Universidad del Bienestar deja sin beca a alumnos de medicina, aunque Sheinbaum autorizó los recursos hace 7 meses
A pesar de que el gobierno federal ha reclamado que las administraciones pasadas abandonaron a los estudiantes que querían ser médicos, la Coordinación Nacional de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) dejó a la deriva a decenas de alumnos, quienes desde hace casi dos años no han recibido sus becas para hacer el internado y el servicio social.
Se trata de los estudiantes de la primera generación de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la UBBJ en Ticul, Yucatán, quienes no han recibido sus apoyos, pese a que desde el 23 de octubre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum corrigió a Raquel Sosa, directora de las universidades, cuando aseguró que no había presupuesto.
“Ayer lo dijimos, que sí (se darían los apoyos)”, dijo la presidenta, rectificando la información que había dado la titular de las Universidades del Bienestar.
“¿El año más de internado médico del programa y también el servicio social?”, preguntó Sosa. “Ay, qué bueno, me salté, perdón, por andar aquí en reuniones. Ah, bueno, entonces si dice la presidenta ‘ya está autorizado’, aleluya, maravilla, claro, qué bueno”, remató Sosa.
Una vez que los estudiantes de las Universidades del Bienestar concluyen sus estudios regulares, dejan de recibir sus becas, sin embargo, en el caso de quienes estudian Medicina Integral y Salud Comunitaria deben acreditar un año de internado y otro más de servicio social. Por ello, después de meses, se autorizó apoyar durante esos dos años a los futuros doctores.
Sin embargo, hasta el cierre de edición, las becas no han sido entregadas.
De hecho, estudiantes entrevistados informaron que semanas atrás se les comunicó que no les darían el apoyo pendiente, sino que solo recibirían 6 mil pesos por el año de internado y el año de servicio social.
Actualmente la beca que reciben los estudiantes de las Universidades del Bienestar asciende a 5 mil 800 pesos bimestrales.
“Yo les diría que no mientan porque si dijeron algo tienen que cumplirlo y si no pueden cumplir con eso, pues mejor no lo prometan o no lo ofrezcan porque la mayoría aún tenemos la esperanza de que ese dinero llegue”, señaló Antonio, estudiante de medicina, quien está a un par de meses de concluir su servicio social y, por ende, todos los requisitos para poder obtener su título y cédula profesional.
El estudiante, a quien se le cambió el nombre por miedo a represalias, reprochó también que ninguna autoridad se ha acercado a ellos y cuando los buscan nadie los atiende ni les da respuestas. Han sido decenas de correos y mensajes de celular en donde los han dejado en visto.
En distintas ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum ha presumido que desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha habido un repunte en la formación de médicos especialistas al pasar de 6 mil residentes en 2011 a 18 mil 800 plazas en 2025, aunque en el caso de los residentes de las Universidades del Bienestar ellos están intentando salir adelante sin los apoyos que el propio gobierno les ofreció.
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Estudiantes de medicina en Universidad del Bienestar: casi siete años en la precariedad
La primera generación de la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad del Bienestar Benito Juárez en Ticul, Yucatán no ha dejado de sortear precariedades mientras intentan concluir sus estudios para convertirse en médicos que atiendan, principalmente, a la población de las comunidades más marginadas del país.
En 2019, cuando iniciaron clases, ni siquiera tenían una escuela y estudiaron los dos primeros semestres en una secundaría que prestó sus instalaciones.
A inicios de 2020, por la pandemia de Covid-19, tuvieron que dejar las clases presenciales y durante dos años tomaron clases virtuales.
Una vez que las restricciones por la pandemia se levantaron, los estudiantes regresaron a las clases presenciales, esta vez en un plantel que se construyó durante la emergencia sanitaria.
Y aunque los retrasos en los pagos de las becas no faltaron, la situación se complicó cuando terminaron las clases regulares y debieron irse al internado por un año.
Siguiendo con el espíritu de la licenciatura, los jóvenes que llegan a este punto de sus estudios en las Universidades del Bienestar deben hacer el internado en instituciones de salud pública ubicadas en zonas de alta marginación, por lo que dejan sus hogares y familia para asentarse cerca del centro de salud, clínica u hospital en donde harán su internado.
Los gastos de estudiar medicina en la Universidad del Bienestar
Al término del internado deben hacer otro año de servicio social en una institución de salud pública distinta, pero mayoritariamente ubicada en municipios de alta marginación y pobreza.
Esto implica pagar renta y comida, por lo que la institución continúan -en teoría- apoyándolos, sin embargo, dado que el recurso no hay llegado, han tenido que pedir prestado, optando por dormir en los hospitales y clínicas donde hacen el internado y/o servicio social, y hasta comer de la caridad de los habitantes de estas zonas, quienes a veces les ofrecen un taco.
“Había un compañero que se dormía en el hospital para el internado porque no tenía para su renta y tuvo que vivir prácticamente en el hospital (…) ahí se bañaba, ahí comía, ahí todo porque ya no tenía para pagar su cuarto”, narró otro estudiante, quien también solicitó no publicar su nombre por miedo a represalias.
“Yo sí tengo miedo a las represalias de la coordinadora (Raquel Sosa) (…) he escuchado y quizá son chismes, pero como conocí a esa persona, pues yo no quiero problemas porque estoy a punto de terminar”, agregó.
“En el internado aprendí todo lo práctico”
Durante los cuatro años y medio que los estudiantes cursaron la licenciatura en las aulas no tuvieron oportunidad de hacer prácticas, en comparación con otras universidades en donde los alumnos acceden a estos conocimientos desde el cuarto o quinto semestre.
Fue hasta el internado y ahora el servicio social que han podido tener horas y horas de práctica, incluso guardias en las que han fortalecido su conocimiento. Por ello, no entienden por qué la Coordinación de las Universidades del Bienestar los ha dejado sin apoyos.
“Te voy a ser muy sincero, la parte práctica nunca la tuvimos (…) porque la escuela aún no tenía convenio con las instituciones de salud pública para que nos puedan a nosotros aceptar como estudiantes”, detalló Antonio.
“Fue muy difícil porque en cuestiones de destrezas, de hacer una sutura, de poner una sonda, de hacer procedimientos, pues sí estábamos muy mal, porque nunca lo practicamos, pero posterior a terminar lo que es la escuela inició el internado médico y es un año entero de estar en un hospital y hacer guardias y la verdad que en ese año fue -al menos yo- donde más he aprendido”, detalló.
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Mientras la atención internacional se centra en los cambios políticos que atraviesa Venezuela, para los venezolanos el aumento de precios es la preocupación más inmediata.
En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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