Gobierno federal descarta hacer encuesta sobre uso de drogas que se realizaba cada cinco años
El miércoles 19 de enero el vocero presidencial, Jesús Ramírez, anunció el relanzamiento de la campaña para “prevenir las adicciones” que se centraría en advertir sobre los efectos del consumo de drogas y, también, de videojuegos.
Ante la enumeración de acciones realizadas en los últimos años una reportera le preguntó por la “reducción de la demanda” lograda con estas iniciativas. Y Ramírez no fue capaz de contestar. Habló sobre la red de apoyo establecida por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y sobre revisiones en anexos, los centros de rehabilitación irregulares, pero eludió dar cifras sobre demanda o consumo. No pudo ofrecerlas porque no existen.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a reeditar la encuesta sobre uso de drogas y tampoco tiene previsto elaborarlos en un futuro próximo, a pesar de que este año debía haberse realizado la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat). Este estudio se realiza cada cinco años aproximadamente desde 1998, aunque depende de la voluntad del gobierno.
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El último Encodat se publicó en 2017 con datos de un año antes. Se trata de un cuestionario que sirve para conocer las tendencias de la población en uso de alcohol, tabaco y estupefacientes. La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), confirmó a Animal Político que no tiene previsto reeditar este informe “en un futuro próximo” y argumentó razones presupuestales: una encuesta de estas características cuesta aproximadamente 150 mdp, por lo que no es compatible con las políticas de austeridad promovidas por el presidente López Obrador.
Es decir, que los últimos datos sobre uso de alcohol, tabaco, mariguana, cocaína u otro tipo de sustancias fueron recabados hace seis años. En este tiempo han ocurrido hechos importantes. Por ejemplo, las iniciativas para la regulación del cannabis, todavía en trámite legislativo. Además, existen fenómenos que se han desarrollado como la proliferación del fentanilo, que en EU ya mata a más de 100 mil personas al año, o la expansión del uso de la metanfetamina, especialmente en estados con presencia del crimen organizado como Baja California, Michoacán o Guanajuato.
“Conocer los datos es importante”
En opinión de expertos que trabajan en el ámbito de la reducción de riesgos, renunciar a disponer de datos actualizados dificulta la posibilidad de poner en marcha políticas que aborden la problemática con base en los hechos. “Conocer los datos y la prevalencia del consumo de sustancias es sumamente importante. Son datos que no solo requerimos para diseñar políticas públicas sino que tenemos que estar emitiendo a las instancias internacionales para que ellos puedan hacer sus estimaciones a nivel global”, dijo Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA, una ONG que promueve políticas sobre drogas basadas en la justicia social.
En opinión de Angélica Ospina, catedrática del Conacyt adscrita al programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), ante la falta de datos objetivos con los que trabajar políticas públicas se deja espacio al “prejuicio y la ideología”. “Me parece grave que se desestime un instrumento como este, con todas sus limitaciones”, dijo Ospina.
“La utilidad tiene que ver con dinámicas de uso de droga. En Colombia se hace y se diferencia el consumo problemático del no problemático. En México es muy importante por el debate sobre la regularización del cannabis”, explicó Adriana Muro, de la ONG Elementa.
“Las dinámicas están cambiando. En el norte, por la presencia del fentanilo. El cristal se está posicionando en el centro del país y tiene que ver con la presencia del crimen organizado. No es lo mismo tratar el cristal que la cocaína o el cannabis”, dijo.
Para Conadic, aunque no se vaya a elaborar la encuesta, hay herramientas que sirven para medir la prevalencia del uso de drogas, como los estudios estatales, la información que proporcionan la secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía General de la República (FGR), la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ESANUT). A “mediano plazo”, sin embargo, podría realizarse la Encodat nuevamente.
“Discurso estigmatizante”
La política sobre drogas del gobierno de López Obrador arrancó con la promesa de abandonar la perspectiva de seguridad y sustituirla por una de salud pública. Para ello, puso al frente de Conadic al doctor Gady Zadicky, un reconocido psiquiatra con amplia trayectoria en programas de reducción de riesgos. Sin embargo, el mensaje que mantiene el gobierno es, a juicio de los expertos, “estigmatizante”. “Se dijo que se iba a cambiar la narrativa pero se mantiene la misma. Parece que quieran seguir vendiendo la militarización y el control”, dijo Angélica Ospina.
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Durante este sexenio se está desarrollando el debate sobre la legalización del cannabis. En opinión de Ospina, la encuesta serviría para poner a prueba los discursos que dicen que la regularización de la planta provoca un incremento en su consumo.
“El gobierno empieza a decir cosas sin poder saber si lo que dice es correcto. Sobre el fentanilo solo tenemos los datos de laboratorios o incautaciones, pero no tenemos información acerca del consumo. ¿El uso del cristal ha aumentado? ¿Cuánto? ¿En qué estados?” se pregunta Zara Snapp. En opinión de la activista, la administración no ha camibado de línea de actuación y no ofrece “servicios de reducción de daños” para quien desarrolla un consumo no problemático, mientras que la oferta es “muy pobre” en los casos con uso problemático.
Animal Político recorrió diversos anexos de Guanajuato para la realización de un especial que dejó patente el abandono de estos centros, que subsisten bajo amenaza de los grupos del narcotráfico. Jesús Ramírez aseguró que se estaban revisando los locales. El medio consultó a su oficina sobre cuáles eran estos trabajos y dónde se habían realizado pero no recibió respuesta.
“Sin conocer datos vamos a seguir perpetuando los estereotipos y reportando que el consumo es el mismo cada año”, dijo Snapp, quien señaló que, como alternativa al Encodat, se está realizando la encuesta del Global Drug Survey, a la que puede sumarse cualquier persona que en el último año haya tomado alcohol, mariguana o cualquier otra droga y que puede consultarse aquí.
Según los datos de 2016, el 10.2% de los mexicanos había consumido alguna droga en su vida. Esta cifra se reduce hasta el 2,9% si se pregunta por el último año y 1.5% en el último mes. Sin embargo, apenas el 0.6% presentaba dependencia de alguna sustancia ilegal. El 8.5% de los encuestados fumó mariguana en alguna ocasión en su vida y el 3.5% probó la cocaína.
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Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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