Los impactos del crecimiento urbano cerca de los bosques de manglar en El Mogote, Baja California Sur, al noroeste de México, son evidentes para las Guardianas del Conchalito, un grupo de 12 mujeres organizadas que han emprendido acciones para restaurarlo. Sin embargo, en el trayecto acusan haber sido criminalizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la seguridad privada de los proyectos inmobiliarios y turísticos en el área.
Desde 2023, las Guardianas empezaron a monitorear los bosques de manglar de El Mogote con el apoyo de la organización Costa Salvaje y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), esta última es la responsable de conservar parte de una zona federal en la línea costera de El Mogote a través de un acuerdo.
Una vez al mes, dejan sus múltiples ocupaciones, rentan una lancha con capitán y destinan todo un día para cruzar al otro lado de la bahía de La Paz hasta El Mogote. Ahí identifican las diferentes especies de manglar que hay, su flor, su fruto y su semilla, para restaurar el bosque mediante la siembra y recolección de semillas.
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“La verdad si es un trabajo que requiere de muchas horas porque tienes que caminar largas distancias y dependemos de la marea para poder hacerlo. Para El Mogote tenemos que rentar una embarcación, contratar un capitán, (pagar) gasolina porque es una zona más grande y requiere de más gastos como de alimentación, que dependen de las horas y el material de uso recurrente como cintas de medir”, explicó Daniela Bareño, integrante de las Guardianas.
Al hacer estas labores en El Mogote, las Guardianas acusan haber sido molestadas por la seguridad privada del megaproyecto turístico y residencial Paraíso del Mar, que a través de su promovente, la empresa Desarrollos Punta La Paz, posee unas 350 hectáreas en el área que compró al Gobierno de Baja California Sur en 2002 y otras 158.34 hectáreas a particulares.
“Allá en El Mogote a las compañeras las han corrido. Han llamado a Profepa y Profepa ha llegado a quererlas sacar. Estamos tratando de hacer un bien y a veces sí es muy frustrante que le den prioridad a quien tiene más dinero, a quien hizo un mal con el ecosistema que a nosotras que queremos restaurar y hacer este tipo de cosas. Pero sí hemos tenido problemas con las personas del hotel, mandan a los vigilantes a llamarnos la atención, a corrernos y Profepa interviene en eso. Pero mis compañeras se mantienen firmes en que no se van a ir porque es un espacio público y no se van”, denunció Bareño.
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Al día de hoy el proyecto Paraíso del Mar tiene condominios, casas y mil 686 lotes residenciales en venta; un campo de golf de campeonato, cancha de tenis y cuatro canchas de pickleball; dos albercas, un puerto, que amenazan los bosques de manglar, mismos que son reconocidos como sitio Ramsar.
Para este artículo se solicitó entrevista vía telefónica, por correo electrónico y por WhatsApp a Paraíso del Mar, pero hasta el momento de la edición del texto no se recibió respuesta de su parte.
En Baja California Sur la cobertura de los humedales costeros naturales se mantuvo constante desde 2000 a 2019. Sin embargo, se observaron pérdidas en la Ensenada de La Paz, según la ponencia de Miguel Sánchez, investigador del Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) en el VI Congreso Mexicano de Ecosistemas de Manglar en 2023.
En el mismo evento, Giovanni Ávila, investigador del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, expuso que los siete manglares de la bahía de La Paz, enfrentan factores de presión similares, el principal de ellos es el desarrollo urbano y el cambio de uso de suelo como las Guardianas aseguran que sucede en El Mogote.
“Lo que afecta allá son los espacios que han estado tomando para las construcciones. En una parte de los condominios podaron mucho manglar y también taparon una entrada de agua. Hace un año empezamos a hacer recorridos. La organización sinaloense Humedales Sustentables hizo un estudio hidrológico y se hicieron tomas de muestra de agua. El resultado fue que había mucha salinidad; eso también es porque como ya no hay flujo, el agua se estanca, produce demasiada sal y hace que se seque el manglar. El área afectada es grande y es urgente que se restaure para que no siga secándose”, señaló Bareño.
Paraíso del Mar no ha explotado todo su potencial, ya que de acuerdo con su plan maestro y a su manifestación de impacto ambiental, pretende construir un hotel de 2 mil 120 habitaciones, un segundo campo de golf, un club de playa, una casa club de golf extendida, una marina privada para 500 espacios, restaurantes y un mercado.
Paraíso del Mar ha proclamado a El Mogote como “la mejor island living” y la vende a sus clientes como “una comunidad turística privada con extensiones de un kilómetro y medio de playa aislada que puedes llamar propia”, según su sitio web.
A pesar de eso, las Guardianas están decididas a proteger sus bosques de manglar, porque ese ecosistema representa el futuro de las tradiciones sudcalifornianas y de la pesca que proveen bienestar a la comunidad local.
“Los pescadores somos los que más cuidamos este tipo de ecosistemas y de espacios porque nosotros hacemos uso de ellos y de manera responsable. Sabemos que si hay un ecosistema restaurado, habrá especies marinas sanas y vamos a tener una pesca sustentable, ya que el manglar funge como guardería de peces y de muchas otras especies. Para mí vale la pena cuidarlo porque es dejarle una semillita para las futuras generaciones y es hacer un bien para todos”, señaló Bareño.
Además de Paraíso del Mar, hay muchos otros proyectos en busca de establecerse en El Mogote, cerca de los manglares y humedales, como el caso del proyecto Lumai al que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le negó la autorización de impacto ambiental.
*Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.
BBC Mundo estuvo en el aeropuerto de Barajas con varios migrantes latinoamericanos que, pese a tener trabajo, no pueden pagar un alquiler. Dormían en los pasillos, como tantas otras personas sin hogar en Madrid, hasta que se les prohibió pernoctar.
“He dormido en un parque”, me cuenta Miguel en un audio de voz. Ayer volvió, como cada noche desde hace siete meses, al aeropuerto de Barajas para dormir. Pero esta vez no le dejaron entrar.
Desde este 24 de julio, Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos en España, ha prohibido que las personas sin billete de avión permanezcan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, durante la noche. La medida coincide con la apertura de un albergue temporal con 150 plazas, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, que funcionará hasta octubre.
Durante meses, el aeropuerto de Madrid fue el refugio de decenas de migrantes y personas sin hogar que no tenían otro techo. Varios de ellos trabajan, pero no pueden permitirse el alquiler de una vivienda.
Mientras tanto, las administraciones implicadas, principalmente el Ayuntamiento de Madrid y Aena, mantienen un cruce de acusaciones sin ofrecer una solución de alojamiento digna y duradera para estas personas.
BBC Mundo pasó una noche a mediados de julio con ellos, cuando aún podían dormir en Barajas, y estas son algunas de sus historias.
“Esto es algo temporal. Pronto conseguiré permiso de trabajo, Dios mediante”.
Miguel confía en que su suerte cambie dentro de unas semanas, cuando tendrá la cita para arreglar su visa. Este venezolano de 28 años, que en ningún momento deja de sonreír, me cuenta de sus vicisitudes sentado en el suelo de su actual hogar: el pasillo de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Tiene una maleta grande donde guarda algo de ropa, mantas y una colchoneta que utiliza para dormir.
“Tengo trabajo, pero duermo en el aeropuerto porque no me alcanza para el alquiler”, me dice.
En realidad, Miguel no se llama así. Pide guardar el anonimato porque sus hermanas no saben que está en esta situación. “Solo se lo he contado a mis papás”.
Es una noche de julio y Miguel comparte espacio con otras 30 personas más. Todos vienen aquí antes de que caiga el sol en busca de un techo.
En Madrid, alquilar un apartamento de unos 40 metros cuadrados cuesta unos 900 euros al mes (US$1.057), según el portal inmobiliario Idealista. El salario mínimo en España es de 1.382 euros mensuales (US$1.623).
Eso significa que alguien que gana ese sueldo tiene que gastar casi el 70% solo en pagar el alquiler. Los expertos dicen que no debería pasar del 30%. Así que este dato refleja lo difícil que es acceder a una vivienda en la capital de España. Aunque las cifras son similares en muchas ciudades, como Barcelona, Málaga o Mallorca.
Y estas son cifras a las que no pueden acceder las personas con trabajos precarios y vulnerables como las que duermen en el aeropuerto.
Miguel llegó a España en octubre del año pasado. Vino por miedo a la situación política en su país y en mitad de la ola de detenciones que el gobierno de Venezuela llevó a cabo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) anunció el triunfo de Nicolás Maduro en dichos comicios sin presentar las actas que lo daban como ganador. La oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denunció fraude.
La organización no gubernamental Foro Penal, cuya misión es promover y defender los derechos humanos en Venezuela, registraba unos 1.000 detenidos por razones políticas hasta el 15 de julio de 2025. Esa cifra se redujo en varias decenas durante las últimas semanas, luego de un acuerdo de intercambio de presos entre el gobierno de Maduro y el de EE.UU.
Para la oposición y diversas ONGs, las detenciones son fruto de la persecución política, algo que el gobierno venezolano niega.
En su caso, cuenta Miguel, temía que lo llevaran preso tras verse involucrado en unas acusaciones por un video que unos conocidos hicieron en redes sociales donde criticaban el proceso electoral.
Cuenta que recibió varias llamadas donde lo amenazaron.
Con los pocos ahorros que tenía, viajó a Madrid y alquiló una habitación en un apartamento compartido. Pero esa situación duró poco.
“El chico que me rentaba el cuarto me engañó y me robó el dinero. Me quedé en la calle el mismo día de fin de año”.
Y, así, empezó su 2025 durmiendo en el suelo de Barajas, donde lleva siete largos meses, aunque sin perder el optimismo: “Estoy mejor. Por lo menos conseguí un trabajo, aunque me pagan en negro”.
Trabaja de repartidor de paquetes de lunes a viernes. Las 5 horas que dura su jornada las hace a pie y empujando un carrito. Todo ese esfuerzo para obtener a fin de mes unos 250 euros (US$293).
Ese dinero lo estira como puede. Una parte va al alquiler de un pequeño trastero, donde tiene sus cosas; otra parte para el billete de transporte, para poder moverse en la ciudad; otra parte para la tarjeta del celular, esencial para hablar con su familia.
“Lo que me quedan son unos 145 euros (US$170) para comida y para ir ahorrando”, dice mientras se mete una cotufa (palomita de maíz) en la boca y me aclara: “Esta es mi cena. Lo suelo comer varias veces por semana. Es barato y me llena”.
Desde que duerme en el aeropuerto, Miguel se impuso tres reglas: como mínimo, trata de hacer una comida al día, se baña tres veces a la semana en unos baños públicos y, si no va a trabajar, sale a caminar para que le dé el aire.
“Lo hago para que no me afecte a la cabeza. Son tres cosas básicas, pero si las dejara de hacer, me harían creer que vivo en la indigencia. Y no es así. Para mí esto es algo temporal”.
En ese punto es cuando María se nos acerca.
También es venezolana, de 68 años. Miguel le ofrece unas galletas que le han dado unas chicas de una ONG. “Aquí compartimos, porque todos estamos en la misma situación”, dice.
No tarda en contar lo que ella espera para su futuro: “Yo ya quiero volver a mi país”.
En Venezuela, María era enfermera y tenía una panadería, que dejó alquilada. Viajó a España para acceder a un mejor tratamiento médico para su hijo, que es autista.
“Nada más aterrizar, se puso enfermo y gasté todo lo que tenía en medicinas”.
Vino hace 5 meses de turista pero ante esa situación se tuvo que quedar. “Conseguir trabajo está difícil y no puedo dejar a mi hijo solo”, explica.
Probó a dormir en albergues, pero al final acabó en Barajas. Junto a su hijo, duerme al final del pasillo. Dos esterillas, unas sábanas, unas maletas en un carro del aeropuerto y algunas bolsas son todo lo que tienen. “Prefiero dormir aquí que en la calle. Se está más seguro porque hay vigilancia, hay baños para asearse y es tranquilo. Al final te acostumbras”.
Como Miguel, hay unas normas mínimas que siguen, como asearse todas las noches con un balde y lavar la ropa. “Hay que tener dignidad aunque estemos en esta situación”, añade.
Ahora ha pedido la repatriación con la ayuda de una ONG. “Creo que pronto podré volver a mi casa, ya tengo casi todos los papeles”.
María y su hijo ocupan un espacio al lado de una mujer española que, mientras hablamos, duerme.
“Nos hemos hecho amigas, está muy sola y perdida. Tiene tres hijos, pero se metió en problemas de drogas y bueno, yo le ayudo, le doy consejo y hablamos mucho”, dice María mientras la mira con ternura y agarra la mano de su hijo, que no ha soltado en ningún momento.
Pese a que ahora es el calor el que azota Madrid, el motivo principal que desencadenó el traslado de cientos de migrantes y personas sin hogar a Barajas fue el frío y las lluvias del pasado mes de marzo.
“Aunque llevan años durmiendo personas sin hogar en Barajas, lo que pasó en marzo fue inaudito”, cuenta un voluntario.
Ante la avalancha de gente, un conjunto de organizaciones sociales y religiosas bajo el nombre de “Mesa por la Hospitalidad”, elaboró un informe donde llegaron a contabilizar entre 200 y 400 personas diarias durmiendo en Barajas.
“Yo no voy a defender a la gente que duerme en el aeropuerto, porque sí que hay gente mala y algunos buscan bronca. Pero son los que menos. El resto nos portamos bien, porque solo queremos dormir” , reitera Miguel.
Según los datos de ese informe, el 38% de estas personas trabajan pero no pueden pagar el alquiler. El 46% proceden de América Latina y un 26% tienen nacionalidad española.
El estudio también destaca el perfil de las personas que duermen en el aeropuerto “donde hay migrantes, personas sin hogar, pensionistas, personas con empleos precarios y personas con problemas de salud mental y física”, dice el informe.
Pero estos datos ya no reflejan la situación actual de Barajas. Con la llegada del buen tiempo se ha reducido considerablemente el número de personas que pernoctan allí. También por la medida disuasoria de Aena con el cierre de puertas y la apertura del albergue.
“Y es a este albergue al que se supone que tenemos que ir, pero a mí no me dan plaza por mi condición de asilado político”, expresa Miguel, contrariado.
Desde el Ayuntamiento de Madrid explican que solo pueden dormir en el albergue quienes están empadronados en la ciudad o, en su defecto, aquellas personas que, aunque no lo estén, ya hayan sido atendidas previamente por los servicios sociales municipales.
“El caso de un asilado político, lo lleva el ministerio de Migración” nos responden desde el área de políticas sociales del Ayuntamiento, refiriéndose a la situación de Miguel.
Mientras tanto las organizaciones sociales demandan mayor implicación y coordinación por parte de todos los actores implicados: Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Aena, dependiente del Gobierno Central, donde la dimensión social del problema está en el acceso a la vivienda y esa falta de respuesta institucional clara.
BBC Mundo habló con miembros de varias organizaciones sociales que trabajan en Barajas. Ellos han preferido no dar ni sus nombres ni los de sus agrupaciones. Mantienen un perfil bajo después de meses de polémicas e imágenes en la prensa que dicen, solo han desfavorecido a las personas que pernoctan en el aeropuerto. “El tema se ha politizado y los perjudicados son ellos, los más vulnerables, los que duermen en el suelo” señala un voluntario.
Justamente por eso, por dormir en el suelo frío del aeropuerto y por las largas caminatas que hace empujando un carrito, desde hace unas semanas Miguel tiene ciática y mucho dolor. El médico le recomendó dormir en “algo blandito” y se compró una colchoneta inflable.
“Me trastocó los ahorros, pero duermo mejor”, me cuenta mientras se va acomodando para dormir.
Son las 11 de la noche y el pasillo está en silencio. Algunos miran el celular, pero la mayoría duerme con una camiseta sobre la cabeza para que no les molesten las luces.
“Me costó mucho acostumbrarme a dormir con la luz encendida”, me cuenta Nicolás, cuyo nombre también es ficticio. Llegó de Perú hace nueve meses y desde entonces duerme en el aeropuerto. “Trabajo en la construcción cuando puedo. Voy a las zonas donde se juntan los albañiles por la mañana y, si me aceptan en la cuadrilla, trabajo ese día. Luego regreso aquí a dormir. Con lo que me pagan, no me da para rentar una habitación”.
Cuando me estoy yendo, un vigilante de seguridad que está en la puerta vigilando los accesos al aeropuerto se dirige a mí. Me cuenta que han venido muchos medios de comunicación por aquí y me reclama algo: “Solo te pido que trates a estas personas con humanidad. Hay gente que no lo ha hecho. Y ellos, que no se nos olvide, son personas”.
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