El caso Florence Cassez-Israel Vallarta, una historia que muestra las “capas de oscuridad” que cubren al sistema de justicia
Hace casi 17 años, el 8 de diciembre de 2005, comenzó el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, que puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia del país, provocó un conflicto diplomático entre México y Francia —con los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy en primera fila— y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no está resuelto y mantiene preguntas sobre la mesa.
Ese día, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta. ¿El motivo? La institución entonces encabezada por Genaro García Luna acusaba a la pareja de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.
La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país. A la larga, esta puesta en escena —un montaje— fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez —ocurrida en enero de 2013— y también se convirtió en el punto de partida de una nueva serie documental: El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal.
Basada en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Volpi (Alfaguara, 2018), esta producción de Netflix dedica cinco capítulos no solo a hacer una reconstrucción de lo sucedido, sino también a plantear los aspectos de la historia que aún siguen sin respuesta.
Dentro de ese camino, los realizadores revisan documentos judiciales, retoman investigaciones periodísticas y entrevistan a algunos de los actores de esta trama, desde la propia Cassez y su familia hasta los expresidentes Calderón y Sarkozy, pasando por periodistas que cubrieron el arresto televisado, víctimas de secuestro y familiares de Vallarta, quien todavía sigue acumulando años en prisión sin haber recibido una sentencia.
En entrevista, Volpi y el productor Pablo Cruz señalan que uno de los mayores retos para concretar esta serie documental fue darle una estructura y seleccionar los materiales que llegarían hasta la pantalla de entre una gran cantidad de información.
“Mostrarlo todo sería imposible”, resume Volpi.
Ambos realizadores coinciden en que el producto final expone un caso complejo que pone de manifiesto numerosas fallas que prevalecen en el sistema de justicia, a pesar de las reformas que se han aprobado desde entonces para intentar hacerlo más transparente y efectivo, en particular, la reforma que estableció los juicios orales.
Cruz afirma que esos mismos problemas son los que hasta ahora han impedido conocer con certeza aspectos clave de la historia, como si en efecto Cassez y Vallarta participaron en secuestros —como lo sostuvo el gobierno de Calderón— o, por el contrario, si fueron incriminados como parte de una venganza.
Una posibilidad que explora el documental es que el arresto fuera solicitado por el empresario Eduardo Margolis, en represalia por un supuesto negocio fallido con Vallarta y Cassez. Pero ante las cámaras, Margolis rechaza esa hipótesis.
“Las capas de oscuridad para encontrar la verdad son tan profundas que nunca lo sabremos. Ojalá sea algo tan sencillo que ni siquiera lo vemos, pero no lo creo”, señala el productor de la serie.
Florence e Israel
En México, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Después de eso, su familia, sus abogados y el gobierno de Sarkozy iniciaron acciones para impugnar esa condena, o bien, lograr su extradición a Francia para que allá purgara su pena.
La administración de Calderón rechazó esa posibilidad, y fue hasta enero de 2013 —ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto— cuando la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez inmediatamente tras concluir que había sido víctima de violaciones al derecho a un debido proceso. Después del fallo, en cuestión de horas Cassez salió del penal donde se encontraba y tomó un vuelo en el que regresó a su país natal.
El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, algo que en opinión de Cruz y Volpi debería ocurrir.
“Yo espero que esto sea un detonante para tratar su caso de una manera excepcional. Tiene que ir a juicio inmediatamente”, considera el productor.
“Ojalá el documental también muestre que, independientemente de lo que uno piense de Israel, después de la manipulación y la falta de debido proceso, él tendría que estar libre. No tengo ninguna duda, lo digo muy claramente: tendría que aplicarse el mismo criterio que con Florence y tendría que estar libre ya”, agrega el escritor.
Este jueves, en el contexto del estreno de la serie, la familia y los abogados de Vallarta publicaron un comunicado en el que señalaron que esperan que la difusión del caso ayude a que él quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”.
17 años después
Volpi y Cruz no dejan pasar los giros que han dado las vidas de algunos de los protagonistas de esta historia a lo largo de 17 años. Genaro García Luna, por ejemplo, pasó de dirigir la hoy extinta AFI a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón y a ser detenido en Estados Unidos en 2019, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, entre otros delitos. Actualmente, espera un juicio previsto para comenzar en enero de 2023.
Luis Cárdenas Palomino, uno de sus hombres más cercanos, fue arrestado en México en 2021. En su caso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tortura, justamente en contra de familiares de Israel Vallarta.
Para Volpi, el hecho de que ellos y otros exfuncionarios hayan alcanzado tanto poder en sexenios previos, a pesar de las irregularidades que se les atribuyen, “ejemplifica en toda su maldad” los nexos ilegales que llegan a establecerse entre poderes políticos y económicos.
Como prueba, el escritor señala que la trayectoria de García Luna sobrevivió al escándalo del montaje televisivo en contra de Cassez y Vallarta, y un año después, en 2006, Calderón incluso lo nombró como su secretario de Seguridad.
“Es inaudito si lo vemos desde esta perspectiva. ¿Cómo es posible? Ya con este caso, hubiera sido para que se hubiera acabado su carrera y, en vez de eso, fue promovido”, advierte el autor, quien también aprovecha el estreno del documental para llamar a que México construya un nuevo sistema de justicia.
“Se necesitaría una reforma completa, integral, drástica para que realmente pudiera funcionar”.
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Nayib Bukele es el último presidente de la región autorizado a postularse a tantos mandatos consecutivos como quiera. Él defiende el cambio; los expertos encienden alarmas.
La reelección presidencial indefinida aprobada en El Salvador parece validar un aforismo que suele atribuirse a Mark Twain: “la historia no se repite, pero a menudo rima”.
En este caso, la historia es sobre un presidente popular, que concentra poder y es habilitado por un cambio constitucional a postularse para seguir en el cargo cuantas veces quiera, en nombre de la soberanía popular.
La reforma en El Salvador se realizó vía exprés el jueves en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Nayib Bukele tiene amplias mayorías.
El cambio de Constitución, aprobado por 57 legisladores en un total de 60, extendió además el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta en las elecciones.
Por más drástica y novedosa que resulte esta reforma para El Salvador, está lejos de ser algo inusitado en América Latina, donde distintos países permitieron la reelección presidencial indefinida en tiempos recientes.
Y la evidencia regional muestra, según expertos, que el permiso de continuidad a voluntad de los mandatarios en un régimen presidencial implica serios riesgos para las democracias.
“La reelección indefinida es sinónimo de autocratización”, dice Mario Torrico, un politólogo que ha estudiado el fenómeno, a BBC Mundo.
“Un tecnicismo”
Bukele fue electo inicialmente en 2019 y reelecto el año pasado por amplio margen, con mayoría absoluta de su partido en la Asamblea Legislativa, con base en el apoyo popular que tiene su política de seguridad de mano dura.
Bajo un estado de excepción, su gobierno encarceló a decenas de miles de personas acusadas de vínculos con las pandillas, una estrategia que según organizaciones de derechos humanos implica distintos abusos de poder.
El mandatario de 44 años puede ahora buscar seguir en el cargo sin plazo de salida obligatoria.
Ante las críticas a esta reforma, Bukele respondió el domingo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de pronto es el fin de la democracia”, agregó en la red social X.
El presidente incluyó en ese comentario tanto a los sistemas de gobierno parlamentarios de países desarrollados como a los presidenciales de América Latina, y sostuvo que distinguirlos es “un tecnicismo” y “un pretexto”.
Sin embargo, los expertos creen que esa diferencia es crucial.
“En un régimen parlamentario, la elección del primer ministro o presidente proviene de un acuerdo en el Parlamento de fuerzas políticas diversas”, dice Agustín Grijalva, un exjuez de la Corte Constitucional de Ecuador, a BBC Mundo.
“En un régimen presidencial (hay) dos elecciones separadas e independientes: la del Parlamento por un lado y la del presidente por otro, que no depende de la elección del Parlamento. Y cada uno tiene un período fijo”, agrega. “Es otra estructura institucional totalmente distinta, que exige que esos períodos fijos se cumplan”.
Según este docente de la Universidad Andina que investigó el tema, “el planteamiento de Bukele sería creíble si nos diera ejemplos de países con regímenes presidenciales que tienen reelección indefinida: ahí va a ver que son los autoritarios, (como) el caso de Venezuela o Nicaragua”.
De hecho, estos dos países así como Ecuador y Bolivia permitieron la reelección ilimitada de sus presidentes en este siglo, años antes que El Salvador.
El cambio se mantiene vigente en Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos pasaron a ser considerados autocráticos por buena parte de la comunidad internacional, mientras Ecuador y Bolivia volvieron luego a limitar la permanencia en el poder.
Una paradoja es que estos cuatro países habilitaron la reelección sin límites bajo gobiernos de izquierda, supuestamente en las antípodas ideológicas de Bukele, estrella de la derecha continental.
Y el modo en que lo hicieron también guarda llamativas semejanzas.
“Hagámoslo rápido”
La reelección indefinida en América Latina siempre se aprobó bajo presidentes que llevaban más de un mandato y se acercaban al límite constitucional que los obligaba a retirarse del poder.
Es decir, se ha hecho con nombre y apellido.
Esos presidentes tenían mayorías en el Legislativo, en la Justicia o en ambos poderes a la vez para cambiar las reglas de juego.
Bukele y el nicaragüense Daniel Ortega son los primeros que gobernaron por dos mandatos consecutivos en sus países desde la década de 1980, con base en dictámenes judiciales que desactivaron la prohibición de reelección inmediata en sus constituciones.
Después, en ambos casos (así como en Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa) mayorías legislativas oficialistas cambiaron las constituciones para permitir la reelección indefinida. Hoy Ortega gobierna Nicaragua desde hace más de 18 años.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional autorizó al entonces presidente Evo Morales a buscar la reelección sin límites cuando terminaba el tercero consecutivo, aunque la Carta Magna decía que sólo podía ser reelecto una vez y a que la ciudadanía rechazó en un referéndum su intento de cambiarla.
Las elecciones de ese año en Bolivia acabaron en una crisis mayor, y Morales abandonó el país denunciando un golpe en su contra.
Así como El Salvador aprobó la reelección indefinida con un trámite exprés, Venezuela también lo hizo a contrarreloj cuando el entonces presidente Hugo Chávez se lo pidió a su mayoría legislativa a fines de 2008. “Si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido”, dijo.
La votaron en menos de dos meses y ratificaron en un referéndum poco más de un año después de que esa posibilidad fuera rechazada también por voto popular.
Chávez sostenía que los electores debían determinar si un presidente debe seguir o no, porque “el pueblo es el dueño de un país”.
Es un argumento similar al que maneja el oficialismo de Bukele.
“El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño”, dijo la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, al votar la enmienda la semana pasada.
Pero Grijalva también rechaza esa idea.
“No es que se le está devolviendo a la mayoría un derecho”, sostiene. “La mayoría se expresa en la Constitución y las leyes para que haya un régimen democrático, (y) lo que está sucediendo es que se invoca a esa mayoría para tener un régimen autoritario”.
Consecuencias
La advertencia de que El Salvador de Bukele transita “el mismo camino” que la Venezuela de Chávez también fue hecha por Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch.
“Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió Goebertus en la red X cuando El Salvador aprobaba la reelección indefinida la semana pasada.
Chávez presidió Venezuela durante 14 años consecutivos, hasta su muerte en 2013. Su delfín, Nicolás Maduro, sigue en el poder hasta hoy.
Los expertos creen que aprobar una reelección indefinida en un país es más factible cuando hay flexibilidad para cambiar las constituciones o los jueces están subordinados al Poder Ejecutivo.
Como ejemplo inverso, señalan el caso de Colombia cuando la Corte Constitucional cerró en 2010 la posibilidad de que el entonces presidente Álvaro Uribe aspirase a un tercer mandato.
“Es importante que las instituciones construyan una reputación y sean muy profesionales. La Corte Constitucional (colombiana) era todo eso y pudo frenar a Uribe”, afirma Torrico, investigador en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Así como desconocemos si la frase sobre la “rima” de la historia pertenece realmente a Twain, tampoco sabemos hasta qué grado El Salvador se parecerá de ahora en más a los países de la región que autorizaron la reelección indefinida de sus presidentes.
Los casos de Bolivia y Ecuador, al revertir la regla después que Morales y Correa dejaron el poder, sugieren que en esto también hay marcha atrás.
Pero los expertos observan razones suficientes para preocuparse sobre los signos vitales de la democracia de El Salvador.
“La reelección consecutiva ya nos mete en problemas, porque los presidentes para reelegirse tuercen reglas y acumulan poder”, dice Torrico.
“Pero cuando además les metes la reelección indefinida, intentan controlarlo todo”, agrega, “y lo que se vive ya es un régimen autocrático”.
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