Las devoluciones de personas que llegan al país por el aeropuerto de la Ciudad de México se triplicaron en los últimos cinco años, al pasar de un promedio de 947 mensuales en 2017 a más de 3 mil 500 por mes en los últimos dos años. En el aeropuerto de Cancún, desde 2021 se registra un promedio mensual ocho veces mayor: en 2017 era de 305, mientras que a la fecha superan las 2 mil 600.
En 2021, más de 40 mil personas fueron rechazadas tras ser enviadas a una segunda revisión luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y en 2022 sumaron 37 mil 067 solo de enero a octubre, de acuerdo con la respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) a una solicitud de información. De 29 mil 995 segundas revisiones que se hicieron en 2017 en la capital, 37.9% de las personas fueron devueltas y el resto admitidas a territorio nacional; el año pasado, en cambio, de entre 62 mil 185 segundas revisiones, 60% de las personas fueron rechazadas.
En el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), durante 2021 fueron rechazadas 29 mil 134 personas, principalmente venezolanas, colombianas, brasileñas y ecuatorianas. Esas cuatro nacionalidades representaron 65% de las devoluciones del año. Para 2022, entre enero y octubre fueron inadmitidas al país 28 mil 745 personas que aterrizaron en ese aeropuerto, es decir, más del 50% de las que fueron enviadas a una segunda revisión. En 2017, las devoluciones apenas llegaban a 3 mil 665.
Durante 2022, Animal Político documentó casos de académicas y turistas devueltos o retenidos por periodos superiores a los previstos en la ley, en condiciones precarias, en ambos aeropuertos. Ese fue el caso de dos académicas brasileñas detenidas y deportadas en el AICM cuando llegaron al país para participar en la novena Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades de CLACSO, además de la retención de otros ocho participantes.
En tanto, Ruth Flores relató cómo en mayo al aterrizar en la CDMX, como parte de una escala de regreso a Nicaragua tras sus vacaciones en Europa, agentes de migración la retuvieron durante cinco días en el AICM con malos tratos y sin celular, pasaporte o explicación. En julio, una pareja y un periodista colombiano que viajaban a México con fines turísticos denunciaron, por separado, su deportación desde el aeropuerto de Cancún, después de permanecer más de 12 horas retenidos e incomunicados.
De acuerdo con las estadísticas entregadas por el INM, que contemplan todos los envíos a segunda revisión entre enero de 2017 y octubre de 2022, el resultado para las personas de nacionalidad colombiana —que fueron mayoría en 2017— era de devolución en 50% de los casos en el AICM, mientras que en Cancún alcanzaban 68% entre un total de mil 091 segundas revisiones.
Sin embargo, para 2021, el rechazo a personas colombianas en el AICM creció a 84.5%, mientras que en Cancún se mantuvo en 68% pero de un total de 7 mil 741 enviadas a segunda revisión. Para 2022, el porcentaje de rechazo a esa nacionalidad fue de 72.9% en la capital y del 55.5% en Cancún, que alberga el segundo aeropuerto más importante del país.
Desde 2017, las nacionalidades colombiana y venezolana ya ocupaban los primeros lugares, pero a partir de 2019 las devoluciones de personas peruanas, ecuatorianas y brasileñas pasaron de contarse en centenas en años anteriores a sumar miles para 2021 y 2022, mientras el número de inadmisiones para las dos primeras llegó a quintuplicarse. Además, en el transcurso de esos cinco años, comenzaron a hacerse evidentes altas tasas de rechazo en otros países.
Por ejemplo, en 2017, algunos países del continente americano registraban niveles de devolución parecidos o cercanos a China o India, o no destacaban particularmente en las estadísticas de segundas revisiones. A partir de 2019, mientras estadounidenses y cubanos eran mayoritariamente admitidos al país tras ser enviados a ese proceso en el AICM, para ecuatorianos —primer lugar ese año con 6 mil 150 devoluciones—, colombianos y venezolanos, las segundas revisiones crecieron y las tasas de rechazo superaron el 80% en los tres casos.
En Cancún, en 2019 los venezolanos, ecuatorianos y colombianos ya ocupaban los tres primeros lugares, pero las tasas de rechazo tras una segunda revisión crecieron de manera más marcada a partir de 2021, aunque la nacionalidad venezolana ya había alcanzado 78.6% desde aquel año. El rechazo en segundas revisiones a los haitianos —más del 90%— también comenzó a hacerse visible ese año.
En 2021, los primeros lugares de inadmisiones en el AICM los ocuparon personas ecuatorianas con 11 mil 302, seguidas de brasileñas con 8 mil 115 y venezolanas con 7 mil 158. Aunque con cifras de inadmisión menores a mil, las segundas revisiones también resultaron mayoritariamente en devoluciones para las nacionalidades chilena, costarricense, haitiana, georgiana, jamaiquina, nicaragüense, rumana y turca. Incluso para los cubanos se revirtió la tendencia de una tasa mayor de admisiones en años anteriores.
Mientras, ese mismo año, en Cancún el mayor número de rechazos lo enfrentaron los venezolanos, colombianos y brasileños, en ese orden. En tanto, de mil 952 segundas revisiones realizadas a jamaiquinos, solo 35 fueron admitidos al país, y de entre 489 haitianos en la misma condición, un total de 14 pudieron ingresar por ese aeropuerto. Chilenos, georgianos, armenios, peruanos, rumanos y turcos también vivieron más rechazos que admisiones en ese proceso.
Durante 2022, las personas colombianas seguidas por peruanas y brasileñas fueron las más rechazadas en ese orden en ambos aeropuertos, aunque las dos primeras tuvieron las tasas de devolución más altas tras segundas revisiones en el AICM, de más del 70%. En contraste, las segundas revisiones a personas de nacionalidad rusa y ucraniana resultaron en tasas de admisión al país de entre 90% y 98% en ambos puntos de entrada.
En julio pasado, Animal Político también documentó que hasta ese momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido tres recomendaciones al INM por detenciones o inadmisiones ilegales de personas centro y sudamericanas, incluidas menores de edad, en el AICM, sin que algún agente fuera sancionado en ese periodo. En el segundo semestre del año, se acumularon otras cinco por los mismos motivos, para sumar ocho de las 30 recomendaciones que la CNDH dirigió en total al INM en 2022.
La asociación Sin Fronteras ha denunciado que el instituto se niega a dar respuesta a la solicitud de organizaciones civiles para tener presencia en aeropuertos y monitorear la actuación de agentes migratorios, ante las denuncias sistemáticas de detenciones y deportaciones arbitrarias. Los abusos, acusan, son resultado del monopolio del instituto.
Tras los casos denunciados el año pasado, activistas y académicas señalaron que la violencia institucional continúa por los estereotipos generados a partir de la naturalización del racismo y la xenofobia, la discriminación que sufren algunos extranjeros —diferente al trato hacia quienes provienen de países que son percibidos como de más altos recursos—, así como la práctica recurrente de no informarles sus derechos.
El 9 de septiembre de 2022, David aterrizó en el aeropuerto de Cancún con la expectativa de las primeras vacaciones que tendría desde el inicio de la pandemia. De hecho, en un principio tenía pensado hacer ese viaje en 2020. Compró su vuelo de ida y vuelta, su hospedaje, y pagó por anticipado algunos recorridos que había reservado a Chichen Itzá e Isla Mujeres.
“Quería algo que fuera totalmente inolvidable —recuerda desde Colombia—, una experiencia única”. En el aeropuerto de Cancún, lo recibió un agente migratorio, le hizo preguntas sobre sus planes y comprobaciones, así como respecto del dinero que traía. Una vez terminados los cuestionamientos, le dijo que tendría que pasar a una segunda entrevista. Ahí se encontró con un lugar “totalmente atestado de gente” de diferentes países.
Le quitaron su pasaporte y su celular. Otro agente le hizo las mismas preguntas. “No puedes pasar”, le dijo sin dar más explicación. “Nos meten a un cuarto, que eso es un calabozo completo, atestado de gente, completamente lleno de gente durmiendo en el suelo en colchonetas, con una temperatura no agradable, los unos encima de los otros”, relata David.
Cuando pedía explicaciones, solo lo rechazaban y le pedían que se moviera a otro lado. Incluso, una de las agentes le dio un empujón. Cuando él le quitó la mano, otro agente le dio un golpe a la altura de la costilla insistiendo en que se hiciera a un lado. Al menos, comida sí tuvo, reconoce, pero perdió todo lo que había pagado y la experiencia de conocer México, un país al que adora.
David comprende que hay personas que podrían aprovechar con otros fines el ingreso al país, pero no está de acuerdo con la generalización después de haber demostrado que contaba con todos sus documentos y con una vida en Colombia. “Entonces, dinero perdido, tiempo perdido, una mala experiencia y aparte golpeado. Todo se perdió; nadie, absolutamente nadie, responde”, lamenta. Su documentación para vacacionar del 9 al 14 de septiembre estaba completa e impresa.
A la segunda revisión ingresó alrededor de las 7:00 de la tarde. Hacia las 3:00 de la madrugada, lo despertaron para devolverle solo por unos minutos su celular para que hiciera una llamada. “Ese calabozo es totalmente antihigiénico; no tienen consideración por mujeres, niños o ancianos, o chicas que tenían la regla y necesitaban ir a comprar algún producto, les contestaban ‘Ese es tu problema’; un tipo de condiciones bastante decadentes, degradantes”, describe.
Subió al avión de regreso a Colombia después de más de 24 horas, casi a las 11:00 de la noche del día siguiente —la ley prevé que las segundas revisiones no pueden exceder cuatro horas—. “Es una experiencia que no le deseo a nadie, y no quisiera volver a pasar por ello… Sería recomendable que la agencia de migración y el gobierno mexicano tuvieran el momento de sentarse a la mesa y decir ‘Venga, qué estamos haciendo, vamos a hacer una evaluación de esto porque no podemos seguir devolviendo turistas porque sí’”, concluye David.
El único fundamento de las segundas revisiones, según confirmó el INM en respuesta a una solicitud de información, es la Ley Nacional de Migración y su reglamento, que describen en términos generales en qué consisten y cómo deben hacerse. El resto, sobre todo el criterio para evaluar cada caso, queda sujeto a la discrecionalidad de cada agente.
Según el reglamento de la Ley de Migración, las segundas revisiones se generan cuando la autoridad migratoria comprueba la existencia de una alerta migratoria, o a partir de una presunción de documentación irregular o una incongruencia respecto de la intención de viaje. Durante esta segunda revisión, debe realizarse el examen exhaustivo de documentación migratoria para resolver el ingreso o rechazo. La resolución debe estar fundada y motivada.
Los agentes migratorios tienen el deber de dar la posibilidad a las personas de comunicarse con su consulado. Las segundas revisiones no pueden exceder las cuatro horas; solo pueden ampliarse a solicitud de la persona extranjera o de su representante consular y en ningún caso exceder 24 horas. La norma no prevé la retención de documentos o la incomunicación en aeropuertos internacionales.
En su artículo 78, el reglamento específica que, en caso de rechazo, la autoridad migratoria debe entregar copia de la resolución a la persona extranjera y a la empresa transportista, que debería ser la responsable de la custodia y alimentación hasta que se lleve a cabo la devolución, “debiendo la autoridad migratoria respetar en todo momento sus derechos humanos”.
En respuesta a otra solicitud de información, la dirección de administración de personal del INM reportó que en los últimos cinco años solo 10 agentes han sido inhabilitados o destituidos, sin poder precisar su adscripción. El área del organismo aseguró que no cuenta con registro estadístico de los agentes federales de migración asignados a aeropuertos internacionales por ser competencia de las oficinas de representación del instituto.
“De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos, registros y controles que obran en esta área, no se desprende la información de su interés en ese nivel de detalle, sin embargo el número de agentes federales de migración B y C que han causado baja de la plantilla laboral de este instituto por destitución y/o inhabilitación en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 1 de octubre de 2022 es igual a 10”, expuso.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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