Alistan Centro Nacional de Identificación Humana, pero su edificio aún está ocupado; hoy debería comenzar operaciones
Este 12 de agosto se cumplen los 90 días que el decreto de creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) establecía para que este comenzara a operar. Aunque aún no está funcionando porque una parte del edificio sigue ocupada por particulares, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, considera que el proceso de selección de personal que trabajará ahí y la recolección previa de datos ya son un inicio.
El CNIH, cuyas instalaciones estarán en Xochitepec, Morelos, debe ser una unidad administrativa, con independencia técnico-científica para resguardar la información tendiente a la identificación humana, la cual, una vez procesada, será remitida a la autoridad competente y dada a conocer a las familias interesadas, según el decreto que le da vida, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo.
El artículo segundo transitorio de ese documento señala que “el Centro Nacional deberá comenzar a operar a los noventa días siguientes de la entrada en vigor del presente Decreto”, es decir, al día siguiente de su publicación.
Aunque la mitad de un piso sigue ocupada —según constató Animal Político en una visita al lugar y confirmó después la titular de la CNB— por un laboratorio de prueba de medicamentos que, por lineamientos técnicos, no puede desalojar de inmediato, la comisionada asegura que eso no impedirá que inicien las adecuaciones, además de que están en proceso de evaluación más de 8 mil perfiles que han recibido para laborar ahí.
Esto, a partir de una convocatoria pública lanzada el 27 de julio para el proceso de selección de personal para ocupar plazas en diversos niveles operativos y de mandos medios, destinada a profesionistas en diferentes campos con habilidades de actuación con bases científicas y desarrollo del pensamiento crítico, conocimiento de leyes y protocolos nacionales e internacionales relacionados con búsqueda, localización e identificación de personas, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, entre otras.
“Creo que en realidad el tema de entrar en operación es que ya se esté construyendo todo lo que será el centro. Sacamos una convocatoria, y hemos recibido más de 8 mil perfiles. Por otro lado, está el tema de las instalaciones: el edificio está, digamos, entregado a la Secretaría de Gobernación. No sé si físicamente estén hoy, pero ya hoy me contactaron para empezar las adecuaciones”, señaló Quintana. Las contrataciones, dijo, podrían estar listas entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, y se trataría de varias decenas de personas.
Sobre el presupuesto inicial que se destinará al centro durante este año, sin precisar cuánto, Quintana aseguró que por ahora hay recursos suficientes para las nuevas plazas, para pagar el comodato de las instalaciones y para adecuar el edificio. Además, dijo, para ello contarán con cooperación internacional que ya se ha conversado con las embajadas de Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea para apoyar las acciones del centro desde este año.
“Tendrá un edificio propio, todo el inmobiliario, todo lo que implica tener un edificio de esta naturaleza con un enfoque científico funcionando, y se suma también la cooperación internacional; adicional a esto, ya estamos solicitando mayor presupuesto para el próximo año para la Comisión Nacional (de Búsqueda) en general, y esto se dirigirá en parte importante al Centro Nacional”, aseguró la comisionada.
El personal de la propia comisión también podría ampliarse, detalló, pues hasta ahora son 89 personas y las solicitudes de búsqueda han aumentado considerablemente, por lo que es necesario reforzar otras áreas de la comisión.
Según Quintana, el inicio de la operación debe entenderse como un proceso, desde lo que ya se ha hecho en centros regionales en Coahuila y Jalisco: “Lo que se está trabajando ya ahí y lo que tendremos que empezar en otras entidades federativas para analizar información es parte de un proceso y no podemos verlo como algo aislado. La información que se está trabajando ahí, que está trabajando el Mecanismo Extraordinario (de Identificación Forense), por ejemplo, en Tamaulipas, también es parte de este esfuerzo colectivo. Cuando hablamos de iniciación de trabajos del centro, tenemos que verlo en esta gran escala”.
Tras la aprobación del decreto de creación del centro, Animal Político publicó que el dictamen aprobado por el Congreso para crear el CNIH no lo dota de recursos específicos adicionales para este año, sino que su puesta en marcha dependerá de un subsidio federal ya autorizado que se destina a las comisiones de búsqueda estatales, y hasta ahora ha sido insuficiente.
En respuesta a una solicitud de información pública, la CNB señaló que el presupuesto para el CNIH será asignado a través de la CNB a partir de los dos programas presupuestarios que maneja: el P026, para determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que este año asciende a 143 millones 645 mil 776 pesos, y el U008, para subsidios para las acciones de búsqueda, que es de 603 millones 781 mil 613 pesos en 2022.
#IdentificaciónYa: el Banco Nacional de Datos Forenses y otras deudas
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y colectivos de búsqueda subrayan que, aunque la creación del CNIH representa un avance —siempre y cuando cuente con presupuesto suficiente—, de ninguna manera sustituye la ausencia de un Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desde 2017.
En más de cuatro años, este instrumento, responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), no ha sido creado. En la última semana, este reclamo se ha avivado mediante la campaña #IdentificaciónYa, lo que responde a las familias que llevan años exigiendo el cumplimiento de la ley, así como al señalamiento del Comité contra la desaparición forzada de la ONU en el informe de su visita a México.
“El Centro Pro acompaña a colectivos de diferentes regiones del país, tanto en el norte como en la zona del Bajío y el sur de del país, y lo que vemos es una constante: las familias llevan años ya organizando brigadas de búsqueda de forma muy eficiente en términos de hallazgos, y la coincidencia entre todos estos esfuerzos es que después de los hallazgos se encuentran con esa gran barrera, que es la deficiencia en el procesamiento y en los procesos de identificación de esos cuerpos, de esos restos”, explica Melissa Zamora, cocoordinadora del área de Defensa de esa organización.
La campaña se hizo con la intención de remarcar que el banco es urgente, y a ella antecede una demanda de amparo que acompañó el Centro Pro presentada el 30 agosto de 2021 por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, en reclamo a diversas afectaciones a su derecho a la verdad y a la justicia como consecuencia de la falta de creación y operación del Banco Nacional de Datos Forenses.
“Se presentó hace ya casi un año, y en el Centro Pro lo que vemos con preocupación es esa tardanza del Poder Judicial de la Federación cuando se trata de casos de la mayor relevancia. Entendemos que conocen muchos casos, pero lo que vemos es que hay algunos que sí pueden resolverse con mucho menos tiempo, y un caso de tanta relevancia, que implica un beneficio no solamente para la persona que lo presentó, sino para muchas familias…”, apunta Zamora.
Colectivos y organizaciones coinciden en que el banco debe existir independientemente de la creación del CNIH, pero, además, es fundamental para su operación óptima. Sin embargo, mientras la CNB es responsable del Centro Nacional de Identificación Humana, el banco es responsabilidad de la FGR, por lo que lo primero que se requiere es coordinación.
“Ese principio transversal de todas las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda, que es la coordinación en las autoridades; lo que vemos es que son relevantes los avances que se han mostrado, pero la implementación de la ley debe ser de forma coordinada para que justamente cumpla su objetivo, que es garantizar justicia y verdad para las víctimas que están buscando a sus seres queridos”, asegura Zamora.
Karla Quintana dice estar totalmente de acuerdo con el señalamiento de organizaciones y colectivos, pues el banco es una obligación legal de la FGR. “De ninguna manera el trabajo del centro pretende dividir; justamente la crítica que hemos hecho nosotros siempre es que gran parte del problema de la búsqueda y la investigación es la división entre instituciones, la falta de compartir información”.
Los datos que produzca el CNIH, aseguró, sobre todo en coordinación con las fiscalías locales, serán compartidos con ellas para que, a su vez, los hagan llegar al Banco Nacional de Datos Forenses. “Se trata de sumar; sí hace falta (el banco), claramente todavía es una omisión de la fiscalía el que no exista y es un reclamo totalmente válido, y sumarnos a que efectivamente, tiene que existir”, añadió.
Quintana considera que el banco es una herramienta fundamental para la búsqueda forense, y el paso que se debe dar como Estado mexicano es romper con las inercias de celo institucional que impiden compartir información. Aunque el banco y la interconexión entre instituciones tendrían que garantizarse, desde el CNIH se priorizará la metodología de enfoque masivo para el análisis de las muestras.
“Tener una base de datos no es suficiente; es cómo la vas a alimentar. Eso es fundamental, y si no pensamos en que esta metodología tiene que ser de forma masiva, ahí podemos estar perdiendo una oportunidad importante de localizar de manera más pronta a las personas. La política que ha impulsado la CNB es hacia la identificación masiva, y sí es una metodología distinta que no es trabajada así por las fiscalías de los estados”, aseguró.
Recordó que también están pendientes el registro de fosas comunes, así como el de personas fallecidas no identificadas, ambas fundamentales en la búsqueda forense y que no existen hasta el día de hoy.
De acuerdo con el informe del Comité de la ONU, para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que, se estima, permanecen sin identificar en México, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a la insuficiencia de los servicios forenses y a la ausencia de una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas.
Durante el acto de entrega del edificio que ocupará el CNIH, Yolanda Morán destacó, a nombre del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que para que funcione de verdad se requieren recursos económicos suficientes, así como las bases de datos que se adeudan desde hace años.
“Queremos que dejen a un lado la soberbia todas las fiscalías, y hago mención de las fiscalías porque este Centro Nacional y los centros regionales no serán más que elefantes blancos si no hay un presupuesto y, sobre todo, la aportación de las fiscalías respecto a expedientes y a cuerpos, porque si no hay el elemento base para que trabajen los centros, de nada servirá el esfuerzo”, dijo.
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Turquía ha construido más de 100 bases militares en territorio iraquí, lo que aumenta los temores de una ocupación.
En las montañas del Kurdistán iraquí se encuentra el pintoresco pueblo de Sergele.
Durante generaciones, aldeanos como Sherwan Sergele se han ganado la vida cultivando granadas, almendras y duraznos, y buscando frutos silvestres y especias en los bosques circundantes.
Pero Sergele, situado a 16 km de la frontera con Turquía, está cada vez más rodeado de bases militares turcas, que se extienden por las laderas.
Una de estas, asentada a media altura de la cima occidental, se alza imponente sobre el pueblo, mientras que otra, en el oriente, está en construcción.
Al menos siete bases se han construido aquí en los últimos dos años, incluyendo una junto a una pequeña presa que regula el suministro de agua de Sergele, lo que la ubica en un lugar prohibido para los aldeanos.
“Esto es 100% una forma de ocupación de tierras kurdas [del Kurdistán iraquí]”, afirma Sherwan, de 50 años, quien ha perdido el acceso a parte de sus tierras.
“Los turcos lo arruinaron”, agrega.
Sergele está ahora en peligro de ser arrastrado a lo que localmente se conoce como la “Zona Prohibida”, una extensa franja de tierra en el norte de Irak afectada por la guerra de Turquía contra el grupo militante kurdo PKK, que inició una insurgencia en el sur del territorio turco en 1984.
La Zona Prohibida abarca casi toda la frontera iraquí con Turquía y en algunos tramos se adentra hasta 40 km.
Equipos y Comunidades de Acción por la Paz, un grupo de derechos humanos con sede en el Kurdistán iraquí, afirma que cientos de civiles han muerto a causa de ataques aéreos y con drones en la Zona Prohibida y sus alrededores.
Según un informe parlamentario del Kurdistán de 2020, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y pueblos enteros fueron vaciados por el conflicto.
Sergele se encuentra ahora en la primera línea de la guerra de Turquía contra el PKK.
Cuando el equipo de investigaciones de la BBC visitó la zona, aviones turcos bombardearon las montañas que rodean la aldea para erradicar a los militantes del PKK, que desde hace tiempo operan desde cuevas y túneles en el norte de Irak.
Gran parte de las tierras alrededor de Sergele fueron arrasadas por los bombardeos.
“Cuantas más bases construyan, peor nos irá”, dice Sherwan.
Decenas de instalaciones militares
En los últimos años Turquía ha estado incrementando rápidamente su presencia militar en la Zona Prohibida, pero hasta ahora no se conocía públicamente la magnitud de esta expansión.
Con imágenes satelitales analizadas por expertos y corroboradas con informes sobre el terreno y contenido de código abierto, la BBC descubrió que, hasta diciembre de 2024, el ejército turco había construido al menos 136 instalaciones militares fijas en el norte de Irak.
A través de su vasta red de bases militares, Turquía ahora tiene un control de facto más de 2.000 km² de territorio iraquí, según el análisis de la BBC.
Las imágenes satelitales revelan, además, que el ejército turco ha construido al menos 660 km de carreteras para conectar sus instalaciones.
Estas rutas de suministro han provocado deforestación dejando una huella perdurable en las montañas de la región.
Si bien algunas bases datan de la década de 1990, el 89% han sido construidas desde 2018, el año en que Turquía comenzó a expandir significativamente su presencia militar en el Kurdistán iraquí.
El gobierno turco no respondió a las solicitudes de entrevistas de la BBC, pero mantiene que sus bases militares son necesarias para contrarrestar al PKK, considerado organización terrorista por Ankara y varios países occidentales, incluido Reino Unido.
Kani Masi, la capital del subdistrito, a solo 4 km de la frontera entre Irak y Turquía, tiene zonas ubicadas dentro de la Zona Prohibida y podría ofrecer una visión del futuro de Sergele.
En la población que una vez fue famosa por su producción de manzanas, ahora quedan pocos residentes.
El agricultor Salam Saeed, cuyas tierras se encuentran a la sombra de una enorme base turca, no ha podido cultivar su viñedo en los últimos tres años.
“En cuanto llegas aquí, tienes un dron sobrevolándote”, le dice a la BBC. “Te disparan si te quedas”.
El ejército turco se instaló aquí por primera vez en la década de 1990 y ha ido consolidando su presencia desde entonces.
Su base militar principal, con muros de hormigón antiexplosiones, torres de vigilancia y comunicación, y espacio para el desplazamiento de vehículos blindados de transporte de personal, está mucho más desarrollada que los pequeños puestos de avanzada en los alrededores de Sergele.
Salam, al igual que otros lugareños, cree que Turquía, en última instancia, quiere reclamar el territorio como suyo.
“Lo único que quieren es que abandonemos estas zonas”, añade.
Poca influencia
Cerca de Kani Masi, la BBC pudo observar cómo las fuerzas turcas efectivamente han hecho retroceder a la guardia fronteriza iraquí, responsable de proteger las fronteras internacionales de Irak.
En varios puntos, los guardias fronterizos protegían sus posiciones en territorio iraquí, justo enfrente de las tropas turcas, sin poder llegar hasta la frontera y con el riesgo potencial de un enfrentamiento.
“Los puestos que ven son puestos turcos”, dice el general Farhad Mahmoud, señalando una cima al otro lado de un valle, a unos 10 km dentro del territorio iraquí.
Pero “no podemos llegar a la frontera para saber el número de puestos”, añade.
La expansión militar de Turquía en el Kurdistán iraquí, impulsada por su auge como potencia en el uso de drones y su creciente presupuesto de defensa, se considera parte de un cambio más amplio en su política exterior hacia un mayor intervencionismo en la región.
Al igual que en sus operaciones en Irak, Turquía también ha buscado establecer una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera con Siria para contener a los grupos armados sirios aliados con el PKK.
En público, el gobierno iraquí condena la presencia militar turca en el país. Pero en privado ha accedido a algunas de las exigencias de Ankara.
En 2024, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para combatir conjuntamente al PKK.
Pero el documento, obtenido por la BBC, no impone ninguna limitación a las tropas turcas en Irak.
Irak depende de Turquía para el comercio, la inversión y la seguridad hídrica, y su fragmentada política interna continúa socavando la capacidad del gobierno para adoptar una postura firme.
El gobierno nacional iraquí no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Mientras tanto, los gobernantes de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí mantienen una estrecha relación con Ankara basada en intereses mutuos y a menudo minimizan los daños civiles causados por las acciones militares turcas.
El Partido Democrático del Kurdistán (PDK), archienemigo del PKK, domina el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y ha estado oficialmente al mando desde 2005, cuando la constitución iraquí otorgó a la región su estatus semiautónomo.
Los estrechos vínculos del PDK con Turquía han contribuido al éxito económico de la región y han fortalecido su posición, tanto frente a sus rivales políticos regionales como ante el gobierno iraquí en Bagdad, con el que pugna por una mayor autonomía.
Hoshyar Zebari, miembro de alto rango del politburó del PDK, trató de culpar al PKK de la presencia turca en el Kurdistán iraquí.
“Ellos [el ejército turco] no están perjudicando a nuestro pueblo”, le dijo a la BBC.
“No los están deteniendo. No están interfiriendo en sus asuntos. Su objetivo principal, su único objetivo, es el PKK”.
“Nos han destruido”
El conflicto no da señales de tener un fin, a pesar de que el líder del PKK, Abdulla Öcalan, encarcelado desde hace tiempo, pidió en febrero a sus combatientes deponer las armas y disolverse.
Turquía ha continuado bombardeando objetivos en todo el Kurdistán iraquí, mientras que el PKK se atribuyó la responsabilidad del derribo de un dron turco el mes pasado.
Y aunque los incidentes violentos en Turquía han disminuido desde 2016, según un recuento de la ONG Crisis Group, en Irak se han disparado, y los civiles que viven en la región fronteriza enfrentan un riesgo creciente de muerte y desplazamiento.
Uno de los muertos fue Alan Ismail, de 24 años, un paciente con cáncer en etapa cuatro que fue alcanzado por un ataque aéreo en agosto de 2023 mientras viajaba a las montañas con su primo, Hashem Shaker.
El ejército turco negó haber llevado a cabo un ataque ese día, pero un informe policial visto por la BBC atribuye el incidente a un dron turco.
Cuando Hashem presentó una denuncia ante un tribunal local por el ataque, fue detenido por las fuerzas de seguridad kurdas y retenido durante ocho meses bajo sospecha de apoyar al PKK, acusación que él y su familia niegan.
“Nos han destruido. Es como matar a toda la familia”, afirma Ismail Chichu, padre de Alan.
“Ellos [los turcos] no tienen derecho a matar gente en su propio país, en su propia tierra”.
El Ministerio de Defensa de Turquía no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Anteriormente, ha declarado a los medios que las fuerzas armadas turcas respetan el derecho internacional y que, en la planificación y ejecución de sus operaciones, solo atacan a terroristas, procurando evitar daños a la población civil.
La BBC vio documentos que sugieren que las autoridades kurdas podrían haber ayudado a Turquía a evadir su responsabilidad por las víctimas civiles.
Documentos confidenciales a los que tuvo acceso la BBC muestran que un tribunal kurdo cerró la investigación sobre el asesinato de Alan, alegando que se desconocía al autor.
Y su certificado de defunción, emitido por las autoridades kurdas y visto por la BBC, indica que murió a causa de “fragmentos explosivos”.
El hecho de no mencionar que las víctimas de ataques aéreos mueren como resultado de la violencia, y no en un accidente, dificulta que las familias busquen justicia e indemnización, a las que tienen derecho tanto bajo la legislación iraquí como kurda.
“En la mayoría de los certificados de defunción, solo escribieron ‘infijar’, que significa explosión”, afirma Kamaran Othman, de Equipos y Comunidades de Acción por la Paz.
“Puede ser cualquier cosa que explote. Creo que el Gobierno Regional Kurdo no quiere responsabilizar a Turquía de lo que está haciendo aquí”, agrega.
El GRK afirmó que varias víctimas del conflicto entre Turquía y el PKK han sido documentadas como “mártires civiles”, lo que significa que murieron injustamente y tienen derecho a una indemnización.
Casi dos años después de la muerte de Alan, su familia sigue esperando, si no una indemnización, al menos el reconocimiento del GRK.
“Al menos podrían enviar sus condolencias; no necesitamos su indemnización”, dice Ismail.
“Cuando algo se pierde, se pierde para siempre”.
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