Militarizar la seguridad pública es contraproducente para disminuir homicidios en México, revela estudio
La militarización de la seguridad pública ha resultado ser una política contraproducente para la reducción del índice de homicidios en los países de América Latina que lo han implementado. Patrullajes militares en calles y detención de líderes de grupos criminales son estrategias que han fallado.
Así lo traduce un estudio del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV) del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), en el que se analizaron estrategias de seguridad en Brasil, Colombia y México en los últimos 15 años.
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El documento publicado en septiembre, revisó 65 publicaciones académicas sobre evaluaciones de estrategias de seguridad, hechas por académicos y especialistas en la materia, entre 2005 y 2022. De esos estudios, 42 se hicieron en Brasil, 10 en Colombia y 5 en México, todos cuentan con conclusiones sobre la implementación de las estrategias.
Al respecto de México, se proyectaron los resultados de las estrategias implementadas por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad.
El estudio sistematiza las estrategias de seguridad en una escala que las clasifica por resultados, es decir, según su eficiencia para la reducción del índice de homicidios. Las categorías son: funcionan, son promisorias, no tienen un resultado concluyente, no funcionan o son contraproducentes.
Patrullajes de militares: contraproducentes
En el caso de México, el estudio puntualiza que muchas de las estrategias analizadas no tienen información sobre los criterios o índices de delito que se tomaron en cuenta para su implementación, eso porque las autoridades que se encargaron de ejecutarlas en determinado momento, no entregaron la información a los investigadores.
Sin embargo, destacan que la estrategia de sacar al Ejército a patrullar las calles, tarea antes exclusiva de las policías locales, comenzó con el plan de combate al narcotráfico promovido por el gobierno de Felipe Calderón y esto se tradujo en un aumento de homicidios.
“El estudio sobre México reveló un aumento de 10 homicidios por 100.000 habitantes en las zonas donde actuaron los militares. En consecuencia, aunque las evaluaciones se limitan a dos casos, la evidencia existente en este momento apunta a que la militarización de la seguridad provoca un aumento y no una reducción de la violencia letal”, puntualiza el análisis.
Nuevo sistema de justicia penal acusatorio: sin resultados concluyentes
La transición de procesos penales ha ocurrido en varios países de América Latina, pero la Universidad del Estado de Río de Janeiro solo encontró estudios académicos sobre el caso mexicano.
Aunque en algunos estados de la república la implementación del sistema acusatorio –avalado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto– se relacionó con una reducción en el índice de homicidios, esto solo ocurrió en lugares donde no hay una presencia predominante del crimen organizado en la organización social y política.
“En los estados donde estos grupos tienen mucha fuerza, el impacto de la reforma es inexistente o incluso contraproducente”, puntualiza el estudio.
Atender a grupos vulnerables: no funciona
El estudio analizó evaluaciones hechas al Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), implementado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de que se orientaran los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) en “corregir las situaciones de entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia”, según lo registró el gobierno federal en ese momento.
También se analizaron estudios sobre la Estrategia Colectivos en Cali, Colombia, y el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (PRONASCI) de Brasil.
“Ninguna de las tres evaluaciones constató efectos de reducción de homicidios y algunas registraron el escenario contrario: la implantación de los programas estaba asociada a un aumento de la violencia letal, aunque no hay razones teóricas para sospechar de un vínculo causal en este caso”.
Detener a líderes de grupos criminales: contraproducente
Para esta estrategia solo se analizaron resultados de la política implementada por el gobierno de Felipe Calderón en la llamada “guerra contra el narco”, donde se dio prioridad a la detención de líderes de grupos delictivos.
“Aunque estas operaciones fueron desarrolladas tanto por la policía como por las Fuerzas Armadas, estas últimas tuvieron un papel fundamental, razón por la cual esta intervención está englobada dentro de la militarización de la seguridad pública”, detalla.
El estudio analizó dos evaluaciones de casos en los que se detuvo o abatió a líderes de grupos criminales en México, ambas revelaron un aumento de los homicidios en los periodos posteriores a la muerte o prisión de los jefes de los grupos, tanto en los estados donde sucedían, como en el estado de origen de esos líderes.
“Eso estaría relacionado a la lucha por el poder resultante de la neutralización de los jefes. Así, aunque solo existen dos evaluaciones, la evidencia hasta ahora es clara en apuntar que la eliminación de los líderes de los grupos criminales puede generar más violencia”.
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A las 8 de la mañana de este 1 junio, en México se iniciará una votación única en el mundo.
Cien millones de electores están habilitados para participar en la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito, en un tipo de comicios que no existe en ningún otro país.
Bolivia, el país con el sistema de votación de jueces más parecido, solo abre la elección a la ciudadanía para los cargos de los altos tribunales. Otros países, como EE.UU., limitan la votación a la elección de algunos jueces estatales.
En México, la elección por voto popular de todos los miembros de la judicatura se convirtió en una de las banderas políticas más importantes del movimiento político Cuarta Transformación (4T) del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su gobierno (2018-2024), López Obrador planteó la idea de “democratizar” al Poder Judicial para que fueran los ciudadanos los que eligieran directamente a sus integrantes. Los votos en el Congreso, sin embargo, no lo favorecían.
No fue hasta la abrumadora victoria que consiguió la coalición de la 4T en 2024, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa, que la coalición gobernante obtuvo los escaños suficientes para impulsar una reforma judicial constitucional.
Para quienes la apoyan, es un esquema pionero que abre al escrutinio social las decisiones y la actuación de los jueces de todos los niveles, dando a la ciudadanía el poder de destituirlos si no hacen bien su trabajo.
Para los críticos, es una amenaza a los contrapesos que el Poder Judicial ejerce frente al Ejecutivo y el Legislativo, que tiene el potencial de abrir las puertas a jueces que respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
“Para mí ha sido un gran reto intelectual tratar de entender la reforma sin prejuicios”, le dice a BBC Mundo la analista mexicana Viri Ríos, doctora de la Universidad de Harvard especializada en políticas públicas y gobierno.
“Estamos viviendo un momento trascendental en la historia de México. Y es un momento para cuestionarnos muchos de los dogmas sobre los que yace la democracia liberal”, añade.
Para la académica, a partir de la votación del domingo, Sheinbaum y el movimiento de la 4T podrían ser señalados por el desempeño del Poder Judicial.
“Es el inicio de un momento muy complejo para la coalición gobernante, porque anteriormente el Poder Judicial no funcionaba bien, pero nadie atribuía esa disfuncionalidad a una coalición política. Se le atribuía al propio Poder Judicial”, advierte.
“Pero del 1 de junio en adelante, se va atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula y promovieron la idea de que se iba reducir la impunidad a partir de esta reforma”.
El analista político Héctor Alejandro Quintanar, por su parte, dice que la nueva etapa del Poder Judicial mexicano va más allá de la disputa política actual en el país.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada donde el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”, señala el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es verdad que el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, pero pareciera que el Judicial no tiene contrapesos en sí mismo. Y es aquí donde entra la variable del voto ciudadano que sí puede convertirse en uno y en un paso a la eliminación de sus élites”, sostiene.
¿Qué se vota?
Aunque el objetivo de la reforma judicial es la renovación total del Poder Judicial a través del voto popular, el Congreso estableció que esta se realizaría de forma escalonada.
Por ello, a nivel federal, el domingo solo se elegirán 386 jueces y la mitad de los magistrados de circuito (464).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se renovará por completo, pero ahora en lugar de tener 11 integrantes tendrá 9.
También se votará por dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual tiene otros cuatro integrantes. Se renovarán la totalidad de las 15 magistraturas de las salas regionales de dicho tribunal.
Y los votantes elegirán a los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo que controlará el desempeño de jueces, magistrados y ministros.
En 19 de los 32 estados del país, se elegirá a los jueces locales (casi 1.700), además de celebrarse elecciones a alcaldías y otros cargos locales.
De esta manera, habrá ciudadanos que recibirán hasta 13 papeletas de votación para llenar.
Con reglas muy estrictas para las campañas, conocer los perfiles de los cientos de candidatos que concurren a las elecciones ha sido un reto mayúsculo.
Una estimación del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza la elección de jueces federales, señaló que los ciudadanos tardarán unos 9 minutos en seleccionar a sus candidatos.
Y en México, votar no es obligatorio, lo que se ha reflejado en el abstencionismo en elecciones pasadas como la presidencial (38%, en promedio) y mucho más en las intermedias (47%) y consultas populares (82%).
De ahí que la participación este 1 de junio se anticipa baja. El INE prevé que acudan entre el 8% y el 15% de los votantes.
La autoridad electoral también ha ordenado detener la distribución de “acordeones”, unas tarjetas que presuntamente han repartido funcionarios y operadores de partidos políticos que indican a los ciudadanos a qué candidatos elegir.
El rechazo y el dilema de votar
La reforma judicial fue uno de los temas más relevantes de las elecciones de 2024, con la coalición gobernante de la 4T (Morena-PT-PVEM) haciendo una férrea defensa de sus beneficios, frente a las críticas de los partidos de oposición y de un importante bloque de los actuales ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Estos últimos insistieron en que el objetivo último de la reforma de López Obrador era “apoderarse” de la Suprema Corte y otros tribunales que durante su gobierno declararon inválidas reformas de leyes e iniciativas de todo tipo, desde nacionalización energética hasta cambios en las elecciones.
Hubo protestas y duros debates en el Congreso en los que los detractores de la reforma advertían que los puestos de juzgador requieren la especialización de la carrera judicial y que abrirlos a la elección popular permitiría la entrada de jueces que respondieran a los intereses de los partidos políticos, los grupos económicos o el crimen organizado.
“Defensorxs”, una organización que revisó los perfiles de candidatos que compiten en las elecciones del domingo, identificó a 19 aspirantes de “alto riesgo” por sus posibles vínculos con narcotraficantes o por señalamientos de violencia y corrupción.
La oposición también denunció que la mayoría absoluta de la coalición de la 4T dejaría bajo su control la aprobación de las candidaturas, que vinieron de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero que finalmente pasaron por el filtro del Congreso.
También advirtieron de que el país tendría una mala imagen en el extranjero, por ejemplo a ojos de las calificadoras financieras que evalúan el riesgo de inversión en países sin independencia judicial.
“Para mí es un engaño para la ciudadanía. No van a elegir a sus jueces y magistrados. Falso”, dijo esta semana el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez, uno de los principales críticos de la reforma.
“Lo señalé desde el principio, hay un riesgo de cooptación de la justicia federal y local. No les gusta que alguien les diga esto está mal hecho, esto es ilegal, esto es inconstitucional”, señaló en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
Entre quienes rechazan la reforma, en los últimos días se abrió un debate sobre asistir o no a las urnas para participar en el proceso. El ministro Laynez dijo que no habrá garantías del buen conteo de votos, por lo que él no votará.
Otros consideran que no participar no ayudará en nada en el objetivo de revertir la reforma judicial o para contar con ministros y jueces que hagan de contrapeso frente a las decisiones de los otros poderes.
Una prueba para la 4T y la ciudadanía
López Obrador argumentó durante mucho tiempo que el Poder Judicial era “ajeno” a los intereses del pueblo y que abrirlo a una votación le permitiría “limpiarse, purificarse”.
Al sucederlo, la presidenta Sheinbaum continuó con la defensa de los cambios, argumentando que el modelo pasado le permitía nominar a los jueces de la Suprema Corte y que la coalición de la 4T tenía la mayoría para aprobarlos, por lo que su objetivo no era controlar el Poder Judicial.
“Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a estar en el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, dijo la presidenta mexicana el miércoles.
La creación de un tribunal para vigilar la actuación de jueces, aseguran desde el bloque de la 4T, permitirá detectar casos de corrupción y sancionar a los juzgadores como nunca antes.
Para una parte de los analistas del país, la elección del Poder Judicial ya ha superado la discusión de sus pros y contras, ya que para que la oposición pudiera revertirla debería conseguir una mayoría parlamentaria.
De esta manera, el país avanza hacia un escenario inédito.
Viri Ríos señala que la coalición de la 4T ha promovido este cambio constitucional como uno que va a “reducir la impunidad” del país y si eso no ocurre, los malos resultados ya no serán solo atribuidos al propio Poder Judicial. “Se van a atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”, sostiene.
Desde su perspectiva, el nuevo Poder Judicial será un reflejo del país, igual que lo son los otros poderes.”¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces? Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual: ¿hay presidentes municipales que le responden al narco en México? Claro que sí, hay cero dudas”.
“Cuando a mí me dicen que se va a destruir al Poder Judicial prístino y profesional que teníamos, pienso ‘¿En qué país vive esta gente?'”, añade.
Quintanar, por su parte, argumenta que la previsible baja participación en las elecciones del domingo no será un reflejo del rechazo ciudadanos a la reforma judicial, pues esta ya fue validada con la abrumadora votación de 2024 a favor de la coalición gobernante. En su opinión, se abrirá un nuevo espacio de escrutinio de los ciudadanos a un Poder Judicial que tradicionalmente estaba cerrado.
“La reforma judicial y la votación del domingo por supuesto que son ampliamente criticables. Va a ser complicado para el ciudadano por las boletas y los candidatos a elegir, tiene mucho de perfectible. Pero la democracia es así”, considera.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada, en la que el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”.
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