
Manuel, académico y profesor investigador en El Colegio de México (Colmex) desde 2023 –cuyo nombre fue cambiado para proteger su anonimato— asegura que esa institución lo despidió de manera injustificada, informal y arbitraria, sin respetar los procedimientos establecidos en su propio reglamento.
Esto, tras señalar presunto acoso laboral por parte de la directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, Jéssica Nájera Aguirre, así como el uso de argumentos que considera falsos y ajenos a su desempeño por parte de las integrantes de la Comisión Evaluadora: Claudia Masferrer, Clara Salazar, Lucía Álvarez y Catherine Merkes.
Consultado al respecto, El Colegio de México descartó poder comentar el caso. “El asunto de la no renovación de contrato del profesor en cuestión está en un proceso jurídico, motivo por el cual no se puede emitir una opinión al respecto”, informó mediante su enlace de prensa.
Durante su primer año de contratación, la evaluación de Manuel tuvo un resultado positivo, relata. Sin embargo, un año después, para 2025 la Comisión Evaluadora determinó que esta ya no era favorable.
“En base a una clara discriminación y arbitrariedad en la aplicación de criterios, respecto a evaluaciones de otros compañeros, y a la existencia de falsedades y utilización de pruebas falsas”, señala la queja que el académico ingresó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras no ser escuchado por las propias autoridades de la institución.
En entrevista, explica que luego de saber el resultado de esa evaluación, presentó un primer recurso de revisión, como establece el Reglamento del Personal Académico, ante la Comisión Dictaminadora de El Colegio de México. Sin embargo, como única respuesta recibió la ratificación de la decisión tomada por la Comisión Evaluadora, basada en criterios que él considera discriminatorios y que, afirma, no tomaron en cuenta las pruebas de descargo que presentó.
La evaluación negativa que obtuvo este año se sustentó en la acusación de que trabajó en su anterior institución de forma simultánea que en El Colegio de México desde 2024, sin embargo, sostiene que se trataba de una posición honoraria, sin remuneración económica. La acusación se basó en una biografía desactualizada, de 2022, y en un error en la filiación institucional de un congreso en el que participó.
A ello, se sumó el señalamiento de que en los cuatro artículos académicos que había publicado –el cuádruple de la productividad requerida–, no era el único autor, requisito que no especifican los lineamientos y que no se había argumentado en otras evaluaciones. Además, aseguraron que no había incrementado su participación institucional, sin mostrar criterios medibles y objetivos.
“Antes de que me llegara la evaluación negativa, también me estuvieron poniendo trabas administrativas, haciéndome requerimientos que no estaban en los lineamientos en dos ocasiones, y en la segunda ocasión me negué.
“Les dije: ‘No, esto no está en los lineamientos, no estaba en vigor cuando yo presenté (la evaluación), no voy a atender este requerimiento, continúen con el proceso en la forma que está’, y un poco eso ha sido lo que ha ido pasando: un tema de trabas burocráticas, solicitudes que no estaban en los lineamientos, etcétera, y volviendo al tema de la evaluación, obviamente una evaluación bastante irregular (tanto académica como laboral)”, reclama.
En una carta a las autoridades del Colmex, Manuel señala que los miembros de la Comisión Evaluadora sabían que no era cierto lo que afirmaban y actuaron de mala fe, pues en 2024 él había reportado que tenía una función honoraria, sin sueldo, en su anterior institución, de lo cual aportó los documentos probatorios. En cuanto al error de filiación en el congreso donde participó, asegura que lo había informado previamente por correo electrónico a la directora de su centro y a la presidenta del Colmex.
“La Comisión Dictaminadora no se ha manifestado sobre esta falsedad, ni sobre la actitud negligente de la Comisión Evaluadora en su informe, a pesar de disponer de todas las pruebas necesarias y habiéndoles informado que los hechos constituyen un delito penal, se han limitado a ignorar el tema. La Presidencia de El Colegio de México tampoco se ha pronunciado al respecto después de recibir la carta del día 6 de mayo de 2025, en la que se denunciaban los hechos, se aportaban pruebas y se pedían responsabilidades”, abunda el documento.
De acuerdo con el recurso, tales acciones se describen en los artículos 310 y 310 Bis del Código Penal para la Ciudad de México como relacionadas con el delito de fraude procesal, lo que implica alterar elementos de prueba, antecedentes o cualquier otro tendiente a inducir el error. “Por tanto, la Comisión Evaluadora incurrió en conductas constitutivas de delito con penas de prisión”, precisa el texto.
Previo a su despido, que nunca se formalizó pues solo le fueron cerrados los accesos a sus cuentas y depositado un sueldo incompleto, además de las trabas administrativas, Manuel acusa que también vivió amenazas. En varias ocasiones, la directora de su centro insinuó que no le renovarían la contratación y no le darían la planta, incluso haciendo referencias públicas a que su plaza quedaría pronto disponible.
“Ahí hay una discriminación, porque por un lado los dichos de la Evaluadora no están sustentados con pruebas; yo estoy refutando con pruebas lo que ellos están diciendo y no lo están tomando en cuenta, entonces ahí hay un claro complot entre ellos o una alineación para perjudicarme, y creo que la presidencia y la secretaría académica también están metidas en eso”, apunta.
Las autoridades del Colmex bloquearon, sin previo aviso, el acceso al correo electrónico institucional de Manuel, así como al servidor donde almacena su investigación de los últimos 8 años, lo que constituye –según apunta en los documentos que ha elaborado– apropiación indebida de propiedad intelectual y obstrucción para realizar sus funciones. Más de un mes después, la institución, además, no le ha permitido descargar su trabajo, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones.
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Ante ello, el Sindicato Gremial de Profesores-Investigadores de El Colegio de México emitió un documento en el que exige a la doctora Silvia Giorguli Saucedo, presidenta de la institución, la “corrección inmediata de las graves violaciones cometidas”, que incluyen el bloqueo arbitrario de recursos institucionales y la retención ilegal de su salario, con lo que recibió menos del 50 % correspondiente a su quincena, así como de prestaciones ya ganadas.
Además, el sindicato señala irregularidades en el proceso de evaluación que pueden constituir despido injustificado, como la negativa a activar un recurso de inconformidad para formar una comisión externa tras un dictamen negativo de la Comisión Dictaminadora. También menciona el uso de criterios extraacadémicos y pruebas falsas en su evaluación, por lo que exige la restitución de todos los derechos laborales de Manuel.
“Tenemos un segundo procedimiento de apelación, que en ese tienen que formar una comisión con personas externas a la institución. ¿Qué pasó? Que para que no salieran fuera todas esas irregularidades que habían cometido, no respetaron ese proceso, se lo saltaron e hicieron un despido de forma tácita”, reclama en entrevista Manuel.
Manuel acusa, además, que este tipo de irregularidades son sistemáticas en la institución, pues en los casi dos años y medio que ha estado ahí, ha sido testigo de ese proceder: “Tienen unos lineamientos, luego hacen lo que quieren, abusan de su poder, y después no pasa nada; lo ignoran, y todas las quejas que les llegan y no les interesan, hacen como que no les han llegado, hacen caso omiso, y la única forma en la que acaban haciendo algo es cuando todo escala”.
Refiere explícitamente, como ejemplo, el caso de una promoción entera de estudiantes del Doctorado en Estudios de Población del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colmex, que se enfrentaron, después de expresar un descontento, a trabas administrativas y hostigamiento por parte de la directora del centro y de la entonces coordinadora docente.

“Ha habido varios casos de profesores sin planta a los que se les ha bloqueado la incorporación a labores docentes y posiciones institucionales relevantes, o se les ha negado la definitividad con criterios académicos arbitrarios y subjetivos, como en mi evaluación anual. Las autoridades del Colmex han conocido estas irregularidades y no han actuado para corregirlas, sino todo lo contrario: han operado en contra de las víctimas y protegiendo a los agresores. También uno está un poco harto de ver estas cosas”, subraya.
La respuesta que espera Manuel ahora, después de todos los documentos que ha tenido que promover e ingresar en instancias propias y ajenas a El Colegio de México, de los que Animal Político tiene copia, es que se respete el debido proceso, es decir, que se instale la comisión con expertos externos, sin la suspensión de contratación y salario hasta que eso suceda, como señala la normativa interna, y que se le abra el acceso a su investigación para que pueda al menos descargarla.
En algún punto, dice, el Sindicato de Profesores propuso a las autoridades del Colmex un proceso de conciliación, al que no se opone, pues tampoco está dispuesto a seguir perteneciendo a la institución después de lo ocurrido. Sin embargo, considera que merece una recontratación de al menos un año para tener tiempo de buscar otras oportunidades, y evitar así una disputa judicial. Tras las irregularidades cometidas, está convencido de que el centro educativo al menos podría mostrarse un poco más conciliador.

Desde que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada el pasado 5 de enero, hizo cambios en su círculo más cercano que apuntan a dónde podrá ir su gobierno.
No lleva ni un mes como mandataria de Venezuela, pero el poder de Delcy Rodríguez lleva años forjándose.
La actual presidenta encargada se juramentó el 5 de enero después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, ha cambiado a buena parte de los responsables de ministerios y de puestos cercanos a ella como el Despacho de la Presidencia o el responsable de la Guardia de Honor Presidencial; ha bajado de la primera línea política a fichas de Maduro: se ha reunido con el director de la CIA, Jon Ratcliffe, en Caracas y firmó un acuerdo por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de petróleo.
Incluso ha sido elogiada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Todo mientras denuncia “el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica”, tal y como dijo en su discurso de juramentación en referencia a Maduro y Flores.
Es pronto para determinar el rumbo que tomará Delcy Rodríguez teniendo en cuenta las dinámicas internas tanto de Venezuela como del propio chavismo, así como la naturaleza cambiante de Trump.
Pero se puede sugerir una línea al ver su historial, el círculo de confianza del que se rodea y a quién está dando protagonismo.
Delcy Rodríguez no fue una figura relevante con Hugo Chávez. Tuvo un paso fugaz por el Ministerio de Secretaría de Presidencia, “pero no tuvo las mejores relaciones posibles con él”, cuenta a BBC Mundo Mariano de Alba, investigador venezolano asociado del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos en Reino Unido.
Quien sí tuvo mano desde el principio y logró construir bastantes vínculos en el chavismo fue su hermano, Jorge Rodríguez, quien de un día para otro pasó de escuchar a pacientes en su consulta de psiquiatría a ser el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE); luego fue su presidente, más tarde, vicepresidente ejecutivo y alcalde del Municipio Libertador, la almendra de Caracas. Su hoja de vida se completa con la cartera de Comunicación, diputado de la Asamblea Nacional y, ahora, su presidente.
“Jorge siempre ha sido más público, el que se activó, quien manejó campañas a Chávez. También tiene más beligerancia. La hermana pequeña (Delcy) es más callada, pero esta comparación es injusta. No puedes comprenderlos por separado”, cuenta a a BBC Mundo César Bátiz, periodista y director del medio venezolano El Pitazo.
Bátiz define la relación de Jorge y Delcy con las palabras del investigador ruso Daniel Estulin: “Un dragón de dos cabezas”.
“El mayor aliado de Delcy Rodríguez es su hermano. Tienen una agenda. Los dos han pasado por casi los mismos cargos, salvo que Jorge no tiene experiencia económica. Ambos saben y conocen cómo funciona fuera y adentro. No puedes verlos por separado”, remarca Bátiz.
Andrés Izarra -ministro con Chávez y Maduro que dejó su cargo días después de que metieran preso al opositor Antonio Ledezma, padrastro de su esposa, en 2015-, comparte esta visión: “Jorge acumuló el control legislativo y los canales de negociación. Delcy, la vicepresidencia, la economía, las relaciones exteriores. Cuando había que abrir puertas desde dentro, ellos tenían las llaves”.
Tras la captura de Maduro, ahora los principales poderes del país están en manos de los Rodríguez: ella es la cabeza del Poder Ejecutivo y él, del Legislativo
Izarra califica a los hermanos como “los Fouché de esta historia”, en referencia al político francés que sobrevivió a la Revolución Francesa, al Imperio de Napoleón y a la posterior Restauración. “Su lealtad (la de los Rodríguez) es al poder mismo –a cualquier poder-. No teorizan sobre cómo ejercerlo, tejen cómo sobrevivirlo”.
Hay varios retos por delante para Delcy Rodríguez.
“Los dilemas de la elite autoritaria son múltiples, entre ellos, mantener el control, satisfacer las demandas Estados Unidos y lograr una reconfiguración hacia un ‘chavismo 3.0’ que le permita sobrevivir a esta coyuntura tras la captura de Maduro”, dice a BBC Mundo Maryhen Jiménez, doctora en Ciencias Política por la Universidad de Oxford.
Todo esto mientras hace se enfrenta a una paradoja pues “el chavismo se identificó antimperialita y ahora les toca convivir con el tutelaje de Estados Unidos”, dice Jiménez.
El reacomodo entre actores, con Trump, las diferentes facciones del chavismo y las bases chavistas, “es un equilibrio bastante frágil”.
“Es posible pensar que se van a priorizar perfiles con lealtad personal, que permitan delegar tareas complejas y que permitan transitar este momento”:
La experta en autoritarismos y democratización explica que “necesita hacer concesiones a Estados Unidos, sobre todo en lo económico; a la vez, hay múltiples demandas sociales acumuladas, causadas por el colapso del Estado; así como exigencias de liberalización política, es decir, el cese de la represión de la sociedad y de la oposición”.
Mariano de Alba apunta que el círculo más cercano de Delcy Rodríguez, además de su hermano, es “gente con un vínculo económico y técnico (…) más tecnócrata, pero teniendo como punto de referencia que es el gobierno más tecnócrata al que se podía aspirar dentro del chavismo”.
Uno de los primeros nombres es Félix Plasencia, actual embajador en Reino Unido. La semana pasada distintos medios reportaron que fue enviado por Caracas a Washington para mediar y “avanzar en la reapertura de la embajada de Venezuela”, según reportó The New York Times.
“Plasencia es un hombre de Delcy y de Jorge, no puedes separarlo, sobre todo de ella. Tiene un perfil más limpio, no tiene señalamientos y donde está no puede ser responsable de violaciones de derechos humanos. Es fiel a los hermanos y hará lo que le digan: si tiene que ser moderado, lo será. No es un chavista de los tradicionales, no tienen un verbo tan fuerte”, remarca César Bátiz.
Sobre Plasencia, Mariano de Alba dice que es “una persona con conexiones en el mundo empresarial e internacional”.
Delcy Rodríguez fue la encargada de la política económica con Maduro en la última etapa y a la que se le atribuyó una liberalización que alivió parcialmente la crítica situación del país.
Y lo económico parece ser prioritario en esta nueva etapa.
En ese sentido, otro miembro de su círculo es Calixto Ortega Sánchez, nombrado vicepresidente sectorial de Economía. Antes fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Según De Alba, “educado fuera de Venezuela, es una persona muy bien conectada, conoce bien el tema económico y lo maneja con cierta destreza”.
Otros nombres que destaca De Alba dentro del tema económico son Héctor Silva, poco conocido, “abogado especialista en negocios internacionales que viene manejando el tema de la industria minera en el sur de Venezuela”.
Román Maniglia, “presidente de Pequiven -corporación del Estado encargada de producir y comercializar petroquímicos- , fue presidente del Banco Venezuela y una ficha clave de Delcy Rodríguez”.
Así como Anabel Pereira, abogada y economista, vicepresidenta del BCV y ministra de Economía y Finanzas, cargo que empezó con Maduro “gracias a que Delcy le convenció de esa designación”.
“Si veo los nombres en su conjunto, diría que son personas bien preparadas, profesionales, enfocadas no tanto en lo ideológico del chavismo, aunque sí son chavistas, sino más bien en conseguir resultados económicos”, remarca De Alba.
Entre los últimos nombramientos que ha hecho Delcy Rodríguez en los últimos días está el de Gustavo González como Comandante General de la Guardia de Honor Presidencial y máximo responsable de la Dirección General de la Contraniteligencia Militar (DGCIM).
Como explica César Bátiz, “ahora es la mano militar más fuerte de Delcy”, aunque antes, como también apunta el periodista, “era reconocido como persona fiel y gran amigo de Diosdado Cabello”, ministro de Interior. “Ahora, sin embargo, juega a cuadro cerrado con ella”, agrega.
González fue el responsable del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fue sancionado por Estados Unidos en 2015 durante la presidencia de Barack Obama como “responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos”.
Otro nombre que no es nuevo es el de Juan Escalona, quien fue edecán de Chávez y miembro cercano al círculo de Maduro. En los ataques de Estados Unidos del pasado 3 de enero se creyó en un primer momento que había fallecido. Ahora es quien asume el Despacho de la Presidencia.
“No es un cargo pequeño. Tiene mucho acceso y eso es muy extraño. Puede ser un premio de consolación o también puede ser por guardarlas formas. Yo lo menciono como uno de los posibles traidores a Maduro, porque conocía muchos detalles de él”, señala Bátiz.
Otro nuevo nombramiento fue del Miguel Pérez Pirela como ministro de Comunicación, alguien considerado como uno “de los funcionarios afrancesados”. La propia Delcy se formó en Francia y Reino Unido.
“Una elección que puede ser porque, por un lado, tienen pocos cuadros en comunicación y, por otra, que ella (Rodríguez) trate de mostrarse como más moderada. Está en campaña y puede estar buscando ideas frescas”, dice Bátiz.
Cabe recordar que, además de presidenta, Delcy Rodríguez aún ostenta la vicepresidencia ejecutiva y es ministra de Hidrocarburos. Y al control del Ejecutivo, se suma la alianza en el Legislativo con su hermano Jorge al mando.
Pero, además, por los cargos que ostentó antes Jorge, también tienen aliados dentro de otro poder clave: el electoral.
La ONG Transparencia Venezuela publicó un informe que detalla los vínculos de la actual mandataria. Señala como su principal aliado al rector y vicepresidente del CNE, Carlos Quintero Cuevas, “quien ingresó en el ente electoral en septiembre de 2004, mientras Jorge Rodríguez era rector principal”.
En esos movimientos, una de las caídas que destacan es la de Álex Saab, controvertido empresario que estuvo preso en EE.UU. acusado de blanqueo de dinero, devuelto en un intercambio de presos y, hasta ahora, ministro de Industrias y Producción Nacional.
Bátiz destaca la salida de esta figura “muy vinculada a Maduro, protegido de él” como un mensaje para el exmandatario.
“Si yo fuera Maduro y tuviera la esperanza de que Delcy y Jorge me fueran a sacar del brete en el que estoy, este movimiento es un muy mal mensaje”.
Para Izarra esta salida “puede leerse como una concesión (a EE.UU.), pero también como una bomba de tiempo que Washington puede detonar cuando quiera. Saab suelto también es Saab que sabe demasiado”.
Las razones detrás de estos cambios, “hechos en muy poco tiempo”, como señala De Alba, buscan “un cierto reacomodo con mucho énfasis en el tema económico, sin poder desmontar el tema militar e ideológico”.
“¿Estamos ante un “chavismo 3.0″? No sabemos qué rumbo tomará, pero podemos anticipar una adaptación a esta nueva realidad, que intentarán navegar para mantener el control y resistir. El chavismo pretende seguir existiendo para darse contiuidad histórica”, señala Jiménez.
Para Izarra, el objetivo de la nueva formación de Delcy Rodríguez es “sobrevivir”, por lo que “no puede darse el lujo de rodearse de gente leal a Maduro o con agenda propia”.
Mariano de Alba apunta que hay diferencia con la vieja guardia militar chavista en este círculo de poder y que el objetivo es “conseguir resultados, dar una mayor garantía de mejor administración, mejor eficiencia, mejora económica y, con ello, usar los ingresos para fines políticos, para recuperar tanto la popularidad como estar en una mejor posición electoral”.
Izarra señala que entre los retos que tendrá que afrontar en esta nueva etapa será “mantener el equilibrio con Diosdado Cabello, que controla el aparato de seguridad y puede desatar el caos si decide que le conviene; satisfacer a Washington sin perder la fachada de soberanía que necesita para sobrevivir internamente y evitar la presión popular o de la oposición que encuentren un hueco para desafiarla”.
Aunque diferente, De Alba no señala a Delcy Rodríguez como moderada: “Quienes la conocemos sabemos que tiene un perfil bastante combativo. Ahora, dentro del chavismo sí que representa un ala que no es la más ideologizada y su facción es la más abierta a negociar ciertas concesiones; quiere enfocarse en estabilizar la economía”.
Rodríguez está aún sancionada por la Unión Europea por acciones contra la democracia y el Estado de Derecho, por violaciones de derechos humanos y represión de la sociedad civil y la oposición en el país.
La nueva presidenta parece haber iniciado cambios que satisfacen a Trump. Y a la vez dice que defiende el regreso del “secuestrado” Maduro. Un equilibrio difícil que muestra, como dice Jiménez, que Venezuela está en “un momento incierto, también para el gobierno”.
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