Las devoluciones de personas que llegan al país por el aeropuerto de la Ciudad de México se triplicaron en los últimos cinco años, al pasar de un promedio de 947 mensuales en 2017 a más de 3 mil 500 por mes en los últimos dos años. En el aeropuerto de Cancún, desde 2021 se registra un promedio mensual ocho veces mayor: en 2017 era de 305, mientras que a la fecha superan las 2 mil 600.
En 2021, más de 40 mil personas fueron rechazadas tras ser enviadas a una segunda revisión luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y en 2022 sumaron 37 mil 067 solo de enero a octubre, de acuerdo con la respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) a una solicitud de información. De 29 mil 995 segundas revisiones que se hicieron en 2017 en la capital, 37.9% de las personas fueron devueltas y el resto admitidas a territorio nacional; el año pasado, en cambio, de entre 62 mil 185 segundas revisiones, 60% de las personas fueron rechazadas.
En el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), durante 2021 fueron rechazadas 29 mil 134 personas, principalmente venezolanas, colombianas, brasileñas y ecuatorianas. Esas cuatro nacionalidades representaron 65% de las devoluciones del año. Para 2022, entre enero y octubre fueron inadmitidas al país 28 mil 745 personas que aterrizaron en ese aeropuerto, es decir, más del 50% de las que fueron enviadas a una segunda revisión. En 2017, las devoluciones apenas llegaban a 3 mil 665.
Durante 2022, Animal Político documentó casos de académicas y turistas devueltos o retenidos por periodos superiores a los previstos en la ley, en condiciones precarias, en ambos aeropuertos. Ese fue el caso de dos académicas brasileñas detenidas y deportadas en el AICM cuando llegaron al país para participar en la novena Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades de CLACSO, además de la retención de otros ocho participantes.
En tanto, Ruth Flores relató cómo en mayo al aterrizar en la CDMX, como parte de una escala de regreso a Nicaragua tras sus vacaciones en Europa, agentes de migración la retuvieron durante cinco días en el AICM con malos tratos y sin celular, pasaporte o explicación. En julio, una pareja y un periodista colombiano que viajaban a México con fines turísticos denunciaron, por separado, su deportación desde el aeropuerto de Cancún, después de permanecer más de 12 horas retenidos e incomunicados.
De acuerdo con las estadísticas entregadas por el INM, que contemplan todos los envíos a segunda revisión entre enero de 2017 y octubre de 2022, el resultado para las personas de nacionalidad colombiana —que fueron mayoría en 2017— era de devolución en 50% de los casos en el AICM, mientras que en Cancún alcanzaban 68% entre un total de mil 091 segundas revisiones.
Sin embargo, para 2021, el rechazo a personas colombianas en el AICM creció a 84.5%, mientras que en Cancún se mantuvo en 68% pero de un total de 7 mil 741 enviadas a segunda revisión. Para 2022, el porcentaje de rechazo a esa nacionalidad fue de 72.9% en la capital y del 55.5% en Cancún, que alberga el segundo aeropuerto más importante del país.
Desde 2017, las nacionalidades colombiana y venezolana ya ocupaban los primeros lugares, pero a partir de 2019 las devoluciones de personas peruanas, ecuatorianas y brasileñas pasaron de contarse en centenas en años anteriores a sumar miles para 2021 y 2022, mientras el número de inadmisiones para las dos primeras llegó a quintuplicarse. Además, en el transcurso de esos cinco años, comenzaron a hacerse evidentes altas tasas de rechazo en otros países.
Por ejemplo, en 2017, algunos países del continente americano registraban niveles de devolución parecidos o cercanos a China o India, o no destacaban particularmente en las estadísticas de segundas revisiones. A partir de 2019, mientras estadounidenses y cubanos eran mayoritariamente admitidos al país tras ser enviados a ese proceso en el AICM, para ecuatorianos —primer lugar ese año con 6 mil 150 devoluciones—, colombianos y venezolanos, las segundas revisiones crecieron y las tasas de rechazo superaron el 80% en los tres casos.
En Cancún, en 2019 los venezolanos, ecuatorianos y colombianos ya ocupaban los tres primeros lugares, pero las tasas de rechazo tras una segunda revisión crecieron de manera más marcada a partir de 2021, aunque la nacionalidad venezolana ya había alcanzado 78.6% desde aquel año. El rechazo en segundas revisiones a los haitianos —más del 90%— también comenzó a hacerse visible ese año.
En 2021, los primeros lugares de inadmisiones en el AICM los ocuparon personas ecuatorianas con 11 mil 302, seguidas de brasileñas con 8 mil 115 y venezolanas con 7 mil 158. Aunque con cifras de inadmisión menores a mil, las segundas revisiones también resultaron mayoritariamente en devoluciones para las nacionalidades chilena, costarricense, haitiana, georgiana, jamaiquina, nicaragüense, rumana y turca. Incluso para los cubanos se revirtió la tendencia de una tasa mayor de admisiones en años anteriores.
Mientras, ese mismo año, en Cancún el mayor número de rechazos lo enfrentaron los venezolanos, colombianos y brasileños, en ese orden. En tanto, de mil 952 segundas revisiones realizadas a jamaiquinos, solo 35 fueron admitidos al país, y de entre 489 haitianos en la misma condición, un total de 14 pudieron ingresar por ese aeropuerto. Chilenos, georgianos, armenios, peruanos, rumanos y turcos también vivieron más rechazos que admisiones en ese proceso.
Durante 2022, las personas colombianas seguidas por peruanas y brasileñas fueron las más rechazadas en ese orden en ambos aeropuertos, aunque las dos primeras tuvieron las tasas de devolución más altas tras segundas revisiones en el AICM, de más del 70%. En contraste, las segundas revisiones a personas de nacionalidad rusa y ucraniana resultaron en tasas de admisión al país de entre 90% y 98% en ambos puntos de entrada.
En julio pasado, Animal Político también documentó que hasta ese momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido tres recomendaciones al INM por detenciones o inadmisiones ilegales de personas centro y sudamericanas, incluidas menores de edad, en el AICM, sin que algún agente fuera sancionado en ese periodo. En el segundo semestre del año, se acumularon otras cinco por los mismos motivos, para sumar ocho de las 30 recomendaciones que la CNDH dirigió en total al INM en 2022.
La asociación Sin Fronteras ha denunciado que el instituto se niega a dar respuesta a la solicitud de organizaciones civiles para tener presencia en aeropuertos y monitorear la actuación de agentes migratorios, ante las denuncias sistemáticas de detenciones y deportaciones arbitrarias. Los abusos, acusan, son resultado del monopolio del instituto.
Tras los casos denunciados el año pasado, activistas y académicas señalaron que la violencia institucional continúa por los estereotipos generados a partir de la naturalización del racismo y la xenofobia, la discriminación que sufren algunos extranjeros —diferente al trato hacia quienes provienen de países que son percibidos como de más altos recursos—, así como la práctica recurrente de no informarles sus derechos.
El 9 de septiembre de 2022, David aterrizó en el aeropuerto de Cancún con la expectativa de las primeras vacaciones que tendría desde el inicio de la pandemia. De hecho, en un principio tenía pensado hacer ese viaje en 2020. Compró su vuelo de ida y vuelta, su hospedaje, y pagó por anticipado algunos recorridos que había reservado a Chichen Itzá e Isla Mujeres.
“Quería algo que fuera totalmente inolvidable —recuerda desde Colombia—, una experiencia única”. En el aeropuerto de Cancún, lo recibió un agente migratorio, le hizo preguntas sobre sus planes y comprobaciones, así como respecto del dinero que traía. Una vez terminados los cuestionamientos, le dijo que tendría que pasar a una segunda entrevista. Ahí se encontró con un lugar “totalmente atestado de gente” de diferentes países.
Le quitaron su pasaporte y su celular. Otro agente le hizo las mismas preguntas. “No puedes pasar”, le dijo sin dar más explicación. “Nos meten a un cuarto, que eso es un calabozo completo, atestado de gente, completamente lleno de gente durmiendo en el suelo en colchonetas, con una temperatura no agradable, los unos encima de los otros”, relata David.
Cuando pedía explicaciones, solo lo rechazaban y le pedían que se moviera a otro lado. Incluso, una de las agentes le dio un empujón. Cuando él le quitó la mano, otro agente le dio un golpe a la altura de la costilla insistiendo en que se hiciera a un lado. Al menos, comida sí tuvo, reconoce, pero perdió todo lo que había pagado y la experiencia de conocer México, un país al que adora.
David comprende que hay personas que podrían aprovechar con otros fines el ingreso al país, pero no está de acuerdo con la generalización después de haber demostrado que contaba con todos sus documentos y con una vida en Colombia. “Entonces, dinero perdido, tiempo perdido, una mala experiencia y aparte golpeado. Todo se perdió; nadie, absolutamente nadie, responde”, lamenta. Su documentación para vacacionar del 9 al 14 de septiembre estaba completa e impresa.
A la segunda revisión ingresó alrededor de las 7:00 de la tarde. Hacia las 3:00 de la madrugada, lo despertaron para devolverle solo por unos minutos su celular para que hiciera una llamada. “Ese calabozo es totalmente antihigiénico; no tienen consideración por mujeres, niños o ancianos, o chicas que tenían la regla y necesitaban ir a comprar algún producto, les contestaban ‘Ese es tu problema’; un tipo de condiciones bastante decadentes, degradantes”, describe.
Subió al avión de regreso a Colombia después de más de 24 horas, casi a las 11:00 de la noche del día siguiente —la ley prevé que las segundas revisiones no pueden exceder cuatro horas—. “Es una experiencia que no le deseo a nadie, y no quisiera volver a pasar por ello… Sería recomendable que la agencia de migración y el gobierno mexicano tuvieran el momento de sentarse a la mesa y decir ‘Venga, qué estamos haciendo, vamos a hacer una evaluación de esto porque no podemos seguir devolviendo turistas porque sí’”, concluye David.
El único fundamento de las segundas revisiones, según confirmó el INM en respuesta a una solicitud de información, es la Ley Nacional de Migración y su reglamento, que describen en términos generales en qué consisten y cómo deben hacerse. El resto, sobre todo el criterio para evaluar cada caso, queda sujeto a la discrecionalidad de cada agente.
Según el reglamento de la Ley de Migración, las segundas revisiones se generan cuando la autoridad migratoria comprueba la existencia de una alerta migratoria, o a partir de una presunción de documentación irregular o una incongruencia respecto de la intención de viaje. Durante esta segunda revisión, debe realizarse el examen exhaustivo de documentación migratoria para resolver el ingreso o rechazo. La resolución debe estar fundada y motivada.
Los agentes migratorios tienen el deber de dar la posibilidad a las personas de comunicarse con su consulado. Las segundas revisiones no pueden exceder las cuatro horas; solo pueden ampliarse a solicitud de la persona extranjera o de su representante consular y en ningún caso exceder 24 horas. La norma no prevé la retención de documentos o la incomunicación en aeropuertos internacionales.
En su artículo 78, el reglamento específica que, en caso de rechazo, la autoridad migratoria debe entregar copia de la resolución a la persona extranjera y a la empresa transportista, que debería ser la responsable de la custodia y alimentación hasta que se lleve a cabo la devolución, “debiendo la autoridad migratoria respetar en todo momento sus derechos humanos”.
En respuesta a otra solicitud de información, la dirección de administración de personal del INM reportó que en los últimos cinco años solo 10 agentes han sido inhabilitados o destituidos, sin poder precisar su adscripción. El área del organismo aseguró que no cuenta con registro estadístico de los agentes federales de migración asignados a aeropuertos internacionales por ser competencia de las oficinas de representación del instituto.
“De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos, registros y controles que obran en esta área, no se desprende la información de su interés en ese nivel de detalle, sin embargo el número de agentes federales de migración B y C que han causado baja de la plantilla laboral de este instituto por destitución y/o inhabilitación en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 1 de octubre de 2022 es igual a 10”, expuso.
La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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