[contextly_sidebar id=”977854ca7c238adfe691002f13b6dd1b”]Los diputados neoleoneses ordenaron este miércoles 28 de mayo bloquear con guardias la entrada a organizaciones de la sociedad civil al recinto legislativo, denunció Lyz Sánchez de la organización Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), en medio de manifestaciones por la llamada “ley antiaborto” durante el último día de sesiones ordinarias.
“Se nos informó que fue bajo instrucciones del diputado presidente, Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez. De acuerdo al reglamento interno, que las sesiones son públicas. Ese es un derecho que tenemos como ciudadanía,” dijo la vocera de CADHAC en entrevista con Animal Político.
En contraste, sí se dejó pasar a 10 personas de la organización Provida, agrupación a favor de la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado miércoles 21 por el diputado panista Francisco Luis Treviño Cabello y aprobada fast track el pasado viernes 23 de mayo, sólo dos días después, por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales.
“Nosotros fuimos para estar presentes en la discusión de ese tema, pero también, siendo hoy la última sesión del periodo ordinario, introdujimos una iniciativa en el tema de desaparición, un instrumento que se llama declaración de ausencia. Íbamos con un grupo de familiares de las víctimas por que queríamos verificar que se turnara a comisiones. Tampoco nos dejaron pasar. No dejaron pasar a nadie más que a estos diez, acompañadas de dos diputadas, Blanca Lilia Sandoval y Carolina Garza, que están impulsando la propuesta de ley. Ahí hay una cuestión de discrecionalidad y discriminación al resto de los grupos que no dejaron pasar. Ni siquiera en el tema de esclerosis múltiple, y eso que hoy es el Día Mundial de la Esclerosis múltiple.”
Hasta las 4 de la tarde de este miércoles el punto de la aprobación aún no había sido discutida por el Pleno.
La reforma al artículo 1 de la Carta Magna de Nuevo León propone añadir el siguiente párrafo:
El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León.
“Plantea una limitación de los derechos de la mujer”, asegura Sánchez Reyna, en entrevista con Animal Político este martes. “Como reforma constitucional limitaría futuras modificaciones al código penal encaminadas a permitir en otras excepciones la interrupción legal del embarazo o la propuesta de una legislación como la del Distrito Federal” cuenta.
[contextly_sidebar id=”977854ca7c238adfe691002f13b6dd1b”]Una iniciativa de reforma constitucional que será votado hoy a partir de las 11 de la mañana en el estado de Nuevo León está causando preocupación entre grupos de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, pues aseguran, cierra las puertas a iniciativas futuras a favor del aborto en la entidad.
La llamada “ley antiaborto” fue propuesta por el diputado panista Francisco Luis Treviño Cabello el pasado miércoles 21 y aprobada fast track el pasado viernes 23 de mayo, sólo dos días después, por las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales.
[contextly_sidebar id=”52884709df5cb3334cce90e8f519b0d2″]Pese a que la iniciativa señala como antecedentes el acto de privar la vida de las personas, inclusive la del no nacido y por ello estima pertinente que la misma constitución estatal consagre el “derecho a la vida de todo ser humano desde su fecundación hasta la muerte natural”, Liz Sánchez Reyna, de la organización Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), asegura que es reiterativa e innecesaria pues la protección a la vida desde la concepción ya está protegida por el Código Penal de la entidad.
“Lo que sí plantea es una limitación de los derechos de la mujer”, asegura Sánchez Reyna, en entrevista con Animal Político. La organización manifestó su repudio hacia la propuesta de ley este martes a través de un comunicado.
“Como reforma constitucional limitaría futuras modificaciones al código penal encaminadas a permitir en otras excepciones la interrupción legal del embarazo o la propuesta de una legislación como la del Distrito Federal” cuenta.
Además, asegura Sánchez, la iniciativa se justifica aludiendo al artículo 4 del Pacto de San José, que menciona la protección del derecho a la vida, omitiendo que durante su ratificación el mismo estado mexicano señaló que no tomaría dicho artículo de manera rígida pues mantenía la posibilidad de, como estado, decidirlo dentro de sus propias constituciones.
También ignora otras disposiciones internacionales como las observaciones hechas al Estado Mexicano por el Comité por la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU en la que apuntó:
“Al Comité le preocupa que las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos, aún cuando estas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto”.
En este sentido el Comité pidió al Estado Mexicano que “armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal”.
“El Congreso neoleonés tiene que atender las posturas internacionales y no sólo eso, sino no generar obstáculos”, añadió Sánchez.
Este lunes distintas organizaciones ciudadanas se manifestaron a las afueras del Congreso estatal en repudio a la iniciativa, que argumentan viola los derechos humanos de las mujeres. La propuesta también desencadenó desde la semana pasada una protesta virtual en redes sociales con los hashtags #DerechoADecidir y #PorNuestrosDerechos. A través de ella se invita a los neoleoneses a enviar peticiones digitales a los diputados para evitar su aprobación.
Actualmente el aborto está estipulado como delito en los artículos 327- 331 del Código Penal neoleonés; se entiende como la muerte del producto desde la concepción e impone de seis meses a un año de prisión para la mujer que lo lleve a cabo de forma voluntaria o consienta en que otro la haga abortar; impone de uno a tres años de prisión a quien presione a una mujer a abortar; suspende al médico, cirujano, partera o comadrón y únicamente lo permite en el caso de que la embarazada corra peligro de muerte o grave daño a su salud, o cuando el embarazo sea producto de una violación.
El artículo 1 de la Constitución de Nuevo León dice:
El Pueblo nuevoleonés reconoce que los derechos del ser humano son la base y el objeto de las instituciones sociales. Todas las leyes y todas las autoridades del Estado deben respetar y hacer respetar las garantías que otorga la presente Constitución.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Ésta protegerá la integración y el desarrollo de la familia. Cuando la terminología de género empleada en las disposiciones de observancia general sea en masculino, deberá entenderse que se refieren tanto al varón como a la mujer, salvo disposición expresa en contrario.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Aquí puedes consultar la iniciativa íntegra:
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