Sandra respira aliviada porque su amiga por fin recibe atención tras ser rechazada en siete hospitales. Afectada por inyectarse biopolímeros, la asisten en la primera clínica pública para personas transexuales de México.
“Eso es discriminación”, denuncia Sandra Montiel, trabajadora sexual de 43 años, al recapitular el tortuoso periplo por centros de salud de la capital.
Su compañera finalmente fue auxiliada en la Clínica Trans de Ciudad de México, la primera de su tipo en el país. En Latinoamérica son mayoritariamente privadas.
Llegó allí luego de sufrir complicaciones por aplicarse biopolímeros en los glúteos. En casos extremos, esta sustancia puede generar infecciones mortales.
Pero aún así “no la quisieron ni tocar, ni revisar, ni hacer una limpieza” en los otros hospitales, contó indignada Sandra a la AFP.
Situaciones de confusión y rechazo son frecuentes para las personas trans cuando buscan atención médica, algo que en la nueva clínica quieren erradicar al ofrecer un servicio que incluye apoyo psicológico y tratamientos hormonales.
“No todos los lugares de salud están capacitados o familiarizados con la comunidad trans. Muchas veces (las pacientes) se sienten discriminadas o tienen miedo a un maltrato”, cuenta Erika González, encargada del área médica.
La clínica, una promesa de campaña de la alcaldesa Claudia Sheinbaum, cuenta con 32 trabajadores, de los cuales 11 mujeres y hombres trans con quienes se busca generar confianza a los usuarios.
“Entender desde pares (…) rompe los paradigmas de otros espacios en donde se sienten violentadas, excluidas y discriminadas”, explica Oyuki Martínez, asesora del centro de salud y activista trans, de 43 años.
Lo sabe bien el enfermero Karim Gutiérrez, quien se ha sentido discriminado por ser transgénero.
“Fuimos buscados (contratados) para poder dar este abrigo, para no vernos diferentes (…), no tener esta observación de qué eres cuando realmente somos personas”, sostiene Gutiérrez, de 38 años y quien cambió su identidad hace dos.
Estas modificaciones legales son posibles en la capital desde 2014.
Instalada en un edificio de dos plantas en el centro de la ciudad, la clínica cuenta con dos médicos generales y cuatro especialistas.
Aunque no ofrece cirugías, de ser necesario puede emitir autorizaciones para que los pacientes sean atendidos en otros hospitales públicos.
En seis semanas de funcionamiento ha recibido a unas 200 personas, que en su mayoría buscan atención psicológica para iniciar tratamientos hormonales y cambiar de sexo.
De momento, el servicio está enfocado en la población de la capital, pero el objetivo es “que se replique” en otros estados, refiere Martínez.
Además de las dificultades para acceder a servicios de salud y los riesgos de automedicarse y usar sustancias sintéticas, la comunidad trans denuncia ser víctima de violencia de género.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la esperanza de vida de una persona trans en México es de apenas 35 años, frente a 77 de toda la población. No son solo los “problemas de salud, sino la violencia”, afirma González.
Por número de víctimas, México es el segundo país más letal para los transexuales después de Brasil, según las oenegé Letra S y Transgender Europe.
Durante el primer semestre de 2021, Letra S registró el asesinato de 33 personas trans, frente a 43 casos de todo 2020.
Amelia Añorbe, de 16 años, es una de las tres adolescentes trans que atiende actualmente la clínica y que acude en compañía de su madre. Por el momento, no se admiten niños, aunque se proyecta integrar rápidamente ese servicio en coordinación con un centro pediátrico.
“Es una exigencia de estas poblaciones, que las infancias trans sean atendidas no solo en reconocimiento jurídico, sino también desde la parte del derecho a la salud integral”, apunta Martínez.
Ocho de 32 estados en México permiten cambiar la identidad de género, aunque solo a mayores de 18 años. En Ciudad de México está autorizado a partir de los 12.
Alguna gente te hace pensar que “estás en un cuerpo equivocado”, dice Amelia, para quien en realidad lo que hay de fondo es “una sociedad equivocada”.
La clínica se encuentra ubicada en la avenida Plan de San Luis, esquina con Manuel Carpio, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
Jennifer Simons se enfrentará a importantes desafíos, entre ellos la gestión de sus recién descubiertas reservas petroleras que podrían dar un iro a una de las naciones más pobres de la región.
El parlamento de Surinam respaldó este domingo a la primera presidenta de la historia del país, Jennifer Simons, de 71 años, que asume un importante reto: gestionar sus recién descubiertas enormes reservas petroleras, que podrían dar un vuelco a una de las naciones más pobres de la región.
Surinam, el país más pequeño de Sudamérica tanto por población como por territorio, celebra además este año el 50 aniversario de su independencia de Países Bajos.
Jennifer “Jenny” Simons, que lidera una coalición de partidos opositores, ha logrado acceder a la presidencia de Surinam gracias a que el actual presidente, Chandrikapersad “Chan” Santokhi, decidió no presentarse a la reelección al no contar su partido con el apoyo requerido de dos tercios de la cámara de representantes.
“Pronto serás la primera mujer presidenta de nuestro país, un momento histórico de importancia nacional”, declaró el presidente del Parlamento, Ashwin Adhin, después de que los legisladores aprobaran la elección de Simons con una salva de aplausos.
La nueva líder del país es médico de formación, aunque entró en la política en 1996 como diputada de la circunscripción de la capital, Paramaribo.
Ha sido en el pasado presidenta del parlamento de Surinam y lidera el Partido Nacional Democrático (PND) -que fue fundado por el golpista y posteriormente presidente electo y prófugo de la justicia Desiré “Dési” Bouterse- desde 2024.
En las elecciones del pasado 25 de mayo, el PND logró hacerse con 18 de los 51 escaños del parlamento surinamés, más que el partido centrista de Santokhi, y logró el acuerdo de otras cinco formaciones menores de la cámara para recabar el apoyo de 34 diputados.
La investidura de Simons está prevista para el 16 de julio, cuando finalice el mandato de cinco años de Shantokhi.
La nueva presidenta tendrá que enfrentarse a importantes desafíos.
Cerca del 20 % de los 600.000 habitantes de Surinam se sitúa por debajo del umbral de la pobreza.
Su población es muy diversa, y está compuesta principalmente por descendientes de indios, indonesios, chinos, neerlandeses, grupos indígenas y esclavos africanos.
Alrededor del 90 % de la superficie de este país caribeño está cubierta por bosques tropicales, y su economía se ha sustentado durante décadas en la minería -tiene, entre otras cosas, oro- y la agricultura.
En los últimos años, ha mirado cada vez más a China como aliado político y socio comercial y, en 2019 se convirtió en uno de los primeros países de Sudamérica en sumarse a la iniciativa de infraestructura de la Franja y la Ruta de China, también conocida como Nueva Ruta de la Seda.
La inflación, que llegó a superar el 60 %, y los acuerdos con organismos financieros internacionales para reestructurar la deuda del país provocaron en 2023 importantes protestas contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Santokhi.
Pero el hallazgo en 2020 de importantes yacimientos de petróleo en aguas territoriales surinamesas ha cambiado las expectativas del país y ha atraído nueva inversión.
Petroleras como la francesa TotalEnergies o Petronas operan ya en los yacimientos, y se espera que en 2028 comience la explotación de un bloque marino con una producción estimada de 220.000 barriles diarios, mucho más que los 5.000 a 6.000 actuales.
El antecesor de Simons, Santokhi, había llegado a prometer que los beneficios de la riqueza petrolera serían distribuidos entre los surinameses, y que cada ciudadano recibiría US$750 en una cuenta de ahorro con una tasa de interés del 7 % anual.
En unas declaraciones a AFP, Santokhi señaló que Surinam era “consciente de la maldición del petróleo”, también conocida como “enfermedad holandesa”, que había afectado a otros países ricos en recursos, como Venezuela, Angola y Argelia, incapaces de convertir la riqueza petrolera en éxito económico.
Noruega es una excepción a esta “maldición” gracias al establecimiento de un fondo soberano.
Cómo se administrará la riqueza que parece estar por venir, y que los expertos calculan en unos US$10.000 millones en los próximos 10 o 20 años, será uno de los desfíos de Jennifer Simons.
Pero la nueva presidenta, cuyo mandato se extenderá hasta 2030, no ha aclarado qué hara su gobierno con los nuevos ingresos petroleros, y la frágil coalición que la sustenta podría llevar a desacuerdos sobre cómo administrarlo.
Surinam cuenta con una turbulenta historia de rebeliones y golpes de Estado desde su independencia de la corona holandesa en 1975.
Uno de ellos fue el conocido como “golpe de los sargentos” en 1980, en el que Bouterse se convirtió en líder de facto del país hasta 1987, tiempo en el que fue acusado de estar involucrado en el asesinato de 15 opositores, entre ellos abogados, periodistas, empresarios y militares presos. Años después, en 2010, volvió a la presidencia, esta vez por las urnas, hasta ser derrotado en 2020.
Jennifer Simons mantuvo una estrecha colaboración con Bouterse durante su presidencia electa, algo que ahora le espetan sus críticos.
Durante este tiempo, fue presidenta del Parlamento y fue clave para aprobar una ley de amnistía que benefició directamente a Bouterse.
El expresidente, calificado ampliamente de dictador por muchos surinameses, fue condenado finalmente a 20 años de prisión en 2024 por el asesinato de los opositores políticos, pero Bouterse se dio a la fuga y murió en la clandestinidad a finales de ese año.
Con Bouterse prófugo, Simons fue elegida para liderar el Partido Nacional Democrático en julio de 2024, regresando así a la política que había abandonado cuatro años antes.
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