
Este 12 de agosto se cumplen los 90 días que el decreto de creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) establecía para que este comenzara a operar. Aunque aún no está funcionando porque una parte del edificio sigue ocupada por particulares, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, considera que el proceso de selección de personal que trabajará ahí y la recolección previa de datos ya son un inicio.
El CNIH, cuyas instalaciones estarán en Xochitepec, Morelos, debe ser una unidad administrativa, con independencia técnico-científica para resguardar la información tendiente a la identificación humana, la cual, una vez procesada, será remitida a la autoridad competente y dada a conocer a las familias interesadas, según el decreto que le da vida, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo.
El artículo segundo transitorio de ese documento señala que “el Centro Nacional deberá comenzar a operar a los noventa días siguientes de la entrada en vigor del presente Decreto”, es decir, al día siguiente de su publicación.
Aunque la mitad de un piso sigue ocupada —según constató Animal Político en una visita al lugar y confirmó después la titular de la CNB— por un laboratorio de prueba de medicamentos que, por lineamientos técnicos, no puede desalojar de inmediato, la comisionada asegura que eso no impedirá que inicien las adecuaciones, además de que están en proceso de evaluación más de 8 mil perfiles que han recibido para laborar ahí.
Esto, a partir de una convocatoria pública lanzada el 27 de julio para el proceso de selección de personal para ocupar plazas en diversos niveles operativos y de mandos medios, destinada a profesionistas en diferentes campos con habilidades de actuación con bases científicas y desarrollo del pensamiento crítico, conocimiento de leyes y protocolos nacionales e internacionales relacionados con búsqueda, localización e identificación de personas, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, entre otras.
“Creo que en realidad el tema de entrar en operación es que ya se esté construyendo todo lo que será el centro. Sacamos una convocatoria, y hemos recibido más de 8 mil perfiles. Por otro lado, está el tema de las instalaciones: el edificio está, digamos, entregado a la Secretaría de Gobernación. No sé si físicamente estén hoy, pero ya hoy me contactaron para empezar las adecuaciones”, señaló Quintana. Las contrataciones, dijo, podrían estar listas entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, y se trataría de varias decenas de personas.
Sobre el presupuesto inicial que se destinará al centro durante este año, sin precisar cuánto, Quintana aseguró que por ahora hay recursos suficientes para las nuevas plazas, para pagar el comodato de las instalaciones y para adecuar el edificio. Además, dijo, para ello contarán con cooperación internacional que ya se ha conversado con las embajadas de Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea para apoyar las acciones del centro desde este año.
“Tendrá un edificio propio, todo el inmobiliario, todo lo que implica tener un edificio de esta naturaleza con un enfoque científico funcionando, y se suma también la cooperación internacional; adicional a esto, ya estamos solicitando mayor presupuesto para el próximo año para la Comisión Nacional (de Búsqueda) en general, y esto se dirigirá en parte importante al Centro Nacional”, aseguró la comisionada.
El personal de la propia comisión también podría ampliarse, detalló, pues hasta ahora son 89 personas y las solicitudes de búsqueda han aumentado considerablemente, por lo que es necesario reforzar otras áreas de la comisión.
Según Quintana, el inicio de la operación debe entenderse como un proceso, desde lo que ya se ha hecho en centros regionales en Coahuila y Jalisco: “Lo que se está trabajando ya ahí y lo que tendremos que empezar en otras entidades federativas para analizar información es parte de un proceso y no podemos verlo como algo aislado. La información que se está trabajando ahí, que está trabajando el Mecanismo Extraordinario (de Identificación Forense), por ejemplo, en Tamaulipas, también es parte de este esfuerzo colectivo. Cuando hablamos de iniciación de trabajos del centro, tenemos que verlo en esta gran escala”.
Tras la aprobación del decreto de creación del centro, Animal Político publicó que el dictamen aprobado por el Congreso para crear el CNIH no lo dota de recursos específicos adicionales para este año, sino que su puesta en marcha dependerá de un subsidio federal ya autorizado que se destina a las comisiones de búsqueda estatales, y hasta ahora ha sido insuficiente.
En respuesta a una solicitud de información pública, la CNB señaló que el presupuesto para el CNIH será asignado a través de la CNB a partir de los dos programas presupuestarios que maneja: el P026, para determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que este año asciende a 143 millones 645 mil 776 pesos, y el U008, para subsidios para las acciones de búsqueda, que es de 603 millones 781 mil 613 pesos en 2022.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y colectivos de búsqueda subrayan que, aunque la creación del CNIH representa un avance —siempre y cuando cuente con presupuesto suficiente—, de ninguna manera sustituye la ausencia de un Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017.
En más de cuatro años, este instrumento, responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), no ha sido creado. En la última semana, este reclamo se ha avivado mediante la campaña #IdentificaciónYa, lo que responde a las familias que llevan años exigiendo el cumplimiento de la ley, así como al señalamiento del Comité contra la desaparición forzada de la ONU en el informe de su visita a México.
“El Centro Pro acompaña a colectivos de diferentes regiones del país, tanto en el norte como en la zona del Bajío y el sur de del país, y lo que vemos es una constante: las familias llevan años ya organizando brigadas de búsqueda de forma muy eficiente en términos de hallazgos, y la coincidencia entre todos estos esfuerzos es que después de los hallazgos se encuentran con esa gran barrera, que es la deficiencia en el procesamiento y en los procesos de identificación de esos cuerpos, de esos restos”, explica Melissa Zamora, cocoordinadora del área de Defensa de esa organización.
La campaña se hizo con la intención de remarcar que el banco es urgente, y a ella antecede una demanda de amparo que acompañó el Centro Pro presentada el 30 agosto de 2021 por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, en reclamo a diversas afectaciones a su derecho a la verdad y a la justicia como consecuencia de la falta de creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses.
“Se presentó hace ya casi un año, y en el Centro Pro lo que vemos con preocupación es esa tardanza del Poder Judicial de la Federación cuando se trata de casos de la mayor relevancia. Entendemos que conocen muchos casos, pero lo que vemos es que hay algunos que sí pueden resolverse con mucho menos tiempo, y un caso de tanta relevancia, que implica un beneficio no solamente para la persona que lo presentó, sino para muchas familias…”, apunta Zamora.
Colectivos y organizaciones coinciden en que el banco debe existir independientemente de la creación del CNIH, pero, además, es fundamental para su operación óptima. Sin embargo, mientras la CNB es responsable del Centro Nacional de Identificación Humana, el banco es responsabilidad de la FGR, por lo que lo primero que se requiere es coordinación.
“Ese principio transversal de todas las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda, que es la coordinación en las autoridades; lo que vemos es que son relevantes los avances que se han mostrado, pero la implementación de la ley debe ser de forma coordinada para que justamente cumpla su objetivo, que es garantizar justicia y verdad para las víctimas que están buscando a sus seres queridos”, asegura Zamora.
Karla Quintana dice estar totalmente de acuerdo con el señalamiento de organizaciones y colectivos, pues el banco es una obligación legal de la FGR. “De ninguna manera el trabajo del centro pretende dividir; justamente la crítica que hemos hecho nosotros siempre es que gran parte del problema de la búsqueda y la investigación es la división entre instituciones, la falta de compartir información”.
Los datos que produzca el CNIH, aseguró, sobre todo en coordinación con las fiscalías locales, serán compartidos con ellas para que, a su vez, los hagan llegar al Banco Nacional de Datos Forenses. “Se trata de sumar; sí hace falta (el banco), claramente todavía es una omisión de la fiscalía el que no exista y es un reclamo totalmente válido, y sumarnos a que efectivamente, tiene que existir”, añadió.
Quintana considera que el banco es una herramienta fundamental para la búsqueda forense, y el paso que se debe dar como Estado mexicano es romper con las inercias de celo institucional que impiden compartir información. Aunque el banco y la interconexión entre instituciones tendrían que garantizarse, desde el CNIH se priorizará la metodología de enfoque masivo para el análisis de las muestras.
“Tener una base de datos no es suficiente; es cómo la vas a alimentar. Eso es fundamental, y si no pensamos en que esta metodología tiene que ser de forma masiva, ahí podemos estar perdiendo una oportunidad importante de localizar de manera más pronta a las personas. La política que ha impulsado la CNB es hacia la identificación masiva, y sí es una metodología distinta que no es trabajada así por las fiscalías de los estados”, aseguró.
Recordó que también están pendientes el registro de fosas comunes, así como el de personas fallecidas no identificadas, ambas fundamentales en la búsqueda forense y que no existen hasta el día de hoy.
De acuerdo con el informe del Comité de la ONU, para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que, se estima, permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a la insuficiencia de los servicios forenses y a la ausencia de una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas.
Durante el acto de entrega del edificio que ocupará el CNIH, Yolanda Morán destacó, a nombre del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que para que funcione de verdad se requieren recursos económicos suficientes, así como las bases de datos que se adeudan desde hace años.
“Queremos que dejen a un lado la soberbia todas las fiscalías, y hago mención de las fiscalías porque este Centro Nacional y los centros regionales no serán más que elefantes blancos si no hay un presupuesto y, sobre todo, la aportación de las fiscalías respecto a expedientes y a cuerpos, porque si no hay el elemento base para que trabajen los centros, de nada servirá el esfuerzo”, dijo.

Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.