Con al menos 100 amparos, buscan frenar eliminación de NOM en salud; gobierno pospone decisión hasta septiembre
Un grupo de organizaciones, colectivos y activistas ha presentado por lo menos 100 amparos entre el 20 y 30 de junio, en diferentes entidades del país, para frenar la cancelación de 34 normas oficiales mexicanas (NOM) que propone el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio.
Patricia Olamendi, abogada feminista, confirmó en entrevista que una de estas acciones legales ya fue admitida por un juez el 6 de julio pasado —con el número de expediente 1166/2023—. El juez no otorgó una suspensión inmediata, por lo que será hasta después de que se lleve a cabo la audiencia para presentar los argumentos cuando el Poder Judicial pueda tomar una decisión definitiva al respecto.
Olamendi explicó que un grupo de organizaciones, grupos y activistas, particularmente feministas y preocupadas por el planteamiento de cancelar NOM que atienden temas enfocados en la salud de las mujeres, como las de lactancia materna, cáncer cervicouterino y cáncer de mama, coordinaron esfuerzos para presentar una serie de amparos a título individual pero en diferentes estados del país, con el objetivo de tener un mayor alcance. La abogada recordó que se trata de actos administrativos contra la publicación oficial.
“Aunque el Diario Oficial es muy claro en decir se cancelan las normas entre junio y diciembre, es decir, que va a suceder, y justo con la narrativa presentada de manera muy irresponsable por parte del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y más irresponsable por Hugo López-Gatell, quien aparece por cierto como responsable directo, nos preocupa muchísimo, sobre todo porque las normas oficiales, las de cáncer cervicouterino, mama, mortalidad materna, prevención de enfermedades de transmisión sexual, están muy ligadas no solamente a derechos humanos, sino a compromisos del ámbito internacional que ha hecho México, sobre todo en el caso de salud materna”, destacó Olamendi.
Estos compromisos, explicó, se han construido a lo largo de varios años, no se trata de procesos recientes. Por ejemplo, las NOM que se refieren a cáncer cervicouterino y de mama comenzaron a construirse en los 90 —cuando comenzaron a ubicarse entre las principales causas de muerte—, y las medidas han ido creciendo en la capacidad de atención y prevención. Fue en el 97 que se hizo una petición específica para tomar medidas de prevención. Varias de las NOM tienen ese mismo origen, aseguró Olamendi, y son procedimientos para lograr estándares de calidad en la atención y el tratamiento.
“El hecho de que digan que las normas fueron creadas por personas interesadas, que buscan un lucro, que lo que se busca es vender cosas, que están metidos los grupos farmaceúticos, me parece una infamia que no tiene fundamento. Acompañar la narrativa que en realidad lo que busca es no tener responsabilidad, y no asumirla frente a enfermedades que pueden prevenirse, por ejemplo, diabetes, que es un problema grave, no es un problema menor”, agregó.
Recordó que para la publicación de las normas —como asienta la Ley Federal de Metrología y Normalización— es necesario cumplir un conjunto de requisitos y procedimientos que se han llevado a cabo, en los que muchas personas participan, como lo hizo ella misma para la 190, la primera sobre violencia intrafamiliar y sexual, y después en la 046 para la atención a víctimas de violencia. De una u otra manera, señaló, las normas contribuyen a la prevención, la atención y el acceso a la salud.
Por ello, el primer amparo que ya fue admitido está fundado en que la propuesta de cancelación violenta varios derechos humanos y, por lo tanto, artículos constitucionales, entre ellos el 1 y el 4, pero además con el argumento de que ha existido un avance progresivo para la realización del derecho a la salud y a la vida. Por esa razón, el frenar la prevención y el estándar de atención violenta los derechos humanos de las personas y particularmente de las mujeres, así como el principio de progresividad de esos derechos.
Respecto del resto de los amparos, detalló que para la mayoría aún no tienen respuesta y para algunos —como el presentado en Yucatán— no hubo una respuesta favorable. En otras entidades se ha pedido una ampliación de la argumentación en cuanto al objeto del amparo. Para el que ya fue admitido y notificado recientemente, no hay suspensión provisional, por lo que estarán a la espera de la audiencia para ampliar la argumentación, pues aún falta la formalidad de la cancelación definitiva.
“Nosotras nos sentimos muy contentas, porque el hecho de que se admita ya para resolverlo y citarnos ya es un tema importante, porque no teníamos esa certeza precisamente por como queda redactado el decreto sobre la eliminación de las normas oficiales. Entiendo que hoy citaron en salud al comité para discutir el tema de las normas oficiales. Quisimos hacer una acción que fuera más allá de la protesta, y que también obligue a las autoridades a tener que dar respuesta fundada en los derechos que a lo largo de los años hemos podido tener en nuestras leyes”, aseguró.
Sin registro de justificación previa
El 13 de marzo de 2023, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP), al que debe presentarse cualquier intención de revisión, actualización o cancelación de NOM. Fue presidida por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud —también presidente del CCNNSP—, Hugo López-Gatell, y por José Luis García Ceja, director general de Calidad y Educación en Salud y secretario técnico del comité.
Estaba presente una mayoría de miembros (40), según consta en el acta de esa sesión. Ahí se presentó ante el comité, por primera vez, el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, las respuestas y los comentarios al proyecto de NOM para la prevención y control del VIH, así como al de la atención médica integral a personas con discapacidad y certificación de la discapacidad, y la presentación del anteproyecto para la NOM de educación en salud.
También se planteó la cancelación de algunas normas oficiales mexicanas: NOM-029-SSA2-1999, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano; la NOM-033-SSA2-2011, para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán; la NOM-038-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de yodo; la PROY-NOM-029-SSA2-2014 también para la prevención y control de leptospirosis en el humano, y la PROY-NOM-042-SSA2-2017, para los centros de prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos.
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades, presentó las justificaciones para la cancelación de la mayoría de ellas. El comité, conformado por representantes del sector salud, órganos desconcentrados, unidades administrativas, instituciones de educación superior —en esa ocasión solo asistió la UAM—, institutos de investigación científicos o tecnológicos, organismos internacionales, academias y colegios, asociaciones civiles y cámaras y confederaciones, las aprobó y el presidente del comité firmó el acta.
Esas cinco NOM canceladas en esa primera sesión son parte de la lista que después se publicó en el DOF —el 1 de junio—; sin embargo, no es claro a partir de qué sesión o en qué momento se decidió incorporar las otras 29 a la propuesta de un suplemento al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023. Incluso, la primera versión de ese documento, publicada el 28 de febrero en el DOF, no contemplaba más que las cinco cuya cancelación ya fue discutida y aprobada en la primera sesión ordinaria del comité.
En el acta de aquella sesión se asienta que la segunda y tercera sesión ordinarias se llevarían a cabo el 4 de mayo y el 1 de junio de 2023; sin embargo, no existe constancia de que así haya sido, pues las actas no están disponibles, a diferencia de la primera, y algunos integrantes no fueron convocados en esas fechas. Consultada al respecto, hasta el cierre de esta publicación la Secretaría de Salud no pudo confirmar si se llevaron a cabo o no. La lista de 34 NOM publicada en el DOF apenas fue presentada ayer en una sesión extraordinaria del comité para la próxima discusión o confirmación de las cancelaciones.
Respecto de lo ocurrido en esa sesión, el diputado Éctor Jaime detalló que, durante esta, el subsecretario López-Gatell anunció que la decisión final para las 29 normas pendientes se dará hasta septiembre. Recordó que las NOM son fundamentales para garantizar la calidad de los servicios de salud y proteger el acceso de la población en general.
Aunado a ello, las normas que se habían presentado a revisión en la primera sesión —VIH, discapacidad, residencias médicas y educación en salud— se reprogramaron, lo que significa, según Jaime, que ya no serán incluidas. “La intención es desaparecer el sistema de normas oficiales en el sector salud y diluir las responsabilidades en la atención médica y prestación de servicios de salud”, subrayó.
Además, advirtió que desde el Congreso de la Unión se seguirá insistiendo en la necesidad de que el subsecretario comparezca, pues las decisiones se han tomado en opacidad, sin audiencia a la ciudadanía y a los pacientes preocupados por su salud.
En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) publicó un comunicado en el que también se refirió a la decisión de posponer a septiembre la determinación sobre las NOM. Consideró que esto muestra apertura al diálogo por parte de las autoridades.
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La mayor parte de los productos latinoamericanos tendrá que pagar un 10% de aranceles para ingresar al mercado estadounidense. Aquí te contamos cómo puede afectar las economías de la región y por qué algunos ven el golpe como una oportunidad.
El café colombiano, los arándanos de Perú, el vino argentino, el salmón chileno o el camarón ecuatoriano son solo algunos de los productos latinoamericanos que deberán pagar el arancel de 10% impuesto por el gobierno estadounidense a gran parte de los bienes provenientes de Latinoamérica.
El presidente Donald Trump anunció el miércoles uno de los mayores paquetes arancelarios de la historia iniciando una nueva era de proteccionismo que está remeciendo los cimientos del comercio internacional.
Los llamados “aranceles recíprocos” afectan a decenas de países, incluyendo algunas de las mayores economías del planeta.
El látigo, sin embargo, no cayó igual para todos. Mientras los productos provenientes de China tendrán que pagar un gravamen de 34% al cruzar la frontera estadounidense (más un 20% decretado previamente), los de la Unión Europea pagarán un 20%.
El shock ha sido tan grande en otras partes del mundo, que en Latinoamérica la noticia, pese a marcar un quiebre en la historia comercial de EE.UU. con la región, fue recibida con cierta calma.
Incluso en México había un cierto nivel de optimismo porque, como dicen, “se salvaron” del peor de los escenarios.
México y Canadá no entraron en la lista de los aranceles recíprocos anunciados por Trump en lo que el mandatario bautizó como el “Día de la Liberación”.
Eso calmó las aguas, aunque estos dos países sí enfrentarán los aranceles del 25% que Trump impuso previamente al acero, el aluminio y los automóviles.
En cualquier caso, el gravamen a los autos que cruzan la frontera desde Canadá y México a EE.UU. tampoco se aplicará completo, porque existe una cláusula que establece que la tarifa solo recaerá sobre contenido del vehículo “no estadounidense”.
Entre los menos golpeados
Casi todos los productos latinoamericanos tendrán que pagar un arancel de 10%, que es el mínimo impuesto por la Casa Blanca en esta nueva era de comercio internacional que interrumpe décadas de un sistema basado en reglas que regulan la imposición de tarifas.
Un arancel no es otra cosa que un impuesto a un producto extranjero. Habitualmente lo aplican los países cuando quieren proteger a las empresas nacionales bajo el argumento de que existe una competencia injusta por parte de otras naciones.
Esta vez, sin embargo, el gobierno estadounidense se saltó las reglas y decidió unilateralmente lanzar un tsunami arancelario contra casi todo el mundo.
Como la ofensiva fue gigantesca, Latinoamérica quedó entre los menos golpeados con el gravamen de 10%, con la excepción de los productos provenientes de Venezuela, que deberán pagar un 15%, y los de Nicaragua, que deberán pagar un 18%, el impuesto más alto de toda la región.
¿Quién paga el arancel? Lo paga el importador estadounidense en la aduana cuando el producto cruza la frontera.
El efecto directo es que se encarece el producto que compra el consumidor final en Estados Unidos.
Lo que le preocupa a los exportadores latinoamericanos es que, como el precio de sus productos será mayor al cruzar la frontera, van a vender menos y eso terminará afectando la inversión, el empleo y el crecimiento en la región.
Pero los temores no solo vienen por el golpe que sufrirán los exportadores. La nueva guerra arancelaria de Estados Unidos ha provocado incertidumbre en los mercados, pausa en las inversiones, dudas sobre el futuro del tipo de cambio y ansiedad sobre cómo responderán los países más afectados.
Pese a la tormenta,”parece que la región está mejor posicionada que el resto”, dice Joan Domene, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, en diálogo con BBC Mundo.
De todos modos, agrega, “vamos a ver una desaceleración global del comercio”.
Muchos analistas están anticipando ese frenazo económico en Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de la región, algo que impacta directamente a las economías latinoamericanas.
Las economías están tan interconectadas que, si baja el crecimiento en EE.UU. o se produce una recesión, Latinoamérica lo va a sentir. Pero, por ahora, no se sabe qué va a pasar durante los próximos meses en la medida que comiencen a rearmarse las piezas del rompecabezas del comercio internacional.
Felipe Hernández, economista para América Latina de Bloomberg Economics, comenta que el arancel para los países de la región “es un retroceso” en relación a la situación en la que estaban antes.
Sin embargo, Latinoamérica queda en una posición relativa favorable en relación a otras regiones del mundo, explica. “Se abre una oportunidad en América Latina para ganar participación en las importaciones a EE.UU. a costa de otros países”.
De todos modos, dice, hay que tener en cuenta que “se espera que la economía de EE.UU. crezca mucho menos” y eso afectará a todo el mundo.
Los productos sin aranceles
Aunque el arancel base es de un 10% para la mayoría de los productos latinoamericanos que ingresan a Estados Unidos, la Casa Blanca informó en un documento que la nueva política de gravámenes incluye excepciones.
Entre los productos que -por ahora- no pagarán el arancel está el cobre, los bienes farmacéuticos, los semiconductores, los artículos de madera, los lingotes de oro, la energía y otros minerales no disponibles en Estados Unidos.
Expertos en el sector petrolero consultados por BBC Mundo piensan que al excluir el rubro de la “energía” de los aranceles, se supone que las exportaciones de petróleo no se verán afectadas.
Como no se han entregado más detalles, tampoco los gobiernos tienen certeza sobre este punto y están a la espera de conseguir reuniones bilaterales con miembros de la Casa Blanca para tener mayores certezas.
En el escenario de que el petróleo y otros productos energéticos latinoamericanos efectivamente queden exentos de los nuevos aranceles, los efectos en la región estarían más focalizados en sectores como la agroindustria, aunque todo depende de cada país.
El caso de Colombia y Argentina
En Colombia, los principales productos exportados a Estados Unidos son el café y las flores, además de los alimentos procesados, los productos químicos y las manufacturas.
Pese a que inicialmente el presidente colombiano, Gustavo Petro, no celebró los aranceles de Trump, en un repentino cambio, declaró en la red social X que estos son positivos.
“Latinoamérica, incluida Colombia, se benefician con la política de Trump sobre aranceles, en primera instancia. Pero el empresariado colombiano debe saber aprovechar las cosas”, dijo.
Si algunos productos se encarecen en EE.UU., “y si podemos producir esos bienes más baratos, es hora de exportar allí”, agregó. “Solo encareceremos importaciones norteamericanas si nos quitan empleos”.
También expresó una respuesta positiva el gobierno argentino a través de su portavoz, Manuel Adorni, quien destacó este jueves la “maravillosa relación” entre Argentina y EE.UU.
Y el presidente Javier Milei, publicó en X un enlace a la canción de Queen Friends will be Friends, pese a que los mercados no recibieron con alegría los aranceles de Trump.
Trascendió que en la noche del jueves Milei podía anunciar un posible acuerdo con el presidente Donald Trump para reducir a cero los aranceles a Argentina. El principal rubro de exportación argentino a EE.UU. es el de combustibles y aceites minerales, seguido por el aluminio y las bebidas y líquidos alcohólicos.
¿Qué pasa con Perú, Brasil, Chile y Ecuador?
En el caso de Perú, aunque China es el principal destino de las exportaciones peruanas, EE.UU. ocupa el segundo lugar. Se estima que los gravámenes pueden afectar a rubros como las prendas de vestir, la minería no metálica y la agroindustria.
Los productores de arándanos peruanos no estaban satisfechos, dado que el principal mercado de exportación de esa fruta es EE.UU., y pese a que ambos países tienen un acuerdo de libre comercio, el pacto no salvó a Perú de los gravámenes.
El gobierno de Lima anunció que le pedirá al gobierno de Trump que reconsidere los aranceles en los próximos días. Algunos expertos locales dijeron que, pese al daño que puede generar la medida en sectores como la industria textil, se pueden abrir oportunidades para Perú frente a otros países a los que se les impusieron gravámenes más altos.
O sea que, pese a todo y dependiendo del producto, Perú podría seguir vendiendo más barato que otros competidores.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que su Gobierno enfrentará “todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y que adoptará “todas las medidas posibles” contra los aranceles de Trump.
“Defendemos el multilateralismo y el libre comercio”, dijo Lula.
También aseguró que la respuesta a los aranceles será dada con la “referencia” a una ley aprobada el miércoles en el Congreso brasileño, que autoriza la adopción de represalias para casos de ese tipo, y también en el marco que establecen las normas de la Organización Internacional de Comercio (OMC).
Brasil exporta a EE.UU. productos como el petróleo crudo y refinado, hierro semi-acabado, soja, mineral de hierro, azúcar y maíz.
En Chile, la agricultura y el sector pesquero podrían ser algunos de los más afectados por los aranceles impuestos por la Casa Blanca.
Productos como el salmón, la uva o el vino han quedado expuestos a los gravámenes unilaterales aplicados por la mayor economía del mundo.
La decisión “tiene un efecto indudable para un país pequeño y globalizado como Chile”, dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez.
A pesar del impacto negativo que puede tener la medida en la economía chilena, la Casa Blanca decidió dejar fuera del gravamen a dos productos chilenos fundamentales: el cobre y la madera.
Eso hizo que el golpe no fuera tan duro, aunque un potencial gravamen al cobre en el futuro es una alternativa que aún sigue sobre la mesa del Despacho Oval.
En el caso de Ecuador, el camarón, el banano, y el cacao son algunos de los productos más afectados por los aranceles.
Sectores empresariales de ese país dijeron estar evaluando “de manera urgente” caminos para mitigar el impacto de la medida, mientras el gobierno señaló que continuará promoviendo una relación más estrecha con su principal socio comercial.
Centroamérica en la mira
Entre los países más afectados de la región por los aranceles anunciados el miércoles están los centroamericanos por su alta dependencia del mercado estadounidense.
Los gobiernos de esa región han dicho que están analizando la situación y que, por ahora, no han tomado decisiones sobre cómo seguir adelante.
Aunque forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la decisión del gobierno estadounidense no los eximió de los nuevos aranceles.
Aunque el daño comercial puede ser bastante profundo, países de esa región destacaron que el 10% fue el arancel más bajo aplicado por el gobierno estadounidense a nivel global.
“Si la marea sube y levanta todos los botes al mismo tiempo, pues es una realidad nueva. No nos están castigando en ese sentido”, dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
En un análisis, el banco Citi dijo que Honduras, El Salvador, República Dominicana y Panamá, son algunos de los más vulnerables, debido al desbalance comercial con EE.UU., la migración y el narcotráfico, la dependencia de las remesas y otros factores.
Es posible que en las próximas semanas y meses se produzcan cambios focalizados en algunos productos latinoamericanos tras negociaciones de los gobiernos regionales con la Casa Blanca.
Hasta ahora, la mayoría de los países no parece tener en sus planes la imposición de represalias contra EE.UU.
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