Ante la creciente problemática de detenciones de personas extranjeras y devoluciones arbitrarias en los aeropuertos de México, este lunes la organización Sin Fronteras pondrá en marcha la campaña #VocesAeropuertoMx, con la finalidad de tener un mejor registro de casos, facilitar su difusión en redes sociales y dar información sobre vías formales de denuncia.
“Hemos visto muchas detenciones y devoluciones arbitrarias que se justifican por algún tipo de alerta migratoria o algún problema en la segunda revisión ante migración; es algo que nos preocupa muchísimo en Sin Fronteras porque ahí hay también personas que eran sujetas de protección internacional que nunca lograron entrar a un procedimiento ante la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) para verificar si requerían ayuda”, explica Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación e incidencia de la agrupación.
La activista precisa que mediante las redes sociales de Sin Fronteras diariamente llegan solicitudes de ayuda de personas extranjeras que no tienen noticia de sus familiares que viajaban a México; en promedio, ascienden a cuando menos 10 al día. Entre ellas, se han vuelto comunes las de estudiantes, turistas o académicos que permanecen en el aeropuerto más de uno o dos días, incluso con menores de edad.
Animal Político publicó a principios de este año que las devoluciones de personas que llegan al país por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se triplicaron en los últimos cinco años, mientras que en el aeropuerto de Cancún desde 2021 se registra un promedio mensual ocho veces mayor que en 2017.
A lo largo de 2022, este medio documentó casos de académicas y turistas devueltos o retenidos por periodos superiores a los previstos en la ley, en condiciones precarias, en ambos aeropuertos. Así le sucedió a dos académicas brasileñas detenidas y deportadas en el AICM, a la turista Ruth Flores durante una escala de regreso a Nicaragua, así como a una pareja y un periodista colombiano que viajaban a México con fines turísticos.
Meses después, en los primeros días de febrero pasado, el académico y profesor brasileño Diego de Oliveira Souza fue detenido, separado de su familia, incomunicado y deportado desde el AICM, luego de arribar a la capital para iniciar una estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Desde 2017, las nacionalidades colombiana y venezolana ya ocupaban los primeros lugares, pero a partir de 2019 las devoluciones de personas peruanas, ecuatorianas y brasileñas pasaron de contarse por centenas en años anteriores a sumar miles para 2021 y 2022, mientras el número de inadmisiones para las dos primeras llegó a quintuplicarse. En el transcurso de esos cinco años también se hicieron evidentes altas tasas de rechazo en otros países.
Por ello, ante la necesidad de visibilizar el actuar del Instituto Nacional de Migración (INM) en aeropuertos, la campaña de Sin Fronteras no solamente se enfocará en la comunicación, sino que consistirá en la habilitación dentro de su app Contigo Sin Fronteras, a partir de hoy, de la nueva sección Exprésate en la entrada, dedicada a detenciones en aeropuertos —una de las más consultadas—, donde aparecerán las instrucciones para seleccionar mensajes predeterminados por la plataforma para publicaciones en redes sociales con arroba al INM, el Conapred, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de México.
“Arrobamos también a la CNDH, y para temas de discriminación, de perfilamiento racial, a Conapred, y lo que estamos buscando es que estos mensajes predeterminados la gente los modifique, si es necesario, pero que siempre quede el arroba y el hashtag que estamos creando; lo que queremos es que se vaya generando un trending topic”, explica Rivero.
Esto, debido a que muchas personas tienen la intención de quejarse ante el gobierno mexicano pero no saben cómo hacerlo. Otro objetivo importante, añade Rivero, es el informativo, que la gente sepa cuáles son los procedimientos a seguir para reclamar por vías formales.
La plataforma solicitará a las personas únicamente cuatro datos: género, aeropuerto donde ocurrieron los hechos, edad y nacionalidad. No se pedirá ningún dato personal, pues la estadística solo tendrá el objetivo de que, mes con mes, la organización pueda tener un registro más preciso de cuántas personas se quejan por detenciones o devoluciones arbitrarias.
“Además de recabar los datos, les vamos a proporcionar qué hacer: qué pasa si detienen a un familiar, si me detienen a mí, si me devuelven; explicamos con pasos muy sencillos qué hacer, por ejemplo, para presentar una queja ante la CNDH en casos en los que las personas ya llevan días”, señala Rivero.
Por ejemplo, Sin Fronteras tuvo conocimiento reciente de una mujer venezolana que llegó para solicitar asilo por una situación de salud y permaneció 21 días encerrada en el aeropuerto. En estos casos, de buena fe, personas que habían sido retenidas por un tiempo menor al salir dieron aviso a sus familiares de haberla visto.
En este y otros momentos, Sin Fronteras ha descubierto que las redes sociales resultan una vía efectiva para presionar a las autoridades mexicanas, por lo cual estas serán una parte central de #VocesAeropuertoMx.
La organización reconoce que el Estado mexicano sí tiene derecho a determinar el ingreso o no de personas a territorio nacional, pero no mediante la violación de sus derechos. Entre los casos reportados, quienes han vivido detenciones y deportaciones arbitrarias señalan retenciones mayores a cuatro horas —el máximo que prevé la ley—, incomunicación y retiro de teléfonos celulares.
“A veces sus medicinas se quedan en la maleta, no pueden tener acceso a comida, a salud… por ejemplo, en la pandemia, nos enterábamos que estos cuartitos estaban llenos de personas, mujeres embarazadas, e incluso tenemos reportes, aparte de muchos niños adentro, de casos que nos narran que hubo personas que fallecieron en detención en estos espacios, que no hablan español y que no tienen acceso a intérpretes”, relata la activista.
Aunque las solicitudes que Sin Fronteras recibe al día son al menos 10, durante vacaciones llegan a incrementarse incluso a 20 diarias, por la detención y devolución igualmente creciente de turistas.
“Nosotras no nos estamos dando abasto, porque tenemos que informarle a las personas cuáles son sus derechos y cómo acercarse a la CNDH; entonces, esto (la nueva campaña) nos permite explicarles mediante la plataforma —que va a tener videos con cada paso—, y que la gente tenga mucha claridad de cuáles son sus derechos incluso antes de entrar a México”, agrega.
La organización también ha detectado el incremento en nacionalidades específicas a partir de ciertas coyunturas. En este momento, por ejemplo, están arribando al país muchas personas de origen peruano, ecuatoriano y nicaragüense, por lo que existe la impresión de que para ciertas nacionalidades ya hay incluso una “cuota” de devoluciones.
“Además, antes esto no pasaba tanto pero ahora sí los extorsionan, les dicen que tienen que pagar para poder salir o, si no, los mandan a una estación migratoria, que eso es lo que puede pasar con las personas sujetas a protección internacional, para seguir su procedimiento, porque por ley no pueden estar supuestamente más de cuatro horas dentro de estas estaciones provisionales en el aeropuerto”, agrega.
Del mismo modo, Sin Fronteras ha recibido más casos de personas turcas, rusas y pakistaníes. Para la asociación, las prácticas de perfilamiento racial por parte de los agentes migratorios son evidentes, así como factores socioeconómicos y de género, pues tienen un registro mayoritario de mujeres.
Además, como lo denunció desde mediados del año pasado, siguen acusando opacidad del INM. Sin Fronteras lleva prácticamente tres años solicitando la entrada a los espacios de segunda revisión en aeropuertos, con la finalidad de hacer un monitoreo quincenal como el que lleva a cabo en estaciones migratorias.
“Los únicos que nos pueden ayudar cuando las personas están en un cuartito en un aeropuerto es la CNDH, porque son los únicos que pueden entrar a esos espacios. Nosotros hemos estado diciendo que necesitamos que haya información, presencia, pero no se nos ha permitido ni a nosotros ni a ninguna organización civil el acceso a estos espacios”, lamenta Rivero.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU empezó a informar a extranjeros con permiso de entrada al país bajo el programa de parole humanitario que este ha sido cancelado.
A cientos de miles de inmigrantes a quienes se les dio un permiso especial para ingresar a Estados Unidos se les está notificando que deben abandonar el país de inmediato.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a enviar notificaciones de terminación a los extranjeros con permiso de entrada a Estados Unidos (EE. UU.) bajo el programa de parole de la era Biden para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV)”, informó esa entidad gubernamental en un comunicado, el jueves.
“Los mensajes les informaron a los inmigrantes ilegales que su parole había sido cancelado y que su autorización de empleo, basada en el parole, había sido revocada, con efecto inmediato. Estas notificaciones se enviarán a las direcciones de correo electrónico proporcionadas por los solicitantes”.
Bajo el mecanismo del parole humanitario, un grupo de ciudadanos de esos cuatro países estaban temporalmente protegidos de la deportación.
El DHS dijo que a más de medio millón de personas de los cuatro países se les permitió permanecer en Estados Unidos durante dos años bajo las órdenes emitidas por el entonces presidente Joe Biden.
Se espera que la instrucción enfrente desafíos legales de quienes se oponen al programa de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Durante su mandato, Biden amplió la protección, que se denomina parole humanitario y se remonta a la Guerra Fría, debido a las condiciones en cada uno de los cuatro países.
El parole humanitario es una figura legal con una larga historia y ha sido utilizada por gobiernos de distinto signo en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas siete décadas, recordó el Comité Internacional del Rescate, una organización fundada en 1933 por Albert Einstein para ayudar a refugiados a conseguir protección en otras tierras.
El DHS había dicho anteriormente que hasta finales de noviembre de 2024, un total de 531.670 personas recibieron un permiso para permanecer en Estados Unidos bajo el programa, y que, como resultado, los cruces ilegales de ciudadanos de los cuatro países habían disminuido en un 98%.
Sin embargo, no está claro exactamente cuántas personas se verán afectadas por la nueva medida, ya que algunos de los inmigrantes de esos países pudieron haber adquirido un estatus legal para permanecer en Estados Unidos bajo otros programas de visas.
El gobierno de Biden había dicho que los inmigrantes, cada uno de los cuales requería un patrocinador que estuviese en Estados Unidos, fueron evaluados y verificados. Sin embargo, el gobierno de Trump no estuvo de acuerdo.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, calificó el programa de la era Biden de “desastroso” y en un comunicado dijo que abrió la puerta a reclamaciones fraudulentas y delitos y que socavaba a los trabajadores estadounidenses.
El programa se convirtió en un tema durante la campaña presidencial del año pasado, particularmente cuando Trump y sus aliados centraron la atención en ciudades como Springfield, Ohio, que en los últimos años ha visto una gran afluencia de inmigrantes haitianos, a muchos de los cuales se les permitió permanecer en el país bajo el programa.
Trump y otros líderes hicieron declaraciones incendiarias sobre los inmigrantes haitianos, como, por ejemplo, que comían mascotas, sin ningún tipo de evidencia.
Sin embargo, el compañero de fórmula de Trump, el ahora vicepresidente JD Vance, defendió lo que describió como “crear una historia” para resaltar los altos niveles de inmigración y lo que llamó “el sufrimiento del pueblo estadounidense”.
El presidente Trump canceló la orden del parole humanitario de Biden con una orden ejecutiva propia poco después de que asumiera el cargo en enero.
En mayo, el Tribunal Supremo confirmó la suspensión del programa del parole humanitario mientras continuaba una batalla legal en los tribunales de primera instancia.
El Departamento de Seguridad Nacional ha prometido ayuda para los viajes y un “bono de salida” de US$1.000 a los migrantes sin permiso para estar en Estados Unidos que abandonen voluntariamente el país.
El jueves, en su cuenta en la red social X, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lo reiteró:
“Nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales es claro: VAYÁNSE YA. El contribuyente estadounidense ofrece generosamente a quienes se encuentran en el país ilegalmente $1.000 y un vuelo gratis a casa a través de la aplicación CBP Home.
La autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más eficiente en costos, de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado. Si no se va ahora, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos”.
*Con información del periodista de la BBC Mike Wendling
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