Desalojos violentos, corrupción y acoso inmobiliario dejan a familias sin casa en CDMX
Supuestos dueños de departamentos que realizan mobbing (acoso) inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños que obligan a salir a inquilinos de la noche a la mañana bajo el argumento de que el edificio será remodelado para convertirse en espacios de oficina o rentarlos en la plataforma turística Airbnb, han orillado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares en la Ciudad de México.
El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos documentados por Animal Político en el presente año, a través de denuncias ciudadanas hechas a la prensa o presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Histórico, y en colonias como Juárez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Santa María la Ribera y en la San Rafael.
El 20 de agosto, Carlos Acuña, un inquilino del edificio Trevi, ubicado en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la CDMX, fue desalojado a pesar de que tenía un contrato vigente, dos amparos en trámite y una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.
De acuerdo con Acuña, el edificio en donde vivió por más de nueve años fue comprado a principios del 2018 por Banca Mifel para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking. Mifel actúa en representación de la empresa inmobiliaria que tiene como nombre comercial Público Trabajo.
El inmueble está en litigio entre los compradores y algunos vecinos que interpusieron un recurso legal porque no se les respetó el derecho de preferencia (conocido como el derecho al tanto), contemplado en la ley, el cual les hubiera dado la prioridad de comprar el espacio que durante años han arrendado.
Los inquilinos tienen hasta ahora nueve juicios abiertos en su contra. Se les acusa principalmente de no pagar el alquiler, aunque todos los pagos han sido realizados. “Quien me desalojó fue Banca Mifel con Público Coworking y empresas que no dan la cara. Rentas pagadas, contrato vigente, amparos para frenar juicios chuecos, este fue un ataque contra mí, por visibilizar el tema”, acusa Acuña.
Animal Político buscó a Banca Mifel, quien informó sobre este inmueble que la institución funge únicamente como fiduciaria (administra el dinero o los bienes de otras personas) dentro de un fideicomiso, aunque no detalló quién o quiénes forman parte de él.
“Mifel no se hace responsable ni responde por los actos y acciones ejecutados por aquellas personas físicas o morales que realicen diversas acciones bajo el amparo del fideicomiso, de forma directa o indirecta ante cualquier autoridad relacionada con el proyecto inmobiliario precisado, ya que reiteramos son acciones realizadas en los términos del fideicomiso”, declaró a través de un documento enviado a este medio.
También se buscó a la empresa Público Trabajo, dedicada a desarrollar espacios de coworking, para saber si forma parte de este fideicomiso, sin embargo, dijo que no tienen voceros o área para atender la solicitud.
De los inquilinos que habitaban más de 30 departamentos del Edificio Trevi, dos bodegas y cinco locales comerciales, 13 decidieron emprender acciones legales, 11 mediante una denuncia colectiva y dos en procesos individuales contra los dueños anteriores del edificio.
El inmueble de mediados del siglo pasado se construyó como vivienda social y en la parte baja se ubica el histórico Café Trevi, con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones. Lo que pase con él aún es incierto.
Detectan irregularidades
María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, señala que si bien no todos los desalojos son forzados o arbitrarios, en los últimos años se han detectado varias irregularidades en los desalojos en la capital del país, en donde la especulación inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesión jurídica de los inquilinos es aprovechada por terceros.
“Estamos ante juicios simulados y corrupción que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para supuestamente comprobar la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, frente a jueces y actuarios que no notifican, o que incluso pueden ser apócrifos, y funcionarios del Registro Público de la Propiedad coludidos”, dice a Animal Político.
La zona Centro de la ciudad es cada vez más cara e inalcanzable para comprar o rentar debido a la llamada gentrificación, proceso mediante el cual una zona de la ciudad, que tenía cierta población con ciertas características, cambia por una población de mayores ingresos, provocando un aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios, explica Emanuelli.
Sin embargo, al dejarse el desarrollo inmobiliario y comercial al libre mercado, sin una regulación, hay una afectación social: genera desplazados.
Los desalojos en Ciudad de México no solo dejan a personas sin vivienda, también rompen el tejido comunitario, su red de apoyo social y vecinal, los excluye a zonas más alejadas. “Es algo que nadie está mirando, qué pasa con ellos, a dónde se van”, cuestiona la representante de la Coalición Internacional para el Hábitat y quien asesora a varias personas que han intentado desalojar.
Datos obtenidos por la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, a través de una solicitud de acceso a la información, muestran que el número de desalojos se han incrementado.
En 2014, la fuerza pública participó en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de México; durante 2015 fueron 3 mil; en 2016, el número fue de 3 mil 200; mientras que, en 2017, se realizaron 3 mil 141 desalojos.
En 2018 el número creció a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza pública. Hasta febrero de este año, la fuerza policiaca de la ciudad había participado ya en 403 desalojos, según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Estos datos son de desalojos que tuvieron un permiso para hacer uso de la fuerza pública. No hay cifras oficiales de aquellos que se realizaron sin que interviniera una autoridad.
En varios casos, dice Emanuelli, se han detectado faltas al debido proceso y que las personas afectadas no son notificadas del desalojo conforme a la ley.
“Me quieren hacer la vida imposible”
Rufina Galindo sufre mobbing inmobiliario (acoso para obligar a inquilinos a abandonar su hogar mediante agresiones e intimidaciones). Vive en un departamento ubicado en un edificio del Centro Histórico, en la calle Zapata 68. De las 24 familias que vivían ahí, solo queda ella y su hija quien también rentaba, el resto de sus vecinos fueron desalojados, varios con violencia.
En 2004, murió la dueña del inmueble a quien ella pagaba renta, 14 años después apareció un supuesto heredero y propietario del edificio quien no ha podido comprobar legalmente que el edificio es de él, pero desalojó a los inquilinos, uno por uno.
Tras los desalojos, en febrero de este año el supuesto dueño del edificio llevó a más de 20 personas a habitar los departamentos, la mayoría, dice Rufina, jóvenes agresivos que controlan la entrada y salida.
Rufina, de 64 años, padece diabetes, un día se sintió muy mal y le pidió apoyo a una de las vecinas de la cuadra, pero los nuevos habitantes le prohibieron la entrada. Ella es costurera y ha perdido clientes porque tienen miedo de ir al inmueble; le han robado sus tanques de gas y hasta han golpeado a su nieto. La mujer lleva casi medio de año de padecer este acoso.
El último desalojo ocurrió en noviembre de 2018. El supuesto dueño levantó una demanda por atraso de pago de rentas contra los inquilinos, sin embargo, usó los nombres de personas fallecidas que antes rentaban, que ya ni siquiera viven en el edificio o nombres falsos.
A Rufina intentaron desalojarla bajo el argumento de que no pagaba la renta, pero la demanda no era contra ella, llegó a nombre de Felipe López Fernández, su tío, el antiguo inquilino, pero el segundo apellido estaba mal, lo correcto era Hernández.
Cuando ella argumentó este error la acusaron de invadir el departamento. A seis familias que habitaban en el inmueble los desalojaron igual, a Rufina no la han podido sacar porque está amparada y actualmente en negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) quien también revisa la situación legal de la propiedad.
“Me quieren hacer la vida imposible para que me salga”, dice. Ella se resiste porque defiende su derecho a la vivienda, pero todo sigue en un limbo legal.
Así engañan a la gente
De acuerdo con la Procuraduría capitalina, hay cuatro modalidades que han detectado para apoderarse de predios y viviendas: grupos irrumpen de manera violenta con armas al domicilio y amenazan a los propietarios y los obligan a firmar documentos notariales en los que ceden la propiedad.
Personas simulan ser abogados del Instituto de Verificación Administrativa y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y muestran documentos falsos con órdenes de desalojo; prometen la inscripción a los programas de vivienda o reconstrucción del gobierno y se apoderan de casas, departamentos o terrenos
Otro modo es presentarse como nuevos dueños o apoderados legales, aseguran tener permisos para remodelar y rentar los espacios a empresas.
La mayoría de los afectados son adultos mayores sin familia y personas de escasos recursos con poca posibilidad de enfrentar un juicio legal.
En mayo, la Procuraduría capitalina informó que, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se investigan a notarias, abogados, líderes e inmobiliarias involucradas en estos delitos.
El derecho a la vivienda, amenazado
Para Carlos Escoffié, abogado que colabora con distintas organizaciones de derechos humanos, la gentrificación, la corrupción y las mafias inmobiliarias están amenazando el derecho a la vivienda de los habitantes de la capital.
El derecho a la vivienda, explica Escoffié, no se limita al derecho a poder aplicar a créditos del Infonavit, Fovissste o bancario y tener una vivienda propia. “Más que un asunto inmobiliario es un asunto de derechos humanos”.
El derecho a la vivienda también tiene que ver con las garantías que deben tener las personas que viven en casas o departamentos que no son de su propiedad, que rentan o son prestadas. Es tener garantías de permanencia, sin ser arbitrariamente expulsado. Tiene que ver con la tranquilidad de que se pueda llevar un proyecto de vida en el lugar en el que te estás instalando. Es el derecho a garantías jurídicas de políticas públicas y juicios que eviten la situación de calle, detalla el litigante.
De acuerdo con Escoffié, la especulación inmobiliaria está tomando el papel del Estado en la planeación urbana. Son ellos quienes deciden dónde, cómo y para quién construir o alquilar. Dictan las reglas del desarrollo de la ciudad.
En España, por ejemplo se han tomado medidas a favor del derecho a la vivienda como limitar la cantidad de departamentos de un edificio que puede ser utilizado por plataformas de alquiler para el turismo, fijaron topes en los precios de las rentas y los planes de desarrollo urbano determinan áreas mixtas, en donde se incluyan zonas residenciales, comerciales y de interés social.
Juicios de amparo contra cambios a artículo sobre desalojos
Apenas en junio, el Poder Judicial de la Federación admitió cinco amparos por los cambios realizados al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos que trata sobre los desalojos en la Ciudad de México.
En mayo surgió la polémica por el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, que señalaba que los desalojos forzosos o lanzamientos podrían llevarse a cabo solo en casos excepcionales; además ordenaba garantizar un adecuado realojamiento de las personas desalojadas.
La antigua redacción del artículo establecía que las autoridades tenían que garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
Sin embargo, los diputados del Congreso de la Ciudad de México reformaron la legislación para que los desalojos se realicen con base en mandamientos judiciales, e incluyeron que las personas podrán solicitar su incorporación a programas de vivienda.
Para los colectivos vecinales, estas modificaciones realizadas por el Congreso capitalino constituyen una medida regresiva a la Constitución y a diversos tratados internacionales sobre el derecho humano a la vivienda.
Las demandas de amparo fueron interpuestas por mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores que fueron víctimas de desalojo.
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Se espera que la ceremonia del sorteo incluya la entrega de un nuevo Premio Nobel de la Paz de la FIFA, y que Trump sea el galardonado.
A solo kilómetro y medio de la Casa Blanca, el sorteo del Mundial el viernes tendrá un marcado carácter político.
La deslumbrante ceremonia tendrá lugar en el Kennedy Center, el famoso centro artístico de Washington que ahora es presidido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras la renovación de su junta directiva este año.
Junto a estrellas del fútbol, el deporte estadounidense y el mundo del espectáculo, Trump estará presente, al igual que los líderes de los otros dos países anfitriones: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Sin embargo, el proceso parece haber sido planeado teniendo al mandatario estadounidense muy presente.
El grupo de los años setenta Village People fue contratado para tocar YMCA, una de las canciones favoritas de Trump que se escucha con frecuencia en sus mítines de campaña.
Además, rompiendo con la tradición, la ceremonia del sorteo incluirá la entrega de un nuevo Premio Nobel de la Paz de la FIFA, y se espera que Trump sea el galardonado.
Estos gestos no harán más que subrayar la alianza forjada entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien anunció el reconocimiento el mes pasado tras afirmar que Trump merecía ganar el Premio Nobel de la Paz por su contribución al alto el fuego entre Israel y Gaza, y elogiar con entusiasmo sus políticas.
Para los críticos, estas medidas amenazan el compromiso de la FIFA con la neutralidad política, consagrado en sus estatutos, e imponen el riesgo de que el sorteo, y el propio torneo, se conviertan en herramientas de propaganda.
Los detractores consideran que Infantino y Trump tienen una relación demasiado estrecha, lo cual envía el mensaje de que el organismo rector del fútbol mundial se está alineando con el movimiento Make America Great Again (MAGA), y que respalda lo que muchos ven como una administración que fomenta la división.
Se preguntan si es sensato que la FIFA se asocie tan estrechamente con un hombre que esta misma semana hizo comentarios despectivos sobre los migrantes somalíes, describiéndolos como “basura”.
Al ser consultado sobre el premio, en medio de informes que indican que el Consejo de la FIFA no tenía conocimiento al respecto, un alto funcionario del organismo rector declaró a BBC Sport: “¿Por qué no puede ser más importante que el Premio Nobel de la Paz? El fútbol cuenta con un enorme apoyo mundial, por lo que es justo que reconozca los esfuerzos extraordinarios por lograr la paz cada año”.
Señaló que en 2019 no hubo tanta controversia cuando la FIFA otorgó al presidente de Argentina un premio en honor a su contribución al fútbol, y afirmó que la organización merece elogios por defender la paz en un mundo dividido.
Una relación especial
El presidente Bill Clinton decidió no asistir al sorteo del Mundial de 1994, cuando Estados Unidos fue la última sede del evento. Pero no sorprende que Trump haya optado por desempeñar un papel destacado, dada la plataforma global que le ofrece el Mundial.
Como indicio de las escenas que podrían aguardar en el evento del próximo año, Trump apareció en la final del Mundial de Clubes este año, donde optó por permanecer en el podio mientras el Chelsea celebraba la victoria, disfrutando claramente de ser el centro de atención tras entregarles el trofeo.
Más recientemente, saludó a Cristiano Ronaldo en una cena en la Casa Blanca en honor al príncipe heredero saudí. Apenas unos días después, la FIFA le concedió un indulto sorpresa al delantero, luego de eliminar una sanción en su contra en dos de tres partidos, tras ser expulsado por propinarle un codazo a Dara O’Shea en la derrota ante la República de Irlanda, lo que le aseguró su disponibilidad para los primeros partidos de Portugal en el Mundial.
También está la regularidad con la que Trump e Infantino han aparecido juntos en los últimos años, incluso en eventos fuera del ámbito deportivo.
Desde su primera visita al Despacho Oval en 2018, durante el primer mandato de Trump, Infantino ha sido visto con el presidente en el Foro Económico de Davos, en la firma en Washington de los Acuerdos de Abraham (un pacto entre Israel y algunos países árabes del Medio Oriente en 2020), e incluso como invitado en la segunda investidura de Trump en enero.
La FIFA celebró formalmente la estrecha amistad entre ambos tras ese evento, y el propio Infantino insistió en que era lógico, dada la importancia de que Estados Unidos acogiera tanto la Copa del Mundial de Clubes ampliada como el Mundial.
La FIFA también afirmó que Infantino tenía el deber de desarrollar y promover el fútbol a nivel mundial, y que también mantenía reuniones periódicas con otros líderes mundiales.
Las amistades de Infantino
Si bien Infantino parecía tener una relación menos estrecha con el expresidente Joe Biden durante su etapa en la Casa Blanca, sí la ha mantenido con otros jefes de estado.
Desde que reemplazó a su predecesor Sepp Blatter hace casi una década, después de prometer que restauraría la reputación y las finanzas de la FIFA tras un enorme escándalo de corrupción, Infantino ha aparecido cerca del presidente ruso Vladimir Putin, quien le otorgó una medalla de la Orden de la Amistad de Rusia en 2019, junto con los gobernantes de otros dos anfitriones de la Copa del Mundo en Qatar y Arabia Saudita.
La proximidad de Infantino con estos líderes inevitablemente genera controversia y críticas, pero es su relación con Trump la que ha provocado la mayor reacción negativa en el fútbol.
A principios de este año, los delegados de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, abandonaron el Congreso de la FIFA en Paraguay cuando Infantino llegó horas tarde tras unirse a Trump en una gira por el Medio Oriente, acusándolo de priorizar “intereses políticos privados”, lo cual “no le hace ningún favor al fútbol”.
En 2018, el propio Infantino declaró: “Está muy claro que la política debe mantenerse al margen del fútbol y el fútbol debe mantenerse al margen de la política”.
Sin embargo, defendió el viaje con Trump, insistiendo en que había sido crucial, ya que le permitió “representar al fútbol” en “importantes debates” con “líderes mundiales de la política y la economía”.
Pero el episodio solo intensificó el escrutinio sobre la relación, al igual que la decisión de la FIFA de establecer una nueva oficina en la Torre Trump de Nueva York. Infantino también apareció por sorpresa en una cumbre en Egipto en octubre, donde Trump y otros líderes mundiales firmaron una declaración para instaurar la paz en Gaza.
Infantino, el único líder deportivo presente, afirmó que el fútbol podría contribuir a los esfuerzos de paz y afirmó que la FIFA ayudaría a reconstruir las instalaciones en Gaza, pero su presencia volvió a generar controversia.
¿Un Mundial acogedor?
Entre tanta diplomacia futbolística, hay preocupación por el impacto que algunas políticas y declaraciones de Trump podrían tener en el Mundial. También existe incertidumbre sobre la acogida que recibirán en EE.UU. los visitantes de algunos países.
En junio, la Casa Blanca impuso a 19 países, principalmente de África, Medio Oriente y el Caribe, restricciones migratorias totales o parciales, haciendo referencia a la necesidad de gestionar las amenazas de seguridad.
En medio de sugerencias de que la lista pueda ampliarse a 30 países, tras la identificación de un hombre afgano como sospechoso del reciente tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, la FIFA se comprometió a organizar un torneo acogedor y unificador.
Sin embargo, Irán y Haití, cuyos equipos clasificaron para el Mundial, se encuentran entre los países afectados por la prohibición. La semana pasada, Irán anunció que planeaba boicotear el sorteo debido al número limitado de visas para su delegación.
La orden ejecutiva de junio exime de las restricciones de viaje a los atletas y al cuerpo técnico de las selecciones que participarán en el Mundial, pero los aficionados podrían verse afectados.
“Queremos asegurarnos de ser lo más acogedores posible”, declaró el miércoles Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Copa Mundial de la Casa Blanca.
Giuliani elogió un programa diseñado para acortar los tiempos de espera para las entrevistas de visas de visitante para quienes tengan boletos, pero no descartó las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dirigidas contra migrantes indocumentados en las sedes de la Copa Mundial.
El vocero insistió en que las autoridades querían garantizar que los visitantes ingresaran legalmente a Estados Unidos, para priorizar la seguridad de los estadounidenses.
Esta posición preocupa a los defensores de las libertades civiles.
Human Rights Watch (HRW) afirma que el sorteo se llevará a cabo en “un contexto de detenciones violentas de inmigrantes, despliegues de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y la servil cancelación de las campañas antirracistas y antidiscriminatorias de la propia FIFA”.
HRW forma parte de un grupo de organizaciones que el miércoles afirmó que la Copa Mundial corría un creciente peligro de ser utilizada como arma para fines autoritarios.
“Todavía hay tiempo para cumplir las promesas de la FIFA de una Copa Mundial libre de abusos contra los derechos humanos, pero el tiempo avanza”, afirmó HRW.
Tras elogiar a Infantino como “uno de los grandes hombres del deporte” durante una reunión en el Despacho Oval el mes pasado, Trump sugirió que incluso podría retirar partidos de las ciudades anfitrionas gobernadas por los demócratas si le preocupaba la seguridad.
Aunque no está claro si el presidente tomará, o si puede tomar, una medida que causaría importantes trastornos logísticos y legales, sus palabras aumentaron la incertidumbre sobre el torneo.
En la misma reunión, Trump sugirió que podría lanzar “ataques” contra México si con ello se detenía el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Tras las fricciones que ya generaron las políticas comerciales de Trump con México y Canadá, esto no hizo más que reforzar las preocupaciones sobre el nivel de cooperación entre los tres anfitriones del Mundial en cuestiones como la seguridad del torneo.
Infantino podría afirmar que, dada la imprevisibilidad de algunas declaraciones de Trump, mantener una relación estrecha con él es aún más crucial.
Pero otros argumentarían que también corre el riesgo de obstaculizar su capacidad para confrontar al presidente de Estados Unidos.
Imagen, elecciones e ingresos
Para Trump, el Mundial ha sido un tema central de su segunda presidencia. Le brinda la oportunidad ideal para proyectar su imagen a nivel mundial, junto con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos el próximo año.
Al elogiar el evento como una “oportunidad económica increíblemente significativa” para Estados Unidos, Trump también espera que suponga un impulso bienvenido para el turismo, luego de un año de baja actividad para el sector en el país.
La FIFA afirma que generará cerca de US$30.000 millones para la economía y creará casi 200.000 empleos. El torneo también es una oportunidad para que el país demuestre que puede organizar un megaevento exitoso, antes de que Los Ángeles albergue los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.
Para Infantino, el evento deportivo más lucrativo jamás organizado también es una fuente de ingresos muy útil. Esto le permite cumplir su compromiso de impulsar el fútbol en Estados Unidos, alimentar los ingresos comerciales de la FIFA y aumentar los pagos a las federaciones nacionales de fútbol, sin perjudicar sus posibilidades de una tercera reelección como presidente en 2027.
Un mercado desregulado en Estados Unidos le permite a la FIFA gestionar una plataforma oficial de reventa de entradas para la competencia que le reportará una comisión sin precedentes del 30% en cada transacción.
Los representantes de la afición condenan la medida, al alegar que corren el riesgo de ser explotados por un modelo de precios que no refleja el espíritu del Mundial. Sin embargo, esto también ayuda a explicar por qué la FIFA espera recaudar la cifra récord de más de US$13.000 millones en su ciclo 2023-2026.
La verdadera fortaleza de la relación entre Trump e Infantino podría verse puesta a prueba en los próximos meses. Sin embargo, ambos consideran claramente que su alianza es mutuamente beneficiosa.
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