Ishtar.
El llamado a la presidenta Sheinbaum y la SRE
Gabriela remarca que este caso “necesita mucho de la sociedad mexicana, porque necesitamos ayuda para hacer presión con las autoridades, para que apoyen con las negociaciones para la evacuación, porque desafortunadamente, como personas, a título personal, no tenemos ese poder para ser escuchados por Israel“.
“Desde nuestras redes sociales @the_abed_family y @degazaamx hemos mantenido el llamado a la gente para que manden correos electrónicos y cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que nos volteen a ver e intervengan”.
La activista invita a quienes se interesan en apoyar a familias palestinas “hagan algo muy concreto por salvar a estas personas”.
“No vamos a resolver las cuestiones estructurales en Gaza, pero sí le podemos cambiar la vida a una familia de connacionales, que aunque nacieron allá tienen vínculos en México desde hace muchos años”.
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El presidente ordenó este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC para “liberar” a la ciudad de los sin techo y la delincuencia y volverla “más segura y bella que nunca”.
“Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato”, escribió este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma TruthSocial.
“Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar”, añadió en la red social, la víspera de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y de poner a la policía local bajo su mando directo.
El plan, que también incluye el refuerzo de las patrullas nocturnas con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), tiene como objetivo “liberar” a una ciudad que el mandatario ha pintado como “sin ley” de los sin techo y la delincuencia y volverla “más segura y bella que nunca”.
Algo que las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, han calificado de “desconcertante e improcedente”, al tiempo que apuntan a una criminalidad en descenso.
Y es que según las estadísticas publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), en 2024 los delitos violentos cayeron a su nivel más bajo, después de haber registrado un máximo en 2023, y la tendencia se mantiene en lo que va de 2025.
Las medidas anunciadas este lunes por Trump siguen a una orden ejecutiva firmada en julio, que facilita el arresto de quienes vivan en las calles y que, según coinciden las organizaciones del ramo, dibuja una imagen “simplista y distorsionada” del fenómeno.
Una problemática que, con excepciones puntuales –como una baja contabilizada en el que es su epicentro histórico, el condado de Los Ángeles–, sigue rompiendo récords año con año.
En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770.000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto.
Para decirlo de otra manera: para finales del año pasado 23 de cada 10.000 habitantes del país no tenía un techo bajo el que vivir.
¿Pero cuáles son las principales razones de esta compleja situación que, lejos de solucionarse, sigue sumando afectados? ¿Por qué no se ha logrado superar en un país que, con un Producto Interior Bruto (PIB) cercano a los US$30.000 billones según el Banco Mundial, se considera el más rico del mundo? ¿Y qué se espera del enfoque planteado ahora por la administración Trump?
Cifras récord
Desde 2007 el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), una agencia federal que reporta directamente al presidente, lleva a cabo un recuento de las personas que viven en situación de calle.
Lo hace durante una noche al año, y el conteo realizado en enero de 2024 arrojó la cifra de 771.480 personas sin acceso a vivienda.
Se trata de un incremento del 18% con respecto a 2023, cuando también se vio un repunte del 12% en comparación al año anterior.
Así lo recoge el más reciente informe anual de la agencia, publicado en diciembre, que muestra además que el aumento se dio en todas las categorías poblacionales y de una manera especialmente pronunciada (un 40%) entre las familias con hijos.
Casi 150.000 menores fueron considerados sin hogar la noche del conteo.
Uno de los pocos colectivos en experimentar un descenso fue el de los veteranos de las Fuerzas Armadas.
Así, el número de exmilitares sin hogar se redujo en un 8%, hasta los 32.882, en 2024. Y el declive fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851, entre los que no permanecían en albergues o no tenían acceso a otro tipo de acogimiento temporal.
El informe apuntaba, en general, a la crisis nacional de la vivienda y al fin de las ayudas federales de la pandemia –como las moratorias al desalojo o el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia— como dos de los principales fenómenos que impulsaron la cifra récord.
Pero también a la presión demográfica que supuso la llegada de decenas de miles de migrantes en busca de asilo y por tanto de techo.
De hecho, según el HUD, la cantidad de familias sin hogar aumentó más del doble en las 13 comunidades que más inmigración recibieron, mientras en las 373 restantes la diferencia fue del 8%.
En una visita a principios de 2024 a Skid Row, un área del centro de Los Ángeles con la mayor concentración de indigentes de la ciudad, BBC Mundo pudo constatar que decenas de familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos se habían sumado a la población habitual de los sin hogar.
Mientras mostraba una tienda de campaña en plena calle que compartía con su hija y su nieta, Doris, una venezolana de 40 años, le contó a este medio que llevaba allí 10 días.
“Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y que después, con algún trabajito aquí o allá, podríamos asentarnos y pagar una renta. Pero lamentablemente no es fácil cuando eres migrante y no tienes permiso de trabajo”, explicó.
Esto flujo hoy prácticamente está paralizado como consecuencia de las políticas antiinmigración de la administración Trump y el refuerzo de la frontera con México, y el panorama en las calles también se ha visto afectado por las deportaciones masivas.
Razones estructurales
Pero más allá de los récords, las organizaciones del ramo subrayan que la crisis de los sin techo es una problemática compleja y de larga data, estructural y multifactorial.
En esa línea, la National Alliance to End Homelessness apunta a motivos que van de la escasez de vivienda asequible y una cada vez mayor brecha entre los ingresos y el costo del alquiler, pasando por el acceso limitado a la atención médica y otros servicios sociales, hasta el racismo y la marginación sistémica.
“Las políticas discriminatorias históricas y actuales continúan dando forma a quién tiene acceso a recursos y oportunidades”, señala la entidad que, desde 1987, provee datos e investigación para que se desarrollen políticas públicas en torno a la vivienda, además de ofrecer asistencia técnica a sus socios en el terreno.
“Entender (la problemática del acceso a la vivienda) requiere reconocer cómo coactúan estos sistemas interconectados de discriminación para negar a las comunidades los recursos y las oportunidades necesarios para la estabilidad habitacional”, concluye.
Según datos recopilados por la alianza, el porcentaje de hogares del país que destinan más de la mitad de sus ganancias a pagar el alquiler se ha disparado en la última década, aumentando en más del 12,5% entre 2015 y 2022.
Naciones Unidas considera que una vivienda es asequible si un hogar dedica menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.
Con ese porcentaje como referencia, un informe reciente de la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), otra organización no gubernamental centrada en el tema, concluye que el trabajador promedio que gana el salario mínimo en EE.UU. debe trabajar aproximadamente 104 horas semanales (el equivalente a 2,4 empleos a tiempo completo) para poder rentar un apartamento de un dormitorio a un precio “justo” en el mercado.
Fundada en 1974 y con sede en Washington, la NLIHC estima además que hay una escasez de 7,1 millones de viviendas en alquiler asequibles y disponibles para inquilinos considerados de extremadamente bajos ingresos.
Esto se traduce en tan solo 35 viviendas de ese tipo para cada 100 hogares con ese perfil, aquellos que registran el 30% o menos del ingreso medio del área en el que viven.
“La crisis actual está enraizada en la enorme escasez de vivienda para personas que llevan demasiado tiempo en situaciones extremas”, le confirma a BBC Mundo Margot Kushel, directora del Benioff Homlessness and Housing Initiative de la Universidad de California San Francisco (UCSF).
Pero Kushel, profesora de medicina y jefa de la División de Equidad en Salud y Sociedad de dicha universidad, apunta a otros factores que pueden contribuir a la pérdida de vivienda.
“Cuando los ciudadanos no pueden costear o acceder a servicios sociales y de asistencia sanitaria, esto repercute no solo en su salud sino también en su situación financiera”, señala la experta.
EE.UU. no tiene un sistema de salud pública universal.
De acuerdo a una encuesta de 2024 de KFF, una organización no partidista centrada en la políticas de salud, tres de cada cuatro adultos están muy preocupados porque no puedan hacer frente a facturas médicas inesperadas (74%) o al costo de servicios de salud (74%) para ellos y sus familias.
El sondeo también concluye que el 61% de los adultos que no cuentan con seguro de salud privado pospusieron su contratación debido al costo, y el 21% de los encuestados que sí están asegurados dijo no recibir la atención médica que necesitan porque póliza no la cubre en su totalidad y no pueden costeársela.
Por otra parte, el equipo de investigación de UCSF encabezado por Kushel ha estado estudiando a personas mayores sin hogar durante varios años y ha encontrado que casi la mitad de ellas se quedó sin techo cuando tenía más de 50 años.
Por todo ello, la experta señala que la orden ejecutiva del presidente Trump y sus declaraciones al respecto dibujan un retrato “excesivamente simplista y distorsionado” de la cuestión.
“Retrato simplista”
La decisión presidencial, emitida el pasado 24 de julio, afirma que “la vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos” han vuelto las ciudades estadounidense “más inseguras”.
Apuntando al repunte en las cifras de las personas sin hogar, añade que “la abrumadora mayoría de estos individuos son adictos a las drogas o tienen una afección de salud mental, o ambos (…)”.
Y concluye que los gobiernos federales que le precedieron, así como los estatales, “han gastado decenas de miles de millones de dólares en programas fallidos que abordan la falta pero no sus causas raíces, dejando a otros ciudadanos vulnerables a las amenazas a la seguridad pública”.
Basándose en ello, pide a la fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y los llamados “decretos de consentimiento”, que limitan la capacidad de los gobiernos locales y estatales para trasladar a las personas que viven en las calles y campamentos a centros de tratamiento.
También instruye a la fiscal a brindar asistencia a los gobiernos estatales y locales que permitan el internamiento civil y el tratamiento adecuados de las personas con enfermedades mentales que representan un peligro para los demás o que viven en la calle y no pueden cuidar de sí mismas.
“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento civil restablecerá el orden público”, se lee en la orden titulada “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”.
La decisión presidencial exige además a los departamentos de Justicia, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que “hagan cumplir las prohibiciones sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas y el merodeo”.
Asimismo, ordena una amplia recopilación federal de datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vigilancia, la privacidad y “cómo dichos datos podrían utilizarse para justificar una mayor criminalización”, advirtió en un comunicado la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
“Criminalizar a la gente por no tener un techo o por sufrir problemas de salud mental o de abuso de sustancias no aporta a crear una comunidad más segura, sino que hace que todos estén menos seguros, y no contribuye en nada a una posible solución de la crisis de las personas sin hogar”, zanja Kushel.
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