Infancias en México inician 2026 entre incremento de pobreza, desapariciones, trabajo infantil y rezago educativo: Redim
El panorama para las niñas, niños y adolescentes al inicio de 2026 es de “violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos”, principalmente quienes pertenecen a grupos indígenas, migrantes y mujeres, lo que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) contraviene los estándares internacionales a los que se encuentra sujeto el país.
Un balance presentado por la REDIM subrayó que ha habido un aumento en la pobreza infantil indígena, que prevalece la violencia contra niñas y adolescentes, así como una crisis de desaparición y de inseguridad que afecta a la niñez de México, en un contexto de reducción progresiva del gasto público destinado a este grupo de población.
Al respecto, niños y adolescentes consultados por la REDIM señalaron que hay una invisibilización en la que se les excluye de la toma de decisiones acerca de las políticas y acciones que les afectan, lo que afirmaron “vulnera nuestros derechos y el acceso a su garantía, por eso proponemos que se nos incluya y nos tengan en cuenta para que nuestra voz ayude a cambiar y mejorar lo que hace falta para que estemos mejor”.
Infancias desiguales en recursos y acceso a derechos
El análisis de la REDIM destacó que entre 2022 y 2024, la pobreza entre personas indígenas de 3 a 17 años aumentó de 82.3 % a 84.8 %, a diferencia de la población de la misma edad no indígena, donde el porcentaje disminuyó 8 %.
Para la organización, estos datos “son un duro recordatorio de que las niñas, niños y adolescentes indígenas se encuentran en una profunda desigualdad“, lo que afecta su alimentación, educación, salud, vivienda y protección social, sin que estas problemáticas “sean atendidas de manera efectiva”.
En estados como Yucatán, el balance planteó que “es un paraíso sólo para quienes pueden pagarlo”, pues en 2022 Coneval registró que 28 de los 106 municipios tuvieron un incremento en el porcentaje de población en pobreza extrema, y otros 44 de las personas en situación de pobreza. En el caso de los menores de 18 años, entre 2016 y 2020 pasó de 53.3% a 55.8%.
Otra de las expresiones de la desigualdad fue la expresada por las personas con discapacidad. Diego, de 16 años, lamentó que “las barreras no están en mi cuerpo, sino en los espacios, las decisiones y en la forma en que la sociedad sigue diseñando un mundo que no piensa en todas las personas”, desde las escuelas hasta los espacios públicos y de servicios de salud.
Ante este panorama, la REDIM expresó su preocupación debido a que el presupuesto de 1.1 billones de pesos destinado a niños, niñas y adolescentes para 2026 es “significativamente menor al observado en 2015” en términos relativos al porcentaje del total de recursos federales para este rubro, lo que implica una disminución progresiva que “evidencia una pérdida de prioridad fiscal para la garantía de sus derechos”.
A pesar de que el presupuesto para 2026 es 5% mayor en términos reales al que se tuvo el año previo, “resulta insuficiente para revertir las brechas persistentes en el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en un contexto marcado por múltiples crisis sociales, económicas y de seguridad”.
Migración, desplazamiento forzado y delitos contra niños y adolescentes
Entre enero y octubre de 2025, el número de niños y adolescentes en situación migratoria irregular disminuyó 88.6 % respecto del mismo periodo de 2024, lo cual “no puede interpretarse como una mejora sustantiva en la garantía de derechos”, afirmó REDIM, sino como resultado del endurecimiento de la política de Estados Unidos y los cambios introducidos a partir de la llegada de Trump, lo que ha dejado a esta población “en un mayor estado de indefensión, separación de sus familiares y falta de reconocimiento de la protección internacional”.
Asimismo, sostuvo que existe un mayor número de niños en desplazamiento forzado interno, principalmente de menores de edad de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, quienes “huyen de la violencia del crimen organizado hacia otras entidades del país”. Hasta 2020, 264 mil 411 personas habían migrando dentro de la república a causa de la inseguridad delictiva, entre los cuales las infancias y adolescentes representaban más del 26 %.
En cuanto a los delitos en su contra, el informe apuntó que en 2025 se cometieron mil 991 homicidios de personas entre 0 y 17 años, la mayoría ocurridos en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, lo que es 11.5 % menos de los que ocurrieron el año previo; sin embargo, “la reducción estadística no puede interpretarse como una mejora, cuando niñas y niños siguen siendo víctimas de la violencia armada, crimen organizado, violencia familiar y omisiones institucionales.
Un ejemplo de esta violencia citado por la REDIM fueron los casos de Alexa y Leidy de 7 a 11 años, quienes fueron asesinadas el 6 de mayo en Badiraguato, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre civiles y fuerzas de seguridad, y por quienes la CNDH emitió la recomendación 201VG/2025, donde reconoce que perdieron la vida como consecuencia del uso indebido de la fuerza por parte de elementos militares.
También se dieron 58 feminicidios de menores de edad, como el de Leticia, de 3 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un domicilio de Chimalhuacán, Estado de México. Aunque la cifra fue menor en comparación con 2024, cuando ocurrieron 73, la reducción “sigue siendo insuficiente, pues las mujeres y niñas continúan sufriendo violencia machista y patriarcal“, denunció la asociación.
Las desapariciones forzadas, por otro lado, fueron mencionadas como una crisis que afecta a las infancias como víctimas o personas que deben convertirse en “buscadoras”. Durante 2025 se registraron 10 mil 707 reportes de niños y adolescentes desaparecidos, de los cuales 2 mil 856 continúan sin ser localizados.
También se visibilizó el que continúan ocurriendo matrimonios infantiles y uniones tempranas y otros delitos como secuestros, trata de personas y extorsiones que afectan a quienes tienen entre 0 y 17 años.
REDIM pide acciones y presupuesto a favor de la niñez
La REDIM entregó este martes, Día de los Reyes Magos, el balance a autoridades, junto con una serie de recomendaciones entre las que destaca la solicitud de que se tenga como prioridad el interés superior de la niñez y que se destine un presupuesto suficiente para políticas públicas en favor de este grupo de población, así como la prevención y atención de la violencia, las desapariciones y la criminalización de los menores de edad.
La actualización de leyes para prevenir y sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y la garantía de acceso a la justicia en caso de ser víctimas de violencia, así como el reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de derecho y la promoción de una cultura de cuidado, paz y corresponsabilidad también estuvieron entre las solicitudes de los defensores.
“Frente a este escenario es importante seguir impulsando el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes para construir políticas públicas pertinentes, eficaces y respetuosas de su dignidad”, concluyó la organización.
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A última hora de la tarde del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos ha puesto todos los ojos sobre la figura de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva escogida por el mandatario como su mano derecha.
A última hora de la tarde del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que sea ella quien asuma la jefatura del Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
En un comunicado, la presidenta de la Sala Constitucional del tribunal, Tania D’Amelio, argumentó que la Constitución atribuye al vicepresidente la función de suplir las faltas temporales o absolutas del presidente, como la que atraviesa actualmente el país.
La magistrada se refirió a la operación militar estadounidense que resultó en la detención de Maduro y su esposa como un “secuestro” y una “agresión extranjera”.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”, señalaba el comunicado.
Horas antes del pronunciamiento del TSJ, Rodríguez, en mensaje televisado desde Caracas, también condenó la acción de EE.UU. y calificó la captura de Maduro y su esposa de “secuestro ilegal e ilegítimo”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró Rodríguez, durante una alocución que dio al país en cadena nacional de radio y televisión.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez, quien llamó a sus compatriotas a salir en defensa de su país y afirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
Con esas palabras respondió a lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la primera rueda de prensa tras la captura de Maduro.
En la comparecencia convocada para explicar la operación militar realizada este sábado, Trump ya sugirió que Rodríguez podría ser la persona que estaría al frente del gobierno tras la salida de Maduro, pero que trabajaría alineada con el gobierno de EE.UU. en la recuperación de Venezuela.
El mandatario estadounidense aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y dio a entender que aparentemente ella estaría dispuesta a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, apuntó.
Sin embargo, poco después de la rueda de prensa de Trump, Rodríguez realizó una alocución en cadena nacional de radio y televisión en la que ratificó su posición de considerar a Maduro como “el único presidente de Venezuela”, denunció su captura como un “secuestro” y agregó que Venezuela “no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”.
Estas últimas declaraciones son coherentes con la Delcy Rodríguez a quien Maduro ha calificado en el pasado como “tigresa”, por su defensa del proyecto de socialismo bolivariano.
De hecho, quienes la conocen suelen decir que es “muy inteligente”, pero también que es “dogmática”.
Pero ¿quién es realmente Delcy Rodríguez?
Linaje político de izquierda
Delcy Rodríguez lleva la política en los genes.
Esta abogada de 56 años es hija de Jorge Antonio Rodríguez, quien fue guerrillero en la década de 1960 y murió bajo custodia policial en 1976, luego de ser detenido por su vinculación con el secuestro de William Niehous, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense que operaba en Venezuela.
El fallecimiento de Rodríguez causó conmoción en la opinión pública, pues se produjo debido a las torturas y malos tratos a los que fue sometido por las autoridades policiales.
Esa muerte se convertiría en parte de la motivación que llevaría a Delcy a estudiar Derecho, carrera que cursó en la Universidad Central de Venezuela y que, luego, prosiguió con estudios de Derecho Laboral y Sindical en Francia.
“Tomé una decisión de hacer justicia en el caso de mi papá y entré a la escuela de Derecho. Allí inmediatamente apliqué para ser auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Penales”, comentó una vez ella.
Ese suceso también habría influido en su acercamiento a la política. “La revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal”, dijo en una entrevista en 2018, aunque aseguró que no actuaba movida por el odio.
De Chávez a Maduro
Al igual que su hermano mayor, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez comenzaría su escalada en la jerarquía política durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando llegó por primera vez al gabinete para ocupar por unos meses el Ministerio del Despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la llegada de Maduro al poder cuando ocupó numerosas posiciones en la cima del Poder Ejecutivo. Inicialmente, fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía y canciller.
Y, en los últimos tiempos, ascendió hasta la vicepresidencia ejecutiva, cargo al que además le ha sumado las responsabilidades de ministra de Hidrocarburos.
También fue la primera presidenta de la polémica Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017, un cargo de gran relevancia pues -al menos en la teoría jurídica- disponía de más poder que la presidencia, por ser considerado un órgano con carácter supraconstitucional.
Al igual que su hermano Jorge, Delcy ha sido una pieza fundamental que el gobierno de Maduro ha usado como operador político tanto fuera como dentro de Venezuela.
“Delcy trabaja en dúo con su hermano. Ella es un poco menos intelectual, más operativa. Son personas bien formadas que han ocupado un vacío como consecuencia del abandono absoluto de gente capaz que ha habido en el gobierno”, opinó el politólogo Nícmer Evans en entrevista con BBC Mundo en 2024
Agente diplomático
Delcy Rodríguez ocupó formalmente el cargo de ministra de Exteriores de Maduro entre 2014 y 2017, pero más allá de detentar el cargo, ella nunca ha dejado de ser una de las caras visibles del gobierno tanto dentro como fuera de Venezuela.
De hecho, en los últimos años durante los cuales Maduro redujo sus viajes al exterior, ella ha sido una operadora clave en las relaciones con países aliados como Turquía, China o Irán.
En la escena internacional, Rodríguez también ha protagonizado varios incidentes como cuando en 2016, siendo canciller, intentó ingresar a una reunión del Mercosur en Buenos Aires, luego de que Venezuela hubiera sido excluida del bloque.
Años más tarde, ocurriría lo que la prensa española llama el “Delcygate”, una polémica que estalló luego de que la madrugada del 20 de enero de 2020, Rodríguez aterrizara en un avión privado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde se reunió durante algunas horas con el entonces ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, a pesar de que sobre ella pesaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen emitida por Austria.
Rodríguez es una del medio centenar de altos funcionarios venezolanos sobre quienes la UE ha impuesto sanciones debido a las violaciones de los derechos humanos y al deterioro de la democracia en Venezuela.
Fue sancionada por EE.UU. en 2018, cuando el Tesoro de ese país impuso también este tipo de medidas contra su hermano Jorge Rodríguez, así como contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y la primera dama, Cilia Flores.
Entonces, como ahora, Delcy Rodríguez ha rechazado este tipo de medidas y ha cuestionado de forma abierta estas políticas estadounidenses.
Así pues, pasar de eso a ser el supuesto instrumento de Trump para una transición post-Maduro en Venezuela puede exigirle unas dotes de contorsionismo político de esas que solamente pueden lograrse bajo la presión de las realidades más tozudas.
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