Contra desalojos y gentrificación, Ibero y ONG abren clínica por el derecho a la vivienda
Para entender mejor
La Universidad Iberoamericana, en colaboración con la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC por sus siglas en inglés), abrió el primer espacio en México que, de manera gratuita, brindará consultorías, asesorías y dará seguimiento a casos de personas que hayan sido desalojadas de su vivienda, o que no cuenten con seguridad jurídica sobre el espacio en el que habitan.
“El proyecto surge ante la preocupación de tener un espacio de acompañamiento jurídico de defensa de derechos ante las problemáticas del tema de vivienda que existen en la ciudad desde hace años, como los desalojos, desplazamiento de personas, aumento de los precios del alquiler, gentrificación y turistificación en distintas zonas del país”, explica Daniela Sánchez Carro, profesora de la Universidad Iberoamericana y coordinadora de la clínica.
La maestra Sánchez explicó que el equipo de personas que se dedicará a asesorar y acompañar los casos estará conformado por académicos universitarios, así como activistas de HIC, quienes trabajarán con estudiantes de la Ibero que se interesen en especializarse en la defensa del derecho a la vivienda.
El proyecto fue nombrado como María Luisa Marín, activista del movimiento inquilinario del puerto de Veracruz en 1922, quien luchó para mejorar las condiciones de miles de personas que arrendaban viviendas en condiciones precarias, con pagos injustos a los propietarios.
Reivindicar la vivienda como derecho
De acuerdo con Daniela Sánchez, en décadas recientes “se ha suscitado un proceso de mercantilización y financiarización de la vivienda, lo que la ha convertido en un bien para especular y obtener ganancias que le deslinda de su esencia y función vital, que es dotar a las personas o familias con un techo, seguridad y privacidad”.
Silvia Emanuelli, directora de HIC-AL, señala que el panorama del derecho a la vivienda “se está complejizando, porque desde hace algunos años se ha transformado en una mercancía que se cotiza en la bolsa de valores, con capitales internacionales que invierten en bienes raíces”.
Según datos oficiales, mencionados en el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cada año 20 mil personas son expulsadas cada año de la capital del país, por imposibilidad de pago de la vivienda, situación que lleva a que algunas de ellas se vean en la necesidad de ubicarse en lugares peligrosos o asentamientos precarios.
Además, tan solo en la capital, los inquilinos destinan entre 48% y 51% de sus ingresos mensuales para pagar alquiler, lo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas se encuentra por arriba del límite máximo de pago de una vivienda, provocando afectaciones en la capacidad de satisfacción de otras necesidades básicas de las personas, como la alimentación, el vestido o el transporte.
En este contexto —que se presenta a nivel local, nacional e internacional—, la especialista afirma que es necesario desvincular a la vivienda de este concepto para “reivindicarla como un derecho y no dejarla en manos del mercado”.
Por ahora la clínica centrará sus actividades a fomentar el conocimiento de los estudiantes durante un semestre para especializarse en temáticas relacionadas con el derecho a la vivienda adecuada, en términos jurídicos y de investigación con enfoque social para documentar los casos y el contexto en el que ocurren.
“Pero sin duda, nuestro objetivo es que se convierta en una clínica que pueda responder a necesidades más específicas, y que pueda no solo respaldar a los afectados en la Ciudad de México, sino en todo el país”, detalla Emanuelli.
En los próximos días, los integrantes de la clínica se reunirán con grupos de personas integrantes de movimientos urbanos contra los desalojos, cuyos casos serán evaluados por un consejo asesor que estará conformado por abogadas y abogados especialistas en el tema, entre ellos Carla Escoffié, Antonio Azuela de la Cueva, así como Lucino Rangel.
La búsqueda de recursos
Con el objetivo de incrementar los recursos de para la defensa legal del derecho a la vivienda, HIC-AL lanzó la campaña de recaudación de fondos “Apoya a personas desalojadas en México”, cuyas donaciones serán destinadas al pago de abogados que emprendan litigios y la ayuda emergente de quienes lo requieran.
A través de la plataforma Globalgiving, HIC-AL espera recabar 8 mil dólares, con los que, además, financiarán capacitaciones e investigaciones que permitan contar con más datos para visibilizar los problemas y casos con los que trabajan, como parte de una estrategia que logre incidir para que se logren políticas públicas progresistas que aseguren a todas las personas el derecho a la vivienda.
Los colectivos y vecinos que quieran ponerse en contacto con la clínica jurídica o con HIC-AL para pedir asesoría pueden escribirles a través de las redes sociales de la organización, o al correo electrónico clinicajuridica.dv@ibero.mx.
Relacionado
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- “Estoy viva por Dios y por la Virgen”: Cristina Kirchner habla por primera vez en público sobre el atentado en su contra
- “Quieren verme presa o muerta”: la dura acusación de Cristina Kirchner tras ser condenada a 6 años de prisión por corrupción
- El fuerte (y polémico) apoyo de varios mandatarios latinoamericanos a Cristina Kirchner tras la acusación de corrupción
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
