En 2008, el señor Kamal Abed, entonces de 50 años, salió de Gaza en búsqueda de un trabajo que le permitiera reunir dinero para evacuar a su familia de este país, cuyo territorio ha sido atacado y controlado por décadas por el Estado de Israel. Fue así como llegó a México, donde consiguió el reconocimiento de la doble nacionalidad.
Una década después, Kamal pudo reunirse en México con su hijo Shadi, quien consiguió que se le reconociera como refugiado, y desde entonces ambos radican en nuestro país, donde recibieron con preocupación la noticia de los bombardeos contra civiles que se desataron en la Franja de Gaza después del 7 de octubre de 2023.
“Dejamos mi país por las guerras, a mi papá le preocupaba mucho”, cuenta Shadi. Por eso, cuando se enteraron de los ataques del ejército israelí –que hasta ahora han cobrado más de 42 mil vidas, la mayoría de niños y mujeres–, intentaron que el gobierno mexicano los apoyara para traer a su familia, pero no lo consiguieron, y en su desesperación, Kamal decidió ir a Egipto para ver si en el consulado mexicano del Cairo encontraba solución.
“Él se fue en febrero pasado a Egipto, fue a la embajada de México y les contó de su caso, que era mexicano y quería sacar a nuestra familia de la Franja de Gaza, pero le dijeron que no podía, que debía tramitar la solicitud en migración, y aunque les insistió sobre la urgencia de evacuarlos por la guerra, no pudo sacar a mi madre, mis hermanos, ni a mis sobrinos y murió de un ataque al corazón”, recuerda Shadi.
“Falleció muy triste, y después de eso lo que solicitamos fue que permitieran el paso de su cuerpo para ser enterrado por mi familia en la Franja de Gaza... Él nunca pudo volver a Palestina para ver a su esposa, a sus hijos y sus nietos, ni pudo abrazarlos por miedo a viajar y que después no lo dejaran volver a cruzar la frontera, pero ahora descansa en paz”.
“Nosotros no tenemos ninguna relación con el grupo Hamas, ni con ningún otro, nosotros somos personas de trabajo y por eso lo único que queremos es reunirnos. Ya sufrimos mucho”, lamenta el hombre de 33 años.
Tras la muerte de su padre, Shadi contactó con colectivos propalestinos en México, quienes en colaboración con abogados de la Universidad Iberoamericana consiguieron el reconocimiento de refugiados a 15 de sus familiares, entre ellos siete niños y un bebé; sin embargo, esto no ha sido suficiente para que se permita su evacuación de Gaza, por lo que buscan que las autoridades mexicanas realicen las negociaciones necesarias para que el gobierno de Israel les permita salir.
Gracias a que Shadi cuenta con el reconocimiento de refugiado en México, los abogados que apoyan su caso consiguieron que se diera este estatus legal a su madre, sus hermanos y sus sobrinos, quienes son sus familiares consanguíneos, pero sus cuñadas quedaron fuera de la protección legal, así que, además del reto de salir de Palestina, les falta lograr que a ellas también se les considere como refugiadas.
“La muerte de Kamal movió muchísimo a los colectivos en México, y por eso es que decidimos “adoptar” a la familia Abed para apoyarlos a buscar alternativas. Logramos que se les reconociera como refugiados y estamos en trámite para que les den visas por unidad familiar, pero nada de eso obliga a las autoridades mexicanas a que hagan más por ellos, y es por eso que estamos buscando hacer presión para que intervengan en el caso”, explica Gabriela, activista.
De acuerdo con Gabriela, por ahora, “el mayor reto al que nos enfrentamos es cómo lograr que la familia salga de Gaza a Egipto, porque el Estado de Israel tiene controladas todas las fronteras y niegan el paso incluso del personal humanitario internacional”.
Mientras esto ocurre, se mantienen en comunicación con la familia Abed a través de videollamadas para saber cómo y dónde se encuentran, ya que constantemente se ven desplazados ante las advertencias de bombardeos.
Entre octubre de 2023 –cuando comenzó la invasión israelí de Gaza–, y agosto de 2024, México ha registrado el ingreso a territorio nacional de 501 personas originarias de Palestina o que residían en este país.
El último trimestre de 2023 ingresaron 117 personas vía aérea y 8 por tierra, mientras que en los primeros ocho meses de 2024 fueron 371 las que llegaron al país en avión y 5 vía terrestre.
El internet ha sido clave para enviar apoyo a las personas que se encuentran en la Franja de Gaza, mediante transferencias monetarias y con la difusión de lo que ocurre en territorio palestino con la incursión israelí.
Sin embargo, no todas las personas tienen una red de apoyo como la que actualmente se encarga de reunir fondos para la familia Abed, por lo que recurren a la creación de contenidos que buscan viralizar para que, desde plataformas de crowdfunding (financiación colectiva en línea) les hagan llegar recursos.
“La gente en Gaza no tiene trabajo, por eso es que la búsqueda de una conexión de internet estable ha sido clave para que puedan conectarse con el extranjero y obtener dinero difundiendo su vida y sus necesidades a través de TikTok o de Instagram, empiezan a subir vídeos de cómo es su situación y la gente tiene la opción de donarles recursos a través de enlaces que encuentras en sus perfiles”, detalla Ishtar, activista de origen libanés.
El problema es que actualmente hay miles de perfiles en redes sociales que buscan apoyo, sin tener alcance para llegar a suficientes personas como para que su caso consiga ser visto.
Por ello, recomendaron que, en caso de que haya quien quiera apoyar a la población de Gaza y no conozca a personas o familias en particular, se acerquen con colectivos y organizaciones humanitarias, “porque allá es complicado sacar dinero para comprar las cosas básicas y a veces el dinero se triangula”.
En el caso de la familia Abed, el colectivo de Gaza a México es quien gestiona los apoyos que recibe desde la plataforma GoFundMe, ya que “lo perdió todo, no tienen casa en Jabalia porque esta fue completamente destruida después de los bombardeos y lo único que les queda es lo que llevan puesto, unos colchones y algunos enseres domésticos para cocinar. Cada que se ven obligados a desplazarse se les manda dinero para que ellos se puedan mover, comer y conseguir las cosas más básicas”, señala Ishtar.
Gabriela remarca que este caso “necesita mucho de la sociedad mexicana, porque necesitamos ayuda para hacer presión con las autoridades, para que apoyen con las negociaciones para la evacuación, porque desafortunadamente, como personas, a título personal, no tenemos ese poder para ser escuchados por Israel“.
“Desde nuestras redes sociales @the_abed_family y @degazaamx hemos mantenido el llamado a la gente para que manden correos electrónicos y cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que nos volteen a ver e intervengan”.
La activista invita a quienes se interesan en apoyar a familias palestinas “hagan algo muy concreto por salvar a estas personas”.
“No vamos a resolver las cuestiones estructurales en Gaza, pero sí le podemos cambiar la vida a una familia de connacionales, que aunque nacieron allá tienen vínculos en México desde hace muchos años”.
Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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