La fiebre del litio deja “pueblos sedientos” en Argentina
Esta historia fue publicada originalmente por Global Press Journal.
Jujuy, Argentina.- El sol y el polvo azotan este paisaje de rocas y suelos agrietados. A más de 12 000 pies sobre el nivel del mar (3700 msnm) en los Andes, los arbustos y animales sedientos se amontonan en la margen de lo que una vez fue un río caudaloso y por el que ahora apenas pasa un hilito de agua.
La gente del lugar lleva años viendo cómo los ríos, pozos y vegas se han ido secando. Mientras tanto, unas surreales piletas de agua turquesa salpican el paisaje como un espejismo.
Hace más de una década, comunidades originarias de la región de la Puna (el altiplano más alto después del Tíbet) aceptaron que dos empresas mineras de litio, Minera Exar y Sales de Jujuy, operaran en el departamento de Susques. Esperaban que las minas trajeran empleos y desarrollo, junto a la cuidadosa gestión ambiental que se les prometió. Algunas personas locales trabajan para las minas, pero la demanda por baterías de litio las ha dejado sin agua suficiente para vivir cómodamente, o tan siquiera para mantener su ganado y cultivos. Si bien el litio ayuda a energizar los autos eléctricos, computadoras y otra tecnología de alto nivel, pone en peligro la supervivencia básica en uno de los puntos más áridos de Argentina.
La desesperación ha llevado a algunas personas a beber el agua del Río Pastos Chicos, que contiene arsénico proveniente de la actividad volcánica. Los niveles de arsénico en el río alcanzan las 1,400 partes por millón y exceden considerablemente el umbral que, según la Organización Mundial de la Salud, puede provocar cáncer.
Global Press Journal intentó comunicarse con Minera Exar y Sales de Jujuy a través de correos electrónicos, solicitudes en redes sociales, cartas físicas y más de 20 llamadas telefónicas, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, el gobierno de la provincia de Jujuy niega que las operaciones mineras sequen las reservas de agua.
“Es totalmente falso decir que la exploración y/o producción de carbonato de litio consume el agua disponible para las comunidades, ya que el agua para consumo [local] proviene de otras fuentes, las cuales no se ven afectadas por los proyectos”, indica un reporte de agosto de 2023 del gobierno de Jujuy. Sin embargo, estudios independientes muestran que, en efecto, las minas son las culpables del agotamiento del agua en el área.
Walter Díaz Paz, ingeniero ambiental de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, quien ha escrito numerosos informes sobre la minería de litio en la Puna, dice que las compañías mineras oscurecen los hechos.
La extracción de agua por parte de las compañías mineras está “completamente vinculada” al hecho de que se hayan secado los pozos de agua de varias personas, dice Díaz Paz.
Se proyecta que la minería de litio tenga un crecimiento exponencial en Argentina. El país cuenta con la tercera mayor reserva de litio del mundo y es el cuarto productor global, aunque el presidente Javier Milei considera que la minería está “notablemente subdesarrollada.” En abril hizo que la importación de equipos y materiales para la minería resultara más barata y rápida para las empresas.
En junio, el presidente Milei aseguró la aprobación del Congreso para otra ley que otorga a las compañías mineras beneficios significativos como reducciones impositivas y aranceles del 0% en las importaciones durante 30 años, entre otros incentivos. Se ha reunido dos veces con Elon Musk, el cofundador y CEO de Tesla, gigante en baterías y autos eléctricos, que además es uno de los mayores consumidores de litio en el mundo.
Este plan económico preocupa a la gente del departamento de Susques. Las minas dan empleo a aproximadamente 30% de los trabajadores del departamento, pero esto es de poca importancia si el agua está desapareciendo.
Hace tres años, Reinaldo Luzco, de 75 años, sacaba agua de un pozo natural cercano a su casa para su familia y sus cabras. Hoy ese pozo está seco. Ahora él depende de que otros le traigan agua del pueblo y cuando esta no alcanza, bebe agua del río que contiene arsénico de manera natural.
“¿Qué vamos a hacer? Sin reservas [de agua] nos vamos a morir”, dice Luzco.
El ‘oro blanco del siglo XXI’
Durante miles de años, el agua de lluvia ha bajado de estos picos en los Andes, erosionando lentamente las sales y el litio de las rocas para formar una salmuera que penetra los lagos, salares y acuíferos de la Puna.
Se calcula que Argentina tiene 20 millones de toneladas de litio en esta salmuera; es decir, 10% de las reservas mundiales conocidas de litio. Extraerlo exige perforar los salares (las superficies blancas y agrietadas de lo que antes fueron lagos y que ahora se han evaporado completamente), y bombear la salmuera subterránea hasta las piletas de evaporación cercanas. Una vez que llega a estos estanques artificiales, la salmuera se deja evaporar hasta por dos años. Luego se procesa y se obtiene carbonato de litio, una sal blanca que una vez refinada se usa en la producción de baterías.
Durante 2023, Minera Exar y Sales de Jujuy extrajeron unos 12 mil 200 millones de litros de salmuera, según los niveles de producción declarados en sus informes de impacto ambiental, y el consumo de salmuera por tonelada que han calculado los expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Durante el mismo período, ambas empresas extrajeron más de 3 mil 700 millones de litros de “agua industrial” — técnicamente, agua dulce — para producir lo que se conoce ampliamente como el “oro blanco del siglo XXI”. Esta cantidad equivale a más de 31 veces el consumo anual de agua de los habitantes del departamento de Susques. Tan solo dos años antes, las minas de litio habían usado cinco veces el consumo de agua dulce de los habitantes del departamento. En 2023, después de que Sales de Jujuy expandiera sus operaciones y Minera Exar comenzara a producir, la extracción de agua dulce se disparó 535 %. Y las empresas tienen planes de expandirse aún más.
Ahora, cuatro minas producen litio en Argentina: las minas de Sales de Jujuy y Minera Exar, que se encuentran en la provincia de Jujuy, la mina Fénix que está en la provincia de Catamarca y la mina Centenario Ratones, en la provincia de Salta. Se espera que otras dos minas inicien operaciones este año; otras más les seguirán. Según un informe de noviembre 2023 de la Secretaría de Minería de Argentina, están en desarrollo otros 40 proyectos de minería de litio.
Lo crucial para la gente que vive en la Puna es que esta extracción masiva de agua debajo de los salares afecta la distribución de los reservorios de agua subterránea en la región, los cuales se clasifican como de agua dulce, salobre, salada o salmuera. Todos ellos se conectan a través de zonas de mezcla.
Lo anterior no sorprende. Un estudio realizado en 2018 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina modeló los impactos pronosticados de la minería de litio en la cuenca hidrológica Olaroz-Caucharí en la Puna. Según la investigación, el bombeo masivo de salmuera en el departamento de Susques — que comenzó en 2015 — probablemente atraiga el agua dulce cercana hacia los salares, donde se volverá irreversiblemente salada. El estudio también encontró que es casi seguro que los niveles de la cuenca Olaroz-Caucharí disminuyan, haciendo que se sequen manantiales, lagos, lagunas y pozos.
Y eso es exactamente lo que la gente del lugar está comprobando.
Menos agua disponible
El patio de María Norma Vasquez aloja un ejército de baldes, bidones y palanganas. Se trata de su última defensa contra las frecuentes interrupciones en el servicio de agua de su pueblo, una red de mangueras que toman agua de un manantial cercano. El agua potable se surte de un tanque en la plaza principal del pueblo, alimentado por un manantial de bajo caudal en las inmediaciones.
“A veces no tenemos ni para limpiar, ni para lavar nuestra ropa, hacer higiene, ni nada”, dice.
Las vegas de donde bebían los animales están secas, dice Eva, quien pidió que no se mencionara su apellido por temor a represalias.
“Siento que chupan todas las venas de todos los cerros”, dice Eva.
Las compañías mineras han hecho cierto esfuerzo por aliviar la competencia por el agua. En 2022, Minera Exar gastó cerca de 87 millones de pesos argentinos (unos 500 000 dólares en aquel momento) para llevar agua embotellada a sus empleados a fin de evitar el consumo del agua potable local. Ese mismo año, la compañía también gastó 640 000 pesos (unos 3 400 dólares en aquel momento) para abastecer de agua a 104 casas en la región rural de Salar de Olaroz, según el informe de sostenibilidad para 2022 de la empresa.
Estos esfuerzos no han aplacado las inquietudes. Muchas personas ya no quieren que las mineras estén allí. Están uniéndose a las voces que comenzaron a escucharse en 2012 en la cuenca de Salinas Grandes-Guayatayoc, vecina de la cuenca del Salar de Olaroz. Allí, 33 comunidades originarias crearon en 2015 un documento llamado el Kachi Yupi, que exige que las empresas que quieran instalarse en la zona sigan un protocolo de consulta que respete la cultura de los grupos indígenas.
Pero ese protocolo quedó finalmente en la nada luego de que el gobierno provincial de Jujuy no lo refrendara.
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El año pasado, las comunidades originarias recibieron otro duro golpe.
En junio de 2023, el gobierno de Jujuy aprobó una reforma constitucional exprés. El proceso se realizó en poco más de 30 días sin hacer una consulta pública. La reforma establece que los terrenos fiscales, como los que habitan estas comunidades, podrán expropiarse y emplearse para desarrollos productivos como la minería de litio. Asimismo prohíbe las protestas y manifestaciones que involucren cortes de rutas, uno de los pocos métodos que tenían los manifestantes para hacerse escuchar.
Hay algunas pequeñas señales de cambio. En marzo, en la provincia de Catamarca, luego de que la gente reportara los efectos negativos de la minería de litio en el Río Los Patos, un tribunal prohibió todos los permisos de minería nuevos en el área y ordenó al gobierno provincial realizar un nuevo estudio de impacto ambiental.
Aun así, la voluntad de algunas comunidades se resquebraja. Este año, Lipán, una de las 33 comunidades que firmó el Kachi Yupi, se separó de las demás y permitió que comenzara la exploración para la extracción de litio en sus tierras.
Crecen las oportunidades y el resentimiento
Los informes del gobierno y las compañías mineras “desconocen intencionalmente” el efecto de las actividades mineras en los reservorios subterráneos, dice Díaz Paz, el ingeniero ambiental que ha estudiado del impacto de la minería de litio en la región. Dicen que se explota solo un área, pero esa explotación conduce a una disminución en los caudales superficiales y en el volumen de agua que llega a las vegas, explica.
Otro problema, dice Díaz Paz, es que las mineras usan el término “agua industrial” — acuñado por la propia industria y que no se emplea en ninguna clasificación científica — para referirse al agua dulce que no cumple con las normas para considerarse potable.
Las compañías mineras clasifican esta agua dulce sin tratar — que la gente local emplea para sus animales y cultivos — como “agua industrial”. Por lo tanto, pueden extraerla mientras niegan que están compitiendo con la comunidad.
José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, dice que existen más de 70 puntos de monitoreo alrededor de la cuenca para asegurar que la minería no salinice el agua dulce.
Y reconoce que el agua industrial es la que la gente bebe y usa para sus campos.
“El agua es la misma, sí, por supuesto”, dice.
Antes de la llegada de las compañías mineras, la gente usaba agua tanto dulce como salobre de fuentes locales para beber y para sus animales.
Hoy, muchas de las vegas están secas o han quedado cubiertas por piletas de evaporación. Pero las minas han generado oportunidades de empleo, inversión y servicio telefónico celular, dice una persona residente de Susques, quien prefiere no difundir su nombre para preservar su trabajo como proveedor de las mineras.
Al igual que otra gente del área, dice que las comunidades locales aceptaron a las mineras por necesidad, con la esperanza de que generaran empleo y desarrollo en una zona con economía de subsistencia.
“Las comunidades quisieron hacerle un aporte al país, quisieron generar trabajo, conectarse al mundo”, explica. “Puede que hayamos hecho mal, no lo sabemos”.
La respuesta para esa pregunta es sencilla, dice Pablo Bergese, coordinador de sostenibilidad minera para la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy. Otros esfuerzos por aliviar la pobreza en el área han fracasado, dice. La única manera de desarrollar el área es aprovechar la riqueza minera, agrega.
“La gente se ha desarrollado en cuanto a hogares. Tienen mejores accesorios. Tienen mejores baños. Tienen mejores edificios. Tienen centros comunitarios”, dice Bergese. “El desarrollo lamentablemente impacta al ambiente. Eso es lo que por ahí nosotros renegamos. El ser humano impacta el ambiente en todas sus actividades. La minería es una más, digamos”.
No obstante, mucha gente local se siente rezagada.
José Sajama, líder de la comunidad Abra Pampa, al norte del Salar de Olaroz, es hijo y nieto de mineros, pero tiene una visión muy diferente sobre la minería aquí en la Puna.
“Se han desarrollado minerales en buena parte de la Puna, y ¿por qué la gente sigue pobre? ¿Cuál es el desarrollo? ¿O es desarrollo para quién?”, se pregunta Sajama.
*María Arce, GPJ, contribuyó a este artículo.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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