Médicos residentes quedan fuera del sistema de salud por trabas en la asignación de plazas, pese a déficit de especialistas
Fallas en el proceso de asignación de plazas por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) impidieron que este año se ocuparan todos los espacios disponibles para hacer residencias médicas en hospitales públicos y privados, pese a que el gobierno de México reconoce un déficit nacional de médicos generales y especialistas.
Médicos egresados de diversas especialidades, que buscaban una residencia en diferentes instalaciones hospitalarias, señalan que quedaron fuera debido a fallas burocráticas, y no a los resultados del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) 2024. El proceso tuvo menos periodos y oportunidades, que en años pasados.
El ENARM es la única evaluación nacional que permite a los egresados de la licenciatura en medicina realizar un curso universitario de especialización médica en el Sistema Nacional de Salud. Es un instrumento que mide conocimientos en el contexto del ejercicio de la medicina general y constituye la primera etapa del proceso para ingresar al sistema.
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En su edición 2024, de acuerdo con las propias estadísticas de la CIFRHS, se pusieron a disposición 18 mil 207 plazas y becas para residencias médicas, las mayores cantidades para medicina familiar (2496), medicina de urgencias (2304), medicina interna (2283), cirugía general (1856), anestesiología (1812), pediatría (1656) y ginecología y obstetricia (1494).
Sin embargo, de acuerdo con un análisis realizado por algunos residentes que participaron en el ENARM, luego de tres periodos de asignación, en los que cada aspirante solo podía aplicar a una sede por periodo, para el tercero restaban 6 mil 106 plazas nacionales vacantes que no fueron ocupadas en su totalidad.
Esto implica que centros hospitalarios del ISSSTE, el IMSS, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud en Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Baja California, Yucatán y Campeche, entre otros, no pudieron ocupar plazas que sí tenían disponibles. Esto fue confirmado directamente a los residentes por parte de los encargados de enseñanza de los centros hospitalarios, según comprueban comunicaciones sostenidas entre ellos y personal de esas instalaciones, de las que proporcionaron copia.
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Gerardo, uno de los residentes que quedó sin plaza y a quien se le ha cambiado el nombre para resguardar su anonimato –pues tendrá que repetir todo el proceso este año– aclara que en convocatorias anteriores se habían llevado a cabo hasta entre cuatro y seis vueltas, para agotar el mayor número de plazas disponibles. Sin embargo, en 2024 se hicieron solamente tres.
“Tomo la plaza del IMSS en diciembre, por motivos personales la rechazo en enero; el IMSS me dice ‘ya no puedes participar en la segunda vuelta, pero vas a poder participar en el proceso de preasignación directa’, que sería la última vuelta, pero cuando viene esta última vuelta me dan la noticia de que el IMSS no liberó mi folio a tiempo, y que no puedo participar en el proceso de preasignación”, cuenta.
Aun así, logró contactar con un hospital del ISSSTE, donde le aseguraron que había plazas disponibles para traumatología, su especialidad, y que tenían la autorización de CIFRHS para aceptar residentes, ya que al hospital no se había postulado nadie más. Gerardo ingresó sus documentos, pero al final el jefe de enseñanza del mismo hospital le contestó, a finales de marzo, que no lo podía aceptar porque su folio seguía retenido. Se dio cuenta de que su renuncia se había registrado en una fecha posterior a cuando realmente ocurrió.
“Somos muchos médicos que tenemos ese derecho, por haber presentado el examen, por haberlo aprobado, por haber pagado nuestra ficha y nuestro folio, y ya no nos lo quieren dar”, apunta. Todo ello pese a que el déficit de médicos generales y especialistas en nuestro país ha sido aceptado incluso por el propio gobierno federal en múltiples ocasiones. De acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes, cuando el estándar internacional estipula que deberían ser 3.5.
Apenas en 2023, durante la XXXIV Reunión de Embajadores y Cónsules, el entonces secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que México tenía un déficit de 33 mil 832 médicos generales y de 154 mil 786 especialistas. Durante la ceremonia de graduación de residentes del ciclo académico 2022-2023, el que fuera titular de la dirección general de calidad y educación en salud, José Luis García Ceja, detalló que esta es una deuda pendiente sobre todo en zonas marginadas y de difícil acceso de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
“Me dijeron que no quedaba mucho que hacer”
Jimena tuvo que abandonar, junto con otro grupo de especialistas, su plaza en un hospital público de la zona metropolitana por temas de acoso laboral y sexual. Volvió a presentar el ENARM para la especialidad de medicina interna, lo aprobó y fue aceptada en un hospital adscrito a otro sistema de salud. Aun estando ya asignada, cuando se dirigió en febrero de 2024 a hacer su inscripción, se encontró con el rechazo.
Este se debía, le dijeron, a que no podía pasar dos veces por la misma especialidad aunque fuera en hospitales diferentes, si estos estaban avalados por el mismo centro universitario. Después descubrió que el problema había radicado en que el hospital del que tuvo que darse de baja no la había registrado correctamente. Donde sí querían aceptarla tampoco estaban de acuerdo en que el trámite no se concretara y redactaron una carta para planteárselo a la CIFRHS. Tampoco funcionó.
“Me dijeron que no quedaba mucho que hacer con mi caso, porque ya había pasado todas las vueltas, y que entonces yo estaba fuera de proceso. Lo único que podían hacer es que yo volviera a presentar un tercer examen, o que me podían hacer válido el primer año de residencia –que ya había cursado– y que buscara una plaza de subespecialidad, pero si es difícil encontrar una plaza para una troncal, obviamente faltando tres días para entrar a la residencia, era imposible encontrar una para subespecialidad”, lamenta.
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Optó incluso por un centro hospitalario en Sinaloa, donde la demanda es baja por las condiciones de seguridad, y consiguió que la aceptaran, pero la CIFRHS al final le informó al hospital que no habría posibilidad de otorgar la plaza. Más tarde, un hospital de la Ciudad de México estuvo dispuesto también a aceptarla, pues tendrían un lugar libre, pero el organismo se negó a hacer lo que ella llama un simple “cambio de sede”. A final de cuentas, la plaza la tenía asignada desde un principio.
Al menos cuatro residentes más dieron testimonios similares a Animal Político, bajo la condición de anonimato porque este año –tras la publicación de una nueva convocatoria el último día de marzo– tendrán que volver a presentar el ENARM con la esperanza de correr con mejor suerte. De cualquier forma, hoy están ante un año de formación perdido. Incluso cuando el proceso estaba ya en sus últimos días, unas semanas antes de que se publicara la nueva convocatoria, la CIFRHS negó la posibilidad de asignarles plazas que a ellos les constaba que se habían liberado y donde tenían una “preaceptación”.
Al acudir a las instalaciones del organismo, en la Secretaría de Salud, para consultar si podían ocupar una de las vacantes de cuya disponibilidad tenían certeza, así como de la necesidad por parte de los hospitales de ocuparlas, fueron informados de que esas plazas no serían otorgadas sino hasta después de los próximos resultados del nuevo examen, que se conocerán en octubre. Los nuevos cursos iniciarán hasta marzo de 2026. “Esa ya fue”, recibieron por toda respuesta al preguntar por plazas específicas, bajo el argumento de la conclusión del proceso.
Según datos del Gobierno de México, 223 mil personas laboran en el país como médicos generales y familiares, con salarios promedio de 10 mil 300 pesos por jornadas que suman aproximadamente 39.3 horas a la semana. Su edad promedio es de 42.2 años y se concentran principalmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.
El análisis elaborado por los residentes subraya que para especialidades como cirugía general existen por lo menos 31 hospitales –de acuerdo con la información que recibieron directamente de esas instalaciones– con plazas vacías, mientras que para Pediatría o Ginecología por lo menos 24 centros aún tenían alguna plaza disponible. El ENARM 2024 contempló 18 mil 207 plazas para personas mexicanas y 421 lugares para extranjeros en un total de 27 especialidades.
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Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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